La Conferencia Episcopal ya emitió en febrero pasado una declaración exhortando a los católicos "a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable, tanto en la forma como en el fondo". Los obispos tenían entonces "muchas dudas acerca del modo adecuado de responder" a lo que llamaban un "desafío" del Ejecutivo socialista. Ahora dan un paso al frente de combate. "Los medios de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos" -en consecuencia, no mencionan ninguno en particular-, pero "la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias", dicen.
Proclaman los obispos: "Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros, ni en los estatales ni en los de iniciativa social. Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos debemos mostrarnos unidos en su defensa".
La tesis de los prelados es que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha introducido en el sistema educativo una nueva asignatura obligatoria, conocida como Educación para la ciudadanía, "cuyo objetivo es la formación de la conciencia moral de los alumnos". "La publicación de las correspondientes disposiciones de las Comunidades autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ése es el objetivo de la nueva asignatura", afirma la declaración emitida ayer por la Comisión Permanente episcopal.
Sostienen los prelados que el temario de la nueva asignatura "implica una lesión grave del derecho inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos". "El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral. Su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social", afirman.
Pese a reiterados desmentidos de las autoridades educativas, el episcopado cree que con la introducción de la Educación para la ciudadanía en la LOE, "el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho". Otra cosa sería si el Gobierno "se hubiera atenido a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos. Hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable", dicen.
El episcopado exhibió ayer otro motivo de gran disgusto con el Gobierno socialista, a propósito de la nueva regulación laboral de los profesores de religión católica en la escuela pública. Estos docentes son contratados y pagados por el Estado, pero los obispos quieren seleccionarlos a capricho para cada curso escolar, en la idea de que están sometidos al derecho canónico y no bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores y el derecho español. La Conferencia Episcopal dijo ayer que la nueva regulación es radicalmente ilegal, no excluyendo "ejercer acciones legales para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente".