La Voz del Inmigrante

Pedro Guzmán nació en Los Angeles, California, y ha sido un ciudadano estadounidense toda su vida. El año pasado, este hombre de 31 años con trastornos mentales, que no sabe leer ni escribir, fue arrestado por una infracción menor y terminó firmando documentos en los que aceptó ser deportado a México como indocumentado.

Mendigo en tierra ajena

Pedro Guzmán nació en Los Angeles y ha sido un ciudadano estadounidense toda su vida. El año pasado, este hombre de 31 años con trastornos mentales, que no sabe leer ni escribir, fue arrestado por una infracción menor y terminó firmando documentos en los que aceptó ser deportado a México como indocumentado.

Durante casi tres meses, durmió en la calle, se bañó en ríos inmundos y comió desperdicios encontrados en cestos de basura, mientras su madre lo buscaba desesperadamente en morgues y hospitales de Tijuana. Finalmente fue hallado mientras trataba de ingresar nuevamente a Estados Unidos por Calexico, a 160 kilómetros (100 millas) de distancia.

De vuelta en California, "cambia de un momento a otro. Su cerebro lo transporta a los días en que estuvo desaparecido", dice su hermano Michael. "Le hablamos y le decimos que todo está bien, que nadie la va a hacer daño".

En su celo por combatir a los indocumentados, las autoridades estadounidenses han detenido, o incluso deportado, a decenas de sus propios ciudadanos en los últimos ocho años. Una investigación de meses de la AP documentó 55 casos en base a entrevistas, demandas y documentos obtenidos amparada en la ley de libertad de información. Estos ciudadanos fueron arrestados entre uno y cinco días. Algunos abogados dicen que hay cientos de casos de este tipo.

Es ilegal deportar a ciudadanos estadounidenses o detenerlos por infracciones a las leyes de inmigración. No obstante, algunos ciudadanos terminan presos en centros de detención de un sistema que está desbordado, según admitió Víctor Cerda, quien fue uno de los máximos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés) hasta el 2005. Se espera que la detención de presuntos indocumentados aumente un 17% este año y llegue a las 400.000 personas.

Como parte de la campaña contra los indocumentados, a veces terminan detenidos por error los más indefensos: personas con trastornos mentales, gente de pocos recursos, niños y personas que tienen pendientes órdenes de arresto. La mayoría de los arrestados, de lejos, son hispanos, según el estudio de AP.

"Cuanta más confusión haya en el sistema, más ciudadanos estadounidenses serán detenidos por error, y deportados por error", declaró Bruce Einhorn, juez de inmigración jubilado que dicta clases en la Pepperdine Law School. "Son el síntoma de un problema más grande. No hay nada más lamentable que la expulsión de nuestros propios ciudadanos".

Jim Hayes, director de detenciones y expulsiones del ICE, dijo estar al tanto de solo 10 casos de ciudadanos detenidos por error en los últimos cinco años. Agregó que la cincuentena de casos detectados por la AP "no constituyen una epidemia". Se negó a hablar de casos específicos para no violar las leyes que protegen la privacidad.

Indicó que los agentes tratan de corroborar la información cuando alguien dice que es ciudadano, pero que generalmente eso resulta ser mentira. Dijo que algunos ciudadanos a veces dicen haber nacido en el exterior y aseguró que ningún funcionario de inmigración detendrá a alguien si puede comprobar con certeza que es ciudadano.

Es imposible saber con exactitud cuántos ciudadanos han sido arrestados por indocumentados ya que nadie lleva la cuenta. Kara Hartzler, abogada del Florence Immigrant and Refugee Rights Project de Arizona, declaró ante la Cámara de Representantes el año pasado que su organización lidia con entre 40 y 50 casos por mes en los que alguien tiene argumentos potencialmente válidos sobre su condición de ciudadanos.

"Son casos sorprendentemente comunes", expresó.

El Vera Institute for Justice, una agrupación sin fines de lucro, detectó 322 casos de personas arrestadas por el servicio de inmigración en 13 centros de detención que dijeron ser ciudadanas en el 2007, comparado con las 129 del año previo. Esa cifra no toma en cuenta los casos de otros 300 centros de detención del servicio de inmigración.

