La Voz del Inmigrante

El Vaticano considera "muy dolorosa" y "discriminatoria" la operación denominada "Blanca Navidad" puesta en marcha por un pueblo italiano para expulsar antes de que comience la Navidad a los inmigrantes que viven allí y que no tengan los papeles en regla.

Así lo manifestaron el arzobispo Antonio María Veglio, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes y Refugiados, y el obispo Agostino Marchetto, secretario de ese departamento, durante la presentación del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Emigrante, que se celebrará el 17 de enero de 2010.

"Es una cosa dolorosa, discriminatoria", dijo Marchetto tras ser preguntado por la medida adoptada por el pueblo norteño italiano Coccaglio, de 7.000 habitantes de los que cerca de 1.500 son inmigrantes, de expulsar antes de la Navidad de todos los vecinos "extracomunitarios" sin legalizar.

Marchetto agregó que la Navidad celebra el misterio de la Anunciación de la Virgen y es una llamada a la acogida del Niño Jesús. También Jesús, como dice el Papa en su mensaje sobre los emigrantes, fue un refugiado en Egipto.

La operación municipal ha sido bautizada con el nombre de "Blanca Navidad" y contempla que la Policía Municipal acuda a los domicilios de los inmigrantes para verificar sus permisos de residencia.

El alcalde, Franco Claretti, de la gubernamenta Liga Norte, partido de tintes racistas, justificó la medida afirmando que lo que pretenden es "hacer limpieza" hasta lograr que todos los vecinos estén regularizados.EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/29/11/2009

El número de inmigrantes en Italia aumentó en 458.644 personas (13,4%) en 2008 y se situó en 3.891.295, según el informe anual sobre la inmigración hecho público hoy por el Instituto de Estadística Italiano (Istat).

Según el Istat, los extranjeros representan ya el 6,5 por ciento de los residentes en Italia, cuando en 2007 eran el 5,8 por ciento.

El aumento más pronunciado se registró entre el colectivo de origen rumano, cuya población se incrementó en 171.199 personas (21,5%) hasta los 796.477 residentes.

Otras de las comunidades extranjeras más numerosas en el país son la albanesa, con 441.396 personas; seguida de la marroquí, con 403.592, y la china, con 170.265.

Del total de residentes de nacionalidad extranjera en Italia, 862.000 son menores, y de ellos 519.000 han nacido en el país transalpino, de los cuales 72.472 en el 2008. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/10/10/2009

La inmigración ilegal se ha convertido en delito en Italia, después de que el Senado diera hoy el sí final al proyecto de ley sobre seguridad que incluye, además, el establecimiento de rondas ciudadanas y amplia el período de retención de los indocumentados.

Con la aprobación del Senado, por 157 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones, el texto pasa a convertirse en ley e introduce nuevas medidas en materia de inmigración ilegal, criminalidad y seguridad ciudadana.

En ese primer ámbito, el texto tipifica la inmigración clandestina, que no conllevará penas de cárcel, pero los inmigrantes podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros.

La norma establece además para los funcionaros públicos la obligación de denunciar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en Italia; tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación.

Se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días, y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.

Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos.

Una circunstancia que, según la oposición, implicaría que los pequeños pudieran ser adoptados al no haber sido reconocidos.

El texto aprobado hoy también fija una tasa de entre 80 y 200 euros para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana.

La nueva ley endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país. Con la nueva ley se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de 60 días.

Así, el cónyuge extranjero podrá obtener la nacionalidad tras residir dos años en Italia después del matrimonio, mientras que en el caso de que la pareja viva fuera del país tendrá que esperar a que pasen tres años.

Prevé también el castigo con penas de entre seis meses y tres años de cárcel a aquellos que alquilen una vivienda a inmigrantes sin papeles.

En materia de criminalidad, el proyecto de ley fija una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del "pizzo", como se conoce al impuesto mafioso.

La disposición aprobada hoy fija además, en el ámbito de seguridad ciudadana, la legalización de las llamadas "rondas" de ciudadanos, que podrán indicar a las fuerzas del orden situaciones que denoten un riesgo.

A las críticas que ha recibido durante todo el proceso de aprobación del texto, se han sumado las del Vaticano, que a través del arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los Emigrantes, ha manifestado que se trata de "una ley que traerá mucho dolor y dificultad".

