http://www.youtube.com/watch?v=NSj1R-PKhQo

El gobierno mexicano hizo público la ley de inmigración que estable reglas para el ingreso de inmigrantes a México que tienen como destino los Estados Unidos. La ley fue aprobada en mayo de 2011 y entrará en vigor a finales de octubre.

Mitt Romney está seguro que la recuperación económica es un tópico mucho más relevante que la inmigración para los hispanos en Estados Unidos, una minoría cuyo voto es clave en la elección presidencial y que no le favorece a días de ser el candidato oficial del partido Republicano.
"El candidato Romney sabe que los hispanos conocen mucho mejor al presidente Barack Obama tras cuatro años de gobierno, y por eso está convencido de que la recuperación económica y la creación de empleos es lo que más importa a los hispanos hoy en día", dijo a la AFP Rudy Fernández, asesor de la campaña de Romney -quien tiene raíces hispanas- en tema latinos.
Contra viento y marea, a raíz de la tormenta tropical Isaac, la 40 Convención Nacional Republicana se celebrará desde el martes en Tampa, ciudad del Golfo al centro de Florida, para terminar el jueves con la nominación de Romney como rival de Barack Obama en las presidenciales del 6 de noviembre.
Durante este evento, la campaña de Romney irá revelando su programa de gobierno, una tarea que ha estado realizando un comité de la plataforma del partido.
El comité ha hecho trascender a la prensa que el millonario ex gobernador de Massachussettes planea recalcar a los hispanos sobre todo su plan económico para superar la crisis de empleo que afecta a la comunidad.
"Con un promedio de 11% de desempleo en nuestra comunidad -cuando la media nacional es de 9%-, Romney hablará a los latinos de cómo piensa recuperar los puestos de trabajos que son necesarios para revivir al país", indicó Fernández.
Hasta ahora, Obama mantiene un amplia ventaja de 67% contra 23%, sobre Romney entre los latinos, según un sondeo de la cadena NBC News, el diario The Wall Street Journal y el canal en español Telemundo.
Analistas estiman que si Romney quiere atraer a este electorado clave para llegar a la Casa Blanca "tiene que reinventarse en la convención, dar un giro", dijo a la AFP Antonio González, presidente del Instituto de Investigaciones William C. Velázquez.
"Romney tiene que demostrar que sí tiene un proyecto para ellos, algo que hasta ahora no ha hecho y ha dado muchas noticias con sus posturas draconianas contra la inmigración", dijo González, cuyo centro impulsa la participación latina en las elecciones.
En contraparte, "el electorado hispano es el punto más brillante de Obama", dijo a la AFP Larry Sabato, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Virginia.
Al actual mandatario demócrata "le está yendo mejor en 2012 que en comparación con 2008, principalmente a causa de las posiciones divergentes de los candidatos en cuanto a la inmigración", apuntó Sabato.
Durante y después de la Convención Nacional Republicana, Romney estará forzado a definirse en inmigración, un tema que muchos de sus correligionarios subestiman, apoyados en sondeos que indican que la primera preocupación de los hispanos es la economía.
Pero analistas advierten que la inmigración moviliza el voto latino.
En el Partido Republicano, las medidas sobre cómo enfrentar el problema de los 11 millones de indocumentados y el sensible debate sobre los estudiantes sin papeles mueve pasiones y crea fuerte divisiones.
Están aquellos proclives a reformas migratorias globales, como alguna vez la apoyó el senador John McCain, y aquellos que quieren crear duras leyes estatales como la gobernadora de Arizona, Jen Brewer.
"Obama ha hecho todo lo que puede hacer en este asunto administrativamente, pero Romney ¿quién sabe lo que haría y lo que podría conseguir? Los legisladores republicanos no están a favor de la liberalización de la inmigración", dijo el politólogo Sabato.
Matt Barreto, copresidente de la encuestadora Latino Decisions, dijo en la 29ª Conferencia de líderes latinos NALEO, celebrada en junio en Orlando, Florida, que "la inmigración es el verdadero asunto que importa a los latinos en Estados Unidos y moviliza su voto, mientras que la economía es un tema que preocupa".
Esta semana trascendió a los medios que el secretario de Estado de Kansas (Medio Oeste), Kris Kobach, artífice de la polémica ley antiinmigrante de Arizona en 2010, había asesorado a Romney para que incluya medidas contra los indocumentados en el programa de gobierno que presentará a la convención.
"Kobach presentó propuestas como uno de los 112 delegados estatales que participan en el Comité Nacional Republicano de la plataforma de gobierno, eso no quiere decir que Romney y su equipo acepten todas estas propuestas", aclaró a la AFP Rudy Fernández, de la campaña.
Según Fernández, "de las enmiendas pre-aprobadas para presentarle a Romney figura una que establece que no se podrán presentar demandas federales contra aquellos estados que ejecuten leyes para controlar sus problemas migratorios" -como las de Arizona y de Alabama, ambos en el sur-, dijo el asesor de Romney.
La polémica ya está servida nuevamente sobre el tema de la inmigración, porque coaliciones reaccionaron contra la implicación de Kobach en el programa de Romney.
La activista hispana Dolores Huerta calificó de "espantosa la guerra contra los inmigrantes que ha realizado Kobach en Arizona y Alabama y ahora figura como asesor de Romney", mientras el congresista Luis Gutiérrez criticó "las posiciones extremistas" de la fórmula presidencial republicana Mitt Romney-Paul Ryan en contra de la reforma migratoria y el Dream Act./Terra/LIVDUCA

