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El Tribunal Supremo explicó ayer por qué decidió el viernes pasado cortar las subvenciones públicas al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) pero no suspender sus actividades como partido, al igual que hizo con Acción Nacionalista Vasca (ANV), la otra marca con la que opera la ilegalizada Batasuna. La sala especial del alto tribunal precisa que el embargo de las subvenciones públicas que recibe la formación es perfectamente ajustado a derecho porque no se pueden financiar con fondos públicos unas actividades supuestamente ilegales, pero además, precisa que la medida adoptada es perfectamente reversible, ya que en el caso de que el alto tribunal decidiera no ilegalizar a PCTV, los fondos en cuestión podrían ser reintegrados de inmediato al partido político en cuestión.

Auto PCTV

DOCUMENTO (PDF - 137Kb) - 11-02-2008

Sin embargo, el Supremo se opone de manera tajante a la suspensión con carácter general de las actividades como partido del PCTV. Y ello porque, como ha señalado en reiteradas ocasiones, uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico español es el del pluralismo político.

El Supremo entiende que es más importante, ya que el proceso sobre la ilegalización de PCTV será resuelto en muy pocos meses, que esta formación pueda seguir funcionando como tal, y considera que la suspensión de actividades o el bloqueo de sus cuentas bancarias sería desproporcionado e innecesario.

La decisión del Supremo se produce en el marco del proceso civil de ilegalización del PCTV, que es sustancialmente distinto del procedimiento penal que el juez Baltasar Garzón instruye contra la nueva cúpula de Batasuna y los partidos políticos ANV y PCTV, que considera que están siendo utilizados por la banda terrorista ETA.

Es en ese proceso en el que Garzón ha suspendido de actividades tanto al PCTV como ANV, por lo que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado han quedado sin contenido.

Garzón ya paralizó la actividad de ambos partidos, bloqueó sus cuentas bancarias, cerró todas las sedes y congeló las subvenciones públicas que recibían. También prohibió la proclamación de candidaturas de ANV a las próximas elecciones -el PCTV no se presenta- y ordenó la suspensión de todos los contratos de servicios, como agua, luz, telefonía o acceso a Internet. Por último, les ha prohibido convocar manifestaciones o ruedas de prensa.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este lunes que la desaparición de la banda terrorista ETA "no está más lejos que antes, está más cerca, porque su apoyo social es cada vez menor". En una entrevista con Iñaki Gabilondo en Cuatro, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que "no hay ninguna expectativa de diálogo con la banda, que sólo tiene un destino: abandonar definitivamente la violencia".

Zapatero se ha referido también a la resolución del Tribunal Supremo sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). En concreto, a la insinuación del Supremo de que podría haberse iniciado antes el proceso de ilegalización. Sobre esta cuestión, Zapatero ha precisado que el alto tribunal no ha dicho eso, sino que "se podía intuir". Una "intuición no es una prueba", ha matizado.

Para el presidente es "lógico y normal" que haya sido "al cabo de un cierto tiempo" cuando se presentara la petición de ilegalización, "cuando se han ido acumulando pruebas y datos, porque ANV emergió de una situación de escasísima represenación y con el tiempo se ha ido demostrando la confluencia, coordinción y el estar siendo en el fondo una sucesión de la ilegalizada Batasuna".

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a criticar la oposición que ha hecho el PP con la política antiterrorista a lo largo de la legislatura y le ha reprochado su "estrategia de dividir a la sociedad", convencido de que "lo que quieren los ciudadanos y lo que no le gusta nada a ETA" es la unidad de Gobierno y de oposición. A su juicio, el país quiere y necesita lealtad a los principios, al Estado y a los valores y el líder del PP, Mariano Rajoy, no la ha tenido.

Contrato inútil

En cuanto a la inmigración, uno de los temas estrella de la precampaña, Zapatero ha acusado a Rajoy de mentir con las cifras que maneja sobre inmigración ilegal. "No hay un millón cien mil inmigrantes ilegales [como sostiene el líder del PP]. Es una cifra falsa. Había, cuando llegué al Gobierno, 750.000 inmigrantes ilegales herencia del Ejecutivo del PP y de Mariano Rajoy, al frente del Ministerio del Interior entonces, por lo que no tiene la más mínima credibilidad para hablar de inmigración ilegal, cuando durante su mandato se llegó a un record".

Además, ha asegurado que cuando Rajoy habla de los inmigrantes ilegales con frases como "yo haré que se vayan" lo que hace es "es engañar a la gente, porque los países de donde son (los inmigrantes) tienen que admitírtelos". "Eso es lo que estamos haciendo nosotros, firmar acuerdos con países africanos", ha añadido, insistiendo en que Francia ha pedido a España hacer repatriaciones conjuntas de inmigrantes.

Zapatero ha asegurado que el contrato que propone el PP para ordenar el flujo de inmigrantes que llegan cada año a España "no sirve para nada, es inútil". En opinión del presidente del Gobierno, el único contrato que deben de firmar los inmigrantes es "el código de nuestras leyes", es decir el respeto a la legislación española, como el resto de ciudadanos. "Soy partidario de ser estricto con la legalidad [...] pero soy y debo estar obligado a que los inmigrantes que trabajen legalmente en España tengan derechos y deberes".

También ha censurado las declaraciones de Miguel Arias Cañete, que hace días atribuyó las listas de espera en la Sanidad pública a los inmigrantes. Zapatero ha dicho que ese discurso divide y lo que hay que hacer en este tema es lo contrario, un "discurso de convivencia".

Revisión de relaciones

El jefe del Ejecutivo también ha sido preguntado por las relaciones con la Iglesia católica que han sufrido un deterioro en los últimos meses tras las duras críticas vertidas por los obispos, que llegaron a acusar al Ejecutivo socialista de querer "disolver la democracia".

Zapatero no ha descartado una posible revisión de las relaciones con la Iglesia católica, pero ha dejado claro que en todo caso no será como una "reacción fruto de los ataques". En todo caso, el presidente ha dejado claro que él no desea revisar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede "por lealtad a la Constitución", que habla de una "relación especial" con la Iglesia católica.

"Si hay que reformar cosas las reformaremos pero con diálogo y con tranquilidad", ha dicho.

Zapatero ha dicho también que si gana las elecciones el PSOE no propondrá una reforma de la ley del aborto, sino "una reflexión", y que "podría haber una reforma" si hay necesidad y "el más amplio consenso. "Me gustaría tener una actitud favorable al consenso de todas las fuerzas políticas", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno protegerá los derechos de la mujeres que abortan conforme a la ley "ante determinadas campañas que no buscan que se cumpla la ley, sino que se derogue".

Por otro lado, ha recordado que el programa electoral socialista no prevé abordar la eutanasia, y en este punto ha aprovechado para expresar su apoyo a los médicos que, "desde su honestidad profesional y con el consentimiento de los familiares" están "aplicando cuidados paliativos ante situaciones irreversibles para aliviar el dolor", en lugar de "prolongar el dolor y hacer morir sin dignidad". "Entra dentro de la deontología profesional", ha afirmado.

Por ello, ha considerado "enormemente preocupante" la "campaña" sufrida por los médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y ha denunciado que esta "campaña" tuvo el apoyo del Gobierno regional liderado por Esperanza Aguirre.