La Voz del Inmigrante

Ivette Durán Calderón

Los medios de comunicación se han hecho eco del anuncio emitido por la Dirección General de la Policía Española, de la publicación de una circular con las normas y pautas tendientes a evitar excesos e imponer el respeto a los derechos y libertades, cuando de detener extranjeros se trate.

Ante la insistente denuncia, particularmente de ONGs , referida a los continuos atropellos que los inmigrantes reciben al ser identificados e interceptados por sus rasgos físicos y color de la piel, de manera especial en las estaciones de trenes, autobuses y metro, o en lugares donde la afluencia de los colectivos extranjeros es llamativa, las autoridades desmientes tales aseveraciones.

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes aseguran que lo que se observa es la “improcedencia” de trasladar en los furgones a dependencias policiales a extranjeros que se identifican con su NIE (Número de Identificación de Extranjero regulado por el Régimen Comunitario o el General) o su DNI (Documento Nacional de Identidad) –se entiende que el criterio para ello no podrá ser el color de la piel, ni determinados rasgos físicos-

Lo que evidentemente se entiende, dentro del cumplimiento del deber policial, concretamente de las Brigadas de Extranjeros, es que todo ciudadano, sea nativo, nacional o extranjero que no pueda identificarse en el caso de ser interceptado por la policía en actos reñidos contra la ley e incluso contra las buenas costumbres, podrá ser conducido de la mejor manera posible hasta las dependencias policiales, para darle la oportunidad de solicitar ayuda a familiares y/o amigos para que le faciliten sus documentos, en caso de no poder hacerlo, indudablemente la policía en cumplimiento de sus específicas funciones deberá trasladarles a dependencias policiales.

Si de extranjeros irregulares se tratare, la normativa vigente es clara, tienen la obligación de facilitar sus datos tanto de identificación como de domicilio, justificar su presencia en territorio español, tener acceso a un letrado de oficio y la consecuente posibilidad ya sea por la vía administrativa primero y/o administrativa/contenciosa después, de que le sustituyan la expulsión por una multa nada despreciable: 700.- Euros.

Desde hace algunos años, el Gobierno y las ONG discuten sobre la existencia de redadas masivas e indiscriminadas de inmigrantes. Las organizaciones aseguran que, para detectar inmigrantes sin papeles, la policía identifica a ciudadanos por la calle y en lugares concurridos como las paradas de autobús o metro, basándose en el color de la piel y el aspecto físico. Las autoridades aseguran que no, y que las identificaciones tienen que ver solo con la prevención del delito. Las denuncias por estas actuaciones han sido múltiples. La Dirección General de la Policía publicará en próximas horas, una circular con la que pretende, según ha anunciado, “evitar cualquier práctica que conlleve una restricción indebida de derechos y libertades de los inmigrantes”.

La circular no da por supuesto directamente que este tipo de redadas se hayan producido o se estén produciendo, pero, según la dirección general de la Policía, con ella se “pretende eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades”, y reiterar “la prohibición de actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El objetivo de poner por escrito estos criterios es “difundir estas instrucciones de forma más clara y directa para evitar cualquier interpretación imprecisa”.

Una de las medidas que se incluye es la “improcedencia” de trasladar a dependencias policiales a extranjeros a los que se haya identificado –se entiende que el criterio para ello no podrá ser el color de la piel-, aunque no tengan los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, si se ha podido comprobar su identidad –es decir, si está documentado- y puede justificar un domicilio.

La expectativa se acrecienta en espera de conocer la mentada Circular, aunque de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de la Policía, la nueva disposición recoge las normas ya transmitidas por el comisario general de Extranjería y Fronteras tras las modificaciones legislativas introducidas en 2000 en la Ley de Extranjería y pretende "eliminar cualquier ambigüedad" o interpretación imprecisa.

Como adelanto sabemos que dicha Circular, entre otras estipulaciones especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de forma "proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo".

Reitera también la prohibición de "actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tras la llegada de españoles pobres a América Latina y de exiliados políticos, ahora han sido los ejecutivos los que han ocupado su lugar pero son miles los latinoamericanos que se han establecido en España

La polémica con respecto al proyecto de nacionalización de YPF-REPSOL en Argentina ha puesto sobre el tapete el tema de las inversiones españolas en América Latina y de la imagen de España. En los últimos veinte años se ha notado un fenómeno inédito en los movimientos que saltaban al otro lado del Atlántico. España había sido juzgada anteriormente por las personas que se establecían en América Latina. El retrato era el de inmigrantes hambrientos de las regiones más desfavorecidas de España (“gallegos”), combinado con el de religiosos que cubrían las carencias de la beneficencia pública. Después de la Guerra Civil española, se incorporaron los refugiados políticos, recibidos muy generosamente sobre todo México, Argentina y Chile.

La novedad reciente es que los nuevos visitantes no son funcionarios, conquistadores o refugiados, sino que han llegado en clase “business” en vuelos transcontinentales. En la aduana se les detectaron documentos de compraventa de negocios. Algunas parcelas de la economía terminaron prácticamente monopolizadas por las inversiones españolas en América Latina. La telefonía, la banca y las prospecciones petrolíferas son los sectores de mayor espectacularidad de la presencia española en América. Naturalmente, errores cometidos por una minoría y la agresividad en ejecuciones de los planes revertieron en la producción de una etiqueta de perfil negativo. Los “nuevos conquistadores” habían regresado.

Las cifras demuestran el “buen negocio” de la apuesta por América Latina. La banca, las compañías de telefonía y energía reconocieron al principio de la presente década que recibieron entre el 35 y el 50% de sus beneficios precisamente en Latinoamérica. Esas compañías se convirtieron en verdaderamente “multinacionales” en el subcontinente latinoamericano.

Destaca recientemente el hecho insólito de una emigración inversa, la de latinoamericanos hacia España, que ha replicado en la pauta histórica. Los nuevos galeones del siglo XXI llegan a América con inversiones y regresan a España con inmigrantes, en busca de trabajo. A pesar de las fricciones, la consideración de la percepción que los latinoamericanos tienen de España es positiva, aunque todavía pesa el estereotipo y la idealización de la “Madre Patria” en la mentes de los descendientes de los emigrantes y en la élites políticas conservadores, y en numerosos círculos intelectuales.

Los recientes sondeos de Eurobarómetro y el Instituto Elcano muestran que la imagen de España en América Latina es altamente positiva. Más del 70% de los ciudadanos de América Latina posee una buena opinión de España, contra solamente el 12% que tiene una actitud negativa. En términos comparativos, España es la nación que recibe la valoración más alta, superando a la Unión Europea, Estados Unidos y China. Casi un tercio de la población latinoamericana cree que España es el país que posee la mejor democracia en Europa, detalle insólito hace apenas unas pocas décadas. A pesar de las esporádicos confrontaciones verbales entre dirigentes latinoamericanos (Chávez, Kirchner, Castro), más de dos tercios de los latinoamericanos juzgan como buenas las relaciones de sus países con España.

En cifras globales, España es el segundo destino preferido para la emigración de los latinoamericanos, solamente superado por Estados Unidos. Nada tiene de extrañar, por lo tanto, que el 60% crea que las relaciones con España son extremadamente importantes para el desarrollo económico de su país. El debate sobre el polémico sector de las inversiones españolas se resuelve a favor de España: la mitad de los encuestados juzga esa novedosa actuación española como positiva; solamente 18% cree que la experiencia ha sido negativa. Detalle curioso es que los latinoamericanos esperarían de las inversiones españolas un perfil más altruista, que no se exigiría de las norteamericanas y las europeas. En cierta manera, la actividad económica se vería como una extensión de la ayuda al desarrollo.

Pero también hay signos de deterioro. Al desaparecer las generaciones inmigradas, los sectores de izquierda están dominados por jóvenes proclives a un discurso antiespañol impelido por las recriminaciones anticoloniales. Los sectores más conservadores se revelan como más pro-españoles. Esta dicotomía se entrelaza con el contraste entre una actitud más crítica hacia el legado español en los países de mayoría indígena (Bolivia) con los que todavía tienen la huella de la inmigración española (Argentina), presente en sus familias.

