Ara

El Arzobispado recurre ante la Audiencia Nacional para frenar el movimiento apóstata

La Agencia de Protección de Datos da la razón a los solicitantes y obliga a la Iglesia a anotar su baja

Alfons Garcia, Valencia

El Arzobispado de Valencia se ha manifestado dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para no plegarse a la voluntad de aquellos que solicitan ser borrados de los registros y libros de bautismo de la Iglesia católica, acción que es conocida formalmente con el nombre de apostasía. Tras diversas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que estimanlas reclamaciones de los que renuncian a la fe, la actuación de la curia eclesiástica valenciana ha sido recurrirlas todas ellas ante la Audiencia Nacional. En este punto, la curia que preside Agustín García-Gasco ha marcado una diferencia con otros obispados de España, que han optado por abandonar la batalla y obedecer el mandato del citado organismo estatal.

El movimiento apóstata es un fenómeno que ha emergido en la escena pública en los últimos años. En la Comunitat Valenciana ha tenido especial fuerza, con varios actos colectivos ante los palacios episcopales. La primera acción fue el 17 de febrero de 2004, cuando 55 personas presentaron sus solicitudes de apostasía de forma conjunta en el Arzobispado de Valencia. Era, dijeron entonces, la forma de expresar su indignación ante un documento de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que arremetía contra los lobbies homosexuales, relacionaba la violencia de género con la revolución sexual y defendía la castidad. Otro acto masivo de apostasía tuvo lugar días antes de la visita del Papa a Valencia, el pasado mes de julio. Según los organizadores de esta campaña, que contó con el respaldo de la plataforma Jo no t'espere, presentaron cerca de mil solicitudes y aún hoy, aseguran, continúan recibiendo escritos de ciudadanos interesados en apostatar. Además, entre una y otra acción, algunas personas han ido presentando sus peticiones en el palacio episcopal.
La respuesta del arzobispado ha sido la de rechazar una por una estas solicitudes, aunque no siempre con los mismos argumentos. Ante ello, algunos han optado por reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Uno de los que ha llegado hasta el final en este camino es Albert Villanova, quien además ha creado una web (apostasia.es) para ayudar a aquellos que empiezan. De acuerdo con los datos recopilados por Villanova, el citado organismo ha resuelto ya quince denuncias contra el Arzobispado de Valencia. En todos los casos, Protección de Datos estima la petición de los usuarios e insta a la Iglesia local a anotar en la partida de bautismo de estos que han ejercido «el derecho de cancelación».
Sin embargo, la actuación hasta ahora del arzobispado, explicó Villanova, ha sido recurrir estas resoluciones administrativas ante la Audiencia Nacional. El argumento principal que utiliza la curia eclesiástica valenciana son los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede (conocido como concordato). En el apartado II.6 del referido a asuntos jurídicos se dice que el Estado y la Iglesia garantizarán la inviolabilidad y la confidencialidad de los archivos y registros de la CEE, «que no pueden ser cancelados», según recoge textualmente.
No obstante, Protección de Datos entiende que aunque los libros de bautismo no son un fichero de miembros de la Iglesia, sí son una base de datos de carácter personal y, por tanto, han de ser «exactos y puestos al día», según la ley. De ahí, la exigencia al arzobispado de que haga constar en los libros que estas personas han solicitado la baja.

Los que renuncian a la fe quieren medidas más drásticas

A. G., Valencia

El Arzobispado de Valencia no es el único que ha recurrido ante la Audiencia Nacional las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos. También algunos apóstatas lo han hecho al no satisfacerles completamente la respuesta recibida. Es el caso de Albert Villanova, quien defiende que no es suficiente con una anotación en los libros de bautismo que diga que han ejercido el derecho de cancelación. «Lo que deberían hacer es borrarnos», afirma. El movimiento apóstata considera que la Iglesia utiliza estos datos a la hora de medir su representación en la sociedad y, por ello, ve insuficiente una anotación en los libros.

Villanova ha presentado asimismo alegaciones ante al alto tribunal a los planteamientos del arzobispado, fundamentados en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Según explica este promotor de las renuncias, estos convenios nunca pueden estar por encima de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como es el de la libertad de religión, asevera.
Tras la fase de alegaciones, las partes están a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional a alguno de los recursos, la cual dictará jurisprudencia. Según Villanova, además de las actuaciones del Arzobispado de Valencia, en el alto tribunal hay otro proceso similar por el caso de un ciudadano de Madrid, también a la espera de resolución.

Quedaría el Tribunal Supremo

Si el fallo no es satisfactorio, la jerarquía eclesiástica podrá aún dirigirse al Tribunal Supremo en defensa de sus argumentos.
El hecho de que la curia valenciana haya acudido a la Audiencia Nacional se debe a que las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos sólo son recurribles ante este tribunal estatal, ya que afectan a un derecho fundamental, como la reserva de los datos personales.