La Voz del Inmigrante

El número de extranjeros que llegó al Reino Unido disminuyó durante 2011 hasta los 216.000 inmigrantes, según datos divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Esa cifra correspondiente a la inmigración neta -que se calcula en base a las personas que entran en el país menos aquellas que lo abandonan- fue algo menor que la registrada en 2010, cuando entraron en el Reino Unido 252.000 personas.

La ONS, que consideró que esa caída no es "estadísticamente significativa", reveló que se ha producido una gran disminución en el número de visados de estudiantes expedidos desde julio de 2011 hasta junio de 2012, que se cifraron en 282.833.

Según esto, se tramitaron 75.000 visados menos de estudiantes durante el año que finalizó en junio de 2011 frente al año anterior, lo que representó una caída del 21 por ciento comparada con los doce meses previos.

Pese a todo, el número de extranjeros continúa superando en más del doble al objetivo fijado por el Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas, que aspira a que esa cifra no supere los 100.000 inmigrantes al año.

Tras conocer los datos de la ONS, el secretario de Estado de Inmigración, Damian Green, se mostró "confiado" en que el Ejecutivo logrará cumplir esa meta.

En declaraciones a la cadena BBC, Green dijo que las últimas cifras de inmigración son "el primer indicio de que las medidas que estamos adoptando desde que llegamos al Gobierno hace dos años están surtiendo efecto".

"Lo estamos logrando con la mejora de nuestro sistema de inmigración, el refuerzo de las medidas para evitar que lleguen personas al Reino Unido de manera ilegal y la deportación de quienes no tienen derecho a estar aquí", observó.

El ministro israelí de Interior, Eli Yishai, aseguró hoy que la inmigración ilegal supone una "amenaza" para el país igual o mayor que el programa nuclear iraní y que su política consiste en encarcelar a sin papeles para "amargarles la vida" hasta que pueda deportarles.

"De momento planeo encerrarles. Esto puedo hacerlo sin la autorización de nadie. Lo hago por el bien del Estado de Israel. He pedido al Ministerio de Finanzas que aumente el presupuesto para construir más centros de detención y hasta que los deporte los mantendré encerrados para amargarles la vida", dijo en una entrevista con la edición digital del diario "Yediot Aharonot".

Para Yishai, partidario de expulsar del país a todos los sin papeles, "la amenaza de los infiltrados (inmigrantes ilegales) es al menos tan grave como la amenaza iraní", ya que no son judíos

"Culpo a los ministerios de Exteriores y Justicia, que no me están permitiendo deportar (a todos los inmigrantes en situación irregular). No han tomado una decisión valiente en beneficio del sueño sionista", señaló en referencia a que estos inmigrantes no son judíos.

El ministro, que lidera el partido ultraortodoxo sefardí Shas, anunció además que en las próximas semanas la Autoridad de Inmigración y Población "comenzará a arrestar eritreos y norsudaneses".

Se trata de un paso más en la política de dureza de Yishai hacia los alrededor de 60.000 inmigrantes africanos que viven en Israel en situación irregular y que las autoridades están repatriando.

El pasado junio, Israel comenzó la deportación de un millar de sursudaneses, tras una sentencia de un tribunal de Jerusalén que confirmaba el derecho del Gobierno a levantar el velo de "protección colectiva" que les aplicaba en los últimos años.

Yishai se refirió además a un caso de violación en Tel Aviv, obra presuntamente de un eritreo que había pedido asilo político, para justificar la necesidad de las expulsiones.

"Este caso muestra justamente lo problemático que se ha convertido el asunto de la seguridad personal en Israel. Tenemos que hacer que la gente se sienta de nuevo segura", señaló./EFE/LIVDUCA

Preocupados por la posibilidad de la propagación de estafas a indocumentados tras el anuncio del gobierno de un cambio en la política de deportaciones, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) publicó un folleto donde explica de qué se trata la medida.

"Cualquier oportunidad que exista dentro de estas nuevas directrices no está definida todavía", dijo a Univisión.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de CHIRLA, en Los Angeles, California. "Arriesgarse a ser detenido es tonto, es inapropiado y peligroso. No lo haga, espere o consulte un abogado con licencia para ejercer la ley de inmigración".

Otras de las preocupaciones comentadas por CHIRLA son las estafas. "Ya hay gente que está recibiendo ofertas de beneficios, por ejemplo de permisos o autorizaciones de empleo por parte de muchos inescrupulosos que quieren defraudar a nuestra comunidad", agregó el activista.

Cabrera también dijo que "es muy temprano para dar respuestas definitivas sobre las muevas medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el tema de las deportaciones. “Es demasiado peligroso entregarse a las autoridades. Si tiene proceso de deportación, espere hasta que reciba una carta. No se movilice. Consulte con un abogado o un grupo autorizado de ayuda y asistencia a inmigrantes".

El anuncio del DHS

El pasado 18 de agosto el DHS anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Pocos días después del anuncio la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el DHS, y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

El folleto de CHIRLA

CHIRLA resaltó en un folleto digital publicado el viernes que el anuncio del DHS sobre la revisión de ciertos casos de deportaciones “no se trata de una nueva ley de inmigración”, y que sólo significa "cambios administrativos en cuanto a la política de deportaciones" de la Administración del presidente Barack Obama.

Explicó que de acuerdo con el anuncio oficial, una persona que hoy enfrenta una deportación o que en el futuro enfrente una deportación, contará con una "revaluación" de su caso y ver si califica para una "suspensión de su deportación" siempre y cuando sea parte de una lista de personas de “baja prioridad” para el gobierno.

Esto significa que cada caso queda a discreción de las autoridades de inmigración.

En cuanto al término “baja prioridad”, la organización explicó que ésta se basa en un memorándum enviado por John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), “en el cual habla sobre la discreción en la aplicación de la ley durante el arresto, detención, y deportación de extranjeros”.

De quiénes se trata

Para que un extranjero indocumentado sea calificado como una persona de “baja prioridad” por el gobierno, debe reunir ciertos requisitos, tales como “llevar tiempo viviendo en Estados Unidos, si entró con o sin permiso al país, cuánto entró (si era niño o no), si estudia en la universidad, en una escuela secundaria o en una escuela primaria y si está en proceso de terminar una carreta universitaria.

Otros criterios señalados por CHIRLA son si la persona o un familiar inmediato ha servido o está sirviendo en las Fuerzas Armadas (en especial sí ha estado en misión de combate) y no tener antecedentes penales (incluyendo arrestos, convicciones u órdenes de arresto pendientes).

También se considera el historial migratorio de la persona (incluyendo previas deportaciones, órdenes de deportación, negación de caso o evidencia de fraude migratorio), si la persona es o no un peligro a la seguridad nacional o pública y si la persona tiene lazos familiares y hace contribuciones a la comunidad.

Los lazos al país de origen y las condiciones en el país, así como la edad de la persona –para conocer si se trata de niños o ancianos, también es tomado en cuenta por las autoridades de inmigración.

Otras consideraciones

CHIRLA citó además: Si el esposo/a, hijo/a o padres de la persona son ciudadanos estadounidenses; si la persona es el/la jefe de familia de una persona con discapacidades mentales, físicas, o seriamente enferma; y, si la persona o su esposa está embarazada o lactando.

"Esta lista no es exhaustiva y ningún factor por sí mismo es garantía de una determinación favorable", apuntó CHIRLA.

Agregó que "si usted o un familiar está enfrentando la deportación, el DHS puede cerrar su caso si es considerado de baja prioridad, y que si su caso es considerado de baja prioridad, usted recibirá una carta del DHS certificando que su caso ha sido cerrado y no existe, por el momento, más amenaza de deportación en su contra".

"Si usted recibe esa carta, probablemente usted pueda calificar para un permiso de protección temporal", se lee en el folleto.

En proceso de deportación

“Si usted o un familiar es detenido por ICE, no firme la salida voluntaria sin antes hablar con un abogado o representante autorizado por las cortes de inmigración”, recomendó CHIRLA.

Y agregó: "No se entregue voluntariamente a las autoridades de inmigración para agarrar un permiso de trabajo. El anuncio puede cambiar en cualquier momento y no hay garantía de nada".

Recomendó además que “si es detenido, solamente de su nombre. Guarde silencio, es su derecho”.

No pague nada a nadie

En cuanto a denuncias de cobros por parte de tramitadores y notarios a inmigrantes para revisar sus casos, CHIRLA recomendó no pagar un centavo a nadie porque las revisiones anunciadas por el DHS son gratis.

“No hay solicitud ni formulario que llenar. Todo caso de deportación será revisado por DHS”, advirtió la Coalición.

