La Voz del Inmigrante

"Las leyes dictan que ciertos individuos pueden solicitar documentos de viaje y obtener una autorización de reingreso antes de salir de los Estados Unidos"

Muchas de las inmigrantes no tenían permitido comunicarse con sus familias, 63 de ellas fueron víctimas del tráfico de personas, y alguna llegó a quedarse ciega por los golpes recibidos de su empleador,

La Constitución española establece que reconocer el voto a los extranjeros exige reciprocidad.

El operativo fue posible como resultado de una llamada telefónica anónima.

El programa de retorno voluntario afecta a los nacionales de los países no comunitarios con los que España tiene convenios de Seguridad Social.

Sus pasaportes tenían sello de ingreso a Ecuador

La investigación se inició a petición del Gobierno español

Las autoridades colombianas desarticularon una presunta red de trata de personas que solicitaba asilo en España con documentos en los que se argumentaban amenazas falsas, informaron hoy fuentes oficiales.

Portavoces del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señalaron que fueron detenidas once personas en distintos registros en Bogotá, Cali y Armenia, y que, al parecer, ofrecían "asesorías" a quienes aspiraban obtener asilo en España.

Las autoridades colombianas fueron alertadas por las españolas ante el crecido número de solicitudes de asilo que presentaban viajeros, muchos de los cuales las pedían cuando hacían escala en Madrid, pues tenían pasajes a Israel y otros países de Europa y del Medio Oriente, añadieron las fuentes.

El coordinador de Asuntos Migratorios del DAS, Manuel Sáenz, confirmó que la investigación se inició a petición del Gobierno español ante el incremento de las solicitudes de asilo político.

La gran mayoría de esas peticiones estaban sustentadas con documentos falsos, señaló Sáenz.

El funcionario dijo que la red ofrecía "asesorías migratorias" y cobraba entre 3 y 18 millones de pesos (entre 1.200 y 7.200 dólares) presuntamente para obtener visados y asilo en España.

La Fiscalía y el DAS descubrieron que las solicitudes eran amparadas con falsas amenazas de grupos guerrilleros o paramilitares.

Entre los detenidos hay ocho mujeres, una de ellas de nacionalidad cubana y otra embarazada.

En 2007 un total de 2.138 colombianos pidieron asilo en el aeropuerto de Barajas, mientras que entre enero y septiembre de este año lo han hecho 385, según cifras de las autoridades españolas. EFE/08/12/2008

Algunos de ellos mostraron pasaportes falsos a las autoridades aduaneras.

Los extranjeros mayores de 16 años están obligados a registrar sus huellas dactilares y hacerse una fotografía digital

Las autoridades de inmigración han denegado la entrada a Japón a 846 inmigrantes, sobre todo asiáticos, desde que hace un año se puso en marcha un sistema para fichar a los no japoneses en los puertos de entrada al país.

Según un informe de la Oficina de Inmigración recogido hoy por la agencia local Kyodo, la mayoría de los problemas de entrada los tuvieron personas cuyas huellas dactilares coincidían con las de inmigrantes que fueron deportados en el pasado.

Algunos de ellos mostraron pasaportes falsos a las autoridades aduaneras, según Kyodo.

Según esa oficina, algunos de los inmigrantes a los que se denegó la entrada en Japón eran personas buscadas por la justicia.

Entre los deportados destacan los asiáticos pues 297 eran surcoreanos, 155 filipinos y 90 chinos.

En noviembre de 2007 se pusieron en marcha una serie de medidas de seguridad en los puertos de entrada a Japón para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Con las nuevas medidas, los extranjeros mayores de 16 años están obligados a registrar sus huellas dactilares y hacerse una fotografía digital a su entrada en Japón.

Sus datos quedan registrados en una base de datos a la que puede acceder la Policía japonesa y que se puede compartir también con gobiernos y autoridades migratorias extranjeras.

El Gobierno nipón considera que la nueva regulación es más efectiva para evitar la entrada de deportados a Japón y reduce el número de intentos ilegales de entrada al país.

Desde octubre de 2007, 7.500 personas superaron el periodo de tiempo que les permitían sus visados en Japón, un 35 por ciento menos que el año pasado. EFE/01/12/08

Los inmigrantes y sus hijos, con o sin papeles, ensanchan las arcas del Estado y la base tributaria del país

Los inmigrantes hispanos jugarán un papel clave en la economía en las próximas décadas, en momentos en que EEUU debe alistarse para el "tsunami" de una población que envejece, un abultado déficit fiscal y una mermada fuerza laboral.

Esa es, al menos, la predicción que ha hecho el llamado Instituto de Reforma, al analizar el papel "vital" de la inmigración para la economía, y la "sangre nueva" que ofrece en particular para los 76 millones de "baby boomers" (nacidos entre 1946 y 1964) camino de la jubilación.

A juicio del Instituto, aunque la crisis económica actual y la amenaza de una profunda recesión centran la atención del Gobierno y de los legisladores, a largo plazo también deberían preocuparles los retos de una población cada vez más envejecida.

Según su análisis, el futuro no es muy promisorio para la meta de la recuperación económica a largo plazo, debido a un creciente déficit fiscal, escasez de trabajadores en diversos sectores y una caída en la demanda de vivienda.

Por tanto, es inevitable que la jubilación de los "baby boomers" y el flujo migratorio en EEUU constituyan dos fuerzas que moldearán el futuro del país, según el Instituto.

¿Quiénes sino los inmigrantes para responder a los retos futuros del país?

"La infusión de nueva sangre que representa la inmigración será clave para mitigar las nefastas consecuencias" debido a los citados factores que ponen en peligro la prosperidad económica, indica el análisis.

