La Voz del Inmigrante

En una contrademanda, la denunciada negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares.

Tras la deportación de seis familias estafadas por una falsa abogada hispana, un abogado de Utah confirmó hoy que está gestionando el aplazamiento de la deportación de otros afectados para que puedan testificar en contra de la acusada.

En declaraciones a los medios locales, Aarón Tarin, de la localidad de West Jordán, dijo que "decenas de familias de inmigrantes indocumentados se vieron perjudicados precisamente al tratar de regularizar su situación y ahora serán deportados".

El caso se hizo público a principios de julio pasado cuando la Asociación de Abogados de Utah (USB, en inglés) presentó una demanda en contra de Leticia Ávila (residente de Clifton), quien se desempeñaba como secretaria de una firma legal con oficinas en un suburbio al sur de Salt Lake City.

Según la demanda, Ávila se habría presentado como abogada para recibir dinero de inmigrantes indocumentados por trámites que nunca se concretaron, estafando a casi 30 familias (todas ellas conectadas con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), a quienes dijo que podría ayudarlos con sus trámites de inmigración previo pago de 4.000 dólares por cada trámite.

Para Tarin, la deportación de los testigos podría impedir "que se haga justicia en contra de Ávila".

Tarin se refirió al caso de María Villalobos, quien acudió a Ávila para completar la solicitud de residencia permanente. Pero en ese proceso, según Villalobos, Ávila le pidió que falsamente dijese que había vivido en Estados Unidos durante diez años.

Villalobos se negó se negó a hacerlo, los trámites nunca se concretaron y la inmigrante será próximamente deportada a México junto con sus cuatro hijos, a menos que Tarin logre que a su cliente se le otorgue un permiso especial.

Pero, explicó el abogado, las deportaciones probablemente procederán según lo previsto debido a que los investigadores federales no presentaron cargos criminales contra Ávila, sino que dejaron el caso en mano de las autoridades estatales.

Por su parte, en un comunicado, Virginia Kice, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) reveló que se les había concedido visas temporales a algunos testigos, enfatizando que "a ninguno de ellos se le dijo que podrían quedarse permanentemente".

Además, dijo Kice, "no existen garantías que no se deportará a una víctima que se presente para hacer una denuncia".

Precisamente ése es el problema que ve Tarin. "Se está enviando el mensaje equivocado. Los que no hicieron denuncias están ahora en una mejor posición. Por las deportaciones, los inmigrantes no van a querer denunciar crímenes", comentó.

En una contrademanda, Ávila negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/15/09/2009