15 Nov 2009
EE.UU.: En bancarrota, club acusado de discriminación racial
En la primera visita de los 56 niños, de los cuales 46 eran negros y 10 hispanos, dos de ellos escucharon comentarios sobre sus orígenes raciales
Un club de natación de un suburbio, acusado de discriminación después de cancelar la membresía de niños que en su mayoría eran negros e hispanos, tiene previsto declararse en bancarrota, informó el sábado un diario local.
El presidente del Club El Valle, John Duesler, envió un correo electrónico a los "amigos y familias" del club de natación anunciando que la junta directiva había votado por declararse en bancarrota esta semana, según reportó el diario The Philadelphia Daily News.
En el correo, Duesler escribió que muchos adjudicarían la bancarrota a los procesos legales y la mala imagen del club en los medios, informó el diario. Pero "la verdad es que el club ha luchado contra las deudas por lo menos los últimos 10 años", además de que debe más de 100.000 dólares en gastos operativos y cuotas legales, según el reporte.Duesler evitó hacer declaraciones a The Associated Press.
Los socios "están cansados, abatidos y hartos por cómo se ha retratado inadecuadamente a nuestro club", dijo Duesley según el reporte. "Después de hablar con muchos de los socios me parece que la mayoría quiere darle vuelta a la página" agregó.
Las dificultades legales del club comenzaron cuando el curso de verano "Pasos Creativos" contrató los servicios de la piscina para llevar a un grupo de niños cada lunes durante las vacaciones. Pero en la primera visita de los 56 niños, de los cuales 46 eran negros y 10 hispanos, dos de ellos escucharon comentarios sobre sus orígenes raciales. Poco después, el pago que hicieron para usar la piscina fue reembolsado sin darles explicaciones, según la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania.
En septiembre la comisión dijo que había concluido que la causa por la que se le solicitó al curso no volver se debía al "ánimo racial" expresado por un integrante y "comentarios con implicaciones raciales" de otros miembros.
La comisión estatal informó también que el club no había contado con integrantes negros de entre sus 334 socios por lo menos en los últimos dos años./LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/15/11/2009
15 Nov 2009
EE.UU.: Inmigración permite regreso de salvadoreño que fue deportado
Un salvadoreño que fue deportado a su país de origen en septiembre pasado podrá regresar a Estados Unidos para presentar su caso ante los tribunales de inmigración en Miami, informó hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
"El ICE ha decidido traer de vuelta a Estados Unidos a José Portillo Rodríguez para determinar la validez de sus alegaciones", señaló en un comunicado Nicole A. Navas, portavoz de este organismo.
Navas agregó que, dado que el caso está "pendiente de un litigio", no se puede hacer "más comentarios sobre los detalles del caso".
Portillo, quien al parecer llevaba viviendo en Estados Unidos desde principios de la década de 1990, se encontraba protegido supuestamente por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Sin embargo, fue detenido tras una entrevista que realizó en agosto pasado con funcionarios de inmigración y deportado poco después a El Salvador.
El TPS es un programa que ofrece Estados Unidos a países afectados por desastres naturales o conflictos armados y permite la estadía legal de los inmigrantes.
Los beneficios del programa, adjudicado a esa nación centroamericana tras los terremotos de 2001, beneficia actualmente a unos 200.000 salvadoreños residentes en Estados Unidos. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/14/11/2009
25 Oct 2009
EE.UU.: Advierten a inmigrantes que no salgan del país sin un permiso especial
"Las leyes dictan que ciertos individuos pueden solicitar documentos de viaje y obtener una autorización de reingreso antes de salir de los Estados Unidos"
Ante la cercanía de las fiestas del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, el servicio de inmigración estadounidense reiteró el jueves que los extranjeros con trámite pendiente, además de asilados y refugiados, tienen que gestionar un permiso de salida antes de poner un pie fuera de Estados Unidos. De lo contrario, advirtió, pueden perder sus derechos de permanencia.
Quienes viajen sin tramitar un permiso anticipado (Advance Parole) "violan la ley" y quizás "no puedan volver a entrar" a Estados Unidos y sus trámites "podrían ser denegados" o "cancelados", dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) por medio de un comunicado en su página digital en español.