Sin embargo, existe una hiriente ambivalencia interna en las comunidades productoras de emigración hacia España. Por un lado, son conscientes del positivo impacto de las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias. Por otro, se sienten decepcionados y defraudados por las medidas restrictivas generadas por la crisis económica. La invitación subsidiada al regreso se interpreta como rechazo. De ahí que se teme que los sondeos den resultados menos optimistas en el futuro. La crisis de YPF-Repsol puede atizar más el fuego. Además, la manipulación populista por parte de algunos dirigentes latinoamericanos dañar todavía más la histórica buena relación entre España y América Latina./El País/Joaquín Roy (catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami)LIVDUCA

Mediante reformas a la ley de extranjería, se busca que sólo los extranjeros con residencia fiscal tengan acceso a estos servicios.

Ahora todo extranjero que viva en España deberá demostrar que paga impuestos para poder acceder a los servicios de sanidad. Se trata de una nueva medida que el gobierno de Mariano Rajoy implementará a través de reformas a la ley de extranjería y que pretende recortar cerca de 7.000 millones de euros en gasto sanitario.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció que el gobierno empezará a hacer reformas a la ley de extranjería para poner en marcha las nuevas restricciones. Se les exigirá a los extranjeros “una serie de requisitos” para acceder a los servicios sanitarios. Sólo se reconocerá el derecho a acceder a la asistencia normalizada a los extranjeros con 'residencia legal', lo que implica tener permiso de residencia en vigor. La ministra agregó que se tendrá en cuenta a las personas que 'de verdad' viven y tienen residencia fiscal en España, quienes trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Así el ministerio aspira a ahorrar unos 500 millones de euros.

Mato también denunció múltiples casos de “abuso” por parte de familias que llevan a sus integrantes al país ibérico solamente para que reciban tratamiento médico, por lo que su departamento pondrá manos a la obra para combatir el llamado turismo sanitario. La ministra indicó que el gobierno tiene la intención de revisar distintos convenios internacionales que, según afirmó, no se han mostrado eficaces. También se exigirá reciprocidad a los países, de manera que en España solo se ofrecerán las prestaciones sanitarias que los españoles puedan recibir dentro de sus fronteras. Con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros, se espera ahorrar otros 971 millones de euros, según Matos.

Las personas sin papeles o en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de extranjeros en España es de 5.711.040 personas, de las cuales 5.251.094 están en situación legal. La cifra de los sin papeles rondaría el medio millón de personas, aunque esa cantidad puede ser mucho mayor. Mato denunció que más de 700.000 extranjeros se han beneficiado del Sistema Nacional de Salud (SNS) sin tener derecho a ello. La ministra de Sanidad agregó que, a partir de ahora, no será tan fácil llegar a España y tener una tarjeta que le da derecho a la sanidad, ya que el padrón se endurecerá y se pedirá a los extranjeros una serie de condiciones para poder empadronarse.

La noticia llega después de que en 2011 se registrara por primera vez desde 1998 una caída en el número de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, que llegan a España. En desaceleración tras el estallido de la crisis y el endurecimiento de las políticas de inmigración, la cifra de extranjeros cayó un 0,7%, con 40.447 personas menos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 1 de enero de 2012 que serán confirmados a finales de año. El mayor descenso por nacionalidades corresponde a los ecuatorianos cuyo número descendió en un 15,1%, pasando de 360.710 en 2010 a 306.380 en 2011. Siguen los colombianos con una reducción de 10,4% (244.670 personas en 2011) y los argentinos, que disminuyeron en 10,2% (108.390)./elespectador.com/LIVDUCA

Cuando falta apenas un día para la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, Berlín y París asestaron un duro golpe al proceso de integración en Europa: Angela Merkel y Nicolas Sarkozy serían, según la prensa local, partidarios de volver a introducir los controles fronterizos entre países de la Unión Europea (UE) como medida de emergencia para impedir la llegada de inmigración ilegal desde las naciones golpeadas por la crisis, como Grecia o Italia.

