03 Ago 2009
EE.UU: Especial de la Reforma migratoria. Beneficiará sólo a quienes no cometieron ninguna falta
Ivette Durán Calderón
Los inmigrantes de menos edad tendrían más probabilidades porque han tenido menos tiempo para cometer equivocaciones
El debate de la reforma migratoria arrancó el 25 de junio, luego de dos prórrogas obligadas por la incompatibilidad de las agendas del Presidente Barack Obama y representantes de ambos partidos en el Congreso. No hay fecha para un nuevo encuentro, ni una lista de posibles invitados; sólo se sabe que algunos actores analizan si los indocumentados con récord criminal -graves y menos graves- tendrán derecho a legalizar su permanencia en Estados Unidos.
La oficina del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), reconoció que después de la reunión con el Presidente en la Casa Blanca "se está hablando de ideas" en torno a cómo debería ser el perfil del proyecto de reforma migratoria que, de acuerdo con los planes de la Administración, debería estar listo para mediados de otoño.
Los detalles sobre que tipo de crímenes impedirían calificar para la reforma, todavía no se ha llegado a ese tipo de conversaciones, dijo una fuente.
"Pero no hay ningún tipo de negociaciones respecto", aseguró a Univision José Parra, vocero hispano de Reid. "No hay definiciones todavía", agregó, pero apuntó que la actual ley de inmigración indica que los inmigrantes que postulan a cualquier clase de beneficio migratorio no deben tener antecedentes criminales.
Durante la reunión del 25 de junio, Obama anunció la creación de un grupo de trabajo -liderado por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano y los líderes del Congreso- que se encargará de encontrar una vía para reconocer y legalizar a millones de indocumentados.
Amplia, pero severa
Desde la campaña, en 2008, Obama ha reiterado que está dispuesto a firmar una reforma migratoria que permita la legalización, pero ha advertido que ésta debe contener "estrictas" condiciones, como por ejemplo en las fronteras y los lugares de trabajo.
Esto quiere decir, de acuerdo con la Casa Blanca, que el plan migratorio se basaría en una mejora en los sistemas de seguridad fronterizos, la reunificación familiar, severos castigos a la contrata de trabajadores no autorizados y una vía de legalización para indocumentados que carezcan de antecedentes criminales, sepan inglés y paguen una multa, entre otras regulaciones.
En la víspera del inicio del debate, el Senador Chuck Shumer (demócrata de Nueva York y quien preside el Subcomité de Inmigración del Poder Judicial), una pieza clave en las discusiones, dijo que la modificación de las leyes de inmigración estadounidenses se puede lograr siempre y cuando su partido y los defensores de los inmigrantes adopten una posición "más estricta", por ejemplo, contra los ingresos ilegales. Y también sobre el tema de aquellos que han cometido faltas.
"Es muy injusto meter a todos los que han tenido un roce con la policía en el mismo cajón", reflexionó el abogado José Pertierra, "Hay personas que han sido detenidas por crímenes leves y otras por delitos serios. No deberían ser todos juzgados de la misma manera".
Un tema recurrente
El debate de la reforma migratoria ha sido suspendido en al menos dos ocasiones en los últimos tres años, y uno de los principales y conflictivos puntos de debate y enojos ha sido la legalización de aquellos indocumentados que tienen algún tipo de falta.
Para los republicanos del ala ultraconservadora, legalización es sinónimo de amnistía y no están dispuestos a apoyar ningún proyecto de ley que insinúe la legalización de aquellos extranjeros que tienen faltas, no importa si sean leves o graves.
Quizás si estén dispuestos a ceder en otro tipo de temas, como por ejemplo las cuotas de visas de trabajo temporal -como recomienda el senador John McCain (republicano de Arizona), los recursos que se destinen para el combate al narcotráfico y la inmigración indocumentada en la frontera o el otorgamiento de poderes extraordinarios para que las policías estatales y municipales ejerzan funciones como agentes de inmigración. Pero sobre esto no hay nada escrito.
El voto hispano
Pero esta vez las cosas podrían cambiar, sobre todo después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 cuando Obama ganó las Casa Blanca gracias al voto hispano, que es precisamente el principal sector que se beneficiará de una reforma migratoria.
De ello están convencidos los demócratas, y los republicanos no se quedan atrás: ellos saben que si quieren recuperar el Congreso y la presidencia, tendrán capturar el voto hispano arrebatado el año pasado por el partido de Obama.
El panorama no es alentador para ninguno de los dos. Por ejemplo Schumer comentó que en los fracasados debates de 2006 y 2007, "las acusaciones de 'amnistía' estaban muy calientes", que "la gente aún no quiere una amnistía", pero "sí una solución".
Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca, comentó también en la víspera del encuentro que los estadounidenses "deberían esperar una discusión honesta de los temas en que podemos encontrar puntos de acuerdo y temas en los que todavía tenemos que trabajar".
Respuesta obvia
¿Y cuál, entonces, fue el tema discordante que detuvo el debate de la reforma migratoria en los tres últimos años? Sin duda la legalización y cuáles de los 12 millones de indocumentados podrían conseguir la codiciada green card y qué harían las autoridades con aquellos que no califiquen.
Los demócratas saben que este tema deberá ser tratado abiertamente, les guste o no. Los republicanos, por su parte, deberán aceptar el reto de tratarlo sin censura, exponer qué quieren y cómo lo quieren. Y los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes tendrán que escuchar y luego sugerir recomendaciones para que no se cometan injusticias.
Schumer dijo que su partido deberá buscar "una posición más estricta" sobre el tema de la reforma migratoria. "Les he dicho a los activistas que tenemos que atacar la inmigración ilegal. Digo 'inmigrantes ilegales'. Hace dos años, los demócratas decían 'trabajadores indocumentados', lo que hizo que la gente dijera: '¡¡Mmm!!,… tal vez los demócratas no creen que está mal ser un inmigrante ilegal".
La otra postura
El paso de Schumer es estratégico. Mientras más se acerque a los republicanos más probabilidades habrá de negociar, porque se estrechan las diferencias.
Los republicanos lo saben y lo piensan. Sin el respaldo de ellos, es prácticamente imposible que el debate migratorio prospere, a pesar de la mayoría que los demócratas ostentan en la Cámara de Senadores (58 asientos más el voto de los dos senadores independientes).
La tercera semana de abril y en respuesta a un anuncio de la Casa Blanca de comenzar el debate de la reforma migratoria en 2009, el Senador Jon Kyl (republicano de Arizona) dijo que era "prematuro" y exigió a la Administración tratar primero el tema de la seguridad en las fronteras antes de redactar y debatir un proyecto. Y dentro de la seguridad se incluye a quienes han cometido faltas o violado la ley.
Todavía es reciente
En 2006 Kyl recomendó aumentar los fondos para la implementación de un programa de deportación expedita y aumentar la autoridad para que los gobiernos municipales y estatales ejecuten leyes federales de inmigración.
La postura levantó fuertes críticas de grupos pro derechos de los inmigrantes, entre ellos La Raza (el principal grupo hispano de Estados Unidos), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) y The American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).
También propuso, en un proyecto rechazado por la mayoría del Senado, otorgar un plazo de cinco años para que los indocumentados salieran de Estados Unidos, y que quienes no lo hicieran dentro de ese tiempo, pagarían una multa de $2 mil por cada año de permanencia ilegal.
El proyecto de Kyl es viejo, pero el senador de Arizona estuvo en la reunión del 25 de junio en la Casa Blanca y tiene mucho que decir en el Senado sobre el tema, y sobre las condiciones o requisitos que debería reunir el inmigrante que califique para salir de las sombras y legalizar su permanencia en Estados Unidos.
¿Quiénes podrán legalizarse y quiénes no?
Parra reiteró que sólo se está hablando de ideas y conceptos y que no hay ningún tipo de negociación sobre quiénes podrían o no calificar dentro de la reforma migratoria "integral".
La mención, sin embargo, debería ser un aviso para todos aquellos que tengan antecedentes criminales y no tengan permiso de estadía legal en el país, aunque la permanencia indocumentada, por ahora, siga siendo una falta de carácter civil.
A la pregunta sobre si todas las faltas serían penalizadas y cualquier tipo de error impediría que un indocumentado legalice su estadía en Estados Unidos, mencionó que "cualquier persona que postule para cualquier tipo de beneficio migratorio no debe tener problemas" (con la justicia), pero puntualizó que "no hay definiciones todavía" sobre el delicado tema.
Agregó que no creía que una infracción de tránsito sea un impedimento o que una detención por manejar bajo la influencia del alcohol sea un problema. "Puede que algunas faltas sean dejadas de lado con el pago de algún tipo de multa", apuntó. "Pero nada de eso se ha escrito. Son ideas nada más que se han ventilado", acotó.
Sin embargo, si ser inmigrante indocumentado de por sí ya es una falta, entonces, ¿se atreverán los millones de indocumentados a solicitar el green card o residencia legal, si de antemano saben que serán deportados? ¿quiénes serán los que se arriesguen?
Son menos de 60
Las matemáticas son esquivas para Obama en el Senado. La Casa Blanca sabe que el debate no será fácil y que debe abrir primero un diálogo para identificar las áreas de mutuo acuerdo y las trabas pendientes, y después reunir los votos suficientes en ambas cámaras para aprobar la reforma migratoria.
En la Cámara del Senado hacen falta 60 votos, y en la Cámara de Representantes 218 para que haya mayoría. Si bien los demócratas tienen asientos suficientes en ambos recintos, no todos están de acuerdo con una reforma amplia que legalice a todos los indocumentados, porque muchos legisladores basan sus triunfos electorales en estados o poblaciones de mayoría antiinmigrante.
Y en noviembre de 2010 habrá elecciones de medio tiempo que, además de evaluar el trabajo de Obama, se renovará un tercio del Senado y parte importante de la Cámara de Representantes.
Estaba anunciado
A principios de abril, Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU), estimó que entre 10 a 12 senadores demócratas no votarán por un plan amplio de reforma migratoria, lo que obliga al partido del Presidente a buscar al menos 12 votos entre los republicanos.
"Puedo ver el deseo del presidente para concretarla (la reforma migratoria), pero... las matemáticas la hacen más difícil que la discusión", apuntó el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs, durante una conferencia de prensa en junio.
"Todavía tenemos que avanzar para poder aprobar algo así por la Cámara Baja y el Senado", agregó.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, dijo en una entrevista al diario La Opinión de Los Angeles a finales de junio, que "el pavo no está listo" y que no había “claridad en los planteamientos” del proyecto de ley de reforma migratoria, "ni suficientes votos en el Congreso".
Obrar con justicia
Pertierra recomienda prudencia y que se obre con "justicia".
Insistió en que no se puede "meter dentro de un mismo saco" a todos los que han cometido faltas, y que "sería injusto dejar afuera todos los indocumentados que han tenido algún tipo de roce con la policía".
"Hay personas que han sido detenidos por un crimen leve. Ellos no deberían tener problema. Otros en cambio han sido detenidos por faltas graves, otros delitos más serios. Por eso los casos no se pueden comparar. Cada caso es único y debería prevalecer esa norma para cuando se apruebe la reforma migratoria", dijo.
Sobre cómo decidir quién sí y quién no, Pertierra dijo que "el Congreso no debería atarle las manos a los oficiales del servicio de inmigración y eliminar la posibilidad del uso de la prudencia para decidir los casos. Si lo eliminan, pues sería un desastre".
"El Congreso no puede ver los casos de carne y hueso. No los mira. Sería más prudente dar discreción a los Jueces de inmigración y a los agentes federales del servicio de inmigración para que resuelvan en cada caso. Claro está, que en aquellos casos muy serios, muy serios, pues no habría salvación", indicó.
Green card y su costo
Por último, falta considerar el tema del costo de la legalización.
En el fracasado debate de 2007 se habló de multas entre $5 mil y $13,500 por casa indocumentado, más los costos del servicio de inmigración y los honorarios de los abogados que lo ayuden durante el proceso hasta conseguir la Tarjeta Verde.
A esto habría que agregar las "multas" señaladas por Parra para aquellos delitos que deban ser castigados para poder postular a la residencia permanente.
"Estamos hablando de mucho dinero", dijo Pertierra. "Y debemos tener en cuenta que los inmigrantes que se beneficien de la reforma son gente indocumentada que gana poco, gente humilde, pobres. Este país debería ser tan generoso como lo grande que es. Pero muchas veces es generoso y no tan humilde como lo grande que es", concluyó./Fuentes: LIVDUCA/Jorge Cansino/La Voz del Inmigrante/02/08/2009
Debería permitir el Congreso que los 12 millones de indocumentados tengan las mismas posibilidades de legalizar su permanencia en Estados Unidos? Comente aquí
23 Mar 2009
EE.UU.: Se complicó el reingreso al país - Residentes con delitos serán deportados
El programa exige la toma de huellas digitales y una foto cuando entren por uno de los 284 puertos de entrada aéreo, marítimo o terrestre a Estados Unidos.
Tiene como objetivo fichar a extranjeros que entran legalmente al país.
La lista de faltas que pueden impedir el ingreso de extranjeros residentes legales es "extensa", se puede citar "el tener cargos por violencia doméstica, posesión de drogas, robo, cargos por depredación sexual". La mayoría, "son delitos que hacen que las personas que los cometen sean inadmisibles para entrar o deportables de Estados Unidos", "también depende del lugar en que se haya cometido la falta. Cada estado tiene sus leyes y no en todas partes una falta tiene el mismo nivel de gravedad”.
Cualquier residente legal que haya cometido un delito criminal, a partir del 18 de enero debe pensarlo dos veces antes de salir del país, a menos que haya "limpiado" sus antecedentes con la asesoría de un abogado. Si no lo hace de esta forma, se expone a ser detenido y deportado al momento que quiera reingresar a Estados Unidos.
Así lo contempla la extensión de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que puso en alerta a miles de inmigrantes que cometieron felonía, fueron sentenciados y después de cumplir sus condenas rehicieron sus vidas, incluyendo la salida y entrada a territorio estadounidense.
El plan no es nuevo: En agosto de 2006 el DHS anunció que haría cambios en el programa de seguridad ideado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que tiene como objetivo fichar a extranjeros que entran legalmente al país.
Sin embargo, el DHS advirtió que el mismo sería ampliado y que afectaría a todos los residentes legales que portan una tarjeta Verde (o Green Card) y que forma parte del US Visitor and Status Indication Technology (US-VISIT).
El programa exige la toma de huellas digitales y una foto cuando entren por uno de los 284 puertos de entrada aéreo, marítimo o terrestre a Estados Unidos.
¿A quiénes afecta?
"Todos los residentes, asilados, refugiados y personas con 'parole' (libertad condicional) que entren al país tendrán que hacer el registro ante los agentes del servicio de inmigración", dijo el abogado Jorge Rivera, donde usuarios han expuesto algunos casos criminales, han pagado sus penas y luego han viajado y regresado al país.
Rivera agregó que de acuerdo con la versión oficial, "la razón de este nuevo requisito es mejorar la seguridad nacional, porque de esta manera pueden verificar que la tarjeta de residente le pertenece a la persona que la está presentando en el momento de ingresar al país".
Los datos obtenidos por el US-VISIT son almacenados en una gigantesca base de datos que comparten varias agencias, entre ellas el servicio de inmigración (USCIS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las agencias de policía locales (estatales y municipales) y el National Crime Information Center (NCIC).
El sistema fue habilitado por primera vez en diciembre de 2003 y a partir de abril de 2004 comenzó a funcionar en cada uno de los 115 aeropuertos y en todos los puertos marítimos, con un presupuesto inicial de $380 millones de dólares, pero sólo afectaba a extranjeros que ingresaban legalmente a Estados Unidos.
Tiempo después, la GAO, brazo fiscalizador del gobierno, advirtió que el costo del programa superaría con creces las primeras estimaciones.
Faltas graves
"El punto clave es que las personas que hayan cometido un delito grave (felony en inglés o felonía, en español), deben comunicarse con un abogado de inmigración antes de salir del país", indicó Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de Univision.
Olmedo explicó que felonía "es un delito por el cual una persona puede ser encarcelada por un período de tiempo de un año o más. También esa persona puede recibir un año de condena o más y el juez le puede dar tres meses de 'parole' y quedar libre".
"Pero por ese delito cometido la persona pudo haber sido condenada a una pena de un año o más de cárcel", apuntó. "A estas personas le afecta esta ampliación del US-VISIT. Al momento de ingresar a Estados Unidos, en las computadoras del gobierno aparecerán los antecedentes judiciales y podrían perder sus derechos de entrar a pesar de ser residentes".
La lista es grande
Para Lilia Velásquez, abogada de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles en San Diego, California, la lista de faltas que pueden impedir el ingreso de extranjeros residentes legales es "extensa".
De los casos más comunes, dijo, se puede citar "el tener cargos por violencia doméstica, posesión de drogas, robo, cargos por depredación sexual". La mayoría, añadió, "son delitos contenidos en la Sección 212 y la Sección 237 de la ley de inmigración y que hace a las personas que los cometen sean inadmisibles para entrar o deportables de Estados Unidos".
Olmedo coincidió en que la lista de delitos o crímenes que afectarían la entrada "es enorme" y agregó que en muchos casos "también depende del lugar en que se haya cometido la falta. Cada estado tiene sus leyes y no en todas partes una falta tiene el mismo nivel de gravedad", por lo que aquellos que hayan cometido algún tipo de delito de alcance mayor deberían asesorarse antes de salir del país.
Una felonía también puede ser un cargo por asalto, por no detenerse para ayudar a una persona que resultó herida en un accidente, por golpear a alguien, portar un arma con intención de usarla, abusar de un niño o de la esposa, matar a alguien, terrorismo y por tráfico de personas.
Olmedo apuntó que "otro delito grave que constituye felonía es el tener unas copas de más y verse involucrado en una pelea callejera".
"Medida de malgasto"
Si bien la lista de faltas se complica al tener en cuenta que cada estado tiene sus propias leyes y sanciona los delitos de maneras distintas, el sólo hecho de tomar huellas digitales y una fotografía a cada residente que entra al país "incomoda" a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
"Es una medida de malgasto del dinero público", dijo Charles Kuck, presidente de la entidad que aglutina a unos 9 mil profesionales en todo el país. "También es un error de tiempo y de privación de derechos, porque se procede sin que haya una audiencia en Corte, ante un tribunal. Increíblemente, es un malgasto de tiempo".
Kuck agregó que millones de residentes viajan de vez en cuando durante el año (entre 10 y 12 millones), cantidad que consideró de dimensiones "enormes" y que el gobierno deberá gastar millones de dólares en procesar toda esa información.
"Y nunca han probado a nadie que su información es segura. Nosotros no sabemos qué van a hacer con toda esa información. Es un malgasto de dinero", reiteró.
Crece la base de datos
Para el DHS, el programa US-VISIT tiene dos propósitos: frenar el uso de tarjetas de residencia robadas o falsificadas e impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales.
A mediados de 2006 el gobierno había fichado más de 61 millones de extranjeros y detectado más de 1,500 casos de uso fraudulento de documentos de identidad estadounidenses.
"Pero el caso ahora es que el gobierno actualizó su base de datos y aparecen los registros de personas que antes no estaban en las bases de datos del servicio de inmigración, sobre todo en los puestos fronterizos con México", insistió Velásquez.
"Durante años, muchas personas en la frontera van y vienen y nadie les dice nada. Muchos tienen antecedentes y piensan que con el tiempo sus casos se borraron. Pero no es así. La ley de inmigración es una ley civil y como ley civil es retroactiva. Si la persona cometió una falta grave hace 20 años, a partir del 18 de enero aparecerá en la base de datos y tendrá problemas para entrar", explicó.
Delitos fuera de EU
Los residentes que no tienen faltas en Estados Unidos, pero tienen antecedentes en el extranjero, también tendrán problemas.
El DHS advirtió que ha detenido a varios extranjeros que al momento de ingresar al país en su base de datos aparecen con delitos graves cometidos fuera de Estados Unidos.
Al cotejar las huellas en el sistema, las autoridades descubrieron que esas personas habían sido condenadas en el exterior por tráfico de drogas, eran buscadas en Estados Unidos por delitos diversos o permanecieron en el país más tiempo del autorizado en su visa, entre otras faltas.
A limpiar antecedentes
En cuanto a la posibilidad de "limpiar" la hoja antecedentes para no tener problemas al reingresar al país, Rivera dijo que "hay algunas acciones" que pueden ser tomadas, pero que no todas "tienen un efecto válido" para el servicio de inmigración.
Agregó que el único proceso que reconoce el gobierno es el "vacate order", pero para utilizar esta instancia "debe tenerse en cuenta que las leyes también varían en cada estado. Por ejemplo en Florida, generalmente, no se puede hacer con aquellos casos que tienen dos o más años de antigüedad. La ley no lo permite", detalló.
El letrado advirtió que el 'vacate order ' sólo puede ser gestionado en ciertos casos. "Por ejemplo si alguien se declaró culpable sin que la corte le advirtiera las consecuencias con el servicio de inmigración, hay posibilidades de hacer una limpieza. Pero claro, cada estado tiene sus leyes", subrayó.
Respecto a otras instancias para borrar antecedentes, Rivera mencionó el 'seal' (sellar el caso, que utilizan las personas para protegerse de sus empleadores y que estos no puedan leer sus antecedentes) y 'expungement' (que algunos confunden con limpieza, pero que sólo ayuda o evita que otros empleadores se enteren de las faltas que haya cometido una persona).
"Hay quienes pagan por estos trámites, pero ninguno de ellos tiene un efecto legal ante el servicio de inmigración de Estados Unidos", concluyó./Fuentes: LIVDUCA/J. Cansino/Univisión/23/03/2009
18 Mar 2009
EE.UU.; Permisos de residencia a cambio de $500 mil - Ampliaron programa EB-5
Los inversionistas, deben demostrar que cada centavo fue ganado "legalmente" antes de recibir, primero, la visa de residencia condicionada, y luego la permanente.
"Es una cantidad poco usual en un inversionista latinoamericano"
El gobierno estadounidense anunció el martes que el programa piloto para inmigrantes inversionistas conocido como EB-5 fue ampliado hasta el 30 de septiembre, tras la firma de la Ley HR 1105 aprobada por el Congreso.
La ampliación facultó a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) seguir recibiendo y procesando solicitudes I-526 enviadas por los centros regionales, así como formularios I-485 (de ajuste a residente permanente).
Actualmente hay 45 centros regionales que procesan formularios de la visa EB-5, dijo el gobierno.
Para millones de extranjeros, la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y conseguir la residencia permanente (green card o tarjeta verde) se ha vuelto un asunto espinoso, casi inalcanzable, sobre todo después de los ataques terroristas de 2001.
Sin embargo, existe un programa -poco conocido- que otorga el anhelado documento en menos tiempo de lo que muchos piensan, pero a cambio de un requisito que no todos pueden cumplir: $500 mil.
Eduardo Montesinos no disponía de esa suma cuando tomó la decisión de instalar un negocio en Estados Unidos, y por ese motivo no pudo participar en el programa. "Es una cantidad poco usual en un inversionista latinoamericano", comenta.
