La Voz del Inmigrante

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia al Estado Español por una decisión del Tribunal Constitucional que consideró legítimo un control migratorio en base a los rasgos físicos de una persona de origen africano y exige una reparación pública.

"El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial. (...).
De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas público. El Estado parte tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso.

Ver Sentencia del Tribunal Constitucional:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=7499

Entre otros puntos, se discutirá el papel y el futuro del foro y se entregará la responsabilidad de la organización para 2010 a México

"Las leyes dictan que ciertos individuos pueden solicitar documentos de viaje y obtener una autorización de reingreso antes de salir de los Estados Unidos"

"Se está desmantelando un campamento de afganos y tenemos otros proyectos para los próximos días", dijo a la emisora de radio "France Info" Bousquet de Florien, que no precisó ni el lugar exacto ni sobre el número de personas afectadas.

La policía francesa desmanteló un campamento de inmigrantes clandestinos afganos en torno a la ciudad de Calais, anunció el prefecto del departamento (delegado del Gobierno), Pierre de Bousquet de Florien.

"Se está desmantelando un campamento de afganos y tenemos otros proyectos para los próximos días", dijo a la emisora de radio "France Info" Bousquet de Florien, que no precisó ni el lugar exacto ni sobre el número de personas afectadas.

Esta operación policial se produce una semana después de que las fuerzas del orden detuvieran a 276 indocumentados, en su mayoría afganos, en otro campamento en las afueras de Calais conocido como "la jungla" y que fue posteriormente arrasado con excavadoras para evitar que los inmigrantes volvieran a instalarse.

Ese desmantelamiento se produjo en presencia de decenas de periodistas que habían sido advertidos de la intervención policial, al contrario de lo ocurrido .

El prefecto señaló que "desde hace meses, llevamos a cabo una política de fuerte presión contra las redes y realizamos al menos una operación semanal, no necesariamente con ruido, pero sí eficaces".

Aseguró que mientras en junio había unos 1.100 ó 1.200 inmigrantes clandestinos en Calais, puerto desde donde intentan pasar al Reino Unido, ahora "no son probablemente más que de 300 a 400".

Las organizaciones no gubernamentales que prestaban ayuda a los sin papeles han criticado la ineficacia de este tipo de operaciones y han asegurado que sólo sirven para hacer más difícil la vida de los inmigrantes y sacarlos de la circulación un tiempo.

Una de ellas, la Cimade, afirmaba ayer que de los 138 mayores de edad arrestados en "la jungla", 95 habían sido puestos ya en libertad. EFE/LIVDUCA/La Voz< del Inmigrante/02/10/2009

En una contrademanda, la denunciada negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares.

Tras la deportación de seis familias estafadas por una falsa abogada hispana, un abogado de Utah confirmó hoy que está gestionando el aplazamiento de la deportación de otros afectados para que puedan testificar en contra de la acusada.

En declaraciones a los medios locales, Aarón Tarin, de la localidad de West Jordán, dijo que "decenas de familias de inmigrantes indocumentados se vieron perjudicados precisamente al tratar de regularizar su situación y ahora serán deportados".

El caso se hizo público a principios de julio pasado cuando la Asociación de Abogados de Utah (USB, en inglés) presentó una demanda en contra de Leticia Ávila (residente de Clifton), quien se desempeñaba como secretaria de una firma legal con oficinas en un suburbio al sur de Salt Lake City.

Según la demanda, Ávila se habría presentado como abogada para recibir dinero de inmigrantes indocumentados por trámites que nunca se concretaron, estafando a casi 30 familias (todas ellas conectadas con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), a quienes dijo que podría ayudarlos con sus trámites de inmigración previo pago de 4.000 dólares por cada trámite.

Para Tarin, la deportación de los testigos podría impedir "que se haga justicia en contra de Ávila".

Tarin se refirió al caso de María Villalobos, quien acudió a Ávila para completar la solicitud de residencia permanente. Pero en ese proceso, según Villalobos, Ávila le pidió que falsamente dijese que había vivido en Estados Unidos durante diez años.

Villalobos se negó se negó a hacerlo, los trámites nunca se concretaron y la inmigrante será próximamente deportada a México junto con sus cuatro hijos, a menos que Tarin logre que a su cliente se le otorgue un permiso especial.

Pero, explicó el abogado, las deportaciones probablemente procederán según lo previsto debido a que los investigadores federales no presentaron cargos criminales contra Ávila, sino que dejaron el caso en mano de las autoridades estatales.

Por su parte, en un comunicado, Virginia Kice, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) reveló que se les había concedido visas temporales a algunos testigos, enfatizando que "a ninguno de ellos se le dijo que podrían quedarse permanentemente".

Además, dijo Kice, "no existen garantías que no se deportará a una víctima que se presente para hacer una denuncia".

Precisamente ése es el problema que ve Tarin. "Se está enviando el mensaje equivocado. Los que no hicieron denuncias están ahora en una mejor posición. Por las deportaciones, los inmigrantes no van a querer denunciar crímenes", comentó.

En una contrademanda, Ávila negó toda impropiedad y acusó de calumnias a los indocumentados y a los abogados de esos inmigrantes, pidiendo una compensación por 3,5 millones de dólares. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/15/09/2009

Una vez que captaban al cliente, le ofrecían los documentos necesarios para la obtención del permiso de residencia en España, a cambio de una cantidad de dinero

La Policía española detuvo hoy en Valencia (este) a siete integrantes de una red organizada dedicada a la falsificación de documentos oficiales para la obtención del permiso de residencia que después vendían a inmigrantes, informaron hoy fuentes policiales de esa región.

