La Voz del Inmigrante

Antonio Díaz Chacón es visto en las afueras de su casa en Albuquerque, Nuevo México, el martes 16 de agosto del 2011, mientras reporteros se preparan para entrevistarlo sobre sus acciones la víspera para salvar a una niña de 6 años que había sido secuestrada.

El hombre que persiguió a un secuestrador de menores y que salvó a una niña de 6 años de ser capturada recibió el viernes un homenaje de héroe. Pero está cobrando también notoriedad por otro aspecto.

Se está volviendo un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes, en los debates a nivel estatal y nacional.

Antonio Díaz Chacón, de 23 años, está casado con una ciudadana estadounidense y ha permanecido cuatro años en el país. Sin embargo, Díaz Chacón relata que abandonó los intentos por obtener la residencia legal porque el proceso resultaba demasiado enredado y oneroso.

Díaz Chacón reveló su estatus migratorio a la cadena Univision, esta semana, y confirmó a The Associated Press que no tiene autorización para residir en el país. Ello desató una oleada de comentarios en la internet, enmarcados en la controversia sobre la inmigración.

Algunos argumentan que Díaz Chacón es un ejemplo del tipo de inmigrantes que serán abandonados por el gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que las deportaciones se concentrarán en los inmigrantes que cometan actos delictivos.

"Con lo excepcional que resulta su historia, pone de manifiesto el hecho de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos no son delincuentes", dijo Christina Parker, vocera de Border Network for Human Rights, una organización en El Paso, Texas. "El está ahora muy lejos de ser un delincuente. Es un héroe".

Otros aprovecharon la historia para criticar los intentos de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, por revocar una ley estatal que permite a los extranjeros, incluidos los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, el obtener una licencia de automovilista. La gobernadora ha puesto en la agenda para la sesión especial de septiembre esta propuesta de revocación, derrotada en la sesión ordinaria este año.

"La mayoría de los inmigrantes sólo trabaja para apoyar a sus familias, y privarlos de la licencia de automovilista irá en detrimento de ello", dijo Parker.

El estatus de Díaz Chacón no incidió en la decisión de Albuquerque, de honrar su valentía. El alcalde Richard Berry declaró el viernes como el día de Antonio Díaz Chacón en Albuquerque, y realizó una ceremonia vespertina en la que le entregó una placa con una inscripción en español, en la que se reconocía su valor por subir a su furgoneta y perseguir al sospechoso hasta que este último chocó con un poste de electricidad. Díaz/ Chacón rescató después a la niña mientras el conductor de la camioneta descendía de ésta y huía al desierto. La policía lo detuvo posteriormente.

Díaz Chacón, con su esposa y sus dos hijas, sonrió en todo momento durante la ceremonia, a la que asistieron también los agentes que detuvieron al presunto secuestrador Phillip García, de 29 años.

"El está muy contento y no puede describir esto con palabras", dijo Martha, esposa de Díaz Chacón, quien tradujo simultáneamente sus declaraciones al inglés. "Siente una gran felicidad".

El jueves, durante una entrevista telefónica con la AP, se preguntó a Díaz Chacón cuál sería la mejor recompensa por sus acciones. El inmigrante dijo que ya la había recibido: una carta de agradecimiento de la niña./Jery Clausing/LIVDUCA

Las autoridades locales presumen que entre los inmigrantes arrestados hay dominicanos, haitianos y cubanos.

"Se está desmantelando un campamento de afganos y tenemos otros proyectos para los próximos días", dijo a la emisora de radio "France Info" Bousquet de Florien, que no precisó ni el lugar exacto ni sobre el número de personas afectadas.

La policía francesa desmanteló un campamento de inmigrantes clandestinos afganos en torno a la ciudad de Calais, anunció el prefecto del departamento (delegado del Gobierno), Pierre de Bousquet de Florien.

"Se está desmantelando un campamento de afganos y tenemos otros proyectos para los próximos días", dijo a la emisora de radio "France Info" Bousquet de Florien, que no precisó ni el lugar exacto ni sobre el número de personas afectadas.

