Ara

El escrito de acusación del Abogado del Estado, con toda la carga que contiene que un Gobierno recuse por parcialidad a dos magistrados del Tribunal Constitucional, es el último episodio de una guerra iniciada el pasado año con la recusación por el PP del magistrado Pablo Pérez Tremps para conseguir desnivelar el Pleno para asegurarse una sentencia favorable a la inconstitucionalidad del Estatuto catalán.

Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, fue recusado por el PP porque antes de acceder al alto tribunal había elaborado un informe sobre las relaciones exteriores de Cataluña, por el que cobró unos honorarios de 6.000 euros. Aunque se trataba de un dictamen elaborado en su condición de profesor y él alegó que sólo había recogido lo que dice la Constitución, el PP le recusó por haber participado en el asunto objeto del pleito, una de las causas de recusación del artículo 219.13 de la Ley del Poder Judicial (que es también una de las causas por las que ayer el Gobierno recusó a Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata).
Para conseguir la recusación de Pérez Tremps y expulsarle del pleno del Estatuto catalán, el PP diseñó una auténtica operación de ingeniería procesal.
El 2 de noviembre de 2006, a las diez de la mañana, el Pleno del Constitucional debía examinar la recusación del magistrado Pérez Tremps por parte del PP, y la de García-Calvo por parte de la Generalitat de Cataluña. Nada hacía presagiar que el resultado fuera otro que el de rechazar ambas recusaciones y que el Estatuto siguiera su rumbo.
Pero poco antes de iniciarse el Pleno, a las 9.15, el PP presentó por sorpresa en la ventanilla de registro del tribunal un escrito encabezado por el diputado Federico Trillo-Figueroa, en el que recusaba también a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. El motivo era aparentemente fútil: su marido, el catedrático Jesús Leguina Villa, había realizado tiempo atrás un dictamen sobre el Estatuto catalán, lo que, según el PP, comprometía la imparcialidad de la presidenta. Cuando Casas llegó al tribunal para asistir al Pleno, se encontró con que había sido recusada y no podía participar.
El PP, en realidad, no esperaba que prosperase la recusación, -que fue rechazada de plano-, sino que lo que la maniobra pretendía era sacar a la presidenta del Pleno. Dado que el progresista Pérez Tremps y el conservador García-Calvo no podían asistir por estar recusados, inicialmente había un tribunal de 10 magistrados. Al salir la presidenta, el Pleno quedó reducido a nueve: cinco conservadores y cuatro progresistas.
Con los conservadores disponiendo de la mayoría, las cartas quedaron boca arriba: la operación consistía en salvar la recusación de la presidenta a cambio de salvar la de García-Calvo y dejar la de Pérez Tremps para otro día. Esa misma noche se rechazó de plano y por unanimidad la recusación de María Emilia Casas en medio de grandes protestas por la "extemporánea" intentona del PP para apartar a la presidenta del Pleno.
Con María Emilia Casas reintegrada al Pleno, dos días después los concluyeron las deliberaciones: los progresistas, incluida Casas, eran partidarios de rechazar las dos recusaciones restantes. Pero los cinco conservadores exigieron rechazar la recusación de García- Calvo y tramitar -sólo tramitar, no aceptar- la de Pérez Tremps. María Emilia Casas pudo haber evitado ese resultado con su voto de calidad, pero no lo hizo, puesto que con anterioridad, tres de los conservadores habían rechazado la misma recusación de Pérez Tremps en un recurso de amparo del PP contra la tramitación del Estatuto catalán.
Por tanto, Casas votó con los conservadores a favor de tramitar la recusación de Pérez Tremps. La de García-Calvo fue rechazada por unanimidad.
Y con García-Calvo reintegrado al Pleno, se afrontó la tramitación de la recusación de Pérez Tremps. Es decir, el Pleno sobre la recusación se resolvió con los seis magistrados conservadores al completo y cinco progresistas a falta de Pérez Tremps. Aunque los progresistas confiaron hasta el último momento que contarían al menos con el voto del conservador Vicente Conde, éste cambió de bando con el resultado conocido: Pérez Tremps fue expulsado del Pleno y el Estatuto catalán será juzgado por seis conservadores y cinco progresistas.
La expulsión del Pleno de Pérez Tremps, primera que se aceptaba por el Tribunal en toda su historia, abrió la puerta a todas las furias. La Generalitat, viendo el Estatuto perdido, contratacó recusando al conservador Jorge Rodríguez-Zapata, por un motivo muy parecido, para nivelar el Pleno. Pero los progresistas mantuvieron la misma posición que en la recusación de Pérez Tremps y tres conservadores que habían cambiado su posición con Pérez Tremps volvieron a cambiarla con Rodríguez-Zapata y la recusación de éste se rechazó por unanimidad.
La inestabilidad del Tribunal hizo que el pasado mes de mayo, el Gobierno introdujese una enmienda en la reforma de la ley del Tribunal para reforzar la posición de la presidenta y evitar que, al concluir su mandato en junio, los conservadores pudieran sustituirla por un magistrado de mayor edad. Así, introdujo en la ley un precepto para prorrogar el mandato de Casas hasta su renovación.
La maniobra provocó la carta de García-Calvo y Rodríguez-Zapata expresando su discrepancia con la ley, carta por la que ayer han sido recusados. Unos días después, el PP interpuso su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. La presidenta y el vicepresidente se abstuvieron, y el jueves, el tribunal presidido por Vicente Conde, las aceptó y dejó el Pleno reducido a 10 magistrados. Con las recusaciones de ayer, pueden quedar reducidos a ocho.

El Gobierno recusa a dos magistrados del Constitucional por falta de imparcialidad