La medida significaría modificar el tratado de Schengen, un hito fundacional para la UE que entró en vigor hace 17 años, por lo que muchos ven en la propuesta una amenaza contra la existencia misma del bloque.

De acuerdo con informaciones filtradas en los últimos días por la agencia francesa AFP y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, los ministros del Interior de Francia, Claude Guéant, y de Alemania, Hans Peter Friedrich -ambos conservadores-, firmaron una carta enviada a la presidencia danesa de la UE donde reclaman la soberanía para decidir una "suspensión temporal" del tratado que prevé la libre circulación de ciudadanos en la UE, en el caso de que algún país no consiga controlar un flujo masivo de inmigrantes y de amenazas de seguridad y del orden público.

La suspensión extraordinaria debería tener una duración máxima de 30 días. La propuesta será discutida el próximo jueves en un encuentro de ministros del Interior en Luxemburgo y podría ponerse en marcha a partir de junio.

"La fe en Europa tiene dos anclas. La primera es el euro; la segunda son las fronteras abiertas, porque hacen que Europa se pueda experimentar literalmente. Cuando estas dos anclas fallan, Europa se queda sin fundamento. Ahora existe este peligro", advirtió Heribert Prantl, comentarista de Süddeutsche Zeitung.

Y es que la puesta en discusión del tratado en un momento de profunda crisis de la moneda común amenaza con crear rupturas irreparables en el Viejo Continente.

Hasta ahora, la suspensión del tratado de Schengen fue una medida excepcional que requiere el visto bueno de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE. Pero, al parecer, tanto París como Berlín quieren tener el derecho de decidir cuándo es necesaria la medida.

El debate se centra en quién puede decidir la suspensión. Las dos grandes potencias del euro quieren ahora que el visto bueno lo dé el Consejo Europeo (es decir, los propios Estados), en lo que sería un paso atrás en el camino hacia una UE cada vez más integrada.

Los controles fronterizos deberían utilizarse, según el texto de la carta, "como extrema ratio en un tiempo determinado". Sin embargo, analistas señalan que el objetivo de la iniciativa es que las causas del cierre fronterizo sean mucho más difusas y su aplicación, mucho más fácil.

POSTURAS

Si bien es cierto que Sarkozy reiteró en varias ocasiones su intención de modificar el tratado de Schengen -en particular como un guiño hacia el electorado ultraderechista de la candidata Marie Le Pen-, en Alemania se desconocen posiciones tan extremas contra el acuerdo.

Es más. Hace menos de un año, Dinamarca había decidido reintroducir controles en sus fronteras con Suecia y Alemania. El gobierno danés consideraba la medida "necesaria" para parar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. La reacción de Berlín fue inmediata. "Es un mal día para Europa", dijo entonces la ministra de Justicia liberal, Sabine Leutheusser Schnarrenberger.

Nueve meses después es la propia Alemania la que impulsa la vuelta a los controles fronterizo y por motivos muy parecidos a los de Dinamarca entonces.

Su argumentación tiene que ver con que los controles fronterizos -tanto al este como al sur de Europa- se hicieron cada vez más difíciles. Los más afectados por las olas de inmigración ilegal son Grecia, Italia y España, cuyas costas en el Mediterráneo se llenaron el año pasado de refugiados por los conflictos en Libia y en otras partes de Africa.

Es evidente que la propuesta daña a estos países europeos al descargar en ellos la responsabilidad de la gestión del problema. Pero París y Berlín argumentan que la defensa de la seguridad pública en un país es una cuestión que prevé la soberanía nacional.

Algunos analistas señalaron la dudosa coincidencia de la filtración de la carta a la prensa apenas antes de las elecciones presidenciales en Francia. Fuentes anónimas cercanas al gobierno desmintieron que se tratara de una iniciativa en apoyo de Sarkozy y aseguraron que es un tema mucho más amplio.