"No pague a notarios. Asesórese con un abogado de inmigración u organización comunitaria.”.

Antonio Díaz Chacón es visto en las afueras de su casa en Albuquerque, Nuevo México, el martes 16 de agosto del 2011, mientras reporteros se preparan para entrevistarlo sobre sus acciones la víspera para salvar a una niña de 6 años que había sido secuestrada.

El hombre que persiguió a un secuestrador de menores y que salvó a una niña de 6 años de ser capturada recibió el viernes un homenaje de héroe. Pero está cobrando también notoriedad por otro aspecto.

Se está volviendo un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes, en los debates a nivel estatal y nacional.

Antonio Díaz Chacón, de 23 años, está casado con una ciudadana estadounidense y ha permanecido cuatro años en el país. Sin embargo, Díaz Chacón relata que abandonó los intentos por obtener la residencia legal porque el proceso resultaba demasiado enredado y oneroso.

Díaz Chacón reveló su estatus migratorio a la cadena Univision, esta semana, y confirmó a The Associated Press que no tiene autorización para residir en el país. Ello desató una oleada de comentarios en la internet, enmarcados en la controversia sobre la inmigración.

Algunos argumentan que Díaz Chacón es un ejemplo del tipo de inmigrantes que serán abandonados por el gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que las deportaciones se concentrarán en los inmigrantes que cometan actos delictivos.

"Con lo excepcional que resulta su historia, pone de manifiesto el hecho de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos no son delincuentes", dijo Christina Parker, vocera de Border Network for Human Rights, una organización en El Paso, Texas. "El está ahora muy lejos de ser un delincuente. Es un héroe".

Otros aprovecharon la historia para criticar los intentos de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, por revocar una ley estatal que permite a los extranjeros, incluidos los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, el obtener una licencia de automovilista. La gobernadora ha puesto en la agenda para la sesión especial de septiembre esta propuesta de revocación, derrotada en la sesión ordinaria este año.

"La mayoría de los inmigrantes sólo trabaja para apoyar a sus familias, y privarlos de la licencia de automovilista irá en detrimento de ello", dijo Parker.

El estatus de Díaz Chacón no incidió en la decisión de Albuquerque, de honrar su valentía. El alcalde Richard Berry declaró el viernes como el día de Antonio Díaz Chacón en Albuquerque, y realizó una ceremonia vespertina en la que le entregó una placa con una inscripción en español, en la que se reconocía su valor por subir a su furgoneta y perseguir al sospechoso hasta que este último chocó con un poste de electricidad. Díaz/ Chacón rescató después a la niña mientras el conductor de la camioneta descendía de ésta y huía al desierto. La policía lo detuvo posteriormente.

Díaz Chacón, con su esposa y sus dos hijas, sonrió en todo momento durante la ceremonia, a la que asistieron también los agentes que detuvieron al presunto secuestrador Phillip García, de 29 años.

"El está muy contento y no puede describir esto con palabras", dijo Martha, esposa de Díaz Chacón, quien tradujo simultáneamente sus declaraciones al inglés. "Siente una gran felicidad".

El jueves, durante una entrevista telefónica con la AP, se preguntó a Díaz Chacón cuál sería la mejor recompensa por sus acciones. El inmigrante dijo que ya la había recibido: una carta de agradecimiento de la niña./Jery Clausing/LIVDUCA

La decisión del gobierno del presidente Barack Obama de suspender las deportaciones de miles de indocumentados es el cambio más significativo en política migratoria desde la amnistía de 1986. Le ha regresado la esperanza a millones de indocumentados de que, si no han cometido ningún crimen, podrían quedarse indefinidamente en Estados Unidos.

La nueva directiva del Departamento de Seguridad Interna se concentrará en arrestar y deportar a criminales, suspendiendo la deportación masiva de inmigrantes sin antecedentes penales. Esto evitaría la separación de muchas familias e, incluso, le permitiría a algunos inmigrantes solicitar un permiso de trabajo.

Hay más. Actualmente, miles de inmigrantes que cometieron una simple infracción de tránsito o un delito menor han sido deportados luego de ser detenidos por la policía. Eso debería cambiar con esta nueva orden del gobierno de Obama.

Cecilia Muñoz, directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, me dijo que una infracción de tránsito no es considerada como una “alta prioridad criminal”. En otras palabras, nadie debe ser deportado por el simple hecho de pasarse un alto o porque no prendió la direccional de su auto al dar una vuelta.