Solamente un 7% de los casi 300.000 casos de deportación que las autoridades estadounidenses se comprometieron a revisar pueden ser cerrados administrativamente, según un informe divulgado este lunes por un centro independiente.

"Hasta el 29 de mayo, los abogados de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) habían revisado 288.361 casos de inmigrantes en proceso de deportación", explicó el informe del Centro de Política de Inmigración.

De esos casos solamente 20.648 (7%) podrían ser cerrados administrativamente, lo que significa que esos indocumentados quedan en un "limbo legal" en Estados Unidos, sin ser expulsados del país pero tampoco con derecho oficial a trabajar.

El ICE solamente ha propuesto de forma oficial el "cierre administrativo" a 8.361 de esos inmigrantes ilegales, mientras que los poco más de 12.000 restantes aún deben obtener una respuesta definitiva.

El texto resalta que de esos 8.361 casos, casi 4.000 rechazaron el "cierre" de su expediente porque preferían que su caso llegara ante un juez, para poder obtener una solución definitiva.

La gran mayoría de los más de 288.000 casos examinados eran expedientes de gente que no está detenida, 232.181 en total, según el estudio.

De los 56.180 encarcelados, solamente 40 personas (un 0,07%) obtuvieron la posibilidad de que su expediente sea cancelado administrativamente.

El Centro de Política de Inmigración, con sede en Washington, obtuvo esos datos a partir de las estadísticas de una oficina de revisión de casos de inmigración del Departamento de Justicia.

La revisión de casi 300.000 casos de indocumentados se inició en noviembre pasado, oficialmente como parte de un giro en la política de deportaciones para centrarse exclusivamente en los indocumentados con antecedentes.

Esa nueva política de reevaluación de las deportaciones de gente que no había cometido ningún delito, excepto residir en el país sin papeles, fue también ofrecida por el gobierno estadounidense tras meses de presión de los grupos de defensa de los inmigrantes.

Bajo el gobierno de Barack Obama se han batido récords de deportaciones, más de un millón en tres años.

En Estados Unidos se calcula que hay unos 11,5 millones de inmigrantes ilegales.

Aunque el gobierno se comprometió a revisar 300.000 casos, en lo que va de año se han añadido al casillero otros 111.000, que en principio también serán revisados, asegura el Centro./AFP/LIVDUCA

La ciudadanía estadounidense no tiene precio para algunos, y carece de valor para otros. Pero ahora el Departamento de Estado tiene una cifra en metálico: la ciudadanía estadounidense vale $us.450.

Por lo menos eso es lo que cuesta renunciar a ella.

Los nuevos honorarios consulares entraron en vigor el jueves. De acuerdo con el Registro Federal, el costo de procesar una renuncia formal a la ciudadanía estadounidense se disparó de 0 a $us.450.