Montesinos entró a Estados Unidos a finales de enero con una visa de inversionista E-2, de no inmigrante, y se instaló en San Diego, California. "Trabajo en dos líneas de negocios. Una es tecnológica, telefonía sobre Internet VOIP, y otra desde donde operó personalmente un servicio de consultoría para empresarios latinoamericanos que buscan hacer negocios en Estados Unidos".
Un número importante de inversionistas se inclina por el programa EB-5, creado por el Congreso en 1990 y que está dirigido a inmigrantes que quieren hacer negocios en Estados Unidos. Uno de los principales requisitos es que inviertan en zonas de alto índice de desempleo, que necesitan inversión, o en zonas rurales.
Detalles del EB-5
El programa le permite a una persona y sus familiares inmediatos "obtener una tarjeta verde (green card), es decir, vivir permanentemente en Estados Unidos", dijo el profesor Stephen W. Yale-Loehr, de Cornell University. El requisito, agregó, es invertir $500 mil en una zona rural o en una zona de alta tasa de desempleo, "o de lo contrario tiene que invertir $1 millón".
Los inversionistas que entran en el programa y son autorizados a hacer negocios en Estados Unidos reciben una residencia condicionada por dos años, tiempo durante el cual el capital invertido debe haber generado por lo menos 10 empleos, ofrecidos a trabajadores estadounidenses. Si se cumple esta exigencia, "el estatuto condicional es removido y el inversionista y su familia se convierten en residentes permanentes", apuntó Yale-Loehr.
María Elena García, Coordinadora de Comunicación del Alabama Center for Foreign Investment, LLC, (el Centro Regional de Alabama) dijo que el retiro de esta condición es "tal vez el beneficio más importante para muchos inversionistas", y que otras ventajas, una vez que esto sucede, son "la oportunidad de vivir y/o trabajar en cualquier parte de Estados Unidos si el inversionista lo desea, además de auspiciar visas de residencia para su familia, poner su propio negocio, salir y entrar del país sin tener que solicitar una visa adicional, y pedir la ciudadanía luego de cinco años, y otros requisitos de ley".
Altibajos del programa
Pero el programa no ha sido tan generoso como pretendió el Congreso en 1990, cuando destinó 10 mil visas para cada año fiscal a ser distribuidas entre inversionistas, cuyos países tuvieran vigentes tratados comerciales con Estados Unidos.
Yale-Loehr explica que, en su apogeo, el programa EB-5 sólo entregó 1,300 tarjetas verdes (13 por ciento del límite anual) y que muchos de los inversionistas que participaron entre 1990 y 1998 cumplieron con el número necesario de puestos de trabajo y con los demás requisitos.
Pese a ello, en 1998, Yale-Loehr escribió en un artículo publicado en su página de internet, que el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), sin previo aviso ni oportunidad de presentar observaciones, cambió las normas del EB-5 e hizo más difícil para los nuevos y futuros inversores poder calificar para el programa.
Las nuevas regulaciones, apuntó Yale-Loehr, uno de los mayores expertos del programa en Estados Unidos, fueron retroactivas y afectaron a muchos inversionistas que fueron deportados junto con sus familias.
"Como consecuencia de las medidas del INS, los inmigrantes inversionistas y sus familias perdieron sus casas, sus trabajos, su derecho a estar en Estados Unidos, y también los millones de dólares que habían sido inyectados a las economías de zonas rurales y con alto índice de desempleo", agregó.
Cambio de estrategia
Cuatro años más tarde, en 2002, el Congreso aprobó una ley para ayudar a los inversionistas perjudicados por el INS, y el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional elaboró un nuevo reglamento para el programa.
En noviembre de 2003, el Congreso manifestó un renovado interés en el programa y autorizó la creación de centros regionales, para que gestionaran directamente con el servicio de inmigración un 30 por ciento de la cuota anual de visas autorizadas en 1990, una decisión que a juicio de Yale-Loeher "facilitó la tarea de atraer a los inversores extranjeros".
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), reportó que en los años fiscales 2002 y 2003 se entregaron 255 visas de residencia bajo el programa EB-5 respectivamente, y que en el año fiscal 2004 las tarjetas verdes concedidas bajaron a 247.
En el año 2005 el número de green card aumentó a 332, "y en el año fiscal 2006 se entregaron 486 visas de residencia", dijo Dan Kane, portavoz de la agencia en Washington.
Agregó que en el año fiscal 2007 (del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007), el número de visas concedidas fue de 803, y apuntó que la cifra debe multiplicarse por 2.5 "para incluir a la familia del inversionista".
"Por ejemplo en 2002 se otorgaron 255 visas EB–5", dijo Kane. "Otras 637 green card fueron entregadas a los miembros de la familia del inversionista", añadió.