Durante esta época del año miles de inmigrantes planean vacaciones junto a familiares en sus países de origen.
El permiso anticipado de salida y reingreso se gestiona con el fotmulario l-131 (solicitud de Documento de Viaje) y el trámite puede demorar entre seis y 10 semanas.
Asunto legal
"Las leyes dictan que ciertos individuos pueden solicitar documentos de viaje y obtener una autorización de reingreso antes de salir de los Estados Unidos", detalló la USCIS. "Sin esta autorización previa, al volver a Estados Unidos puede tener consecuencias severas, ya que se les puede negar la entrada al país y sus solicitudes pendientes pueden ser negadas o canceladas de forma administrativa".
Al Formulario I-131 se adjunta un monney order por valor de $305 pagado a nombre de: Department of Homeland Security (DHS). Si no se adjunta el pago la agencia no gestionará la autorización de salida.
La USCIS apuntó que los residentes permanentes no requieren permiso, y que al reingresar a Estados Unidos deben mostrar la tarjeta verde o "green card".
Quiénes necesitan permiso
De acuerdo con la Ley de Inmigración, necesitan un permiso de viaje:
- Los inmigrantes a quienes se les ha concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS);
- Los extranjeros que tienen una solicitud pendiente de ajuste de estatus a residente permanente;
- Quienes tienen una solicitud pendiente de ayuda bajo la sección 203 del Acta de Ajuste y Ayuda a Nicaragua y Centroamérica (NACARA 203);
- Los que tienen una solicitud de asilo pendiente;
- Todos aquellos que tienen una solicitud de legalización pendiente;
- Quienes reciban beneficios bajo el Programa de Unidad Familiar (Family Unity Program);
- Quienes no pueden abandonar el país pero que, por razón de emergencia o motivo de vida o muerte, lo prueben ante las autoridades de inmigración.
· En cuanto a los asilados y residentes permanentes que obtuvieron la green card o tarjeta verde parte de los beneficios de la protección que les otorgó Estados Unidos, "están sujetos a ciertas regulaciones especiales respecto a los viajes fuera de Estados Unidos", remarcó la USCIS.
Indicó que los estatutos y regulaciones determinan acerca de estos viajes, así como las consecuencias que podrían resultar si un asilado o un residente permanente que ha obtenido dicho estatus a base de una petición de asilo regresa al país donde reclamó haber sido objeto de persecución.
Por lo general un asilado o refugiado debe obtener el documento de viaje antes de salir de Estados Unidos, aunque las regulaciones permiten que se les conceda un documento de viaje a individuos en el extranjero bajo ciertas circunstancias especiales, dijo la USCIS. Pero advirtió que en este caso un documento de viaje de refugiado no garantiza la entrada al país.
Los residentes permanentes legales que obtuvieron dicho estatus a base de un estatus de asilo o refugio pueden, asimismo, viajar con documentos de viaje de refugiado.
Abogados consultados por Univision.com recomendaron tener en cuenta esta advertencia y consultar con un experto antes de tomar la decisión de viajar.
Indocumentados no
Los inmigrantes indocumentados "no pueden tramitar un permiso anticipado de viaje", dijo la USCIS.
Según el Pew Hispanic Center (grupo dedicado al estudio de la inmigración), en Estados Unidos viven alrededor de 12 millones de indocumentados.
El 45 por ciento de ellos ingresó con una visa de turista un permiso que les permitió estar por un tiempo específico y luego de vencido el plazo se quedó en el país.
Si tiene dudas
Quienes tengan previsto un viaje y tengan preguntas sobre su entrada nuevamente a Estados Unidos, pueden llamar al teléfono del USCIS: 1-800-375-5283.
La agencia señaló que los inmigrantes también pueden comunicarse con los grupos comunitarios de ayuda a hispanos en Estados Unidos.
Los permisos anticipados de viaje se tramitan en cualquier oficina de distrito.
