La Voz del Inmigrante

Pero, además se dice por ahí que cuando nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución Política del Estado u otras leyes, sean violados, se debe recurrir a los tribunales competentes. ¿ Cuáles son esos tribunales competentes para los inmigrantes indocumentados?, acaso...¿ las comisiones de Congreso?, ¿la Asamblea Permanente de Derechos Humanos?, o ¿las organizaciones no gubernamentales (ONGs) relacionadas con los temas de quejas y reclamos?.

Pues la respuesta es que ninguna de las citadas aboga por los inmigrantes, ninguna trata con seriedad y perseverancia las múltiples quejas que día a día se producen en todos aquellos países donde la presencia de la comunidad inmigrante es palpable, y los más lastimados, los más afectados sin duda son aquellos indocumentados mal llamados "ilegales".

Como están las cosas, queda ratificada la frase que sentenció el Juez Baltasar Garzón, en relación a este tema: -La Inmigración es la vergüenza de los países ricos-.

Ser indocumentado en cualquier país es una invitación a la violación de sus derechos humanos. En efecto, un inmigrante indocumentado depende del país donde se encuentre en mayor o menor intensidad es un estorbo legal, pero un mal necesario. Mal necesario, porque aunque a partir del 11 de septiembre del 2001 las medidas anti-inmigrantes se han recrudecido en todo el hemisferio pero de manera especial en los países cuya economía es atractiva para quienes emigran de países pobres y desestabilizados; es entonces que ese "mal necesario" se vuelve fundamental para el sostenimiento de la economía de cualquier país poderoso o nuevo rico.

De hecho, los inmigrantes no sólo han construido naciones, sino que las han sostenido y aún lo hacen pese a que su trabajo no es justamente remunerado y sus condiciones de vida son precarias en la mayoría de los casos debido al hacinamiento en que sen obligados a vivir, (porque no pueden rentar una casa, piso o apartamento; a la desintegración familiar; a la fatiga diaria por no poder acceder en la mayoría de países a una licencia de conducir (impidiéndoles consecuentemente a comprar un coche, por tanto, deben realizar largas caminatas y depender del transporte público); asimismo, la precariedad también se refleja en no poder contar con un documento de identificación válido en el país donde se encuentran, (que les permita circular libremente); de igual modo, por no poder trabajar legalmente (permitiendo voluntariamente ser sometidos a un vergonzoso modo pre-capitalista de producción: explotación del hombre, por el mismo hombre; pues su trabajo, si es que es pagado, cumple horarios esclavizantes y tiene una remuneración generalmente inferior al salario mínimo.

Otro factor, es la falta de atención médica (lo que da lugar a alarmantes índices de enfermedades, desnutrición y anemia tanto en niños como en adultos); tampoco pueden asociarse libremente (por no tener papeles en regla y dependen de leyes especiales que rigen las asociaciones, por
tanto no pueden reclamar por sus derechos, dependen de un "padrino" o "aval" con papeles en regla para intentar conocer sus derechos, disfrutar de algunos beneficios, y reclamar un trato más humano); pero el problema mayor es la psicosis de persecución en la que viven, el miedo constante a ser deportados, ese miedo tan grande que sienten por las autoridades de
migración... la temida "migra", la policía nacional, la Guardia Civil, policías locales que ahora coadyuvan en esta labor, y para no dejar pendiente esta asignatura, no olvidemos el pánico que han despertado las patrullas del Ejército junto a la Policía en Italia, en un principio, luchando por la Seguridad Ciudadana en ese intento reiterativo de equiparar inmigración con delincuencia, la noticia dejó estupefactos a algunos e indiferentes a otros: “Cuando el plan conjunto de los ministerios de Defensa e Interior se aplique plenamente, un total de 3.000 efectivos entre soldados y carabineros (policía militarizada) se desplegará por nueve ciudades más representativas de Italia (Roma, Milán, Nápoles, Bari, Catania, Padua, Palermo, Turín y Verona) y centros de inmigrantes de varias localidades”.

O el caso de Estados Unidos, donde se ha vuelto común ver a activistas e inmigrantes luchando contra las redadas inmisericordes, observan impávidos e impotentes la deportación diaria de gente arraigada, con familia, enferma y con la duda de no saber si se adscriben o no a la novedosa figura de la Repatriación Voluntaria suscrita entre EE.UU. y México, pero, no tienen permiso de trabajo ni de residencia.

Las naciones de la Unión Europea apoyaron la novedosa iniciativa de Francia que busca endurecer las leyes de inmigración y asilo en los 27 países del bloque. El plan obligaría a que estos 27 países coordinen políticas y establezcan estándares comunes para el 2017 respecto al tratamiento de los inmigrantes, estableciendo cinco metas para atraer a los trabajadores altamente calificados, manejando o expulsando a los no deseados: que son los indocumentados o ilegales o los asalariados pobres.

Pretendieron imponer la integración en tiempo récord a la lengua del país receptor y la prohibición de amnistías en masa y lo que preocupó hondamente es la ampliación del tiempo de permanencia en los Centros de Internamiento hasta 18 meses y la prohibición de ingreso hasta por cinco años. Al respecto, recordemos que el Partido Popular de España pide que el internamiento de los “sin papeles” se amplíe a 70 días.

Hubo por supuesto, una serie de manifestaciones a nivel internacional, de hecho, el grupo defensor de derechos humanos Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidieron que se respete las necesidades y derechos de quienes busquen asilo.