Un inversionista venezolano, cliente de la firma Int'l Immigration Services, en Naples, Florida, dijo a Univision.com que para conseguir los $500 mil vendió una propiedad en la que había invertido durante 10 años.
Corredor clave
En la actualidad existen más de 17 centros regionales activos que promocionan el programa EB-5 en Estados Unidos, algunos de ellos en Alabama, California, Nueva York, Pensilvania, Texas, Hawai (no está activo) y Vermont.
Uno de los últimos autorizados es el Alabama Center for Foreign Investment, LLC. García dijo que "fuimos muy afortunados" de que la solicitud para ser designados como centro regional en Alamaba "haya sido aprobada en tan corto tiempo", y que la licencia abarca todo el estado "no sólo un área delimitada".
Una de las razones por las cuales en Alabama existe un centro regional de EB-5 es porque el 97 por ciento del estado es zona rural, y a pesar de que la taza de desempleo bajó en los últimos años, todavía existen muchas áreas de alto desempleo que califican dentro del programa EB-5.
"Es por eso que la designación (como centro regional por parte del DHS) nos ha dado campo abierto para satisfacer las preferencias de nuestros inversionistas", dice la coordinadora.
Otro factor clave es la ubicación de Alabama, considerado como el centro del corredor de la industria automotriz del sureste de Estados Unidos. "Alabama no sólo ha atraído compañías, sino también inversionistas que desean estar cerca de donde invirtieron sus fondos", resalta García.
Oportunidades y seguridad
Pese a no pertenecer al selecto grupo de inversionistas EB-5, Montesinos conoce bien el programa.
"Trabajo con inversionistas en América Latina que tienen interés en trasladar sus capitales a Estados Unidos", relata. "El mayor número de interesados es de Venezuela. Pero también hay de otros países".
Montesinos, quien cuenta con una visa tipo E-2 (inversionista no inmigrante cuya principal diferencia con la EB-5 es que podrá renovar el documento las veces que quiera, pero nunca tendrá una visa de residencia), asegura que en Estados Unidos los inversionistas encuentran "oportunidades de negocios y desarrollo relativamente mejores" que en sus países de origen.
"Este es el centro de operaciones ideal para desarrollar negocios hacia todo el mundo. Establecer un negocio en Estados Unidos permite conseguir una ventaja estratégica de mucho peso", agrega.
En cuanto al nivel de interés en América Latina por el programa EB-5, cuenta que "está en crecimiento", y que existen dos categorías de "clientes": los curiosos, "que son muchísimos", y los serios, "los que tienen capital, que no son muchos".
La mayoría de los inversionistas que participan en el programa EB-5 invierten unos $560 mil para conseguir la tarjeta verde e instalarse en Estados Unidos.
El factor Chávez
Explicó que en estos momentos los inversionistas venezolanos "son los más interesados" en el EB-5, y que las principales razones que esgrimen son "el tema del control estatal sobre el capital y sobre las divisas, algo que a la gente la obliga a buscar alternativas fuera de su país".
"El tema del control por parte del estado es algo que fuerza a mucha gente, sobre todo al empresario, a salir para manejar su dinero de manera libre", acotó.
"Eso fue lo que me obligó a mi a salir de Ecuador. Pero en mi caso con el programa de inversionista E-2, que es un tanto más limitado y la inversión también es mas limitada. No tengo la residencia, pero tengo el permiso y libertad para invertir mi capital", dice.
No todo es político
Las razones de Pablo Park, un inversionista coreano que quiere emigrar a Estados Unidos desde Buenos Aires, Argentina, no son políticas, sino simplemente estabilidad. Casado con tres niños, tenía una fábrica de ropa en la Capital Federal.
"Me enteré del programa por un anuncio en la televisión y luego me contacté con una firma de abogados en Atlanta, Georgia", narra.
"No me llevó tiempo conseguir los $500 mil. Vender la fábrica, que construí en 10 años de trabajo, e invertir otros 60 mil para el proceso", agrega.
Park dijo que no se queda en Argentina simplemente porque quiere "vivir en Estados Unidos" y poder dar a sus hijos una "mejor" educación.
"En Argentina la economía no está bien", asegura. "Por eso quiero invertir (por medio de un Centro Regional) directamente en Estados Unidos", manifiesta.
Respecto a demostrar la procedencia de los $500 mil al servicio de inmigración, Park dijo que "no creo que se me vaya a hacer difícil, porque siempre he reportado mis impuestos y tengo prueba de que vendí mi negocio de ropa en Buenos Aires".
La mayor dificultad dentro del programa es demostrar la procedencia del capital de inversión. "Fue lo más difícil", dijo el inversionista venezolano. "Porque el gobierno de EU quiere tener detalles de la fuente de todos los fondos".