Abogados consultados por Univision Online recomendaron que las personas con antecedentes criminales (graves o faltas menores) consulten con sus asesores legales antes de gestionar un permiso.EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/25/10/2009
26 Ago 2009
EE.UU: Especial sobre el proyecto de la Reforma Migratoria, incluye legalización
El proyecto debe contemplar el combate a la inmigración ilegal, el cierre de fronteras, el combate al tráfico de armas y drogas, un proceso de inmigración ordenada, trabajadores temporales y por último la legalización.
Tras la convocatoria de la reunión entre el presidente Barack Obama y un grupo de legisladores demócratas y republicanos para acordar el inicio del debate migratorio, millones se preguntan en Estados Unidos si habrá legalización, su todos los sin papeles calificarán para la green card y si el mecanismo de ajuste será gratis o habrá que pagar multas..
Por ahora no hay respuestas, ni en la Casa Blanca ni en el Congreso. Pero un par de documentos publicados en la página web del legislador Charles Schumer (demócrata de Nueva York), presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, muestran "detalles" de lo que podría ser un proyecto que se viene discutiendo, sin éxito, desde mediados del año 2005.
Desde 1908, millones de estadounidenses se han preguntado cuándo ocurrirá el gran sismo de San Francisco. Nadie conoce la respuesta, como tampoco nadie puede vaticinar si habrá o no reforma migratoria, pese a la presión de organizaciones y votantes latinos.
Según Schumer, cualquier día a partir del 8 de septiembre, cuando el Congreso reanude sesiones tras el receso del verano, presentará un borrador de reforma. Obama mencionó, en la reciente cumbre de mandatarios de Norteamérica celebrada en Guadalajara, México, que será antes de que termine el año y que el debate arrancará en los primeros meses de 2010.
¿Y existe algún indicio para determinar una fecha exacta? No. Schumer quiere que primero se establezca como una prioridad el combate a la inmigración ilegal, que incluye mejoras al programa de verificación de empleo conocido como E-Verify y fuertes sanciones a los empleadores que contraten a sabiendas inmigrantes indocumentados..
De qué se trata
El E-Verify fue creado bajo la administración republicana de George W. Bush como parte de las políticas de seguridad adoptadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2011. Consta de una gigantesca base de datos conectada con la Administración del Seguro Social, el servicio de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre otros, para establecer con rapidez si un extranjero usa papeles falsos para laborar o identificarse en Estados Unidos.
Al ahondar sobre el sistema, el senador demócrata dijo que se creará un sistema que permita detectar de inmediato los números de Seguro Social robados o papeles falsos para trabajar en Estados Unidos.
"El actual sistema permite el caos y ofrece poca certeza", apuntó y advirtió que como está actualmente construido; el sistema "no puede resolver completamente el problema de la contratación ilegal".
"Sólo mediante la creación de un sistema biométrico basado en el sistema federal de verificación es que los empleadores y los empleados tendrán la tranquilidad de que las relaciones laborales son, a la vez, legales y apropiadas", dijo.
Cálculos y economía
Antes de establecer una vía de legalización, el borrador exige estimar el número de inmigrantes legales que serán absorbidos por la economía estadounidense a corto, mediano y largo plazo.
Luego define el término "integral" con que algunos congresistas han definido la reforma, y explica que el proyecto debe contemplar el combate a la inmigración ilegal, el cierre de fronteras, el combate al tráfico de armas y drogas, un proceso de inmigración ordenada, trabajadores temporales y por último la legalización.
Cita también, como objetivo primordial, la reducción de la inmigración indocumentada en plazos reducidos, mejoras y ampliación de los sistemas de control fronterizo -tales como infraestructura, tecnología y personal de la Patrulla Fronteriza- y más castigos a la contrata de indocumentados, todo ello garantizado durante el primer año de aprobada la reforma.
Y una vez aprobada, agrega, todos los extranjeros indocumentados presentes en Estados Unidos a la fecha de promulgación deberán registrarse y someterse a un riguroso proceso para salir de la ilegalidad y convertir su situación jurídica para poder entrar en el camino a la ciudadanía.