El Departamento de Estado no dijo cómo ni por qué calculó el costo. La ciudadanía es gratis para la mayoría de los estadounidenses, a quienes se les concede el privilegio al nacer. El departamento sólo dijo que "ha decidido que el renunciante debe pagar esta cuota en la visita durante la cual él o ella toma el juramento de renuncia".

Cada vez más caro

También es cada vez más caro conservar la ciudadanía estadounidense si se necesita un pasaporte para probarlo. La cuota de solicitud de pasaporte saltó un 27%, de $55 a $70, con un incremento del 100%, de $20 a $40, en el cargo de seguridad de los pasaportes.

Además del aumento de la cuota de solicitud, el departamento cobrará ahora $82 para añadir nuevas páginas a un pasaporte estadounidense, algo que antes carecía de costo.

El Departamento de Estado señaló que esa tarifa es necesaria para compensar el costo de las páginas, así como el tiempo dedicado a colocar las hojas en la libreta del pasaporte, refrendar el pasaporte y realizar una revisión de control de calidad.

Más aumentos

Y registrar el nacimiento en el extranjero de un niño estadounidense también cuesta más.

A partir de ahora valdrá $100 solicitar un reporte de un nacimiento en el extranjero, que antes costaba $65.

El costo de obtener un documento notarial en una embajada de Estados Unidos en el extranjero también va en aumento. El nuevo precio es de $50 para una sola página, que antes costaba $30, de acuerdo con la nueva estructura tarifaria anunciada por el Departamento de Estado./univision/ The Associated Press /LIVDUCA

Si los republicanos quieren ganar la Casa Blanca, van a tener que moderar sus ataques a los indocumentados y proponer algún tipo de plan para que puedan quedarse legalmente en el país.

Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha sido sumamente generoso con los inmigrantes. Desde luego, han existido momentos en que esta nación ha rechazado y discriminado a extranjeros de Alemania, China, Japón, Irlanda y América Latina, entre muchos otros. Pero, al final de cuentas, siempre rectifica y vuelve a abrir sus puertas a los inmigrantes.

Ese es el lado correcto de la historia.

“Nuestra política migratoria debe ser generosa; debe ser justa; debe ser flexible”, escribió el futuro presidente John F. Kennedy en 1958 para su libro “Una nación de inmigrantes”, publicado en 1964, “con una política así, podemos mirar al mundo y a nuestro propio pasado con las manos y la conciencia limpias”.

Ese ideal de Kennedy es muy distinto a lo que estamos viviendo actualmente. Nunca, desde que llegué a Estados Unidos en 1983, había visto y sentido un ambiente tan hostil en contra de los inmigrantes. Unos los atacan y otros los deportan.

Como evidencia, basta ver a Alabama y Arizona, donde los inmigrantes indocumentados son perseguidos y encarcelados, en ocasiones por las más pequeñas infracciones de tránsito. Ninguno de los candidatos republicanos a la presidencia apoya la legalización de 11 millones de indocumentados. Algunos, incluso, los quisieran regresar a sus países de origen (aunque nunca explican cómo). El presidente Barack Obama no cumplió su promesa de presentar una propuesta migratoria en el Congreso durante su primer año de gobierno y, además, ha deportado a más de un millón de indocumentados desde que tomó el poder, separando a miles de familias. El 45 por ciento de los deportados no tenía ningún tipo de antecedente criminal.

¿Por que está pasando esto?

Ciertamente, un factor es la crisis económica y el hecho de que muchos estadounidenses culpan injustamente a los inmigrantes indocumentados por la mala situación del país. Algunos políticos se han dado cuenta de que pueden obtener poder al explotar la extendida sospecha de que los inmigrantes despojan de empleos a los ciudadanos y vacían los cofres gubernamentales. Atacar a los indocumentados, que a nadie tienen que represente sus intereses, puede darles el impulso necesario para ganar las elecciones. Lo que es más, no son suficientes los latinos en Estados Unidos dispuestos a votar por candidatos que en verdad comprendan a la comunidad hispánica y sean capaces de defenderla de ataques injustos.

Pero, al final, estoy convencido, Estados Unidos hará lo correcto. Ronald Reagan lo hizo. Hace 25 años firmó la ley de Reforma y Control de la Inmigración que le dio amnistía a 2.7 millones de inmigrantes. Me llaman tanto la atención los republicanos que dicen defender el legado de Reagan pero que no se atreven a votar en el Congreso por una ley que saque de la oscuridad a millones.

