La Voz del Inmigrante

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia al Estado Español por una decisión del Tribunal Constitucional que consideró legítimo un control migratorio en base a los rasgos físicos de una persona de origen africano y exige una reparación pública.

"El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial. (...).
De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas público. El Estado parte tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso.

Ver Sentencia del Tribunal Constitucional:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=7499

Una vez que captaban al cliente, le ofrecían los documentos necesarios para la obtención del permiso de residencia en España, a cambio de una cantidad de dinero

La Policía española detuvo hoy en Valencia (este) a siete integrantes de una red organizada dedicada a la falsificación de documentos oficiales para la obtención del permiso de residencia que después vendían a inmigrantes, informaron hoy fuentes policiales de esa región.

Entre los meses de junio y septiembre fueron detenidas, en varias ciudades valencianas, una mujer de 32 años y seis hombres de entre 23 y 38 años, todos ellos de origen marroquí, que se dedicaban a la falsificación de certificados de empadronamiento y contratos de trabajo.

Durante las investigaciones, que se iniciaron en mayo, los policías averiguaron que los miembros de la red ahora desarticulada ofertaban los certificados de empadronamiento a otros ciudadanos marroquíes que carecían del tiempo de residencia necesario en España para poder solicitar el permiso correspondiente.

Para ello, visitaban frecuentemente locutorios y otros centros de concentración de ciudadanos extranjeros, a los que les ofrecían la posibilidad de obtener dicho documento.

Una vez que captaban al cliente, le ofrecían los documentos necesarios para la obtención del permiso de residencia en España, a cambio de una cantidad de dinero que variaba entre los 2.000 (unos 2.900 dólares) y 3.000 euros (alrededor de 4.370 dólares), así como la presentación de dichos papeles ante las autoridades.

Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de falsificación de documento oficial. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/14/09/2009

Algunos de ellos mostraron pasaportes falsos a las autoridades aduaneras.

Los extranjeros mayores de 16 años están obligados a registrar sus huellas dactilares y hacerse una fotografía digital

Las autoridades de inmigración han denegado la entrada a Japón a 846 inmigrantes, sobre todo asiáticos, desde que hace un año se puso en marcha un sistema para fichar a los no japoneses en los puertos de entrada al país.

Según un informe de la Oficina de Inmigración recogido hoy por la agencia local Kyodo, la mayoría de los problemas de entrada los tuvieron personas cuyas huellas dactilares coincidían con las de inmigrantes que fueron deportados en el pasado.

Algunos de ellos mostraron pasaportes falsos a las autoridades aduaneras, según Kyodo.

Según esa oficina, algunos de los inmigrantes a los que se denegó la entrada en Japón eran personas buscadas por la justicia.

Entre los deportados destacan los asiáticos pues 297 eran surcoreanos, 155 filipinos y 90 chinos.

En noviembre de 2007 se pusieron en marcha una serie de medidas de seguridad en los puertos de entrada a Japón para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Con las nuevas medidas, los extranjeros mayores de 16 años están obligados a registrar sus huellas dactilares y hacerse una fotografía digital a su entrada en Japón.

Sus datos quedan registrados en una base de datos a la que puede acceder la Policía japonesa y que se puede compartir también con gobiernos y autoridades migratorias extranjeras.

El Gobierno nipón considera que la nueva regulación es más efectiva para evitar la entrada de deportados a Japón y reduce el número de intentos ilegales de entrada al país.

Desde octubre de 2007, 7.500 personas superaron el periodo de tiempo que les permitían sus visados en Japón, un 35 por ciento menos que el año pasado. EFE/01/12/08

Los inmigrantes y sus hijos, con o sin papeles, ensanchan las arcas del Estado y la base tributaria del país

Los inmigrantes hispanos jugarán un papel clave en la economía en las próximas décadas, en momentos en que EEUU debe alistarse para el "tsunami" de una población que envejece, un abultado déficit fiscal y una mermada fuerza laboral.

Esa es, al menos, la predicción que ha hecho el llamado Instituto de Reforma, al analizar el papel "vital" de la inmigración para la economía, y la "sangre nueva" que ofrece en particular para los 76 millones de "baby boomers" (nacidos entre 1946 y 1964) camino de la jubilación.

A juicio del Instituto, aunque la crisis económica actual y la amenaza de una profunda recesión centran la atención del Gobierno y de los legisladores, a largo plazo también deberían preocuparles los retos de una población cada vez más envejecida.

Según su análisis, el futuro no es muy promisorio para la meta de la recuperación económica a largo plazo, debido a un creciente déficit fiscal, escasez de trabajadores en diversos sectores y una caída en la demanda de vivienda.

Por tanto, es inevitable que la jubilación de los "baby boomers" y el flujo migratorio en EEUU constituyan dos fuerzas que moldearán el futuro del país, según el Instituto.

¿Quiénes sino los inmigrantes para responder a los retos futuros del país?

"La infusión de nueva sangre que representa la inmigración será clave para mitigar las nefastas consecuencias" debido a los citados factores que ponen en peligro la prosperidad económica, indica el análisis.

La demográfa Dowell Myers, de la Universidad del Sur de California y autora del estudio, advirtió de que, conforme se vayan jubilando los "baby boomers", EEUU tendrá que responder a los retos de un aumento en la asistencia pública y la deuda nacional, una mermada fuerza laboral y la saturación del mercado inmobiliario de casas en venta.

El auge en las ventas se producirá porque la mayoría de los ancianos regresa al nido de sus hijos, ingresa a un asilo, o muere.

En EEUU, la mayoría de las personas se jubila a los 65 años, y sus beneficios mensuales del Seguro Social provienen de los impuestos que pagaron durante toda su vida laboral.

Salvo algunas excepciones, un trabajador puede jubilarse a los 62 años pero recibe menos de lo que le corresponde a partir de los 65 años.

En Estados Unidos hay 24 ancianos de 65 años o mayores por cada 100 trabajadores entre los 25 y 64 años de edad.

La primera tanda de "baby boomers" que alcance los 65 años ocurrirá en 2011, casi a la vuelta de la esquina, pero su proporción respecto a los trabajadores en activo aumentará en los próximos 20 años, a hasta 41 ancianos por cada 100 trabajadores.

Sólo que el sistema del Seguro Social no está listo para una población que envejece y está próxima a solicitar los beneficios de asistencia médica bajo el programa conocido como "Medicare".

El Instituto de Reforma señala, por ejemplo, que los gastos en asistencia pública por los ancianos aumentará de 38 por ciento del presupuesto federal en 2008, a 65 por ciento para el año 2032.

Así, las autoridades enfrentarían opciones indeseables: la reducción de gastos en programas vitales de defensa, educación o transporte; un mayor endeudamiento del Gobierno, o un temido aumento en los impuestos, algo para lo que no hay apetito.

En todo caso, los inmigrantes y sus hijos, con o sin papeles, ensanchan las arcas del Estado y la base tributaria del país.

Baste recordar que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre el 50 y el 75 por ciento de los trabajadores indocumentados pagan impuestos locales, estatales y federales.

Se calcula que sólo el Seguro Social recibe al menos 7.000 millones de dólares anuales por los impuestos que pagan los indocumentados y que no pueden reclamar por su condición de "ilegales".

"Lo que estamos diciendo es que el tema de la inmigración es impostergable y aunque la gente está centrada en el aquí y ahora, la crisis de los baby boomers se nos viene encima", dijo hoy a Efe Chris Dreibelbis, director de comunicaciones y políticas del Instituto.

"Siempre ha habido quejas de que los inmigrantes son una carga pública pero la historia ha demostrado lo contrario. Los inmigrantes generan beneficios para el país y serán clave en los próximos años", puntualizó. EFE/María Peña/27/11/08

En Estados Unidos de Norteamérica el grupo de Ku Klux Klan va juicio por paliza a hispano

El complejo en el oeste de Kentucky que es la sede del segundo mayor grupo del Ku Klux Klan en el país tiene una puerta alta enrejada y guardias armados, un escenario para las reuniones anuales y un campo para quemar cruces.

El grupo de derechos civiles Southern Poverty Law Center quiere acabar con todo eso.

En estos tranquilos campos en medio de las colinas del oeste del estado, los Imperial Klans of America incitaron a miembros a vapulear a un joven latino en una feria, dijo el centro en una demanda legal. El centro espera que el caso lleve a la destrucción de este grupo de Klan, una táctica que ha usado para diezmar otras organizaciones racistas.

El proceso de selección de jurados comienza el miércoles en el condado Meade, unos 60 kilómetros al sur de Luisville y a 190 kilómettros del complejo.

"Nosotros queremos poner fin a ese tipo de violencia", dijo Richard Cohen, presidente del centro, que está demandando en nombre de la víctima. "Ellos emitieron llamados apenas velados a la violencia".

La oficina del alguacil de Meade añadió patrullas y otras medidas de seguridad en el edificio del tribunal, pero no espera problemas, dijo el vicealguacil Dan McCubbin.

El caso se deriva de un ataque en el 2006 contra Jordan Gruver que dejó al adolescente con dos costillas fracturadas, un brazo fracturado, heridas y moretones. El centro dice que Jarred Hensley y Andrew Watkins estaban reclutando a nombre del Klan en la feria del condado Meade y atacaron a Gruver porque éste es latino.

"Ellos le atacaron y le golpearon viciosamente simplemente porque tiene la piel parda", dijo Cohen, sin especificar lo que los Imperial Clans o su líder Ron Edwards hicieron para incitar el ataque.

Gruver, que ahora tiene 18 años, es hijo de panameños. Fuente: Univisión/11/11/08