Aclaremos. No se trata de una legalización ni tampoco resuelve el problema de fondo de los 11 millones de indocumentados. Pero si le vende la idea a los indocumentados de que, aún si son arrestados, podrían evitar la deportación. Muchos duermen hoy más tranquilos.

Aunque el nuevo programa no identifica a ningún grupo, si beneficiaría potencialmente a los dreamers, es decir, a más de dos millón de estudiantes indocumentados que quieren ir a la universidad y no pueden. Estudiantes y no estudiantes se van a beneficiar.

Esto crea una nueva categoría extraoficial: indocumentado no deportable. No estás legalmente en Estados Unidos ni puedes obtener un trabajo de manera legítima. Pero, al mismo tiempo, sabes que no te van a deportar a tu país de origen ni a separar de los tuyos.

Algo es algo. Por fin, el presidente Obama utilizó su autoridad presidencial para ayudar a los inmigrantes. Pero se tardó tres años en hacerlo. Obama ha deportado a más de un millón de inmigrantes desde que tomó el poder.

Además, su controversial programa conocido como Comunidades Seguras ha hecho más inseguras las comunidades de inmigrantes al permitirle a la policía actuar como agentes migratorios. Su decisión de extender ese programa a nivel nacional –y no solo en ciudades específicas como ahora- aísla aún más a los inmigrantes, los expone a ser víctimas de crímenes (porque no se atreven a denunciar delitos a la policía) y, al final de cuentas, no resuelve el problema migratorio de fondo.

Pero algo es algo. El presidente Barack Obama, cuando tenía la mayoría en ambas cámaras del congreso, pudo haber presentado su propuesta de reforma migratoria. Eso es exactamente lo que prometió durante su campaña presidencial en el 2008. Sin embargo, no lo hizo. Suspender las deportaciones no es lo mismo que legalizar a indocumentados, aunque, sin duda, será bien recibido por aquellos que están a punto de ser echados fuera del país.

Obama ha ido perdiendo el apoyo de los hispanos –ahí están las encuestas para demostrarlo- y está claro que le molesta que lo acusen de no haber cumplido su promesa migratoria. La luna de miel entre Obama y los latinos, oficialmente, terminó. Por eso ha habido varias protestas de latinos contra su gobierno por no cumplir su palabra, por separar a familias y por deportar a más indocumentados que cualquier otro presidente norteamericano.

Esta decisión -aunque la Casa Blanca insista en que no tiene motivos políticos o electorales- le debe ayudar a acercarse a los votantes latinos antes de las elecciones presidenciales del 2012. Nadie puede llegar a la presidencia sin el voto masivo de los hispanos. Ni reelegirse.

La suspensión de las deportaciones es una buena noticia para millones de inmigrantes en Estados Unidos que no han cometido ningún crimen y que se han dedicado, exclusivamente, a trabajar, a sacar adelante a sus familias y a mejorar este país. No resuelve su problema legal. Pero los pone en un limbo migratorio. Y eso, definitivamente, es mucho mejor que el infierno de la deportación./Jorge Ramos Ávalos/LIVDUCA

Las autoridades británicas expulsarán a inmigrantes que participaron en los recientes disturbios en esta capital y otras ciudades inglesas, confirmó hoy una fuente oficial.

Según el ministro de Inmigración Damian Green, citado por el diario The Daily News, se trata de 150 extranjeros detenidos tras las revueltas, cuyo punto inicial tuvo por escenario el barrio multiétnico de Tottenham, luego de la muerte de un hombre de 29 años, abatido por la policía.

Creemos firmemente que los extranjeros que violan la ley deben ser expulsados de Reino Unido a la primera oportunidad, señaló Grenn.

También indicó que el Gobierno tiene potestad de cancelar los visados de inmigrantes que sean declarados culpables de actividades criminales.

Los incidentes violentos, ocurridos del 6 al 9 de agosto últimos, se saldaron con cinco muertos y cerca de tres mil detenidos de los cuales más de mil ya pasaron por algún tribunal.

Después de los hechos, el primer ministro británico, David Cameron, reclamó sentencias severas de los tribunales contra los responsables.

Activistas de derechos humanos critican la decisión de algunos jueces en tribunales capitalinos contra detenidos durante y después de los disturbios, vista por muchos como el resultado de la frustración y la falta de asistencia a los barrios pobres en Reino Unido.