Si uno escucha algunas estaciones de radio y televisión, o los discursos incendiarios de muchos políticos de ultraderecha, podría tener la falsa impresión de que casi todos los norteamericanos rechazan una reforma migratoria. Pero no es así.

La mayoría de los estadounidenses tiene una actitud generosa con los indocumentados. Una reciente encuesta realizada por División y por Latino Decisions encontró que el 58 por ciento de los norteamericanos favorece la idea de convertir en ciudadanos de Estados Unidos a los indocumentados que no hayan cometido crímenes, que paguen impuestos y hablen inglés. (Entre los latinos el apoyo a esa idea es del 67 por ciento.)

Atacar a los indocumentados ya está teniendo sus consecuencias. Jueces han bloqueado las partes más dañinas de las leyes antiinmigrantes de Alabama y Arizona. De hecho, el creador de la ley SB 1070 de Arizona, el líder del senado estatal Russell Pearce, acaba de perder su puesto en una elección revocatoria. Es decir, los votantes, cansados de sus ataques a los extranjeros, lo deportaron a su casa al igual como él hizo con tantos inmigrantes.

Si los republicanos quieren ganar la Casa Blanca, van a tener que moderar sus ataques a los indocumentados y proponer algún tipo de plan para que puedan quedarse legalmente en el país. Eso es lo que quiere la mayoría de los norteamericanos, según nuestra encuesta. Si no lo hacen, será políticamente imposible para los republicanos conseguir más de la tercera parte del voto latino y, por lo tanto, perderán una vez más la presidencia.

De lo que se trata es, sencillamente, estar del lado correcto de la historia. Y eso es estar con los inmigrantes. Kennedy estuvo del lado correcto, y Reagan también. ¿Quién se atreve a seguirlos?/Jorge Ramos ávalos/LIVDUCA

El presidente de EEUU, Barack Obama, insiste en que una reforma migratoria es la solución a la presencia de indocumentados en el país, pero los republicanos que quieren desbancarlo en 2012 han cerrado filas en contra de esa propuesta, aunque eso les cueste el voto hispano.

A un año de las elecciones presidenciales de EEUU y en el 25 aniversario de la amnistía que Ronald Reagan dio a cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados, la inmigración ilegal sigue sembrando la discordia entre la clase política.

Aunque la crisis económica es la mayor preocupación de los votantes, entre los hispanos y la comunidad inmigrante en general la ausencia de una reforma migratoria también se perfila como un tema que tendrá peso en su intención de voto el 6 de noviembre de 2012.

Los hispanos, que suman 50,5 millones de personas y conforman el 8% del electorado en EEUU, han ido aumentando su peso político en los últimos ciclos electorales y pueden ser el "voto bisagra" en estados clave como Colorado, Florida, Nevada, y Nuevo México.

Desde el Partido Republicano, la mayoría de los aspirantes presidenciales, de los legisladores en el Congreso y de los líderes estatales, continúan recetando la deportación de los indocumentados.

Desde la Casa Blanca y el Partido Demócrata, siguen las voces a favor de la reforma, que permanece en un bloqueo legislativo desde 2007.

La reforma migratoria, que también exigen grupos progresistas afines, incluye el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza; sanciones a empresas que contraten a indocumentados, y una vía para la legalización de quienes paguen una multa y cumplan con una amplia gama de requisitos.

Obama, que ganó en 2008 con el 67% del voto latino y necesitará de nuevo a esta minoría en 2012, suele decir que no puede frenar las deportaciones masivas mediante orden ejecutiva y que necesita el apoyo bipartidista en el Congreso para realizar una reforma legal.

Los republicanos, presionados por grupos conservadores como el movimiento del "Tea Party", replican que EEUU vive una crisis agravada por la "carga pública" de los indocumentados.

Mientras, los demócratas arguyen que los inmigrantes, con o sin papeles, contribuyen a la prosperidad y diversidad y que, en aras de la seguridad nacional, es mejor sacar de la sombra a los clandestinos.

Así las cosas, el Congreso carece de un sentido de urgencia y ambos partidos afrontan un punto muerto en el debate migratorio.