Sin embargo, tanto en la oposición como entre los liberales alemanes del FDP, socios minoritarios del gobierno de Merkel, prevaleció el escepticismo. "Se trata de una iniciativa de apoyo a Sarkozy en su intento de pescar votos de la derecha, con daño a toda Europa", dijo el presidente del partido en el Parlamento Europeo, Alexander Graff Lambsdorff.

"[Friedrich y Guéant] ponen el hacha en una de las mayores conquistas del proceso de unificación europeo por razones dudosas", dijo, por su parte, Christine Lambrecht, vicepresidenta de la fracción parlamentaria de los socialdemócratas del SPD.

EL ESPACIO SCHENGEN, UN PILAR DE LA UE

Acuerdo: Los países que firmaron el acuerdo constituyen un territorio denominado espacio Schengen, que permite suprimir los controles en las fronteras interiores entre los Estados signatarios y crear una única frontera exterior donde se efectúan los controles de entrada.

Integrantes: El área incluye a 26 países: 22 de los 27 de la Unión Europea (quedan fuera Gran Bretaña, Irlanda, Rumania, Bulgaria y Chipre) y cuatro extracomunitarios (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein); más de 400 millones de ciudadanos pueden circular libremente por Europa.

Ventajas: Además de facilitar la movilización de las personas, favoreció el dinamismo económico regional y cultural de Europa.

Objetivos: El acuerdo de Schengen (firmado en 1985 entre Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda) tenía dos objetivos: eliminar los controles para las personas en las fronteras interiores y definir las fronteras exteriores comunes y, por otra parte, reforzar y aumentar las fronteras exteriores con cooperación judicial y policial.

Pedido: Esta semana, Francia y Alemania, empeñadas en frenar el ingreso de inmigrantes ilegales, pidieron el restablecimiento de los controles fronterizos. París y Berlín reclamaron la posibilidad de decidir unilateralmente una "suspensión temporal" de los acuerdos fronterizos en el caso de que no se consiga controlar un flujo masivo de inmigrantes./Laura Lucchini/lanacion.com/LIVDUCA

La crisis no ha puesto fin al fenómeno de la inmigración y España no se ha convertido en un país de emigrantes aunque actualmente lleguen menos y salgan más, y creer lo contrario es "un error", según los autores del quinto Anuario de la Inmigración en España, cuyo título advierte de que ha llegado "La Hora de la Integración" de la población extranjera.

La crisis no ha puesto fin al fenómeno de la inmigración y España no se ha convertido en un país de emigrantes aunque actualmente lleguen menos y salgan más, y creer lo contrario es "un error", según los autores del quinto Anuario de la Inmigración en España, cuyo título advierte de que ha llegado "La Hora de la Integración" de la población extranjera.

Así lo han explicado los directores de la publicación, el catedrático de Derecho Constitucional de la UB, Eliseo Aja; el catedrático de sociología de la UCM, Joaquín Arango, y el catedrático de Economía Aplicada de la UAB Josep Oliver, quienes han desgranado el "annus horribilus" para la inmigración que a su juicio ha sido 2011.

Arango se ha referido al hecho de que por primera vez en una década el saldo migratorio en España fuera negativo el año pasado, cuando salieron más personas de las que llegaron al país. En su opinión, si bien "es razonable" destacar esta novedad, "decir que España vuelve a ser un país de emigración es ir demasiado lejos".

"¿Cómo va a serlo si ha acogido en poco tiempo a seis millones de personas y ha registrado una diferencia de 50.000?", ha planteado el experto, para incidir en que el saldo negativo de 2011 "a penas supera el 1% del total de la población inmigrada" a España.

Además, el sociólogo ha incicido en que los países de destino de las emigraciones que se registraron el año pasado fueron principalmehte Ecuador, Venezuela, Argentina y Marruecos, por lo que, según ha dicho, "parece razonable atribuirlo al retorno de nacionalizados que a la emigración española". "La inmensa mayoría son los que se quedan", ha añadido.

Es por eso que para los expertos ha llegado el momento de apostar por la integración, que, en palabras de Arango, "no debe darse por supuesta ni dejarse a la espontaneidad del mercado de trabajo o la sociedad civil" ya que "necesita recursos", aunque actualmente, "éstos no dejan de menguar".