"Si no lo hacen", advierte, "enfrentarán un proceso de deportación".
Familia y cerebros
Completados estos requisitos, el borrador habla del primer beneficio: la reunificación familiar.
Señala que al reducir drásticamente la inmigración ilegal, se creará espacio para la inmigración familiar y el empleo basado en la inmigración legal.
Menciona también ofertas para los más preparados y alientos a los mejores y más brillantes trabajadores profesionales de todo el mundo para que vengan a Estados Unidos.
En cuanto a garantías laborales, el proyecto esbozado en la página oficial de Schumer habla de desalentar a las empresas que contratan trabajadores extranjeros con bajos sueldos para aumentar sus ganancias, y subraya la necesidad de permitir que la economía absorba a los inmigrantes indocumentados no calificados, todo ello dentro de un proceso ordenado y manejable.
Antes del debate
Según Schumer, durante el debate hay que convencer al pueblo estadounidense de que el problema de la inmigración indocumentada se viene combatiendo desde 2005 y que no se trata de un asunto que comenzará a ser tratado cuando se aprueben los cambios a la ley de inmigración.
"No está bien utilizar el término 'trabajadores indocumentados'", apuntó. Dice que este tipo de definición transmite al pueblo estadounidense un mensaje de que no se toma en serio en la lucha contra la inmigración ilegal.
"El pueblo estadounidense se opone abrumadoramente a los trabajadores indocumentados", subrayó. "El pueblo estadounidense quiere que su gobierno tome en serio la protección del público, haga cumplir el imperio de la ley y la creación de un sistema racional de inmigración legal, que aporte y no reaccione frente a las deficiencias del sistema imperante".
Criminalización de estadía
Luego aclaró que las personas que ingresan a Estados Unidos "sin nuestro permiso, son extranjeros ilegales, y los extranjeros ilegales no deben ser tratados como personas que entraron a Estados Unidos legalmente".
Por ahora, la estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no penal, pero se aprobarse el borrador de Schumer las cosas cambiarán radicalmente.
"El pueblo estadounidense no aceptará nunca la reforma de inmigración, a menos que realmente crea y esté convencido de que su Gobierno se ha comprometido a poner fin a la inmigración ilegal", dijo el legislador.
"El éxito de cualquier reforma migratoria integral pasa por el reconocimiento de este hecho".
Sobre la seguridad fronteriza, Schumer apuntó que "debemos hacer todo lo que podamos para lograr el control operacional de nuestras fronteras tan pronto como sea posible". Y agregó: "El pueblo estadounidense necesita saber que, gracias a nuestros esfuerzos en el Congreso, nuestra frontera es mucho más segura hoy de lo que era cuando se comenzó a debatir una reforma migratoria integral en 2005".
Los avances de Bush
El borrador cita una serie de logros conseguidos por el gobierno federal en la guerra por detener la inmigración indocumentada, la mayoría de ellos alcanzados durante la pasada administración republicana del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
- 9,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza en los últimos 4 años.
- Construcción de 630 millas de muro en la frontera con México.
- Nuevas tecnologías para incrementar la vigilancia en la frontera. Mayor área de cobertura con menos personal.
"Todas estas medidas han contribuido a un descenso extraordinario del número de inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos, como reportó The New York Times el pasado 15 de mayo", escribió Schumer.
Cuotas y multas
Es quizás uno de los temas más delicados de la reforma migratoria. ¿Quiénes califican y quienes no? Schumer mencionó multas, "una especie de acuerdo para que el indocumentado pague su deuda con la sociedad por haber permanecido ilegal en el país".
Pero no dijo cuánto. En junio, una fuente del Senado consultada por Univision.com dijo que el tema se estaba debatiendo pero que no había nada en concreto.
Sin embargo, reconoció que los indocumentados con faltas graves "es difícil que califiquen" para la obtención de la green card, y que algunos con faltas leves tendrían que pagar para limpiar sus culpas. Algo así como una reforma "sólo para santos".
En el fracasado debate migratorio de 2007 se habló de multas de hasta $13,500 por cada indocumentado, más los costos del servicio de inmigración y los honorarios de los abogados que lo ayuden durante el proceso hasta conseguir la Tarjeta Verde.