En los gobiernos estatales, no hay cabida para otra cosa que no sea "mano dura" contra los indocumentados.

Si en 2010 Arizona dio el pistoletazo a medidas para estrechar el cerco a los indocumentados, otros estados sureños han seguido su ejemplo y, Alabama en particular, le ha superado con creces.

En Alabama, una ley puesta en marcha a finales de septiembre -parte de la cual ha sido bloqueada en un tribunal- busca incluso negar el aprovisionamiento de agua a los indocumentados.

En los debates presidenciales republicanos, cada candidato compite por ser el más "fuerte" en contra de los once millones de indocumentados que se calcula hay en este país.

Ávidos del apoyo de los conservadores, algunos de los candidatos recurren a la retórica que, para la comunidad inmigrante, es sinónimo de "odio anti-hispano".

El empresario Herman Cain, que lidera en las encuestas, "bromeó" recientemente sobre la idea de construir un muro electrificado y de disuadir el cruce ilegal en la frontera con México a fuerza de balas.

Acosado por sus rivales, el gobernador de Texas, Rick Perry, ha defendido una y otra vez una ley estatal que permite la igualdad en las matrículas universitarias para indocumentados, pero insiste en que se opone a una "amnistía".

El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, principal rival de Perry, también se opone a la reforma.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, sugiere que una "junta" determine quiénes de los indocumentados pueden quedarse o ser expulsados.

La legisladora Michele Bachmann apoya la construcción de un doble muro en la frontera sur y ha apoyado privar de la ciudadanía automática a niños latinos nacidos en EEUU de padres indocumentados.

En medio de todo esto, los latinos están cambiando el rostro de EEUU y alterando su mapa electoral y, según las últimas encuestas, la mayoría no piensa votar por un republicano.

Los republicanos quieren desbancar a Obama en 2012, y la pregunta del millón en Washington es cómo obtendrán al menos el 40% del voto hispano para lograrlo si respaldan ideas que causan temor entre ese bloque electoral.

El muro digital o muro electrónico, una barrera consistente en torres equipadas con sensores, radares y cámaras automáticas que se ubican de forma paralela a la valla que se erige en gran parte de la frontera de 3,200 kilómetros que divide a Estados Unidos de México, fue aprobado por el Congreso a un costo inicial de $2,000 millones, cifra que luego fue calculada en unos $20 mil o $30 mil.

El muro digital fue aprobado en 2005 a un costo inicial de $2,200 millones. Pero un estudio de la GEO en 2006 aseguró que el proyecto podría costar 15 veces más, es decir, $30 mil millones.

El muro aprobado durante el gobierno de Bush no funciona y es excesivamente caro

En un nuevo peritaje, la Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO) recomendó el viernes interrumpir la construcción del polémico muro digital en la frontera con México por su alto costo y su ineficaz sistema de vigilancia y prevención del cruce indocumentado hacia Estados Unidos.

El informe recomendó además desarrollar nuevas operaciones de vigilancia electrónica en la frontera entre el estado de Arizona y México, reportó la Agencia Francesa de Noticias (Afp).

El nuevo informe subraya que el gobierno federal estadounidense ha gastado más de $1,000 millones desde 2005, cuando fue aprobado el programa conocido como SBInet.

El Proyecto 28

Durante el primer año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adjudicó la construcción de un primer tramo de prueba de 28 millas que se conoce como P-28, a la compañía Boeing. Pero el proyecto, levantado al sur de Arizona, falló y se gastó más de lo estimado originalmente por el gobierno.

En enero de este año el DHS suspendió la extensión del programa SBInet para evaluar su efectividad. Luego anunció un nuevo Plan de Vigilancia Fronteriza, del cual la GEO consideró que "no tiene suficiente información para apoyar totalmente".

El nuevo plan de vigilancia electrónica requeriría otros $1,500 millones. El DHS no cuenta con objetivos claros, ni la tecnología parece suficientemente fiable para reemplazar a los aparatos que ya funcionan dentro del programa SBInet de 2005, cuyo mantenimiento costará este año $26 millones, reporto la Afp.

El reclamo anterior

En octubre del año pasado los medios informaron que el millonario y polémico proyecto para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados provenientes de México y que fue aprobado por la administración republicana del ex presidente George W. Bush, estaría a punto de ser cancelado porque no funciona.