La demográfa Dowell Myers, de la Universidad del Sur de California y autora del estudio, advirtió de que, conforme se vayan jubilando los "baby boomers", EEUU tendrá que responder a los retos de un aumento en la asistencia pública y la deuda nacional, una mermada fuerza laboral y la saturación del mercado inmobiliario de casas en venta.

El auge en las ventas se producirá porque la mayoría de los ancianos regresa al nido de sus hijos, ingresa a un asilo, o muere.

En EEUU, la mayoría de las personas se jubila a los 65 años, y sus beneficios mensuales del Seguro Social provienen de los impuestos que pagaron durante toda su vida laboral.

Salvo algunas excepciones, un trabajador puede jubilarse a los 62 años pero recibe menos de lo que le corresponde a partir de los 65 años.

En Estados Unidos hay 24 ancianos de 65 años o mayores por cada 100 trabajadores entre los 25 y 64 años de edad.

La primera tanda de "baby boomers" que alcance los 65 años ocurrirá en 2011, casi a la vuelta de la esquina, pero su proporción respecto a los trabajadores en activo aumentará en los próximos 20 años, a hasta 41 ancianos por cada 100 trabajadores.

Sólo que el sistema del Seguro Social no está listo para una población que envejece y está próxima a solicitar los beneficios de asistencia médica bajo el programa conocido como "Medicare".

El Instituto de Reforma señala, por ejemplo, que los gastos en asistencia pública por los ancianos aumentará de 38 por ciento del presupuesto federal en 2008, a 65 por ciento para el año 2032.

Así, las autoridades enfrentarían opciones indeseables: la reducción de gastos en programas vitales de defensa, educación o transporte; un mayor endeudamiento del Gobierno, o un temido aumento en los impuestos, algo para lo que no hay apetito.

En todo caso, los inmigrantes y sus hijos, con o sin papeles, ensanchan las arcas del Estado y la base tributaria del país.

Baste recordar que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre el 50 y el 75 por ciento de los trabajadores indocumentados pagan impuestos locales, estatales y federales.

Se calcula que sólo el Seguro Social recibe al menos 7.000 millones de dólares anuales por los impuestos que pagan los indocumentados y que no pueden reclamar por su condición de "ilegales".

"Lo que estamos diciendo es que el tema de la inmigración es impostergable y aunque la gente está centrada en el aquí y ahora, la crisis de los baby boomers se nos viene encima", dijo hoy a Efe Chris Dreibelbis, director de comunicaciones y políticas del Instituto.

"Siempre ha habido quejas de que los inmigrantes son una carga pública pero la historia ha demostrado lo contrario. Los inmigrantes generan beneficios para el país y serán clave en los próximos años", puntualizó. EFE/María Peña/27/11/08

"Yo no soy ninguna criminal, yo trabajaba para mantener de manera honrada a mi familia".

La noticia llega de Estados Unidos de Norteamérica.

Araceli Torres Ruiz, una indocumentada mexicana que estuvo más de cien días detenida por trabajar con un número de Seguro Social que no le correspondía, trata ahora de sobrevivir mientras apela una orden de deportación.

"Yo no soy ninguna criminal, yo trabajaba para mantener de manera honrada a mi familia", aseguró en entrevista con Efe Torres Ruiz, quien aún recuerda con tristeza los 116 días que pasó en la cárcel.

La inmigrante mexicana fue una de los 11 trabajadores indocumentados arrestados por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona en un restaurante de comida china de la cadena Panda Express en Tucson el pasado 18 de marzo.

"Nunca se me va a olvidar ese día, estábamos listos para abrir, cuando vi entrar a una mujer uniformada. En ese mismo momento presentí que algo iba mal, y de inmediato le dije a uno de mis compañeros, 'se trata de inmigración'", recordó la joven de 25 años.

"Solamente alcancé a llamar por teléfono a mi esposo y pedirle que cuidara mucho a mi hija", agregó.

En principio Torres Ruiz, quien llegó a EE.UU. cuando tenían 7 años de edad, se negó -como era su derecho- a contestar las preguntas de los oficiales, pero cedió ante su insistencia y finalmente aceptó ser indocumentada, por lo que fue trasladada a un centro de detenciones.

"Nos llevaron a las oficinas de la Patrulla Fronteriza, después a la cárcel del condado Pima, en el mismo lugar donde hay personas que han asesinado o traficado con drogas", comentó.

Después de largos meses de lucha y tras recibir la ayuda de abogados y de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, los 11 trabajadores del Panda Express se declararon culpables de usurpación de identidad, un delito menor, ante un juez en el condado Pima en julio pasado.

Ocho de ellos fueron sentenciados a tiempo cumplido y deberán pagar el costo de abogado, mientras que otros tres aún esperan su sentencia.

Una vez finalizado este proceso legal, fueron entregados a Inmigración, y Torres Ruiz tuvo que pagar una fianza de 20.000 dólares para poder salir del centro de detenciones para inmigrantes indocumentados de Eloy, en Arizona.

"He recibido la ayuda de muchas personas muy buenas, que me ayudaron a pagar la fianza", dijo.

Hasta la fecha seis de los trabajadores arrestados ya se encuentran en México, otros tres, entre ellos Torres Ruiz, han apelado su deportación, lo que podría tardar uno o dos años.

"Mi abogado me ha dicho que tengo muchas posibilidades por todos los años que tengo viviendo en este país, tengo una hija ciudadana, pero con inmigración uno nunca sabe", finalizó Torres Ruiz. EFE/María León/13/11/08