Para la oposición los hechos fueron consecuencia de males sociales más profundos, arreciados por los recortes al gasto público frente a la deuda fiscal.

El exalcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, vinculó el conflicto con la situación económica que atraviesa esta nación europea, donde el número de desempleados asciende a dos millones 494 mil personas./rmh/Prensa Latina/LIVDUCA

A la falta de trabajo se suma otro problema: el desahucio. En 2011, más de 15 mil personas perdieron sus “pisos”, de ellos, 3.000 mil son extranjeros. Entidades como la Cepal y la OEA, además de grupos colectivos, no avizoran aún un mejor futuro.

La crisis financiera, que tuvo su epicentro en Estados Unidos debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, inició hace casi tres años y repercutió en países europeos, como España. A partir de allí, los empleos empezaron a desvanecerse y también la esperanza de días mejores para los inmigrantes latinos.

Según la Organización Internacional de Migración (OIM), hay 215 millones de personas que han abandonado su país para asentarse en otro, y la nación ibérica es una de ellas, donde llegó hace 15 años Julio César Rodríguez (49). Está casado, tuvo hijos cada dos años, “como manda la ley”, en total cuatro, y por su familia decidió dejar Ecuador.

España alberga a gran cantidad de extranjeros, entre ellos latinoamericanos como Julio, que representan el 12,8% de una población de 46 millones de habitantes, es decir 5,6 millones de personas, de las que 4,5 millones, aproximadamente, se encuentran en edad de trabajar.

Cuando el ecuatoriano llegó al país ibérico trabajó, como muchos inmigrantes, en el sector de la construcción, por lo que en 2006, con 36.000 euros que tenía ahorrados, decidió dar la entrada para comprarse un “piso” (departamento) valorado en más de 300.000 euros, sin sospechar el derrumbe económico mundial que se avecinaba.

Dos años después, la empresa donde laboraba quebró. Su odisea inició cuando se quedó sin trabajo y empezó a recibir su prestación por desempleo de $ 850 y otras ayudas, con lo que pudo solventar las necesidades básicas de su familia y continuar pagando las cuotas de su casa. Pero luego, cuando le rebajaron la ayuda que da el Gobierno español, su situación se complicó.

“Me fui atrasando en las cuotas de la casa, porque o comes o pagas la deuda. En definitiva, la familia es lo primero. Yo no quería perder el piso. No quería que me embargaran”, cuenta el ecuatoriano. Sin embargo, no pudo evitar que le quitaran su “piso”. Le aplicaron el desahucio (desalojo) y tuvo que abandonar su departamento con toda su familia y se fue a vivir a la casa de su hijo mayor. Rodríguez asegura que la situación económica sigue “mala” en España, él aún se encuentra desempleado y está consciente de que nunca podrá pagar su deuda.

Como él están cientos de inmigrantes de la región que también han perdido sus empleos, sus casas, o están a punto de quedarse sin ellas. De acuerdo con datos proporcionados a El Telégrafo por el Ministerio de Trabajo e Inmigración español, el número de individuos en situación de desempleo alcanza un total de 4’121.801; de ellos, más de 600.000 son extranjeros, de los cuales 54.645 son ecuatorianos, 38.059 colombianos y 14.982 peruanos, entre otras nacionalidades.

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), desde enero a agosto de 2011 se han aplicado en el país ibérico 15.785 desahucios, de los cuales 3.000 son de inmigrantes y gran parte de ellos es de nuestros compatriotas.

La directora de la Conadee, Aída Quinatoa, quien representa a los extranjeros que tienen riesgo de perder sus casas, explica a El Telégrafo que la situación es muy complicada para los inmigrantes en general, por lo que cada vez más de ellos pierden sus viviendas.

La dirigente señala que ahora ellos tienen como alternativa entregar su “piso” en dación de pago para así estar con menos deuda, ya que en el caso de los ecuatorianos no están pensando regresar a su país. La opción que han buscado es ir a trabajar a otros países dentro de la Unión Europea. Por ello, aunque esta migración no es masiva todavía, los ecuatorianos están viajando hacia Suiza, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, añade.

Similares casos se dan también con los colombianos y peruanos, tal como lo confirman representantes de estos países en España, Rosario Sanabria, presidenta de Ari Perú; y Álvaro Zuleta, director de Aculco (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica) a este diario. “Eso se vincula más bien con una situación profesional. Homologan sus títulos y se van a Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra. Además, en Italia hay una red de apoyo familiar, es el segundo país de Europa que tiene peruanos”, precisa Sanabria.

