CV. 24/03/2008.

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Fomento emite un informe desfavorable al PAI Marina Golf d'Or por su impacto sobre la AP-7

El Ministerio de Fomento ha emitido un informe desfavorable para la aprobación del PAI Marina d'Or Golf al considerar que se deben "aclarar y definir" cuestiones relativas a la ejecución de infraestructuras aún sin proyectar, y por los "impactos negativos" que tendría sobre la AP-7 la práctica de ese deporte.

EFE El informe, hecho público hoy por Iniciativa pel País Valencià, incide en el hecho de que la práctica del golf a escasos metros de la AP-7 podría comportar un peligro para la seguridad vial, al tiempo que se indica que el ruido procedente de la autopista podría provocar contaminación acústica en la zona del PAI.

En el informe, el Ministerio comunica que "los proyectos presentados son de gran amplitud" porque "en realidad se está planteando una ciudad nueva" en los términos municipales de Cabanes y Oropesa que "teóricamente puede alcanzar una población del orden de 200.000 habitantes".

Según el documento, esto provocará "importantes impactos en toda la zona de Oropesa-Cabanes y en sus infraestructuras que tienen que ser analizados y consecuentemente solucionados técnicamente".

En cuanto a los impactos sobre las infraestructuras viarias, el informe asegura que "de lo revisado en el estudio de tráfico aportado, se deduce que en el mismo se dan como ejecutadas y en servicio actuaciones que está previsto ejecutar tanto por el Ministerio de Fomento como por la Conselleria de -Infraestructuras y- Transporte, que en el presente momento no tienen ni tan siquiera proyecto de construcción en redacción".

Por ello, añade, "no se puede establecer en ningún caso la fecha de inicio de las obras".

Recuerda además que el estudio de tráfico "debe tener en cuenta únicamente las infraestructuras existentes o en ejecución, y las que el promotor esté dispuesto incluir a su cargo", así como la distribución de tráficos futuros teniendo en cuenta el impacto que tendrá la puesta en marcha del aeropuerto de Castellón y el que genere el propio PAI "una vez construidas la totalidad de viviendas, hoteles y campos de golf".

Respecto a la protección de las infraestructuras de carreteras existentes, el informe recuerda que "se deberán cumplir estrictamente las limitaciones que la Ley impone a las actuaciones lindantes con las autopistas respecto a las zonas de protección, a las líneas de edificación y análisis de los impactos negativos que las actuaciones previstas en el Plan van a tener sobre la AP-7", entre los que cita la posible caída de pelotas de golf a la calzada.

Indica así que "se deberá dejar una franja de suelo no urbanizable de protección de infraestructuras" para posibilitar la ampliación de infraestructuras y "alejar en lo posible" la actuación urbanística de la zona colindante a la autopista AP-7, "mitigando la contaminación acústica que esta produce y evitando la intrusión de bolas de golf procedentes de la zona del campo adyacente".

Además, el informe indica que es necesario aportar un estudio de la afección del ruido generado por el tráfico de la AP-7 para determinar si se van a superar los umbrales fijados en la legislación sobre ruido.

También añade que "deberá quedar claramente reflejada" la conexión con las carreteras N-340, AP-7 y CV-148 y las infraestructuras que se ejecutarán o modificarán para dotar de un buen acceso a la actuación urbanística.

Además, pide que se detallen las "actuaciones que va a ejecutar el promotor" sobre las infraestructuras existentes para que puedan soportar el tráfico provocado por la actuación, no sólo en el ámbito de Oropesa y Cabanes, sino también "al menos entre los puntos que puedan ser polos de atracción o llegada de personas, que se podrían concretar entre Castellón de la Plana y el aeropuerto de Castellón".

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Europa ens té mania.

Europa investiga otros cinco PAI valencianos tras las denuncias de los afectados

El urbanismo valenciano volverá de nuevo a estar en la picota el próximo 2 de abril. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá de nuevo las denuncias de tres asociaciones y otros tantos particulares sobre los supuestos incumplimientos de la legislación europea durante la tramitación de cinco programas de actuación integrada (PAI) en las poblaciones de Llíria (Camp del Túria), Parcent (la Marina) y Benasau (el Comtat).