Por primera vez en la historia de Italia, la inmigración indocumentada será considerada un delito penado con multas de entre 5.000 y 10.000 euros, según esta ley aprobada ayer por el Senado. Es "una iniciativa fuerte para contrarrestar la emigración clandestina y para proteger a los ciudadanos en las grandes ciudades", dijo el ministro del Interior, Roberto Maroni. Los extranjeros residentes en Italia rondaban los tres millones en el 2007.

La nueva ley permite la "ronda" de civiles para que vigilen las ciudades las noches, lo cual estaba en manos exclusivamente de la policía, y prevé medidas más rígidas para los llamados "matrimonios de conveniencia" para una obtención más rápida de la ciudadanía italiana. La nueva ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia. Se eximió de ello sólo a los médicos que atiendan a los inmigrantes y los directores de centros educativos. El proyecto de ley original incluía penas de cárcel, pero fueron eliminadas por el escándalo que provocó en el país y en Europa en general.

La iniciativa sobre seguridad presentada por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi, rechazada por la oposición de centroizquierda y criticada también por el Vaticano, fue aprobada por 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones. Se trata de "una ley que traerá mucho dolor y dificultad", dijo el Vaticano a través del arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los Emigrantes. "No tiene en cuenta uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la emigración", agregó.

La Comisión Europea examinará el paquete de medidas contra la inmigración adoptado en Italia para verificar su "compatibilidad" con el derecho comunitario, dijo el comisario de Justicia, Jacques Barrot. "Las reglas de expulsión automáticas por categorías enteras no son aceptables", advirtió, asegurando que los controles de inmigrantes deben ser "individuales" y "proporcionales". EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/03/07/2009

Una red de inmigración ilegal que operaba entre Irak y Europa fue desarticulada la pasada noche gracias a 46 detenciones efectuadas en Italia, Alemania, Grecia, Bélgica, Suiza, Suecia, Reino Unido y Francia, confirmaron hoy a Efe fuentes policiales italianas.

Estos arrestos forman parte de la operación "Ticket to Ride", que ha conseguido desarticular una red que introducía de forma ilegal a inmigrantes en Europa, en ocasiones "en condiciones extremas", según la Policía italiana.

La red de inmigración ilegal, compuesta mayoritariamente por ciudadanos iraquíes, cobraba entre 4.000 y 10.000 dólares por introducir en Europa a indocumentados que, si conseguían reunir el dinero para pagar la cantidad más alta, podían viajar en avión con documentación falsa.

De las 46 detenciones, 32 han sido efectuadas en territorio italiano (en 17 ciudades) en una operación que ha sido desarrollada también en otros países de Europa gracias a la colaboración de la Interpol y la Europol.

"La que se ha concluido hoy es una de las operaciones más importantes de los últimos años. Confirma la eficacia de la lucha contra la trata de indocumentados y de seres humanos puesta en práctica por el Gobierno" italiano, dice el ministro del Interior, Roberto Maroni, en una nota de prensa divulgada por la Policía.

La investigación comenzó hace dos años y medio en Venecia tras interceptar a 36 indocumentados que llegaron a Italia escondidos en un camión de mercancías proveniente de Grecia.

Según la Policía italiana, la red de inmigración ilegal estaba estructurada en células que hacían llegar hasta Italia en camión, barco o a pie a los indocumentados desde Irak tras pasar por Turquía y Grecia.

Las condiciones en las que viajaban los indocumentados eran en ocasiones extremas y motivaron que en julio de 2007 la Policía italiana encontrara los cadáveres de 3 jóvenes kurdos en el interior de un camión. EFE

Italia considera que las últimas ideas de la Comisión Europea para combatir la inmigración ilegal en el Mediterráneo "no son suficientes" aunque suponen "un paso" adelante, dijo su ministro del Interior, Roberto Maroni.

Los ministros de Justicia e Interior de la UE analizan las ideas que presentó la CE la pasada semana, y que incluyen crear un programa piloto para que algunos países comunitarios acojan a personas con estatuto de refugiado residentes en los Estados miembros con más presión en las últimas semanas, como Malta, Chipre o Italia.