La cuota, según analistas, sentó un precedente y es probable que se mantenga porque contó con el respaldo de ambos partidos. Y a esa cantidad es muy probable que se agreguen "multas" para limpiar faltas pequeñas o menos graves que puedan existir en el récord criminal o penal de un indocumentado.
¿Y las redadas?
Por último, en cuanto a las redadas, el borrador de Schumer indica que la mayoría de estadounidenses entiende que la expulsión de decenas de millones de personas simplemente no es práctica y, en última instancia, se cometería un error.
En Estados Unidos viven unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina.
Según datos del DHS, unos 540 mil tienen una orden de deportación vigente y están siendo buscados para ser arrestados y expulsados del país./LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Jorge Cansino/26/08/2009
¿Qué opina de los planes de reforma ventilados en el Senado de Estados Unidos? Comente aquí.
Si tiene una pregunta sobre Inmigración o Extranjería escriba a buzondelinmigrante@gmail.com o visite www.ivettedurancalderon.com
19 Ago 2009
EE.UU.: Muere inmigrante etíope que esperaba ser deportado
Un etíope que tenía una orden final de deportación en Estados Unidos falleció el pasado viernes en un hospital del estado de Florida al que fue ingresado tras un intento de suicidio, informó hoy una fuente oficial.
Huluf Guangule Negusse, de 24 años, murió en el Tallahassee Memorial Hospital, en el norte del estado, al ser desconectado de la máquina que lo mantenía con vida artificial por recomendación de su apoderado médico, indicó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Miami (Florida).
El etíope fue admitido en ese centro médico el 3 de agosto cuando integrantes del equipo del Centro de Detención del ICE en el condado de Wakulla, lo hallaron cuando intentaba suicidarse.
El joven, quien no tiene familiares cercanos en Estados Unidos ni en Etiopía, estaba esperando la documentación requerida para ser deportado a su país.
Un total de 104 detenidos han fallecido mientras estaban bajo custodia del ICE, incluyendo a Negusse, desde octubre de 2003, según cifras de ese organismo. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/EFE/19/08/2009
30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
30 Jul 2009
EE.UU.: OEA denunció cárceles de ICE
Inmigrantes viven en pésimas condiciones En las cárceles del ICE se encuentran confinados unos 32 mil inmigrantes indocumentados con procesos de deportación
Tras varios meses de indagaciones y recientes visitas a centros de detención de indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El informe fue dado a conocer cuatro meses después que la Comisión fuera autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a visitar algunos centros de detención, la mayoría creados o reformados bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado publicado en su página web.
Según el reporte, una delegación de la CIDH visitó del 20 al 24 de julio tres centros de detención de adultos, uno para familias y dos más para menores, en los estados fronterizos con México de Arizona y Texas.
La CIDH es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión dijo que espera trabajar con el Gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil mientras prepara su informe sobre esta visita, que contendrá recomendaciones para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos, con el fin de asegurar que los derechos humanos de los inmigrantes sean protegidos en todas las etapas del proceso.
Informe preliminar
Tras las visitas, la CIDH emitió un informe con lo que denominó 'hallazgos preliminares'.
Las visitas, solicitadas por la CIDH en varias ocasiones entre 2003 y 2008, no habían sido posibles por los obstáculos puestos por el gobierno de George W. Bush, los que fueron superados tras llegar al poder Barack Obama y asumiera el control del DHS Janet Napolitano.
El informe preliminar dio cuenta que en el Centro de Detención de Willacy, Texas, la CIDH constató "grave insuficiencia de personal" así como poca comida que se le da a los inmigrantes detenidos y bajo la custodia de ICE.
A su vez, en la cárcel del condado Pinal, Arizona, los inmigrantes sin papeles, a pesar de ser acusados de violaciones migratorias civiles y carecer de antecedentes penales, son sometidos a las mismas condiciones deficientes que los criminales condenados, algunos por delitos de mayor cuantía.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. El 'ultimo fracasado intento se realizó en 2007.