En el caso de Llíria, la queja ha sido presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat por las supuestas infracciones de la legislación ambiental que habrían podido cometer las autoridades municipales al aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el que se incluye el plan urbanístico Golf Coto de Catalá. Según los denunciantes (pequeños propietarios de la zona afectados por la actuación) «no se les permitió expresar su opinión en el convenio urbanístico entre el ayuntamiento y el promotor, no se respetó el principio de igualdad en el procedimiento contractual» y denuncian los incumplimientos de las directivas comunitarias sobre aves, hábitats y de evaluación ambiental.
En Benasau, una población de 195 habitantes de la comarca de el Comtat, la Asociación Fraynos y una ciudadana a título particular denuncian la construcción de 841 chalés de lujo para 2.691 personas y un campo de golf «en una zona montañosa de enorme belleza cuya repoblación forestal ha sido financiada por la Unión Europea con vistas a prevenir la desertificación».
La denuncia de Parcent, una localidad de la Marina Alta de poco más de 800 habitantes, la anterior corporación municipal aprobó tres PAI que implicaban la construcción de 1.800 viviendas que han denunciado ante el Comité de Peticiones la asociación Veïns de Parcent. Aunque el actual gobierno local paralizó su aprobación, ahora son los promotores los que litigan para seguir adelante con los planes urbanísticos (en uno de ellos la tramitación se suspendió cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia). Los tres PAI de Parcent fueron aprobados in extremis el 30 de enero de 2006 un día antes de que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La última queja que tratará la Comisión de Peticiones advierte del «impacto negativo de un proyecto de regeneración de la playa norte de Peñiscola sobre el Marjal o Prat, en una zona protegida de la red Natura 2000». La asociación Amigos de las Cañadas es la que presenta la denuncia contra la intención del Ayuntamiento de Peñíscola de «construir una carretera en los márgenes del humedal».

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La Comisión de Peticiones vigila de cerca el desarrollo valenciano

L. B. B., Valencia
Las prácticas urbanísticas autóctonas ya son viejas conocidas en el Parlamento Europeo. En 2006 el Comité de Peticiones instó al Parlamento Europeo a "no cesar de vigilar el urbanismo valenciano" tras las denuncias recibidas (15.000 según la institución, una cifra que siempre han negado las autoridades valencianas). En 2005, el pleno del Parlamento aprobó el durísimo Informe Fourtou en el que se denunciaban los abusos en la aplicación de las leyes urbanísticas y el desastroso impacto de los PAI en el litoral y en el abastecimiento de agua.
Expedientes de infracción
La Comisión Europea ya tiene abierto, además, dos procedimientos de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana y contra la creación de empresas mixtas urbanísticas entre la Generalitat y un selecto grupo de promotores privados porque, supuestamente, no respectan las directivas de contratos ni la libre competencia, entre otras muchas denuncias.
La nueva revisión de las cinco actuaciones urbanísticas en la Comisión de Peticiones puede tener, como hasta ahora, efectos morales sobre la ya maltrecha reputación urbanística valenciana en el resto de Europa pero también puede derivar en una nueva investigación de la Comisión Europea. Por lo pronto, la secretaría del Comité de Peticiones (una especie de defensor del pueblo parlamentario donde se tratan las quejas que presentan los ciudadanos europeos) ha comunicado a los seis denunciantes que sus "peticiones" (las quejas o denuncias, según la jerga europea) "se han incluido en el proyecto del orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones del 2 de abril".

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La CE ens té mania.

El Consell debe informar a la CE de que en la F-1 se hacen obras sin estudio ambiental

El Consell debería comunicar a la Comisión Europea las obras del Gran Premio de Fórmula 1 que han quedado eximidas del preceptivo informe de impacto ambiental con carácter previo a la autorización de las mismas.

El Ejecutivo omitió la recomendación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que instaba a la Generalitat corregir el apartado del decreto que libra al circuito de Fórmula 1 de someterse a una declaración de impacto ambiental. En su dictamen al decreto, el órgano consultivo estima que la comunicación a la Comisión Europea «debe preverse en la norma proyectada», si bien el CJC no lo consideró una observación de carácter esencial.
Tal como informó en su día Levante-EMV el decreto sobre la Fórmula 1 da carta blanca a las empresas que participarán en el evento, ya que disfrutarán de una batería de excepciones previstas en las leyes urbanísticas, medioambientales, de contratos, actividades y espectáculos. Así, entre otras cuestiones, los proyectos relacionados con el circuito quedarán eximidos de solicitar licencias de obras, actividades o estudios de impacto ambiental. Cabe recordar, además, que Fórmula Verda ha llevado las obras ante la Comisión Europea y la Sindicatura de Greuges al ver indicios de fraude de ley. La Coordinadora, integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, consideran que en las obras de la Formula 1 han vulnerado leyes urbanísticas y medioambientales.
El decreto del Consell, aprobado a mediados de febrero, permitió dar cobertura legal a unas obras que ya estaban en marcha. En su redacción original era mucho más permisivo a la hora de agilizar las obras del trazado que deben estar acabadas en junio. El CJC, al que la Conselleria de Gobernación solicitó el dictamen con carácter de urgencia, hizo varias observaciones esenciales al texto que el Ejecutivo acabó aceptando. El tamiz del CJC forzó una redacción más estricta a la hora de eximir a las empresas de las preceptivas licencias de actividad, así como en las excepciones en la ley de contaminación acústica.
Por otro lado, el Jurídico reprende al Consell por haber omitido el trámite de audiencia respecto del Ayuntamiento de Valencia, así como de las organizaciones o asociaciones que puedan verse afectadas por la disposición. El CJC insta al Ejecutivo a justificar «debidamente» en el expediente la omisión del citado trámite. Cabe apuntar que Fórmula Verda denunció ante Europa que se había omitido el trámite de audiencia en las obras.

Flores: "El circuito urbano está ejecutado en más del 70%"

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