Ara

El PP recusó ayer a tres magistrados progresistas del Tribunal Constitucional usando como única prueba informaciones publicadas en periódicos. En ellas se indicaba que los tres magistrados progresistas, en una conversación de la que no existen actas ni grabaciones, se manifestaron a favor de la Ley del Gobierno que prorrogaba el mandato del Tribunal Constitucional.

Texto íntegro de las recusaciones

DOCUMENTO (DOC - 75Kb) - 26-10-2007

En base a esas supuestas conversaciones, los populares entienden que tienen "interés directo o indirecto en el pleito" y no pueden intervenir en las deliberaciones.
62 diputados del PP, entre los que no se encuentran ni su presidente, Mariano Rajoy, ni su portavoz, Eduardo Zaplana, firmaron y entregaron ayer en el Constitucional el escrito de recusación de los magistrados Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala.
Tras aludir en su escrito a las informaciones de prensa, el PP aclara que lo hacen "sin pretender convertir en fuente del Derecho la invocación de algún diario de la mañana".
El recurso que presentó el Gobierno contra dos magistrados conservadores esgrimía un escrito firmado por ambos y presentado a la presidenta del Tribunal Constitucional en el que manifestaban su oposición a la Ley del Gobierno.

Réplica al Gobierno

Pese a que la recusación del PP se basa en recortes de prensa, los populares mezclan la contundencia -"se debe concluir que los señores magistrados recusados tomaron postura de forma inequívoca, radical y decidida"- con el condicional -"de ser cierta esta información..."-. El PP insiste en que formular esta recusación les resulta "penoso", pero que está "incitada" por la precedente recusación de dos magistrados del Constitucional por parte del Gobierno y piden que se acumulen para que se tramiten de forma conjunta, lo que deja al pleno del Constitucional sin quórum para tomar decisión alguna ya que de los 10 magistrados que lo componen ahora, hay cinco recusados que no podrían intervenir. El pleno no se puede reunir si tiene menos de ocho miembros.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, declaró ayer: "En nuestro sistema constitucional la paralización de la jurisdicción constitucional equivale a un incumplimiento de la Constitución y supone una quiebra grave del modelo de Estado que ésta consagra. Los ciudadanos tienen que tener la conciencia y la seguridad de que el Constitucional resolverá la situación. No podría ser de otra manera", informa Efe.
El PP solicita como "prueba testifical" la declaración de Casas para que confirme si la supuesta reunión transcurrió como decían las informaciones de prensa. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, juzgó ayer en Lanzarote la decisión del PP como una "completa irresponsabilidad", que se une a la estrategia de no renovar el Consejo del Poder Judicial con el fin de "arrasar" las instituciones.

El Estado Constitucional es el principio de legitimación democrática. Toda la vida del Estado en sus diversas manifestaciones es y no puede no ser expresiones diversas de dicho principio. La Constitución no hace más que canalizar jurídicamente de manera directa las más importantes de dichas expresiones y sentar las bases para que las demás normas del ordenamiento jurídico canalicen las demás.

En nuestro ordenamiento las dos máximas expresiones del principio de legitimidad democrática son la reforma de la Constitución y la reforma de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 CE. Son las dos únicas en las que se combina la exigencia de mayorías cualificadas con la participación directa de los ciudadanos mediante referéndum.
Entre ambas hay, pues, similitudes, pero hay también diferencias. Una fundamental: la manifestación de voluntad en el caso de la reforma de la Constitución es exclusivamente estatal. La voluntad la constituyen exclusivamente las Cortes Generales por mayoría de tres quintos, siendo el referéndum potestativo (art. 167 CE) o por mayoría de dos tercios en dos legislaturas consecutivas con referéndum obligatorio (art. 168 CE). Es una decisión estatal de principio a fin. Las Cortes Generales que "representan al pueblo español" (art. 66.1 CE) manifiestan la voluntad del Estado y el pueblo español directamente en referéndum ratifica o no dicha manifestación de voluntad parlamentaria.
En el caso de la reforma de los estatutos de autonomía del artículo 151 CE, la formación de la voluntad de reforma es exclusivamente autonómica en su origen. Únicamente el Parlamento de la comunidad autónoma puede expresar esa voluntad de reforma. Para ello, el Estatuto de Autonomía de Cataluña exige una mayoría de dos tercios mientras que el de Andalucía exige una mayoría de tres quintos. Así se constituye la voluntad de reforma estatutaria coherentemente con el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 CE.
Ahora bien, la voluntad de reforma constituida a través de esta mayoría cualificada, tiene que ser revisada por las Cortes, a fin de comprobar que el ejercicio del derecho a la autonomía no es incompatible con el principio de unidad política del Estado, en el que el propio derecho a la autonomía encuentra su fundamento y límite. Para esta revisión, la Constitución exige una mayoría cualificada, la mayoría absoluta que tiene que tener el Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, dado su carácter de Ley Orgánica (art. 81 CE). Pero no exige la mayoría cualificada de la reforma de la Constitución. Es lógico que así sea. Si se exigiera la mayoría cualificada de la reforma constitucional, el ejercicio del derecho a la autonomía en el proceso de reforma estatutaria quedaría vaciado de contenido.
Este procedimiento de reforma estatutaria se ha respetado escrupulosamente tanto en la reforma del estatuto catalán como en la del andaluz. Las manifestaciones de voluntad de reforma del los Parlamentos catalán y andaluz han sido revisadas, y revisadas profundamente, por las Cortes Generales. Y el resultado de esas revisiones ha sido ratificado en referéndum. Sin brillantez, pero con mayorías aplastantes.
El PP no ha aceptado estos procesos de reforma. Y no los ha aceptado porque no disponía en los Parlamentos catalán y andaluz de parlamentarios suficientes para contribuir decisivamente a la formación de la voluntad reformadora. En lugar de aceptar la decisión de los ciudadanos de Cataluña y Andalucía que no han querido que el PP fuera el árbitro de la reforma de sus estatutos y que, por eso, le han dado la representación que le han dado, el PP se ha empeñado en argumentar que las reformas estatutarias son realmente reformas constitucionales y que se debería exigir en las Cortes Generales la mayoría cualificada de la reforma constitucional.
Esta posición carece constitucionalmente de toda justificación. Pero al PP le ha dado igual. Una vez que no ha podido impedir las reformas estatutarias en los Parlamentos autónomos y estatal, ha decidido acabar con ellas en el Tribunal Constitucional. Y como se temía que el Tribunal en su composición actual no le iba a dar la razón, ha puesto en marcha un mecanismo diabólico de manipulación política del mismo para conseguir su objetivo.
En el fondo lo que hay en todo este proceso es una pretensión por parte del PP de quebrar el principio de legitimación democrática. El PP únicamente está dispuesto a aceptar el resultado del principio de legitimación democrática cuando tal resultado coincide básicamente con su posición política. No exige que coincida al cien por cien, pero sí en un porcentaje muy alto. Si no es así, no le importa romper las reglas del juego. Es lo que está ocurriendo.
El principio de legitimidad democrática es lo que da racionalidad a la vida política. Si se lo pone en cuestión, es imposible que se desarrolle con un mínimo de orden.