Además, la CE ha planteado apoyar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cree en el Magreb -inicialmente en Libia- centros para solicitar asilo en Europa, así como reforzar el papel de Frontex, la agencia de la UE para el control de las fronteras externas.

Italia, que a comienzos de mayo rechazó en alta mar varias embarcaciones con cientos de refugiados -que fueron obligados a retornar a Libia- ha recibido críticas del ACNUR por no comprobar antes si algunos de ellos tenían derecho a solicitar asilo en Europa.

Maroni dijo hoy, en declaraciones a su llegada a la reunión ministerial, que las ideas de la Comisión "son interesantes, pero no suficientes".

Italia pedía que el reparto de refugiados fuera obligatorio entre todos los países de la UE, así como un mayor papel de Frontex en la identificación de inmigrantes irregulares y en los vuelos de repatriación, explicó el ministro.

Aún así, Maroni consideró que los planteamientos de la CE "son un buen paso" adelante, y reiteró que "es un deber de Europa ayudar a Libia" a controlar el flujo de inmigrantes subsaharianos que llegan a ese país para embarcarse con destino a Europa.

El comisario europeo de Justicia y Seguridad, Jacques Barrot, consciente de que algunos miembros de la UE son reticentes a acoger a refugiados presentes en países del sur de Europa, dijo que por ahora van a ver si pueden "poner en marcha un pequeño proyecto piloto que será un test de solidaridad".

El ministro sueco de Inmigración y Asilo, Tobias Billstrom, cuyo país asumirá la Presidencia de la UE en poco más de tres semanas, recalcó que la situación en el centro y el este del Mediterráneo "es complicada, muy problemática", y dijo que viajará a Malta próximamente para comprobar las circunstancias de ese país.

Billstrom reconoció que "no hay una solución rápida" para los problemas de la inmigración y el control de fronteras en el Mediterráneo, y que a largo plazo hace falta establecer un sistema común de asilo en la UE con "un buen mecanismo de solidaridad" entre sus miembros.

El responsable sueco recordó también que los países de la Unión Europea afrontan una importante presión migratoria ilegal desde el este. EFE/LIVDUCA/07/06/2009

El Gobierno de Ecuador anunció hoy la conformación de una comisión que viajará a Italia para apoyar a sus compatriotas en ese país, cuyo Parlamento aprobó recientemente unas normas que endurecen las medidas contra los extranjeros indocumentados.

Dicha comisión, señaló la Presidencia en un comunicado, estará integrada por delegados de la cancillería, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de Mujeres.

La comisión interinstitucional visitará las ciudades italianas de Roma y Génova entre el 21 y el 25 de mayo próximos para mantener contactos con autoridades, organizaciones no gubernamentales y la colonia de ecuatorianos en ese país europeo.

El objetivo del grupo es determinar "líneas de acción" que le permitan al Estado ecuatoriano "mantener una presencia cercana" con los compatriotas en ese país y "encontrar los mecanismos adecuados para mejorar su calidad de vida", señaló el texto oficial.

Los comisionados mantendrán reuniones con autoridades de los ministerios italianos de Asuntos Exteriores, de Justicia y de Instrucción.

También se encontrarán, tanto en Roma como en Génova, con diversas redes sociales de apoyo a inmigrantes, así como con organizaciones de base, iglesias, ONGs y sindicatos, entre otros.

El Ejecutivo ecuatoriano quiere apoyar a los inmigrantes en Italia en asuntos relacionados con la custodia de los hijos, la deserción escolar y la regularización migratoria, así como atender a quienes atraviesan dificultades por falta de información básica sobre los servicios públicos en ese país.

Ayer el Gobierno ecuatoriano criticó la Normativa de Seguridad aprobada por el Parlamento italiano, por considerar que contempla "prácticas violatorias" a los derechos humanos de los inmigrantes.

El Gobierno ecuatoriano consideró que esa normativa "impone duras sanciones a los inmigrantes sin papeles y penas de cárcel a quienes les alquilen una casa; se legalizan las rondas ciudadanas que colaborarán con la policía y se instituye la obligatoriedad de denunciar a los inmigrantes" ilegales.

Unos tres millones de ecuatorianos han emigrado de su país, principalmente a España e Italia, en Europa, y a Estados Unidos, en América, en busca de mejores condiciones de vida en el exterior. EFE/LIVDUCA/21/05/2009