La Audiencia Nacional ha condenado hoy al dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de 11 años de prisión, 8 años como autor de un delito de apropiación indebida y 3 como autor de un delito de falsedad documental, siendo esta la pena que solicitaba por la Fiscalía.

La que fuera presidenta de Gescartera, Pilar Gimenez-Reyna, ha sido condenada a 3 años y seis meses como cómplice de un delito continuado de apropiación indebida. La sala recuerda que Giménez Reyna, por su puesto de directora comercial, no era ajena a las irregularidades que se producían en la entidad.

Otros dos acusados han sido condenados como autores de delitos de apropiación indebida y de falsedad documental: José María Ruiz de la Serna, considerado número dos de Gescartera, ha sido condenado a 10 años y seis meses de prisión (7,5 años por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental) y Aníbal Sardón Alvira ha sido condenado a un total de nueve años de prisión, (7 años por un apropiación indebida y dos años por falsedad documental).

Francisco Javier de la Sierra Flor, como autor, y Julio Rodríguez, como cooperador, han sido condenados a 6 años de prisión respectivamente por un delito de apropiación indebida.

Además de Gimenez-Reyna, otros dos acusados - José Alfonso Castro mayoral y Miguel Carlos Prats Oria - han sido condenados respectivamente a 3 años de prisión como cómplices de un delito de apropiación indebida.

El fallo recoge que los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".

La sentencia condena además a varias entidades financiaras- entre ellas La Caixa y Caja Madrid - como responsables civiles subsidiarias, con lo que tendrá que abonar los 87 millones de euros establecidos como indemnización a los 655 inversores afectados que el tribunal ha podido fijar sus "menoscabos patrimoniales". Seis de los 14 acusados han sido absueltos por el tribunal.

Cuando habla, Antonio Camacho mira a los ojos, siempre a los ojos, unas veces con dureza y otras pidiendo pan, pero siempre a los ojos. Dice el diccionario que un trilero es un tahúr, y que un tahúr es un jugador fullero, pero no es así de simple. El dueño de Gescartera, que nació hace 41 años en un segundo piso sin ascensor de un barrio chungo de Madrid, siempre tuvo claro que para trilero no sirve cualquiera. Si además se aspira a picar alto, a tener dos Jaguar y 100 trajes, se necesita de buena presencia y mejor labia, una buena cuadrilla de ganchos y la determinación de no confesar si vienen mal dadas. Ayer, seis años después de que la policía lo trincara por un desfalco de 50 millones de euros, el tal Camacho se presentó al juicio con terno azul marino, corbata cara y pañuelo en el bolsillo. Al final de la mañana, cuando el fiscal dijo no hay más preguntas, todo el mundo en la sala ya tenía claro que Camacho manejó el botín de Gescartera con la misma habilidad que el trilero la bolita de papel, de un lado para otro, vertiginosamente, sin dejar de hablar, mirando a los ojos, ante la desesperación de las víctimas y de la justicia que, seis años después, siguen sin saber la cuestión principal: ¿dónde está la pasta?

No lo pasó bien Camacho ayer. Para empezar, el fiscal Vicente González Mota resultó un hueso duro de roer. Camacho lo intentó encarar de frente, sosteniéndole la mirada y con malos modos, de lo que el fiscal se protegió desviando la mirada hacia una de las pantallas de televisión colgadas en la sala de vistas de la Casa de Campo. Así, la declaración de Camacho le llegaba filtrada por la técnica, desposeída ya de la rabia que desprendían los ojos del acusado. Por si fuera poco, el fiscal González Mota subrayaba la mayoría de las respuestas del dueño de Gescartera con una sonrisa irónica, que a veces parecía significar te he pillado y otras ya te pillaré en la siguiente. El caso es que Antonio Camacho, pese a su habilidad innegable para esconder la pelotita bajo términos imposibles, terminó acusando el acoso del fiscal y puso en funcionamiento el ventilador, empezó a soltar lastre.

Dijo, ante el estupor general, que nunca tuvo conocimiento del "día a día" de su agencia de valores, que él sólo se dedicaba a captar clientes y a poner 19 millones de su patrimonio personal para tapar agujeros. Negó rotundamente que compensara las pérdidas de unos clientes con las aportaciones de otros. Y, cuando sintió muy cerca la presión del fiscal, desvió enseguida sus responsabilidades hacia sus colaboradores. Uno de ellos, José María Ruiz de la Serna, sentado en el banquillo inmediatamente detrás de él, meneaba la cabeza sin disimular su fastidio.

La sonrisa del fiscal se hizo más amplia cuando Camacho no tuvo más remedio que admitir que uno de sus chóferes, un tipo apodado El Barbas, se dedicaba a cobrar talones de Gescartera. Según la investigación, mediante esos talones -sin firma en el dorso, para no dejar huella- se fueron esfumando poco a poco los 12 millones de euros del botín de Camacho. Y la sonrisa se contagió a la sala cuando, en más de una ocasión, el dueño de Gescartera llamó "usureros" a quienes durante años fueron depositando dinero en su sociedad mediante "contratos de renta fija". Cuando alguna pregunta no le convenía, Antonio Camacho se llevaba la mano a la garganta, decía que no había escuchado bien, ganaba tiempo, le echaba la culpa a su resfriado. Al final de la sala, sólo un puñado de víctimas -la mayoría jubilados- siguió el juicio. El resto -monjas de clausura, religiosos de distintas órdenes, huérfanos de la Guardia Civil, organizaciones no gubernamentales, agentes de policía, empleadas de la limpieza, ciegos de la ONCE...- lo hicieron a través de sus abogados, algunos de los cuales se quejaron del aspecto chapucero del sumario armado por la juez Teresa Palacios. Uno de ellos dijo: "Hay dos tomos uno, dos tomos dos, folios y folios sin numerar, y en el tocho de los numerados, saltos incomprensibles de 200 ó 300 páginas". La presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, escuchó las quejas y las zanjó con contundencia: "Así ha venido, y así va a quedar".

Al final de la sesión, cuando casi todo el mundo había alcanzado la calle, se produjo una circunstancia que tal vez pueda influir en el rumbo del juicio. Antonio Camacho y Ruiz de la Serna se cruzaron en un pasillo. Camacho ensayó un hola, y Ruiz de la Serna -su antiguo director general- apartó la cara con un gesto de desprecio. Camacho -en su afán por soltar lastre- lo acababa de dejar al pie de los caballos. Y tanto en el trile como en los negocios, traición con traición se paga.