La historia edulcorada por la actual jerarquía católica ante la próxima beatificación de los llamados 498 "mártires españoles del sigloXX" se salta siempre la misma página. Dieciséis curas y religiosos vascos fueron asesinados por las tropas franquistas en Euskadi sin renunciar tampoco a su fe.
"Todos los asesinatos son condenables, pero no todos los asesinados son mártires", señaló el pasado martes el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, preguntado por esta causa olvidada.
Entre los 498 nuevos beatos de la Guerra Civil hay elementos comunes. Todos murieron de manera trágica en el umbral del conflicto o avanzado el verano de 1936. Todos han sido desde entonces ensalzados por la Iglesia del poder nacional católico. Todos han ocupado un lugar en su recuerdo y en sus oraciones. Pero ninguno murió por orden del bando franquista. Eso les diferencia y les garantiza un lugar en la memoria de la Iglesia, que ha resultado ser tan coincidente en lo temporal con la agenda del Gobierno, como selectiva en cuanto a su rigor histórico.
Durante la presentación de los actos que coronarán esta causa de beatificación masiva el próximo 28 de octubre en la plaza de San Pedro del Vaticano, Juan Antonio Martínez Camino negó cualquier discriminación hacia los religiosos asesinados por orden del bando sublevado. Casualidad o no, ninguno ha sido elevado aún a la gloria del Vaticano.
Martínez Camino lavó sus manos y las del episcopado. Se excusó señalando que las causas sobre la posible santidad de una persona no las inician los obispos, sino los fieles. "La conciencia del pueblo de Dios es donde está depositada la fama de santidad o de martirio", concretó. Cuando se presenta una causa "no hay prejuicio previo que cierre el camino a nadie", dijo el portavoz de los obispos.

Sacerdotes depurados
Pero nadie ha iniciado causa alguna a favor de sacerdotes o religiosos asesinados por las balas del bando fascista. Su memoria sigue viva sólo en los archivos de historia.
El golpe de Estado de Franco fracasó inicialmente en Guipúzcoa. La columna del general Mola entró en San Sebastián el 3 de septiembre de 1936. Como en el resto de España, ocupación se convirtió en sinónimo de depuración. Republicanos y nacionalistas vascos fueron el primer objetivo. La sotana no fue, en esta ocasión, un salvoconducto. Dos curas de Rentería, Gervasio de Albizu y Martín de Lekuona fueron los primeros. El 8 de octubre de 1936 eran fusilados sin renunciar a sus convicciones religiosas ni a sus ideas nacionalistas.

Durante las tres semanas siguientes serían ejecutados por el bando rebelde 14 religiosos más, entre ellos el cura y escritor José de Ariztimuño, un teórico del nacionalismo.

No fueron hechos aislados. En un territorio en el que el nacionalismo está fuertemente ligado al fenómeno religioso, el asesinato de sacerdotes era algo más que un simple aviso.

Franco obedece al cardenal
"Tenga Su Eminencia la seguridad de que esto queda cortado inmediatamente", respondió Franco al primado de los obispos españoles, el cardenal Isidro Gomá, cuando éste se quejó ante el general tras tener conocimiento de las ejecuciones de religiosos vascos.

Cuenta también el historiador Julián Casanova que a los 16 curas asesinados "se les tomó declaración en juicio sumarísimo antes de la ejecución. Los fusilaron vestidos de seglar, de noche, para evitar publicidad, avisados poco antes para evitarles sufrimientos morales". Dos jesuitas estuvieron con ellos en un improvisado confesionario, en el interior de un automóvil.

Gomá detuvo los asesinatos. La jerarquía de la Iglesia, "identificada y fusionada con las armas franquistas, hablaba con quien tenía que hablar y presionaba a quien tenía que presionar. Ése era el método. Y lo podían haber utilizado para truncar bruscamente los asesinatos de muchas más personas, de miles de ellas. Pero no eran sacerdotes, sino ‘rojos' y ‘canalla marxista' por los que no valía la pena incordiar al Generalísimo", escribe Casanova en La Iglesia de Franco, un manual de referencia sobre este episodio de la historia.

La represión de Franco contra el clero vasco, no se detuvo ahí. Decenas de curas y religiosos fueron encarcelados. El obispo de Vitoria, Mateo Múgica, favorable a la sublevación, acabaría siendo una excepción dentro de la complaciente jerarquía católica.

El obispo exiliado
Múgica protestó por los abusos del bando sublevado contra clérigos y creyentes en su diócesis. Se quejó y acabó por convertirse en un exiliado. Instalado en Roma desde mediados de octubre de 1936, Múgica no regresó a España hasta diez años después. Fue condenado al ostracismo hasta su muerte. Su pecado fue de omisión. No firmó la "Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero", encargada por Franco al cardenal Gomá. Un pacto firmado en julio de 1937 que uniría para siempre a la dictadura con la jerarquía de la Iglesia.