La Voz del Inmigrante

Un total de 294.744 inmigrantes en Italia se acogieron a la disposición especial aprobada por el Gobierno que contempla que los indocumentados que desempeñen en el país una labor de ayuda y de apoyo de las familias italianas puedan obtener los papeles.

El Ministerio del Interior italiano informó hoy de esta cifra a través de un comunicado, tras la conclusión del plazo ofrecido para solicitar la regularización.

Asimismo, las mismas fuentes señalaron que se cumple "con las previsiones del Gobierno, que estimó que existían un total de 300.000 personas interesadas en el trámite", y apuntó que el mayor numero de solicitudes fueron para individuos de nacionalidad ucraniana (12,61%), seguidos por marroquíes (12,25%); moldavos (8,68%) y chinos (7,16%).

A pesar de esta afirmación del Gobierno, algunos exponentes de la oposición han tachado la medida de fracaso, como el comunista Paolo Ferrero, mientras asociaciones de voluntarios que trabajan en este ámbito, advirtieron de que muchas familias interesadas en regularizar a sus trabajadores del hogar desistieron por los requisitos económicos que se debían cumplir para llevar a cabo el trámite.

Según los últimos datos publicados el pasado 12 de agosto por el centro de estudios sociales italiano Censis, en Italia hay casi un millón y medio de asistentes del hogar y cuidadores de ancianos, de los que el 71,6 por ciento son inmigrantes irregulares.

Tras la entrada en vigor en Italia, el pasado agosto, de la nueva ley sobre seguridad que tipifica como delito la inmigración ilegal, fija multas de entre 5.000 y 10.000 euros en estos casos y agiliza el proceso de expulsión del país, el Gobierno emitió una disposición especial para los trabajadores del hogar.

Esta disposición se debió al riesgo que se corría de que un importante número de familias se quedara sin el apoyo necesario para ocuparse de sus ancianos y de las tareas del hogar.

Las familias y empresas que contaban con algún trabajador del hogar eran las únicas que podían llevar a cabo el trámite, para el que se dispuso un plazo de un mes.

Antes de iniciar esta solicitud telemática, los patrones debían pagar 500 euros, en concepto de condonación de las contribuciones no pagadas hasta el momento.

Otras de las condiciones estipuladas por el Ministerio para llevar a cabo las regularizaciones, eran que, tras pasar todos los exámenes necesarios, los colaboradores domésticos tenían que firmar un contrato laboral de al menos veinte horas semanales y pasar a cotizar a la Seguridad Social. EFE/LIVDUCA/La Voz del Inmigrante/02/10/2009