La Voz del Inmigrante

Todos los extranjeros con más de 17 años deberán permitir el registro de sus huellas dactilares y fotografías para entrar en Corea del Sur

Incluye texto del dictamen de la ONU.

Compuesto por 18 expertos independientes, este Comité vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas, que dispone la igualdad ante la ley de todas las personas, cualquiera sea la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, la opinión, el origen nacional o social, la fortuna, o "toda otra situación".

Rosalind es una española que nació en Nueva Orleans. Rosalind es una mujer cuya familia sufrió en carne propia la segregación racial. Rosalind pasó una noche en vela el 6 de diciembre de 1992 después de que le pidieran la documentación por ser negra. "¿Cómo es posible que pase esto en un país con una de las Constituciones más modernas de Europa?", se preguntaba una y otra vez durante aquella larga y tormentosa noche invernal. Su larga lucha, valiente y tenaz, muchas veces incomprendida, muy de americana que pelea por los derechos civiles, acaba de encontrar recompensa.

Diecisiete años ha tardado en encontrar la respuesta que buscaba. Diecisiete. Pero aquí está. El Comité de Derechos Humanos de la ONU le da la razón con un dictamen que le saca los colores al Tribunal Constitucional. El mensaje que llega desde Ginebra para el Estado español es bien claro: la policía no puede tratar de modo distinto a alguien por el color de su piel; la raza no debe ser usada como indicio de posible situación ilegal en los controles de identidad. Se trata de un dictamen no vinculante, sí, pero el Estado español deberá dar una respuesta en su condición de firmante del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

"Cuando me lo comunicaron el martes de la semana pasada no pude contener la alegría, no me lo podía creer", cuenta Rosalind Williams, de 66 años, en su casa del barrio de Malasaña, en Madrid. Lleva ya 40 años viviendo en España. Se casó con un español en 1968. "La paciencia y la persistencia tienen su recompensa", proclama, acomodada en su silla, con una botella de champán multicolor, con la leyenda Obama 2008, reposando sobre la chimenea del salón. "Estoy extasiada".

El origen de este largo via crucis judicial de más de tres lustros arranca una fría mañana de 1992. Era el día de la Constitución, casualidades de la vida, y Rosalind viajaba a Valladolid junto a su hijo, de 18 años, y a su marido, Tino Calabuig, para visitar a su cuñada. El coche estaba en el taller, así que se armaron de una colección de periódicos y tomaron el tren. Fue un viaje divertidísimo. Hasta que llegaron a la estación de Valladolid. Tino bajó del tren para ir a buscar las maletas y Rosalind empezó a andar por el andén, sola, cuando un apuesto caballero, rubio, alto y delgado, bien vestido, chaqueta de sport marrón, le pidió la documentación. A ningún otro pasajero que viajaba en ese tren le pidieron tal cosa.

Calabuig, curtido activista antifranquista, llegó enseguida y preguntó al policía de paisano que porqué se lo pedía a su mujer y a nadie más. "Porque tenemos instrucciones de identificar a gente como ella", recuerda el propio Calabuig que dijo el policía de paisano. El agente fue muy correcto en todo momento, pero pronunció las palabras "gente como ella".

Así arrancó esta historia de discriminación. Porque, como explicó en cierto momento del proceso un magistrado relacionado con el caso: si un ruso y un magrebí bajan andando por la rambla y paran sólo al magrebí por su raza, ¿no es eso una discriminación?

El policía de paisano pidió la documentación, la pareja Calabuig-Williams le pidió al policía su número de placa, y el asunto acabó en comisaría. La denuncia ante la policía se convirtió en denuncia ante el Ministerio del Interior, cuando el titular era el socialista José Luis Corcuera. Según la documentación de la defensa, que andaba entonces en manos del hoy secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, la propia asesoría jurídica del ministerio dictaminó el 8 de julio de 1993 que se había producido una discriminación, pero Interior no lo tuvo en cuenta y el caso pasó por la Audiencia Nacional, donde fue derribado por primera vez, y por el Tribunal Constitucional, donde lo acabaron de tumbar un 29 de enero de 2001. Fue entonces cuando Rosalind entró en depresión. Nadie había entendido su causa. "Me dolió la decisión del Tribunal Constitucional", dice ahora Diego López Garrido, "me dolió que un tribunal al que tengo tanto respeto fuera insensible ante esa situación".

La ONG Women´s Link Worldwide retomó el caso en 2004 y lo llevó ante el Comité de la ONU que acaba de dictaminar a favor de Rosalind Williams. Según Viviana Waisman, cofundadora de esta ONG, se trata de la primera vez que una instancia internacional emite un dictamen sobre estas prácticas de control policial considerándolas discriminatorias. Desde su despacho en Nueva York, James Goldston, director de la Open Society Justice Iniciative, una ONG que lucha por generar cambios legislativos que contribuyan a los derechos humanos, asegura que este dictamen será muy útil para la lucha contra estas prácticas a nivel internacional. "Es evidente que ése es un problema que no existe sólo en España, sino en toda Europa. La policía no puede tratarte de un modo distinto por el aspecto que tengas. Es humillante. Es fundamentalmente contrario a la idea de que todos somos iguales ante la ley".