A esa fecha se habían gastado más de $1,200 millones y el muro no funcionaba. El proyecto original, aprobado por el Congreso, garantizaba que iba a ser un cerco de tecnología integrada para mantener bajo vigilancia gran parte de la frontera de casi 3,200 kilómetros (2,000 millas) entre Estados Unidos y México.

Pero la realidad era que, cuatro años más tarde desde su aprobación, sólo cubrió 85 kilómetros en la zona de Arizona y se gastaron más de $10 millones por kilómetro.

El proyecto de la cerca fronteriza y su contratista, Boeing Co., han sido criticados continuamente en reportes de la GAO por retrasos y por exceder los costos.

Danza de millones

El muro virtual fue autorizado a un costo inicial de $2,200 millones y luego ajustado a $6,700 millones. La cerca virtual de cámaras de circuito cerrado de TV, cámaras fotográficas, sensores y radares se encuentra rodeada de fallas técnicas y demoras en la entrega de las distintas fases del proyecto.

Un primer tramo permanente del cerco fue construido en la zona de Sásabe, Arizona, y tuvo una distancia de unos 37 kilómetros (28 millas). Debió ser entregado a la Patrulla de Fronteras (Border Patrol) en enero de 2010 por el principal contratista, Boeing, pero la entrega fue demorada por problemas relacionados con el equipo de video.

Las autoridades federales estadounidenses no descartaron en esa oportunidad que se terminara colocando cercos virtuales sólo en ciertos tramos y no como había previsto el proyecto original.

El plan original indicaba que el cerco virtual debía estar listo para el 2011. Pero los problemas técnicos obligaron en enero al DHS a correr la fecha para 2014.

Una tras otra

En varias ocasiones el DHS y el contratista han afirmado que los problemas con el muro pueden ser resueltos. Pero siguen apareciendo fallas. Una de las más severas fue un problema de software que hizo que los sistemas de video funcionaran mal y usaran la cámara equivocada, impidiendo a los operadores observar el sector indicado.

Los problemas y las dudas del muro virtual no son nuevos. En noviembre de 2006, apenas siete semanas después que el DHS anunciara que la empresa Boeing construiría la cerca digital a un costo de $2,200 millones, un nuevo estudio de ese departamento aseguró que el proyecto podría costar 15 veces más, es decir, $30 mil millones. Pero tiempo después fue reajustado a los actuales $6,700 millones.

El proyecto base del muro señala la colocación de 1,800 torres de vigilancia y otros complejos sistemas de seguridad electrónica a lo largo de tramos en la frontera entre Estados Unidos y México, principalmente en Arizona.

En 2006 Boing ofreció concluir y tener funcionando todo el sistema en un lapso de tres años, pero el plazo no se cumplió.

El plan maestro

El muro digital en la frontera con México forma parte del proyecto denominado SBInet, parte esencial de una estrategia global de vigilancia conocida por el gobierno como Escudo de Seguridad de Alta Tecnología en las Fronteras, desarrollado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El DHS ha explicado que el plan es el mayor esfuerzo en la historia del país para controlar más de 9,600 kilómetros de frontera con México y Canadá, y que su principal objetivo es "frenar" la inmigración ilegal.

En septiembre de 2007, se conoció que una falla técnica que ya demoraba tres meses en ser reparada impidió evaluar a tiempo los resultados de la primera fase del millonario muro digital y puso en jaque a la seguridad de Estados Unidos.

Historia del muro

A finales de septiembre de 2006 Boeing Co. ganó un multimillonario contrato con el gobierno federal para colocar 1,800 torres de vigilancia y otros complejos sistemas de seguridad electrónica.

El día que se adjudicó el contrato, el DHS anunció que el proyecto iba a ser construido en dos fases, y que la primera, un segmento de 45 kilómetros, sería levantado entre Tucson, Arizona, y México.

Boeing Co., con sede en Chicago, fue una de las casi 40 compañías que compitieron en 2006 por el contrato con el DHS.

A diferencia de sus competidores, Boeing no basó su oferta de vigilancia en el uso generalizado de vehículos aéreos o terrestres no tripulados, sino que incorporó la construcción de las modernas torres que hoy en día están en tela de juicio.