Advertencias claves
Los sueños de Park, sin embargo, están sujetos a peligrosas cláusulas contenidas en el programa EB-5 creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990.
"Si el proyecto en el cual el inversionista trabajó su dinero quiebra durante el período de los dos años de residencia condicionada, es posible que pierda su capital de manera parcial o total. En ese caso, el inversionista perdería su estatus en Estados Unidos. En este programa no hay garantías", advirtió García.
A su vez, Yale-Loehr resalta que el EB-5 es uno de los más complejos y controlados de los programas de inmigración en Estados Unidos.
Los inversionistas, asegura, deben demostrar que cada centavo fue ganado "legalmente" antes de recibir, primero, la visa de residencia condicionada, y luego la permanente.
El tiempo que demora un trámite de EB-5 entre la presentación de la solicitud al servicio de inmigración y la concesión del permiso para entrar a Estados Unidos, dilata un promedio de seis meses.
El Gobierno de Estados Unidos estima que la inversión total por medio del programa EB-5 ofrecido por Centros Regionales es de entre $300 a $400 millones cada año, pero que para finales del 2008 la inversión podría alcanzar los $1,000 millones por año, una cifra que despierta el interés de muchos por ayudar a aquellos que, como Park, están dispuestos a invertir y arriesgar medio millón de dólares por conseguir la codiciada tarjeta verde.
"Tuve que mostrar estados de cuenta, documentos sobre mi empleo, mis ingresos y, además, proveer prueba de el dinero que me había dejado un familiar quien había usado parte de esa propiedad. Esto tomó mucho tiempo y fue muy frustrante, pero al final todo valió la pena", dijo el inversionista venezolano. /Fuentes: LIVDUCA/J. Cansino, Univision.com/17/03/2009.
28 Sep 2008
Blue Card for Immigrants
Atención: podrán beneficiarse de este procedimiento los inmigrantes que cobren más de 33.000 euros brutos anuales
Los 27 acuerdan crear una 'tarjeta azul' para atraer a extranjeros cualificados
Los ministros del Interior de
El único punto que queda por acordar es cuándo entrará en vigor el nuevo sistema. República Checa mantiene una reserva porque exige que la fecha sea 2011, el año en que Alemania y Austria tendrán que suprimir obligatoriamente sus restricciones a los trabajadores de los países de la ampliación. De esta manera, pretende garantizar que se dará preferencia a los inmigrantes del Este frente a los extranjeros.
Tanto la presidencia francesa como
El resto de países que no veían con buenos ojos esta iniciativa, como Alemania o Austria, han cambiado de idea después de que se acordara que la 'tarjeta azul' convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes muy cualificados y no los sustituirá, como quería
Además, se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de inmigrante altamente cualificado. Se considerará así al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. En el caso de España, ello significa que sólo podrán acogerse a la 'tarjeta azul' los inmigrantes que cobren más de 33.000 euros brutos al año, ya que el salario medio es de 22.000 euros, según explicaron fuentes diplomáticas. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
La posesión de la 'tarjeta azul', que tendrá un periodo de validez de entre 1 y 4 años, conllevará una serie de ventajas para los inmigrantes, de las cuales la más importante es que podrán circular libremente por todo el territorio de
Fuga de cerebros
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que representó a España durante la reunión, subrayó que el compromiso final sobre la 'tarjeta azul' incorpora todas las peticiones. En particular, destacó que con esta medida "se ligan los flujos migratorios al mercado de trabajo". "Cualquier otro flujo migratorio produce dos efectos: la degradación del mercado de trabajo y la regresión de las conquistas sociales", dijo el ministro.
En segundo lugar, indicó que se han reforzado las salvaguardas para evitar una fuga de cerebros de los países más pobres. Los Estados miembros "deben abstenerse de perseguir la contratación activa en países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencia de mano de obra" y deben seguir "políticas y principios éticos de contratación", en particular en el sector sanitario, insistió Corbacho.
Aseguró que, incluso en la actual crisis económica, tanto Europa como España seguirán necesitando la llegada de inmigrantes para cubrir puestos de trabajo en sectores en los que no hay suficientes profesionales, como el de la sanidad.
"En una situación de pleno empleo de Europa se entiende que la necesidad será mayor siempre que si ese pleno empleo no existe. Pero en todo caso nunca estamos hablando de una inmigración cero. La inmigración cero no existe. Y por tanto los flujos migratorios hay que ponerlos en relación a la necesidad del mercado de trabajo", insistió el ministro.
"La situación que tenemos hoy en Europa y en España de desempleo no nos puede llevar a la equivocación de pensar que a partir de esos momentos los flujos migratorios ya no son necesarios. Los flujos migratorios seguirán existiendo porque la economía sigue demandando personal especializado", concluyó./Europa Press/29/09/2008
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