Así, la situación laboral de los inmigrantes en esta nación europea es cada vez más complicada. De acuerdo con el primer informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), elaborado en conjunto entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los extranjeros latinoamericanos, cuyo principal destino es España y Estados Unidos, han sufrido el impacto de la crisis de forma más severa.

El documento señala que alrededor del 80% de los inmigrantes de las Américas vive en España y Estados Unidos, dos países que han padecido los efectos de la crisis de forma especialmente dura, lo que ha tenido fuertes repercusiones para este colectivo.

La cifra de trabajadores extranjeros afectados por el desempleo entre 2008 y 2009 en Europa y Estados Unidos fue del 13,8% frente al 9,1% para los nacidos en el país, según indica el documento, que determina que durante los períodos de recesión los extranjeros se ven más severamente afectados que los nacionales.

El problema se acentúa con la crisis de Grecia, por la que los miembros de la Eurozona aprobaron un segundo salvataje de más de 100 mil millones de euros (160 mil millones de dólares) para evitar la bancarrota del país heleno y que se desmoronen otros con una economía debilitada, como Irlanda, Portugal y España.

Desde Washington, Jorge Martínez Pizarro, investigador de la División de Población de la Cepal que formó parte de la elaboración del informe, manifiesta que la crisis acentuó las condiciones de vulnerabilidad que siempre se han asociado a parte importante de la migración latinoamericana y caribeña.

“La mayoría de los migrantes concentra las características demográficas de los trabajadores más vulnerables durante las recesiones, tales como su mayor juventud, el ingreso reciente a la fuerza laboral y los bajos niveles de educación en comparación con la población nativa”, agrega.

Pizarro considera que hay muchas personas que probablemente estén aún enfrentando dificultades derivadas de la crisis y otras que las hayan encarado recientemente con cada nuevo coletazo financiero.

El experto opina que habrá más incertidumbre y es posible que se sienten bases para un cambio profundo en los mercados laborales del primer mundo que, por extensión, afecte a los mercados de trabajo de todo el mundo. Pero estas realidades tienen más rostros. A Julio César Rodríguez, quien perdió su casa en España, se suman Ciro Aguirre, boliviano, de 56 años, y Luis Ochoa, ecuatoriano, de 63, ambos desempleados.

El boliviano se encuentra radicado en Lorca (región de Murcia) hace 7 años, pero desde hace tres está desempleado. Él dejó en La Paz a su esposa y a sus dos hijos para poder obtener dinero y pagar la educación de ellos, pero ahora ve la situación “negra”.

Se le terminó ya el dinero que el Gobierno da a los desempleados y ahora está tramitando una ayuda con riesgo laboral que le entregan a las personas mayores de 45 años. Todavía no sabe si se la darán, mientras tanto ejecuta trabajos esporádicos para poder sobrevivir y enviarle “algo” a su familia.

Pese a la problemática situación, el hombre no se rinde, y mucho menos piensa regresar a Bolivia. Tiene la esperanza de conseguir empleo para ayudar a su pequeña Helen a terminar sus estudios de Ingeniería Química.

“Tengo la esperanza de trabajar. Muchos auguran que para el mes de septiembre haya trabajo, sobre todo por el turismo. Vamos a ver. No tengo que desesperarme”, comenta Aguirre.Luis Ochoa califica la situación del migrante como crítica. Él emigró de su “Cañar querida” hace once años.

Cuenta que tal vez sea el ecuatoriano de mayor edad en España y recuerda con nostalgia las épocas de vacas gordas. Trabajó en el campo cuando la situación económica era buena en España y en la que se cosechaban muchas horas extras.

Ahora Luis se encuentra solo. Su familia está en Ecuador, sus dos hijos viven en Cañar y Azuay. Está consciente de que, por su edad, ya no puede conseguir trabajo y no pudo cumplir los requisitos para aplicar al subsidio por desempleo. Por ello vive en estos momentos en un centro para mayores que le paga el Gobierno, donde obtiene los medicamentos que necesita. Sin embargo, Luis aspira a retornar. “Yo quiero regresar a Ecuador. La tierra llama”, confiesa, “aquí no hay trabajo, ni en el campo ni en la ciudad”./Diana Auz/El Telégrafo/LIVDUCA