Con el titular de “Un falangista en el Constitucional”, el diario Público realizó ayer un extenso estudio sobre el pasado y el presente de uno de los jueces que conforman el Tribunal Constitucional. El magistrado Roberto García-Calvo destaca por su conservadurismo y su protagonismo en la provincia de Almería en la recta final de la Dictadura.

De los duros
Ultraconservador y reticente a la apertura del Régimen, García-Calvo se mantuvo en el cargo de Gobernador Civil entre abril de 1976 y marzo de 1977 en Almería –como también informó hace unos meses elplural.com. No obstante, en este breve período, García-Calvo dejó una fuerte impronta: varias huelgas reprimidas sin miramientos y un asesinato sin resolver, el del joven militante de la Joven Guardia Roja Javier Verdejo, abatido por la Guardia Civil cuando realizaba una pintada con espray.

Represor
Según puede leerse en el periódico dirigido por Nacho Escolar, cuando le dieron el aviso, el ahora juez del Constitucional García-Calvo estaba de cena en Cabo de Gata y se limitó a tomar otra copa. Sus reacciones posteriores se caracterizaron por la dureza de la represión contra las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar en la provincia con motivo del asesinato del joven y su ciego apoyo a los guardias civiles implicados en el caso.

“Más que negociar, amenazaba”
Calificado por algunos sindicalistas de la época de “represor”, el juez García-Calvo protagonizó más episodios violentos en las zonas más pobres de Almería, en una época durante la cual las huelgas se reproducían por toda España. Los tiempos comenzaban a cambiar, pero la evolución se detenía para algunos, como García-Calvo, que, “más que negociar, amenazaba”.

Ahora, “constitucionalista”
Con un franquismo ya más que fenecido, García-Calvo se considera hoy “constitucionalista”, al igual que muchos miembros del PP con un pasado ligado al régimen dictatorial. Un currículo que no levanta esperanzas de cara al futuro de las reformas progresistas emprendidas por el Ejecutivo de Zapatero, algunas de las cuales tendrán que pasar por el Tribunal Constitucional, al que el ex gobernador civil de Almería todavía pertenece.