Por su parte, Oliver ha apuntado que es además, imprescindible apostar por la integración porque España "va a necesitar más inmigración" en el medio y largo plazo, por lo que debe sentar las bases para la incorporación normalizada de nuevos ciudadanos cuando llegue el momento.

Según ha explicado, en España se da la "paradoja" de que en este contexto de crisis y con una tasa de paro del 33% entre los inmigrantes no se han producido grandes "estallidos sociales" ni enfrentamientos entre foráneos y autóctonos, mientras la integración "ha continuado" avanzando.

Para el economista, esto se debe a que en realidad, del más de millón y medio de inmigrantes que están en paro, han sido 580.000 los que han perdido el trabajo con la crisis económica, ya que más de 600.000 esaban parados antes de 2008 y 200.000 entraron después en el mercado laboral.

Asimismo, apunta que la crisis no ha generado una mayor competencia entre extranjeros y españoles por los puestos de trabajo, ya que el grueso de los inmigrantes se mueven en una cualificación profesional equivalente a la de peón, lo que ha contribuido a evitar tensiones.

En su opinión, ha influido también a esta "relativa normalidad" de la convivencia que si bien hay 300.000 familias extranjeras con todos sus miembros en paro (700.000 personas), en España viven 2,1 millones de familias inmigrantes que tienen a alguno de sus integrantes trabajando (5 millones de personas).

"La base material de la integración está en la existencia de tres millones de empleos de los que dos millones son de peonaje y que, por tanto, no entran en competencia con los españoles", ha añadido. No obstante, ha advertido de que el empleo inmigrante ha comenzado a destruirse a mayor ritmo que el autóctono durante 2011 y ha señalado que de seguir la tendencia, esta "base" puede verse alterada en 2012./elsemanaldigital.com/LIVDUCA

Candidatos a la Presidencia pusieron a los extranjeros indocumentados, para su desgracia, en un lugar destacado de sus discursos. "Echen a los inmigrantes y todo estará bien. Ese es el mensaje atractivo y decepcionante de algunos de ellos", cuestionó la profesora de ciencias políticas Nonna Mayer.

¿Pero quiénes son esos ‘inmigrantes’ que ocupan un lugar central en la campaña para los comicios que se realizarán este domingo 22 y el 6 de mayo en caso de necesitarse una segunda vuelta?

Para algunos franceses son "cualquiera que se vea distinto", explicó Mayer, especializada en racismo y antisemitismo.

Las personas consideradas "extranjeras" están jerarquizadas en Francia. Las más rechazadas son las de origen magrebí, y las menos, las judías, dijo a IPS.

Las personas originarias de África subsahariana suelen ser vistas favorablemente, en tanto las de Asia "están entre los judíos y los africanos subsaharianos", agregó con ironía.

La legislación francesa prohíbe la clasificación étnica de la población, pero estudios varios señalan que los residentes de origen extranjero superan 10 por ciento de los 63 millones de habitantes de este país. Uno de cada tres proceden de la Unión Europea, pero los políticos no apuntan a ellos.

En una conferencia universitaria sobre "Elecciones francesas: desigualdad y giro populista", Mayer y otros científicos sociales señalaron que el término "inmigrante" se volvió sinónimo de musulmán. La retórica contra los extranjeros, en especial del ultraderechista Frente Nacional es, de hecho, un rechazo del Islam en Francia, observaron.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, puso en el centro de su campaña el ritual de matar animales, como el practicado para producir la carne halal, y trató de impactar al electorado diciendo que millones de franceses la comían sin saberlo.

También criticó a los musulmanes que rezan en la calle, y tildó la práctica de "invasión".

En septiembre de 2011 se prohibió rezar en la calle, pese a que muchos de los cinco millones de musulmanes residentes en Francia no tienen dónde hacerlo. La medida siguió a la prohibición de la burqa y de otros atuendos que cubren el rostro.

Le Pen se esfuerza por hacer una distinción entre los musulmanes franceses que "aman a Francia" y los radicales y fundamentalistas islámicos, pero muchos analistas sostienen que sus partidarios no comprenden la diferencia.