Esta operación policial se produce una semana después de que las fuerzas del orden detuvieran a 276 indocumentados, en su mayoría afganos, en otro campamento en las afueras de Calais conocido como "la jungla" y que fue posteriormente arrasado con excavadoras para evitar que los inmigrantes volvieran a instalarse.

Ese desmantelamiento se produjo en presencia de decenas de periodistas que habían sido advertidos de la intervención policial, al contrario de lo ocurrido .

El prefecto señaló que "desde hace meses, llevamos a cabo una política de fuerte presión contra las redes y realizamos al menos una operación semanal, no necesariamente con ruido, pero sí eficaces".

Aseguró que mientras en junio había unos 1.100 ó 1.200 inmigrantes clandestinos en Calais, puerto desde donde intentan pasar al Reino Unido, ahora "no son probablemente más que de 300 a 400".

Las organizaciones no gubernamentales que prestaban ayuda a los sin papeles han criticado la ineficacia de este tipo de operaciones y han asegurado que sólo sirven para hacer más difícil la vida de los inmigrantes y sacarlos de la circulación un tiempo.

Una de ellas, la Cimade, afirmaba ayer que de los 138 mayores de edad arrestados en "la jungla", 95 habían sido puestos ya en libertad. EFE/LIVDUCA/La Voz< del Inmigrante/02/10/2009

En una contrademanda, la denunciada negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares.

Tras la deportación de seis familias estafadas por una falsa abogada hispana, un abogado de Utah confirmó hoy que está gestionando el aplazamiento de la deportación de otros afectados para que puedan testificar en contra de la acusada.

En declaraciones a los medios locales, Aarón Tarin, de la localidad de West Jordán, dijo que "decenas de familias de inmigrantes indocumentados se vieron perjudicados precisamente al tratar de regularizar su situación y ahora serán deportados".

El caso se hizo público a principios de julio pasado cuando la Asociación de Abogados de Utah (USB, en inglés) presentó una demanda en contra de Leticia Ávila (residente de Clifton), quien se desempeñaba como secretaria de una firma legal con oficinas en un suburbio al sur de Salt Lake City.

Según la demanda, Ávila se habría presentado como abogada para recibir dinero de inmigrantes indocumentados por trámites que nunca se concretaron, estafando a casi 30 familias (todas ellas conectadas con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), a quienes dijo que podría ayudarlos con sus trámites de inmigración previo pago de 4.000 dólares por cada trámite.

Para Tarin, la deportación de los testigos podría impedir "que se haga justicia en contra de Ávila".

Tarin se refirió al caso de María Villalobos, quien acudió a Ávila para completar la solicitud de residencia permanente. Pero en ese proceso, según Villalobos, Ávila le pidió que falsamente dijese que había vivido en Estados Unidos durante diez años.

Villalobos se negó se negó a hacerlo, los trámites nunca se concretaron y la inmigrante será próximamente deportada a México junto con sus cuatro hijos, a menos que Tarin logre que a su cliente se le otorgue un permiso especial.

Pero, explicó el abogado, las deportaciones probablemente procederán según lo previsto debido a que los investigadores federales no presentaron cargos criminales contra Ávila, sino que dejaron el caso en mano de las autoridades estatales.

Por su parte, en un comunicado, Virginia Kice, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) reveló que se les había concedido visas temporales a algunos testigos, enfatizando que "a ninguno de ellos se le dijo que podrían quedarse permanentemente".

Además, dijo Kice, "no existen garantías que no se deportará a una víctima que se presente para hacer una denuncia".

Precisamente ése es el problema que ve Tarin. "Se está enviando el mensaje equivocado. Los que no hicieron denuncias están ahora en una mejor posición. Por las deportaciones, los inmigrantes no van a querer denunciar crímenes", comentó.

En una contrademanda, Ávila negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/15/09/2009