30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
09 Ene 2009
EE.UU.: Inmigrantes indocumentados pierden el derecho a apelar.
No se permitirá que inmigrantes reabran casos cuando sus abogados hayan incurrido en errores o incompetencia.
Durante la campaña presidencial Obama dijo, en cuanto a las redadas, que iba a revisar "estas medidas ya que no tiene sentido separar a una madre de sus hijos".
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) refutó el jueves una decisión adoptada en la víspera por el Secretario de Justicia, Michael Mukasey, de poner fin a la práctica de permitir que inmigrantes reabran casos cuando sus abogados hayan incurrido en errores o incompetencia.
El dictamen de Mukasey, divulgado el miércoles por el Departamento de Justicia, también señala que los extranjeros que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio, y que en el caso de contratar a uno privado, deben hacerlo sin que ello signifique una carga o un gasto para el gobierno federal estadounidense.
El fallo de Mukasey puede conducir a la deportación de innumerables inmigrantes que han perdido sus casos debido a errores de sus abogados, dijo la ACLU en un comunicado.
Cuando un extranjero pierde su caso ante una Corte de Inmigración y tiene evidencias de que el fallo adverso se debió a una mala representación legal, la ley estipulaba que tenía derecho de solicitar la reapertura del proceso y proseguir con su defensa.
Pero Mukasey cerró este derecho, decisión que para Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, "tendrá un enorme impacto negativo" en un sinnúmero de personas "que van a ser expulsadas simplemente porque tuvieron la mala suerte de estar representados de manera equivocada por un abogado de inmigración".
"Se trata de un peligroso alejamiento de la tradición de justicia de Estados Unidos y del debido proceso", agregó, y dijo que con esta acción se está poniendo fin a "décadas de práctica legal establecida".
Gelernt dijo además que la pérdida de un caso porque el abogado no supo concluirlo dentro de una fecha límite o cometió un error grave no puede ser considerado como un "proceso justo".
A toda máquina
A principios de agosto del año pasado Mukasey pidió la opinión, entre otros, de la ACLU y de la Asociación de Abogados de Estados Unidos para tomar una decisión sobre el tema. Las entidades protestaron por el escaso tiempo concedido por el gobierno para responder a estas importantes cuestiones jurídicas y de política, logrando una extensión, aunque breve, para argumentar los inconvenientes de modificar este derecho en perjuicio de miles de inmigrantes.
Sin embargo, el esfuerzo por detener la medida resultó infructuoso.
"Días antes de que el presidente electo Barack Obama asuma el cargo, el Departamento de Justicia de Bush dio un paso más para socavar los derechos fundamentales de un grupo tan vulnerable", dijo Lucas Guttentag, director del proyecto de los derechos de los inmigrantes de ACLU.
La ACLU exigió además al gobierno que persevere en el respeto de los valores fundamentales "de igualdad y justicia" para todos.
Indignación en aumento
A su vez, la American Immigration Law Foundation (AILF) condenó lo que definió como "decisión de último minuto" por parte de la Administración del presidente George W. Bush de negar el derecho a reabrir sus casos a inmigrantes cuando sus abogados hayan incurrido en errores o incompetencia.
La AILF dijo que el fallo de Muckasey Cdisminuye los derechos del debido proceso” y detiene la supervisión legal sobre los tribunales federales de inmigración, instancias que, dijo, están plagadas de acusaciones por falta de integridad y de denuncias de clientelismo político.
Durante años, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y la mayoría de los tribunales federales operaron bajo la premisa de que los inmigrantes que reciben un fallo adverso por error en la representación legal pueden pedir la reapertura de sus casos, detalló la AILF. Pero de acuerdo al fallo de Mukasey, a partir del 7 de enero ese derecho constitucional o legal cuando su abogado es incompetente o fraudulento ya no existe.
"Estamos indignados por esta acción", dijo Nadine Wettstein, Director de AILF. "Con esta sentencia, la Administración está tratando de socavar el derecho a una audiencia justa a los inmigrantes para determinar si deben ser o no deportados de Estados Unidos".
Envío de cartas
Wettstein, al igual que Gelernt y Guttentag, dijo que el dictamen de Mukasey es un "desprecio de la Administración por el debido proceso", dijo confiar en que los tribunales federales rechacen el fallo.
Los socios de la ACLU, de la ABA y la AILF enviaron cartas desde todo el país (que incluyen algunos de los más prestigiosos bufetes de abogados de Estados Unidos) al Secretario de Justicia Mukasey, en la que señalan su oposición al dictamen y protestar por el escaso tiempo que otorgó par a presentar argumentos a favor del derecho a que los inmigrantes afectados por una mala práctica solicitaran la reapertura de sus caso.
El Departamento de Justicia no ha dicho cuántos inmigrantes se verán afectados por este dictamen administrativo.
"Inmoral" e "indigna"
Nora Sandigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami, dijo que "la dimensión de esto es horrible" y que la decisión del secretario Mukasey "afectará y dañará los derechos constitucionales de miles de personas que han sido estafadas por tramitadores que les hicieron creer que eran abogados de inmigración".
"Va a crear un trastorno horrible en la comunidad inmigrante. Es terrible. El gobierno dañará a miles de personas que han sufrido abusos de negligencia", agregó.
Tras una pausa, agregó: "Es injusto, inmoral e indigno, una violación terrible a los derechos de las personas que estaban luchando por quedarse en estados Unidos y que de un plumazo quedan expuestos a ser deportados de Estados Unidos. Les quitaron todos sus derechos garantizados por la Constitución".
Pedido a Barack Obama
A su vez, José Lagos, director de la Unidad Hondureña de Miami, protestó y condenó el dictamen de Mukasey, el que consideró "dañino" para la comunidad inmigrante "al darle un cheque en blanco a las autoridades para expeditar las deportaciones sin el debido derecho procesal, como el tener una representación legal que otorga la constitución".
El activista agregó que la eliminación del derecho a reabrir casos por mala práctica profesional a inmigrantes y solicitantes de asilo político, entre otros, es una acción "inconstitucional, irracional e inhumana y que por lo tanto guardamos la esperanza y solicitamos al Presidente electo, Barack Obama, que esta medida sea revisada y eliminada".
Lagos recordó que durante la campaña presidencial Obama dijo, en cuanto a las redadas, que iba a revisar "estas medidas ya que no tiene sentido separar a una madre de sus hijos".
"Confiamos en que el presidente electo cumplirá su promesa y revisará estas inhumanas medidas", reiteró./Univisión/09/01/2009
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