Los arrestos de indocumentados aumentaron marcadamente desde que se reforzaron las medidas de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Algunos sectores sostienen que se le ha dado demasiada autoridad a las policías locales para detener personas. Uno de cada diez hispanos nacidos en los Estados Unidos dijo que fue interrogado por las autoridades en torno a su status migratorio en el 2007, de acuerdo con un estudio del Centro Hispano Pew que involucró a más de 2000 personas.

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Guzmán fue expulsado del país por un departamento de alguaciles. Fue detenido cerca de su casa en la localidad californiana de Lancaster el 31 de marzo del 2007, por agentes del departamento de alguaciles del condado de Los Angeles, a raíz de una infracción menor, luego de intentar abordar tres veces un avión privado mostrando boletas de la lotería, según dice el informe policial. También había robado un auto, supuestamente porque el vehículo de su madre se había roto.

Un juez lo condenó a tres meses de prisión por vandalismo y a tres años de libertad condicional.

En la cárcel, Guzmán le dijo a las autoridades que había nacido en California. Pero un empleado del departamento de alguaciles lo hizo firmar un documento en el que se comprometía a ser deportado sin una audiencia judicial.

El día que llegó a México, Guzmán llamó a un familiar y le dijo que no sabía donde estaba. Le preguntó a alguien que pasaba por allí, quien respondió: Tijuana. A esa altura se interrumpió la llamada.

Guzmán regresó a California legalmente en agosto.

Ahora no soporta el sol porque le recuerda a México. Su familia no lo deja hablar del tema porque lo altera demasiado. Va con frecuencia a sesiones de terapia, pero se lo nota frágil, tartamudea y dice que escucha voces, según su hermano.

"Esa persona que deportaron es nuestro hermano, el hijo de alguien", afirmó Michael Guzmán. "California es como una capital latinoamericana. No importa si uno es ciudadano o no. Si uno tiene aspecto de hispano, lo interrogan. Y cualquiera puede ser deportado".

Ni la oficina de alguaciles ni los funcionarios del servicio de inmigración hablan del caso, porque hay un proceso pendiente, ya que la familia de Guzmán demandó al condado de Los Angeles y al gobierno nacional.

"Cuando se conozca toda la historia, la gente entenderá lo que sucedió", expresó Steve Whitmore, de la oficina de alguaciles del condado de Los Angeles.

La madre de Guzmán, María Carbajal, mientras tanto, trabaja el turno nocturno en un Jack in the Box porque teme dejar a su hijo solo durante el día.

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Ciudadanos estadounidenses también fueron víctimas de las redadas en sitios de trabajo y se están procesando varias demandas.

En el 2007, 114 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes radicaron demandas tras una redada en Micro Solutions Enterprises, firma que recicla impresoras de computadoras en Van Nuys, California. Dicen que fueron arrestados ilegalmente y piden 5.000 dólares cada uno en concepto de daños.

En el 2008, sindicatos que representan a los empleados de seis plantas empacadoras de carne de Swift radicaron demandas en nombre de ocho ciudadanos o residentes legales que fueron detenidos en redadas.

En un caso, tres ciudadanos y otras nueve personas, todos hispanos, plantearon una demanda después de que agentes del ICE hicieron redadas en sus casas de Nueva Jersey. La demanda dice que un agente le apuntó con un arma a un niño de nueve años que es ciudadano.

Hay un programa por el cual se trata de deportar rápidamente a indocumentados que cometieron delitos y algunos sectores temen que los agentes de inmigración cometan excesos y expulsen a cualquiera por cualquier motivo, pues consideran a los detenidos malas semillas, incluso si son ciudadanos estadounidenses.

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Rennison Castillo llegó temprano en la mañana a una oficina del servicio de inmigración de Seattle el 28 de octubre de 1998 para jurar como ciudadano. Lucía un uniforme del ejército almidonado y quería conseguir un buen asiento. Se sentó en la segunda fila.

Castillo nació en Belice y vive en Estados Unidos desde que tenía siete años. Sirvió dos años en el ejército. Pero sus superiores le dijeron que no podía permanecer en esa fuerza si no se hacía ciudadano. Tomó entonces el examen de la ciudadanía y lo pasó con facilidad. No pudo responder una sola pregunta, el nombre de un funcionario electo local.

"Me sentí orgulloso" de sacar la ciudadanía, comentó.

Siete años después, Castillo fue encerrado en una celda del servicio de inmigración de Tacoma, Washington, después de pasar ocho meses preso en el condado de Pierce por violar una orden de que no se acerque a alguien y por el robo de una residencia.

Una empleada de la prisión le preguntó si quería regresar casa. Pensó que aludía a su residencia de Lakewood, Washington, y respondió: "Sí, me encantaría".

La empleada lo encadenó y le dijo que sería deportado.

Una y otra vez Castillo dijo que era ciudadano y pidió que corroboraran sus datos en las computadoras.

Pero las autoridades afirmaron que no había nada que confirmase que era ciudadano o que hubiera hecho el servicio militar. Un agente incluso reconoció a Castillo, con quien había servido en el ejército en Fort Lewis, Washington, y mencionó el batallón, pero señaló que no podía ayudarlo.

Castillo finalmente consiguió que un amigo buscase en el baúl de su automóvil sus documentos militares y logró ser liberado... casi ocho meses después de haber sido detenido por el ICE.

Descubrió seguidamente que el servicio de inmigración tenía dos archivos sobre él, con diferentes números, y radicó una demanda.

"Sé que nada es perfecto ni lo será, pero no entiendo cómo pueden haber cometido semejante error", declaró. "Me pasó a mí y estoy seguro de que le puede suceder a cualquiera".

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El problema de Ricardo Martínez, nacido en McAllen, Texas, no fue que lo expulsaron del país, sino que no lo dejaron regresar.

Martínez vivió en México entre los cinco y los 17 años de edad.

Como tantos otros residentes de la frontera con familia en México, Martínez visitó con frecuencia ese país. Pero cuando intentó regresar luego de una visita en julio de 1999, no lo dejaron entrar en el puesto de Nogales, Arizona, porque los agentes del servicio de inmigración descubrieron dos copias de su certificado de nacimiento, emitidas en distintos años y con diferentes fechas. Martínez, quien no habla muy bien inglés, dijo que nunca había notado el error.

Finalmente mostró su pasaporte y pudo ingresar el país. Pero sus problemas no acabaron allí.

En enero del 2006 volvió a México para ver a su abuela, quien estaba al borde de la muerte. Cuando intentó regresar por Laredo, en marzo, llevaba consigo sus certificados de nacimiento, otra tarjeta que se da al nacer, su pasaporte y tarjetas de identificación de Nebraska, California y Texas, ya que había trabajado en esos tres estados.

A esa altura las medidas de seguridad en la frontera eran más estrictas y cuando los agentes vieron en la computadora el problema que había tenido previamente en Nogales, dijeron que el pasaporte era falso, indicó Martínez.

Fue llevado entonces a un salón donde le hicieron sacar los zapatos, lo revisaron, lo encadenaron a una silla y lo retuvieron dos horas, mientras los agentes inspeccionaban sus documentos. Le dijeron que si no confesaba el fraude, estaría preso entre seis y ocho meses, según una demanda que radicó Martínez contra el gobierno.

"Me dijeron que si no confesaba que era de allí (México), me mandarían a la cárcel. Estaba asustado", relató.

Agregó que pidió llamar a su madre para corroborar su nacionalidad, y se lo negaron.

El padrastro de Martínez, Florentino Mireles, dijo que llamó a los inspectores y les preguntó por qué se habían quedado con los documentos del muchacho. Le respondieron que los agentes no creían que era estadounidense porque no hablaba inglés.

Martínez no quería ir a la cárcel y firmó los documentos. Posteriormente dijo que no sabía que al firmar, estaba admitiendo que no había nacido en Estados Unidos.

A sus padres les tomó dos años encontrar un abogado barato que pudiese defender a su hijo. Finalmente, en una oficina de Hidalgo, la abogada Lisa Brodyaga le mostró a los agentes fronterizos un certificado de nacimiento de Martínez en poder de sus padres, con sus huellas dactilares, y documentos que corroboran que había trabajado legalmente en Estados Unidos y pagado impuestos. Los agentes admitieron que era ciudadano y le permitieron regresar.

Como en los otros casos, el ICE no comenta el tema porque hay un caso judicial pendiente. Pero un portavoz del organismo dijo que Martínez nunca había denunciado irregularidades.

Brodyaga sostiene que la detención y/o deportación de ciudadanos es algo más que una torpeza burocrática.

"Trabajo en esto desde hace 30 años y sé lo que es un error burocrático", afirmó. "Esto va más allá. En la frontera hay una atmósfera de desconfianza y hostilidad, especialmente hacia los mexicano-estadounidenses"./AP/LIVDUCA/13/04/2009

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Los redactores de AP Traci Carl y Peter Prengaman colaboraron con este despacho.

El arresto de una hondureña que pasó más de dos días en una cárcel sin que le formularan cargos y nueve bajo arresto, ha obligado a la policía de un condado de Florida a hacer cambios en el trato a detenidos indocumentados.

A partir de ahora, dos supervisores de la oficina del alguacil del condado Lake realizarán dos inspecciones diarias a los indocumentados bajo su custodia que aguardan a ser entregados al Servicio de Inmigración y Aduanas, (ICE) para su deportación.

El nuevo procedimiento incluirá también un "alerta" en el récord del detenido en la que se indica que Inmigración ha sido notificada del arresto, la fecha y datos específicos sobre las primeras 48 horas en las que pueden dejar a alguien detenido legalmente aún sin causa probable.

Además, notificarán de inmediato a las autoridades federales cuando un "interno esté listo para ser recogido", y mantendrá copias electrónicas de todo el proceso de comunicación con el ICE, aseguró el lunes el sargento John Harrell al divulgar los detalles de una investigación interna para esclarecer el arresto y detención de la hondureña Rita Hernández Perdomo de Cote, el pasado 16 de febrero.

El arresto de Cote, de 23 años, madre de tres niños y quien está casada con un ciudadano estadounidense, provocó la reacción airada de la comunidad hispana del centro de Florida, especialmente de trabajadores agrícolas como Rita antes de casarse con Robert Cote, su ex supervisor en una finca de melones, al norte de ese condado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó un recurso de "habeas corpus" ante un tribunal federal en Florida solicitando su libertad.

En su petición, Glenn Katon, abogado del ACLU, explicó que tanto el alguacil de Lake, como la Policía de Tavares, que la arrestó mientras respondían a un llamado de violencia doméstica entre un familiar de Cote y su novio, violaron los derechos civiles de la hondureña, ya que no existía una orden de arresto en su contra o causa probable para ello.

En su investigación interna, la oficina del alguacil indica que, aunque la detención de Cote se realizó de "manera diferente", a como acostumbran en casos de indocumentados, los que "típicamente envuelven cargos criminales locales, más una orden de detención por parte de Inmigración , o sólo una orden de detención, pero no una orden de arresto", el procedimiento no constituyó una violación de ninguna norma.

La dependencia describe las más de 48 horas que pasó la hispana tras las rejas sin motivo, como "un fallo administrativo", ya que la misma "aparenta ser una falta de comunicación entre el oficial que hizo el arresto y el personal de registro de internos".

Para representantes de ACLU, lo que la oficina del alguacil describe como un "error", es un abuso y una indicación clara del poco interés que tendría el alguacil Gary Borders, en los asuntos relacionados con hispanos en su condado.

"No sorprende que el alguacil de Lake encuentre que ninguna norma fue violada, ya que si no tienen normas, tampoco las violaciones de las mismas", dijo hoy a Efe Katon.

De acuerdo con el abogado, quien planea continuar una demanda por violación de los derechos civiles de Cote, el nuevo procedimiento no cambiará la manera en sus agentes persiguen a los hispanos en ese condado.

"Sólo hay que echarle un vistazo a sus reportes de arrestos diarios y se podrá comprobar que sólo el año pasado, el alguacil de Lake hizo más de 225 arrestos basados sólo en cortesía para el ICE", dijo Katon.

"Eso es sin contar los más de 100 latinos que son arrestados y detenidos sólo por violaciones menores, como pequeñas infracciones de tráfico, y que si fueran cometidas por gente de otros orígenes, como los blancos, serían liberados de inmediato", abundó.

Cote, quien fue liberada por el ICE por considerar que no representa una amenaza a la seguridad pública, aplaudió las nuevas medidas tomadas por la comisaría.

"Me siento contenta de que lo que me ocurrió a mi sirva para hacer cambios en como manejan a los indocumentados, como yo que sin ser una criminal ni haber hecho nada malo, me mantuvieron nueve días en la cárcel. Nueve días lejos de mis hijos", dijo a Efe Cote, quien tendrá una audiencia con Inmigración el próximo mes.

Las nuevas normas entraron en efecto en la cárcel de Lake de manera inmediata, de acuerdo con el reporte del sargento Harell.EFE/LIVDUCA/04/04/2009