Entre los meses de junio y septiembre fueron detenidas, en varias ciudades valencianas, una mujer de 32 años y seis hombres de entre 23 y 38 años, todos ellos de origen marroquí, que se dedicaban a la falsificación de certificados de empadronamiento y contratos de trabajo.

Durante las investigaciones, que se iniciaron en mayo, los policías averiguaron que los miembros de la red ahora desarticulada ofertaban los certificados de empadronamiento a otros ciudadanos marroquíes que carecían del tiempo de residencia necesario en España para poder solicitar el permiso correspondiente.

Para ello, visitaban frecuentemente locutorios y otros centros de concentración de ciudadanos extranjeros, a los que les ofrecían la posibilidad de obtener dicho documento.

Una vez que captaban al cliente, le ofrecían los documentos necesarios para la obtención del permiso de residencia en España, a cambio de una cantidad de dinero que variaba entre los 2.000 (unos 2.900 dólares) y 3.000 euros (alrededor de 4.370 dólares), así como la presentación de dichos papeles ante las autoridades.

Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de falsificación de documento oficial. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/14/09/2009

"El trabajador, ya sea hombre y mujer, merece siempre respeto aunque no tenga los papeles. Pero con el debido respeto debe ser procesado y expulsado cuando no cumpla los requisitos necesarios (para permanecer en Italia), porque así lo dicta la ley".

El líder de la federalista Liga Norte (LN), Umberto Bossi, dijo que cuando en el pasado los italianos se vieron obligados a emigrar fuera de Italia "iban a trabajar y no a matar a la gente", informaron hoy los medios locales.

Bossi respondió así anoche al presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que en la conmemoración del 53 aniversario de la muerte de 136 italianos en una mina de carbón en Marcinelle (Bélgica), recordó como en el pasado "vénetos, piamonteses y lombardos" emigraron a otros países.

"Ese, es un hecho que querría que recordaran los exponentes políticos que hoy en día representan a una parte del electorado del norte de Italia", afirmó Fini, quien agregó: "debemos integrar a los inmigrantes garantizando la seguridad, pero sobre todo debemos respetarles como hombres y mujeres".

Unas manifestaciones a las que el líder del partido federalista con tintes racistas respondió: "El trabajador, ya sea hombre y mujer, merece siempre respeto aunque no tenga los papeles. Pero con el debido respeto debe ser procesado y expulsado cuando no cumpla los requisitos necesarios (para permanecer en Italia), porque así lo dicta la ley".

La Liga Norte, socio en el Ejecutivo del Pueblo de la Libertad (PDL) liderado por Silvio Berlusconi, ha sido una de las principales impulsoras de la ley sobre seguridad que entró en vigor ayer y que tipifica la inmigración clandestina como delito, entre otras medidas.

La nueva norma prevé multas de 5.000 y 10.000 euros (de entre 7.095 y 14.190 dólares) a los inmigrantes sin papeles y una rápida expulsión del país.

Además, cuando un inmigrante ilegal sea arrestado y pueda ser identificado el jefe de policía podrá decidir su expulsión del país, comunicando la decisión al juez.

En el caso de que no pueda llevarse a cabo la identificación del inmigrante, éste será trasladado a un Centro de Identificación y Expulsión, donde será identificado para después ser expulsado de Italia, explicó el subsecretario de Interior, Alfredo Mantovano.

La nueva disposición no prevé penas de cárcel para los inmigrantes en situación irregular en Italia. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/09/08/2009

El 63 por ciento de los latinoamericanos que han emigrado a otros países están indocumentados, una situación que pone a estos ciudadanos en situación de desprotección.

Según destacó la secretaria de Estado española, el retorno es una opción voluntaria para los inmigrantes "pero no es un mecanismo para resolver la crisis económica".

Realizaban ofertas de trabajo fraudulentas a ciudadanos colombianos para venir a España a trabajar en la cuadrilla de un torero, a cambio de 4.000 euros.

El empresario taurino Domingo Ángel H. B, de 38 años, y el banderillero Carlos Alberto V. D., de 42, han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de un delito de inmigración ilegal y otro de estafa.

Domingo Ángel H. B. tiene antecedentes por falsificación de documentos, estafa y delito contra los derechos de los trabajadores

Los detenidos realizaban ofertas de trabajo fraudulentas a ciudadanos colombianos para venir a España a trabajar en la cuadrilla de un torero, a cambio de 4.000 euros.

La operación comenzó el pasado mes de abril. Los agentes se toparon con una denuncia interpuesta por una ciudadana colombiana en la que afirmaba haber venido a España gracias a un contrato de trabajo firmado con Domingo Ángel H. B. Éste, administrador de una empresa taurina, le había exigido el pago de 4.000 euros como condición para emplearle como mozo de espada. Pero, una vez en territorio español, la mujer no había conseguido el trabajo prometido.

Desde peluqueras a informáticos

A la hora de captar ciudadanos extranjeros en Colombia y España, Domingo Ángel H. B. contaba como colaborador con Carlos Alberto V. D. Este banderillero de origen colombiano, se las ingeniaba para ofrecer un trabajo como el suyo, como mozo de espada o, incluso, como torero a sus compatriotas, entre los que se incluían desde peluqueras a informáticos.

Una vez identificados y localizados los presuntos autores de estos hechos delictivos, los agentes del Grupo VII establecieron un discreto dispositivo de vigilancia hasta la definitiva detención de ambos.

Si bien al banderillero no le constan antecedentes policiales, Domingo Ángel H. B. tiene detenciones por falsificación de documentos, estafa y un delito contra los derechos de los trabajadores./KUVDUCA/20 Minutos/19/05/2009