El Estado español tiene 180 días por delante para informar al Comité de qué medidas toma referentes a este caso. Desde el Ministerio de Justicia, un portavoz recuerda que España recibe dictámenes con cierta frecuencia y que no son vinculantes. De hecho, hasta el año pasado, España ha sido demandada 105 veces ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con el resultado de quince condenas. Según señalan varios expertos, no es raro que estos dictámenes, al no ser de obligatorio cumplimiento, sean ignorados: el país informa al Comité, pero éste no dispone de ningún instrumento para forzar el cumplimiento de las recomendaciones. "No hace falta que Zapatero me reciba en la Moncloa", dice Rosalind Williams, comisaria de exposiciones, gran amante de la fotografía, "pero agradecería una expresión pública de disculpas y, ¿por qué no?, los 30.000 euros que pedimos en su momento por daños y perjuicios".

Cuando Rosalind no había cumplido aún un año, su padre, médico de profesión, fue apaleado en un pequeño pueblo de Luisiana. Había montado una clínica privada para formar a comadronas. Le apalearon de madrugada y le dijeron: "No queremos a negros con formación como tú que vengan a decirnos lo que hay que hacer".

La familia se mudó a San Francisco y el padre no contó nunca a sus hijos el traumático episodio. El pueblo se llamaba New Iberia. JOSEBA ELOLA - Madrid - 30/08/2009 EL Pais/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/02/09/2009

Al respecto, acotamos las siguientes puntualizaciones:

La demanda inicial de la Sra. Williams fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valladolid en 1997 y, más tarde, por el Tribunal Constitucional español.

Leído el dictamen (no vinculante) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A mi juicio, el caso fue, obviamente, un supuesto de discriminación, pero justificado. Los americanos llaman al fenómeno racial profiling.

Compuesto por 18 expertos independientes, este Comité vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas, que dispone la igualdad ante la ley de todas las personas, cualquiera sea la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, la opinión, el origen nacional o social, la fortuna, o "toda otra situación".

El Comité estableció que cuando las autoridades de un país efectúan controles de identidad, las características físicas o étnicas no pueden ser consideradas como un indicio de su residencia ilegal en su territorio.

Sin embargo, el Comité constató que no existen en España instrucciones escritas expresas pidiendo que se hagan controles de identidad tomando como criterio el color de la piel, y que no puede calificarse al país como "racista", pero dejó en claro que el principio de no discriminación en este caso fue claramente violado.

En consecuencia, el Comité ha emplazado a España a reparar el daño sufrido por Rosalind Williams Lecraf, decisión de cumplimiento obligatorio para cualquier Estado signatario del Pacto.

Sin embargo, no queda claro si van a indemnizar con los 30.000 euros que inicialmente se pidieron, tampoco se especifica cuán es exactamente la sanción.

El texto del Dictamen lo encuentran en el archivo adjunto.

http://www.womenslinkworldwide.org/ ir a equidades luego a géneros sin fronteras y abrir acción contra la decencia "documentos legales caso Rosalind"
http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ivettedurancalderon/309354_7777.pdf

Los brasileños constituyen, junto con los peruanos, una de las mayores comunidades de inmigrantes en Japón

En la provincia japonesa de Gunma residen varias colonias de brasileños que, en su mayoría disfruta de un visado especial

Un banco francés ofrecerá a partir de septiembre dos millones de yenes (14.873 euros) en becas para los estudiantes de un colegio brasileño de la ciudad de Oizumi, provincia de Gunma (centro de Japón), informó hoy el diario Sankei.

Las ayudas del banco "Société Générale" será distribuido entre 28 estudiantes de la escuela "Nippaku Gakuen" que obtengan buenos resultados o que participen en actividades voluntarias.

De los 174 estudiantes de esa escuela, ochenta de ellos tuvieron que dejar de asistir a clase desde diciembre ya que sus padres habían perdido el trabajo debido a la recesión económica en Japón y no podían pagar los costes del centro.

El banco francés contribuirá con el apoyo financiero a estos estudiantes con la esperanza de que la escuela se convierta en un puente de las relaciones entre Brasil y Japón.

"Estoy muy agradecida porque esto ayuda a todos los alumnos posibles a continuar estudiando", dijo Erika Tozawa, directora del colegio, al diario Sankei.

En la provincia japonesa de Gunma residen varias colonias de brasileños que, en su mayoría disfruta de un visado especial conocido como "nikkei".

Los brasileños constituyen, junto con los peruanos, una de las mayores comunidades de inmigrantes en Japón, que se concentran especialmente en las provincias de Shizuoka, Aichi y Gunma (centro del país), donde se encuentran muchas de las plantas de los fabricantes japoneses./LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/EFE/26/08/2009