Con reos peligrosos
La Comisión determinó además que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Familias presas
El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".
La CIDH subrayó que, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno, el 90 por ciento de las familias que se encuentran en el centro de detención de Hutto, Texas, son solicitantes de asilo.
En otra parte del documento, la Comisión manifestó su preocupación por la falta de acceso adecuado a asesoría legal para los menores de edad no acompañados que son detenidos por las autoridades en territorio estadounidense.
Durante el gobierno de Bush, el DHS determinó que los solicitantes de asilo que no tienen la capacidad de demostrar una identidad sean encarcelados hasta que sus procesos sean investigados y resueltos.
Si el dictamen es favorable, la familia es liberada y obtiene el amparo del gobierno. Si el caso se pierde, la familia es deportada de inmediato.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han reiterado que personas que buscan asilo vienen huyendo de sus países para salvar sus vidas y las vidas de sus familias, y que en ese esfuerzo no todos pueden probar adecuadamente sus identidades cuando ingresan a Estados Unidos. Esa carencia, advierten, no debe ser motivo para tenerlos presos mientras los casos son investigados.
Años de vigilia
Las difíciles condiciones en las que viven miles de inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos preocupan seriamente a la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En marzo, la entidad denunció que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos “son alojados durante meses y en condiciones deplorables”.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
"De ellos siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina", destacó.
Drogas y expulsiones
La ACLU también denunció que inmigrantes detenidos por el ICE son drogados al momento de ser deportados de Estados Unidos.
"No hay registros sobre el número total de personas que fueron drogadas el año pasado. No es muy alto el número, pero es significante y no es justificado. Las personas no pueden ser drogadas en contra de su voluntad", sostuvo Ramírez.
De acuerdo con el ICE, en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año siguiente) fueron deportados casi 350 mil inmigrantes, la mayoría originarios de Latinoamérica.
En el mismo período se ejecutaron más de 1,200 redadas en puestos de trabajo, donde fueron arrestados más de 33 mil inmigrantes.
Recopilación costosa
Respecto a la recopilación de datos para conocer cómo viven los indocumentados en las cárceles del ICE, la ACLU dijo que la tarea resulta casi “imposible”.
"La mayoría de las veces lo sabemos por cartas y llamadas telefónicas de los propios prisioneros. Por esos contactos sabemos que sí hay violación de derechos de los detenidos", indicó Ramírez.
Aura Guerra conoce una parte del régimen carcelario que impone el gobierno federal a los inmigrantes presos. "Mi esposo estuvo semanas detenido en una cárcel de Florida antes de ser deportado a Guatemala. Las veces que fui a visitarlo no me dejaron tocarlo ni abrazarlo", contó entre lágrimas. "Lo tenían detrás de una ventana como si se tratara de un criminal. Me partió el alma verlo así. Después lo deportaron. No pude abrazarlo ni besarlo cuando me despedí de él".
Guerra obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1997. Tiene dos hijas adolescentes nacidas en Estados Unidos. Los traumas provocados tras la detención de su esposo son severos. "Mis hijas lloran todos los días", refirió. "Sus calificaciones en el colegio bajaron y cuando salen a la calle tienen miedo incluso de la policía".
El informe de ACLU
En diciembre del año pasado, la ACLU reveló que cientos de personas arrestadas por violaciones a las leyes de inmigración -una falta de carácter civil y no penal o criminal- eran mantenidas durante largos períodos y en condiciones de hacinamiento en el estado de Massachusetts.
Titulado "Detención y Deportación en la Era del ICE: Inmigrantes y Derechos Humanos en Massachusetts", el informe fue el primero en su clase que detalló las condiciones de detención y el desarrollo del procesamiento legal de los reos en varias cárceles de ese estado.
Laura Rótolo, una de las abogadas que encabezó el trabajo, dijo que "nuestra investigación reveló que el ICE (el brazo de Inmigración encargado de la prosecución de los casos de deportación) combina una mano dura en las deportaciones con un manejo de 'lavarse las manos' respecto de la protección de los derechos en aquellos que tiene bajo su cuidado".