FERNANDO GAREA - madrid - 26/10/2007 19:15

El escrito de recusación que el PP presentó ayer en el Constitucional tiene un desfase temporal evidente en su argumentación y se apoya en algo que ocurrió después de decidir presentarlo. Dicho de otra forma, el Grupo Popular empezó a preparar la recusación y a recoger firmas para ponerla en marcha antes de que se produjera el hecho que la motiva.


El escrito se apoya y cita expresamente una información del diario El Mundo que aseguraba que, en una reunión privada el pasado 12 de junio, los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala se pronunciaron a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Ese hecho sirve para intentar demostrar que los tres magistrados objeto de la recusación emitieron un juicio previo al recurso del PP contra esa ley y que, por tanto, están inmersos en la misma contaminación que el Gobierno atribuye a otros dos conservadores.

El problema es que esa noticia se publicó el jueves 25 de octubre y el PP decidió la recusación y puso en marcha la recogida de firmas entre sus diputados un día antes. Es más, Público informó ese mismo día de la triple recusación.

La decisión se tomó el miércoles a mediodía en una reunión presidida por Rajoy en las inmediaciones del Congreso, con presencia de dirigentes del PP. No sólo no hubo unanimidad, sino que se escucharon voces en contra de presentar la recusación, por entender que se caía parte del discurso de los últimos días en contra de la decisión del Gobierno de intentar apartar a dos magistrados, según ha sabido este periódico.

Obviamente, los dirigentes del PP tenían conocimiento ya en ese momento, al menos, de que hubo una reunión en junio en la que tres magistrados del llamado bloque progresista mostraron su conformidad con la reforma de la Ley.

Sobre las 17 horas del miércoles se puso en marcha en el Congreso el mecanismo para recoger las firmas entre los diputados para avalar el escrito. Hasta unas horas después no se conoció públicamente la información de la reunión. Por si había duda, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, admitió ayer en rueda de prensa que las firmas se recogieron el miércoles, un día antes de la información que motiva las recusaciones.

Rechazada por extemporánea

El escrito se ve obligado a citar la noticia de la reunión, porque en caso contrario no tendría sentido plantear una recusación más de cuatro meses después de producirse el acontecimiento que lo motiva. Es decir, la recusación podría ser rechazada por extemporánea, salvo que se basara en una información nueva.

De hecho, fuentes del sector progresista del TC aseguran que estudian inadmitir de plano la recusación, por estar fuera de plazo. Además, sin esa información, el PP tendría que explicar cómo conocido esa reunión en la que sólo había siete magistrados.

En la reunión de junio estaban presentes los tres magistrados que quiere apartar el PP; la presidenta María Emilia Casas; el vicepresidente Guillermo Jiménez y los conservadores Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García-Calvo.

Obviamente, el PP pudo conocer a través de alguno de ellos el contenido de la reunión. García-Calvo es uno de los magistrados conservadores que el Gobierno ha recusado y que el Grupo Popular quiere salvar. El texto de la recusación ha sido redactado por el ex ministro y diputado Federico Trillo, amigo del magistrado Rodríguez Zapata, impugnado por el Gobierno. El escrito se cuida de pedir la acumulación de las recusaciones para bloquear el TC y evitar que se vean antes las del Ejecutivo.

La recusación del Gobierno está basada en una carta que firmaron García-Calvo y Rodríguez-Zapata en la que se pronuncian en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal, cuando aún no había recurrida por el PP. La recusación presentada por el Grupo Popular se fundamenta en la celebración de esa reunión privada y, por la ausencia de pruebas documentales, el PP pide en su escrito que declare la presidenta, que estaba presente.

Fuentes del TC aseguran que Rajoy pidió disculpas personalmente a Casas por haber planteado hace un año su recusación por actividades de su marido. Esa recusación fue rechazada de plano.