Hay muchas cosas que cambiar en este pais, pero una de las principales son los politicos...y se me ha ocurrido una idea...que aunque poco viable por lo compleja, podria ser una muestra de lo inconforme que esta la sociedad en este pais con los politicos de tres al cuarto que nos gobiernan.

La idea es simple, igual que un referendum es condicionante, lo que propongo es que re recojan firmas a nivel nacional para que todos los diputados, senadores y alcaldes de capitales de provincia no puedan concurrir a las proximas elecciones en ningun partido, todos a la calle, y sin pensiones, sin pagos extras ni nada, si han cotizado que cobren el paro como todo el mundo o que se busquen un trabajo o que sigan en sus partidos pero cobrando solo un salario, el que sus partidos les paguen. Asi nos quitariamos de una tacada tanto inepto y picapleitos, y dariamos un aire, espero que mas moderno, al pais. Al fin y al cabo los otros seguirian mandando bajo cuerda, pero ya no tendrian tanto poder y podria refrescar las ideas de tanto cazurro. Y mas cosas...que nadie que no haya acabado el bachillerato y domine al menos una lengua extranjera pueda acceder ni a senador ni a diputado (y mucho menos ministro o presidente). Y ya que nos ponemos, que los ministerios que se ocupen, se ocupen por gente cualificada, especializada en el campo a cubrir, y por supuesto, imprescindible el titulo universitario para tal fin.

Esto nos quitaria de en medio a los principales dirigentes de todos los partidos y a sus acolitos. Al menos dejariamos de ver sus caretos de falsos, envilecidos con tanta hipocresia y demagogia barata.

Quizas los que viniesen fuesen aun peores, pero podria convocarse un nuevo referendum (de firmas) y si a la gente no le satisface, podrian acabar la legislatura eso si, pero no podrian concurrir a una nueva legislatura. Eso si que seria un golpe de efecto y sobre todo, DE DEMOCRACIA!!

He leido este articulo sobre nuestro querido Bermejo y nuestro supuesto sistema democratico...mas razon que un santo!!

Bermejo como Cole Porter: Everything goes. O todo vale

La corrupción, el contubernio entre el gobierno y los jueces, la falta de seguridad jurídica minan el crédito.

¿Cuáles son algunas de las fortalezas de un país normal, o sea democrático y sometido al imperio de la ley? Una de ellas es precisamente la seguridad jurídica. Esta entraña no sólo una cierta garantía sobre la estabilidad de las leyes -que no serán cambiadas en función del pie con el que se levante cada día el jefe de gobierno- sino una garantía completa sobre la independencia de quien debe interpretarlas, instruir los procesos y finalmente emitir los correspondientes veredictos: la Administración de Justicia. Otra de las fortalezas es la probidad de los políticos y de los funcionarios públicos, de manera que el riesgo de corrupción, siempre intrínseco a la naturaleza humana, sea el mínimo posible. Hace tiempo que España falla en estos dos ámbitos cruciales. Estos días nos hemos enterado de las irregularidades y corruptelas cometidas por algunos cargos del Partido Popular, igual que antes, durante la era González, y con mayor enjundia, asistimos a episodios del mismo tenor, que no por casualidad se producen en las épocas de expansión económica, cuando el dinero fluye por doquier, los controles se relajan y las promesas de a quien meta el dinero en la caja se la corto se aparcan, a veces por pereza, dado que todos parecen disfrutar del carnaval, a veces por intereses más inconfesables como no dejar pasar el tren para enriquecerse de modo mafioso.

La segunda cuestión pendiente en España, que resta colosalmente nuestra capacidad de atraer inversores -sobre todo en tiempo de crisis- es la independencia del poder judicial. El Partido Socialista es, históricamente, el responsable de su descrédito. Los socialistas españoles siempre han pensado que la única legitimidad posible de cualquier institución es el voto popular. Siempre han desconfiado del sistema de checks and balances -pesos y contrapesos- que es la esencia de los países democráticos y libres, porque es el único capaz de impedir los abusos de un poder ejecutivo omínomodo, por muy votado que haya sido. Una de las primeras declaraciones del ministro de Justicia, el señor Fernández Bermejo, fue precisamente que las instituciones judiciales estaban obligadas a adaptarse a las mayorías parlamentarias del momento -en este caso a Zapatero-. El último de sus actos ha sido cenar e irse de montería con el juez Garzón justo antes de que éste instruyera la causa contra el PP. En cualquier país civilizado y normal, esto hubiera acabado con la destitución del ministro y la inhabilitación del juez, pero no en España.