La líder del Frente Nacional está tercera en las encuestas de intención de voto, junto con el candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Ambos tienen pocas posibilidades de llegar a la Presidencia.

Pero el discurso de Le Pen fue retomado por el presidente Nicolas Sarkozy, candidato de la conservadora Unión para un Movimiento Popular (UMP), que en los sondeos de opinión va cabeza a cabeza con el socialista François Hollande.

Diez candidatos competirán en la primera ronda electoral de este mes.

"Sarkozy también puso a la inmigración en el centro de su campaña para obtener votos de la extrema derecha", dijo Mayer a IPS. "Solía ser equilibrado respecto de este tema y del Islam. Pero ya no", añadió.

El mandatario mostró el cambio en un discurso que dio en Grenoble en julio de 2010, tras los disturbios ocurridos en esa ciudad del sudeste de Francia. Declaró que el gobierno revocaría la ciudadanía francesa a los inmigrantes que pusieran en peligro a oficiales de la policía u otras autoridades públicas.

El discurso siguió a la orden de expulsar a los roma (gitanos) indocumentados de Francia, lo que le valió a este país una reprimenda de la Unión Europea.

Desde entonces, algunas de las expresiones más duras de Sarkozy parecen esforzarse por superar a Le Pen. En marzo dijo que Francia era un país con "demasiados extranjeros" y dijo que si es reelecto restringirá la inmigración.

Dirigentes de otros partidos políticos rechazaron el tema de la inmigración. Jean-Luc Mélenchon tildó a Le Pen de "semi- demente" e "hipócrita" y señaló que su partido es "racista".

En cambio, Hollande mantuvo un tono más neutral, y dijo que el deber de Francia es integrar a los inmigrantes. En los últimos meses se ha reunido con diferentes organizaciones religiosas para explicar su posición y obtener su apoyo. Optó por concentrarse en las personas más ricas y prometió aumentarles los impuestos.

El analista Alan Riding señaló que Hollande no apela al miedo de la población, "pero tampoco genera esperanza". Sin embargo, muchas de las personas encuestadas de origen extranjero dijeron que votarían al Partido Socialista.

Una contadora de 30 años de origen africano, que llegó a París con sus padres a los 13 años, dijo a IPS que ella y sus amigos votarán a Hollande o a nadie.

"No puedes votar por alguien que te hace sentir que estás de más", señaló.

Las organizaciones religiosas también se hicieron escuchar.

Claude Baty, presidente de la Federación Protestante de Francia, señaló que cuando "el temor al otro incide en el comportamiento" se vuelve un asunto urgente, y hay que tomar medidas para ver a la gente real y no a los estereotipos.

En representación de unos 800.000 protestantes franceses, quienes históricamente han sido discriminados, Baty dijo estar decepcionado con la campaña electoral porque los políticos actúan como "niños en el recreo".

Baty, entre muchos otros, señaló que el foco puesto en la inmigración es una forma de distraer la atención de los votantes respecto de otros asuntos más importantes como la economía y los problemas de la educación.

Mayer dijo a IPS que espera que regrese la tolerancia después de las elecciones porque Francia tiene tradición de recibir a los solicitantes de asilo.

Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló que Francia recibió 51.910 solicitudes de asilo en 2011, ocho por ciento más que el año anterior. Está en segundo lugar, detrás de Estados Unidos, en la materia.

La mayoría llegó desde Afganistán, donde soldados franceses participan en las operaciones militares. Es la tercera vez seguida que aumentan las solicitudes de asilo, según Acnur.

Eso alimentó la sensación de ciertos sectores de la población sobre la "excesiva" llegada de extranjeros a Francia, indicó Mayer. Pero agregó que partidos como la UMP de Sarkozy se metieron en un "juego peligroso" al hacerse eco de la extrema derecha y apuntar a los inmigrantes.