Y desde el otro lado del mundo, líderes sudamericanos criticaron duramente las nuevas reglas de la UE, la presidenta argentina Cristina Fernández, dijo que esta ley recordaba a “tiempos de xenofobia” y el mandatario venezolano Hugo Chávez, afirmó que Europa había “legalizado la barbarie”.

A 48 días de recordar el Día de los Derechos Humanos, el 23 de octubre, para ser exactos, los embajadores de los 27 ante la UE cerraron el acuerdo para crear la “Blue Card”, esa minúscula Tarjeta Azul que permitirá la entrada de inmigrantes cualificados (a la UE), - y la fuga de cerebros en los países de origen - para hacer frente a la escasez de mano de obra en ciertos sectores. Esta hermana gemela de la “Green Card americana” tendrá vigencia de entre 1 a 4 años y les permitirá circular por todo el territorio de la Unión 18 meses después de haberse establecido en uno de los estados miembros, aseguran que garantizará la igualdad de trato respecto a sus trabajadores nacionales y facilitará la reagrupación familiar, pudiendo además viajar y retornar sin problemas a sus países de origen.

Por tanto, será considerado inmigrante cualificado, aquel que tenga estudios universitarios por al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150 % del sueldo medio del país en el que trabajen.

En el caso de España, significa que podrá acogerse a la tarjeta azul el inmigrante que cobre más de 33.000 euros brutos al año, ya que el salario medio es de 22.000 euros y en época de demanda extraordinaria este indicio puede rebajar hasta un 120 %.

Y es que España necesitará de aproximadamente 450.000 trabajadores inmigrantes cualificados en el lapso de cuatro años para mantener esa buscada competitividad económica hasta 2012, según últimos estudios.

La Comisión Europea estima que en el bloque residen hasta ocho millones de inmigrantes indocumentados. Más de 200.000 fueron arrestados en la primera mitad del 2007 y menos de 90.000 fueron expulsados.

Hoy por hoy, conmemorando el 60 Aniversario del la Declaración de los Derechos Humanos, la condición del inmigrante tanto documentado como la del indocumentado, es similar.

Para citar sólo un ejemplo, Granada anuncia que aproximadamente 13.000 inmigrantes podrían perder su permiso de Trabajo y Residencia debido a que no tienen seguridad de ser recontratados, por lo tanto, sin contrato, no hay renovación.

Entonces, la situación de los inmigrantes documentados, mal llamados “con papeles”, genera la incertidumbre de no poder remediar la debacle que se viene encima como consecuencia de esa pérdida de documentación, pues ello conllevará en muchos casos, la pérdida del permiso de residencia también de sus familiares reagrupados (madre y padre propios o del cónyuge, cónyuge, hijos propios y del cónyuge).

Los solicitudes tramitadas de reagrupación se verán interrumpidas o serán denegadas por falta de justificante de ingresos e inestabilidad laboral; y no entremos en detalles de que la crisis inmobiliaria también ha provocado que muchos inmigrantes, ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas están abandonando la vivienda hipotecada dejando la llave en la puerta y mandándose a mudar, otros intentan un tímido acuerdo con su entidad bancaria para negociar esa deuda, pero generalmente sus hipotecas sobrepasan los 170.000 euros que impuso Zapatero a través del Ejecutivo para conceder una moratoria de hasta dos años para el pago del 50 % de las cuotas hipotecarias en el caso de desempleados y autónomos inactivos con cargas familiares. Por lo tanto, sin permiso de trabajo, no podrán hacer frente a su deuda y se están planteando la idea de retornar.

Continuando con España, el pasado 11 de noviembre entró en vigor el Plan de Retorno Voluntario al cual se acogerán ciudadanos de 20 países con los que España tiene convenios sobre Seguridad Social, los cuales recibirán hasta 24.000 euros si deciden retornar a su país de origen, contempla el pago anticipado de la prestación económica por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios, deben firmar un compromiso de no regresar en al menos tres años. Esta ley intentará rebajar la preocupante cifra de desempleo entre los inmigrantes. El 17,5 % están desocupados actualmente, casi 340.000 personas según el INE. El gobierno estimó que 100.000 personas podrían acogerse a esta iniciativa.

El Retorno Voluntario como es sabido, beneficia sólo a algunos países con los cuales España tiene los acuerdos migratorios pertinentes, por lo que, los “otros” inmigrantes, es decir los procedentes de países que no están suscritos dentro de este Plan, se tienen que conformar con lo que hay, si conservan su trabajo, será una suerte, pero, si no pueden renovar el contrato, perderán los papeles y al no poder acogerse al Retorno Voluntario, deberán ahorrar para el billete de regreso; sin trabajo, no hay ingresos, no se garantiza el sustento diario, ¿podrán garantizarse la compra de su billete de retorno a sus países?.

Una pequeña muestra la ofrecen los miles de bolivianos que no saben si se quedan o si se van; el Gobierno boliviano a su vez reconoce que su país carece de un programa específico de retorno de inmigrantes, pero que el Gobierno de Evo Morales tiene como objetivo lograr que el boliviano que lo desee pueda regresar, voluntariamente pero, por sus propios medios.

Quedarse sin papeles, sin documentos, sin permiso de trabajo, luego de haberlos tenido, es un drama añadido a la crisis.

Los ejemplos siguen y suman, por ello o expuesto no es nada más ni nada menos que la flagrante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente a los siguientes catorce artículos:

Art. 1.- Derechos con igualdad (Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros)