Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, los populares Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, se preparan para librar una nueva guerra del agua. Camps y Valcárcel se reúnen hoy en Valencia y consideran una provocación la decisión del Gobierno de llevar agua del Ebro a Barcelona. Exigen poder abastecerse, como Cataluña, de los excedentes de este río, como preveía el plan hidrológico del PP, de 2001. Valcárcel aseguró ayer que tanto él como Camps están en disposición de movilizarse para reclamar su derecho al agua. "No sería la primera vez, pues ya antes se hizo lo propio en Valencia, Alicante y Murcia", declaró Valcárcel.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, anunció que la Generalitat estudia ya todas las "acciones legales que permitan hacer extensible" el trasvase del Ebro hacia la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. "Camps pondrá en marcha cuantas iniciativas y movilizaciones sean necesarias", remachó.

El déficit de la cuenca del Segura es de 450 hectómetros cúbicos al año y el del Júcar, según el Libro Blanco del Agua, de 1998, es de 350 hectómetros. Sin embargo, el ahorro de agua, las restricciones al regadío, la compra de agua y las desaladoras han impedido las restricciones en Valencia y Murcia. En 2003, con una sequía menor que la actual, grandes ciudades del Segura como Cartagena sufrieron cortes de agua de hasta ocho horas diarias.

Camps mantuvo ayer una frenética actividad para convertir la exigencia del trasvase del Ebro en una prioridad del PP nacional. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió una comparecencia urgente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que explique el "cambio de criterio" en su política hídrica.

Saénz de Santamaría reconoció que el PP no descarta movilizaciones si, tras las explicaciones del Gobierno, no se garantiza la igualdad en el derecho al agua para todos los territorios.

La dirección del PP valenciano anunció para el próximo sábado un acto de partido en el que Mariano Rajoy abordará el tema del agua con Camps, Valcárcel y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Los alcaldes populares de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería anunciaron también una reunión la semana próxima para movilizarse y reclamar el derogado trasvase del Ebro, mientras que los gobiernos de Camps y Valcárcel acordaron llevar la guerra del agua a sus respectivos Parlamentos autónomos.

En Aragón, el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias se reunió en una sesión extraordinaria para reiterar su oposición a cualquier trasvase del Ebro, informa Concha Monserrat. Pero respecto a la solución del Gobierno para Barcelona, Iglesias dijo que primero hay que estudiar si la medida es o no un trasvase -la semántica es importante, ya que el Gobierno, en contra de todo el mundo, insiste en que esto no es un trasvase-. Iglesias consideró "lógicas" las protestas de la Comunidad Valenciana y Murcia.

La oposición al trasvase de entrada del Ejecutivo aragonés se adoptó ayer en base al Estatuto de autonomía que le obliga a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas de las que forma parte la comunidad" y por los pactos de gobierno con el Par que obligan a oponerse a los trasvases.

El Gobierno aragonés acordó solicitar al ministerio toda la información sobre la medida adoptada para llevar agua a Barcelona, encargar un informe a los servicios jurídicos que dictamine si se trata o no de un trasvase e instar a las Cortes de Aragón a que elabore un informe preceptivo para cualquier intento de trasvase del Ebro. El PP de Aragón estudia convocar movilizaciones contra el trasvase a Barcelona.

Mientras, Zapatero se reunió en el Congreso con el presidente catalán, José Montilla. La solución acordada el día anterior le parece adecuada a Montilla, después de días de tensión con el Gobierno al exigir una ayuda inmediata del Estado y, como solución a medio o largo plazo, la apertura de negociaciones con Francia para que pueda producirse un trasvase del Ródano. En la reunión, Zapatero aseguró a Montilla que no faltará agua de consumo para Barcelona y su área metropolitana. "A ningún español le faltará agua para beber", añadió Zapatero, según fuentes oficiales.

Pero Zapatero no estuvo sólo en la defensa del acuerdo con Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, sentenció: "Hay que dar de beber al sediento".

La ministra de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, Elena Espinosa, recordó que la fórmula que ahora se aplicará para atender las necesidades de Barcelona ya se utilizó en la anterior legislatura en Murcia y Valencia para garantizar el abastecimiento.

A la petición popular de que comparezca Zapatero, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, replicó: "¿Está de acuerdo el PP en que se suministre agua para consumo a Barcelona, sí o no? ¿Quién se puede oponer?". Aún así, en las filas socialistas hay inquietud por el impacto que puede tener una campaña fuerte y sostenida del PP en Valencia, Murcia y Almería.

La guerra del agua también enfrentó a ecologistas y agricultores. Las principales asociaciones ecologistas cargaron contra el trasvase. Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF/Adena, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, criticaron que en los últimos cuatro años no se han llevado a cabo las medidas de ahorro y que Aragón y Cataluña promueven regadíos insostenibles. Finalmente, señalaron que no les parece tan grave que Barcelona sufra cortes de agua durante unos meses.

Mientras, los regantes del Segura recibieron la noticia con los brazos abiertos: "Se ha abierto el grifo del Ebro", sentenció Francisco del Amor, presidente del sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura, que agrupa a 70.000 agricultores.