"Esas políticas legitiman a estos partidos de extrema derecha", dijo a IPS. "La historia nos muestra los peligros que eso encierra", concluyó. /A. D. McKenzie/IPC/LIVDUCA

El Gobierno canadiense dijo que está planteándose la creación de una programa de visas para atraer empresarios que estén interesados en emigrar a Canadá, como parte de la reestructuración del sistema de inmigración del país.

El Gobierno canadiense dijo hoy que está planteándose la creación de una programa de visas para atraer empresarios que estén interesados en emigrar a Canadá, como parte de la reestructuración del sistema de inmigración del país.

"Necesitamos captar de forma activa un nuevo tipo de empresario inmigrante que tiene el potencial de crear compañías innovadoras que pueden competir en una escala global y crear puestos de trabajo para los canadienses", dijo en un comunicado el ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney.

El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración señaló que en los próximos meses iniciará consultas con asociaciones sectoriales para desarrollar el programa de visas y que el objetivo es conectar a los empresarios inmigrantes con organizaciones que tienen experiencia en trabajar con nuevas empresas.

El programa tendrá un límite de unas 2.700 solicitudes al año.

En las últimas semanas el Gobierno canadiense ha planteado una reforma radical de su sistema de inmigración que puede incluir la eliminación de más de 1 millón de solicitudes de inmigración que esperan ser resueltas.

Las autoridades canadienses han señalado que la propuesta, que ha sido criticada por expertos en migración, permitirá que el país reciba inmigrantes con cualificaciones más ajustadas a las necesidades actuales del mercado laboral./lainformacion.com/LIVDUCA

La inmigrante de Costa de Marfil Lydie Vanina Gbamale (i), ha puesto a su hija (2d) el nombre de Pilar (patrona de la Guardia Civil), como muestra de agradecimiento al cabo Javier González Ferrón (d) por haberla rescatado del fondo del mar al caer de una patera en noviembre de 2011 cuando estaba en avanzado estado de gestación.

La Guardia Civil ha propuesto hoy que el cabo Javier González Ferrón, adscrito al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Melilla, reciba una condecoración por salvar la vida de una inmigrante embarazada y su hijo, que cayeron al mar desde una patera en Melilla.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que existe un expediente en trámite para que el cabo Ferrón sea condecorado con la Medalla al Mérito de la Guardia Civil, una distinción que ya recibió en 2007 cuando rescató a un matrimonio franco-alemán cuyo velero se hundió en aguas de Melilla en mitad de un fuerte temporal.

La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, ha enviado un escrito a este agente, en el que le transmite su enhorabuena por el reconocimiento que sus superiores le han hecho expreso por la propuesta de esta condecoración.

Del Corral subraya el respeto y "mayor admiración" que siente por el cabo Ferrón porque esta actuación es "una prueba de la labor diaria" que realiza junto a sus compañeros del GEAS en el cumplimiento de las tareas atribuidas a la Guardia Civil.

"Tu reacción ante la tragedia de estas personas te honra y te hace ejemplo para el conjunto de servidores públicos que, dentro de la Guardia Civil y de otras instituciones de la Administración del Estado, se esfuerzan cada día en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos", manifiesta Del Corral al cabo Ferrón.

Asimismo, la secretaria general de Inmigración y Emigración destaca la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que "España sea cada vez una nación más fuerte y justa".

El cabo Javier González Ferrón rescató el 10 de noviembre a Lydie Vanina Gbamale, una inmigrante de Costa de Marfil que se embarcó en una pequeña patera embarazada de casi seis meses junto a su hijo de seis años y su marido para llegar hasta Melilla, pero cayeron al agua sin saber nadar.

Este guardia civil se tiró al mar para intentar rescatarlos a pesar del frío invernal, la oscuridad de la noche y la peligrosidad del lugar, junto a uno de los muelles del Puerto de Melilla, y consiguió rescatar a Lydie, que estaba inconsciente a ocho metros de profundidad, y también a su hijo, al que se encontró sumergido durante la subida a la superficie.

El 27 de febrero nació la hija de esta inmigrante, que en señal de agradecimiento hacia el cabo Ferrón ha llamado a su hija Pilar, en honor a la patrona de la Guardia Civil.