"Adicionalmente, el ICE -continuó- aparece dispuesto a silenciar quejas acerca de las condiciones de detención a través del traslado de la gente que presenta quejas hacia otros centros de detención, alejados de sus familias y el abogado que sus familias ha contratado para proteger sus derechos básicos".
La queja de Illinois
El septiembre de 2008, líderes comunitarios y religiosos de Chicago denunciaron las condiciones inhumanas en los centros de detención de inmigrantes en el estado de Illinois y organizaron una campaña nacional de protesta que denominaron "La noche de las mil conversaciones", que consistió en rezos, una procesión y vigilia.
La medida tuvo como propósito presionar a las autoridades de inmigración de Illinois para mejorar el trato que reciben los indocumentados en los sitios donde se les mantiene detenidos.
Entre los detenidos por las autoridades también había residentes legales, quienes fueron apresados por cometer alguna clase de delito criminal en el pasado, fueron procesados y ya cumplieron sus penas impuestas por una corte.
Abusos en Tacoma
Y en julio del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y la organización humanitaria OneAmerica denunciaron, en un informe, el hallazgo de "numerosas violaciones" de los derechos humanos en gran parte de los 985 detenidos del Northwest Detention Center de Tacoma, en su mayor parte mexicanos, centroamericanos y asiáticos.
Los extranjeros en proceso de deportación fueron maltratados en dependencias policiales, reveló el documento. "Estas violaciones, inaceptables en cualquier circunstancia, son todavía más notables por el hecho que las detenciones -originalmente previstas para cortos períodos de tiempo- normalmente duran meses o incluso años".
Según el informe, tras las visitas de los abogados, los vigilantes de las dependencias y los jefes de policía federales suelen abusar con frecuencia físicamente y verbalmente de los detenidos, y añadió que aproximadamente, el 75 por ciento de los detenidos entrevistados alegaron haber sufrido problemas de salud que requerían de la atención del servicio médico de este centro.
Reporte de la GAO
Simultáneamente, en Washington DC, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) denunció deficiencias burocráticas, escasez de personal médico, respuesta tardía a urgencias médicas y pobre calidad alimentaria como algunos de los problemas destacados en un informe sobre las condiciones que afrontan los extranjeros en centros de detención en Estados Unidos.
Una lista de fallos cometidos en los centros de detención de inmigrantes citada el año pasado por el diario La Opinión de Los Angeles, California, en 2008, incluyó:
- Deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados.
- Falta de información sobre los procedimientos de asilo en Estados Unidos.
- Carencia de computadoras o máquinas de escribir.
- Falta de papel para escribir.
- Acceso limitado de los detenidos a un teléfono. En algunos casos había un teléfono para 40 detenidos, cuando el máximo debe de ser 25.
- Teléfonos que no funcionan.
- Teléfonos que se estropean a menudo.
- Falta de privacidad en las conversaciones.
- Restricciones de tiempo y otros.
- Límites de tiempo en las visitas de abogados.
- Horarios problemáticos para las visitas.
- Revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido.
- Ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.
No hay sitios buenos
La ACLU no ha elaborado todavía un listado de malos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Pero hay tres que encabezan las criticas porque en los últimos seis meses murieron tres extranjeros que enfrentaban procesos de deportación. "Las cárceles de Monroe (Louisiana), Farmville (Virginia) y Central Falls (Rhode Island)", dijo Ramírez.
"Son los peores lugares donde el gobierno detiene a inmigrantes", agregó. "Y no hay buenos centros, no existen. Nadie, ninguna cárcel merece ese título", añadió.
También dijo que se están reuniendo datos para documentar violaciones sexuales a inmigrantes detenidas en centros de detención.
La ACLU estimó en marzo que existía un clima de "confianza" con la administración del presidente Barack Obama para que las denuncias sobre los tratos a inmigrantes indocumentados presos en las cárceles del ICE serían investigadas.
Ramírez agregó que también se espera que se ponga fin al "secretismo" impuesto durante la administración del ex presidente Bush. /LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/Univisión/29/07/2009
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