14 May 2008

CV. 14/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 14 May 2008 - URL Permanente

CV. 13/05/2008.

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Entidades de inmigrantes amenazan con recurrir al TC por el contrato de integración

13:29 Entidades sociales de la Comunitat Valenciana han convocado hoy una concentración para el próximo 25 de mayo contra el contrato de integración promovido por el conseller de Inmigración, Rafael Blasco.

EFE Los portavoces de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Red Sahel para la Inmigración anunciaron hoy que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente se redacta el 'contrato de integración' anunciado por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y éste contempla "visos de inconstitucionalidad".

Así lo indicaron hoy en una rueda de prensa el portavoz de la Red Sahel, Luis Poveda; de Foro Alternativo, Luis Cerrillo; y de la Mesa de Entidades, Lola Duato, quienes lamentaron que el 'contrato de integración' supone "exclusión, fomenta la xenofobia, la discriminación y la criminalización del colectivo" y reclamaron una "verdadera política" de integración.

Al respecto, Luis Poveda indicó que en la actualidad no existe "ninguna" propuesta redactada, pero que en el momento se tenga constancia de la redacción de ese contrato, si contempla algún "viso" de inconstitucionalidad, lo recurrirán. También, en ese caso, pedirán al Gobierno central que ordene a la Fiscalía General del Estado que estudie de oficio los supuestos puntos de inconstitucionalidad.

No obstante, hasta que llegue ese momento, desde las tres organizaciones han iniciado una campaña de recogida de firmas para mostrar su rechazo a la iniciativa, que entregarán a Blasco a finales del mes de junio. También tienen previsto concentrarse a las 12.30 horas del 25 de mayo en el Parque Manuel Granero, en Ruzafa (Valencia), en el marco de una jornadas interculturales.

Las entidades entienden que la propuesta de la conselleria concibe un modelo de "asimilación" y "no un modelo social de integración y convivencia". A su juicio, que las personas extranjeras extracomunitarias deban firmar un contrato para respetar las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas para "no perder la cohesión social" promueve la "estigmatización" del colectivo en la sociedad.

Expusieron, en este sentido, que el cumplimiento de la ley es "exigible" a cualquier ciudadano, por lo que no consideraron "necesaria" ninguna firma de un contrato "especial" si realmente hay un verdadero estado social de derecho. Además, aseveraron desconocer cuáles son las "costumbres y tradiciones regionales" y cuál será el procedimiento que velaría por su cumplimiento.

Por todo, las tres organizaciones reclamaron al Gobierno valenciano que promueva una "verdadera" política de integración social para toda la ciudadanía, "sin discriminación alguna", puntualizaron, y que "cese en sus intentos de estigmatizar al colectivo de inmigrantes extracomunitarios en el País Valencià".

"JUGAR DE ARIETE"

En opinión de Luis Poveda, el conseller Blasco, con el 'contrato de integración', que "sigue" el programa electoral del PP a nivel nacional, pretende "jugar de ariete" en el ámbito autonómico y, sin embargo, subrayó, es una propuesta que "ya ha sido rechazada por la inmensa sociedad, partidos políticos e incluso por el clero", recordó.

Lamentó que Blasco "primero dijo que iba a extender papeles para todos los inmigrantes, luego, cuando le llamaron la atención desde su partido, rectificó, y ahora otra vez pone todo patas arriba y sale con la propuesta del 'contrato de integración'". Indicó que, de esta forma, desconocía lo que quería el conseller.

Por su parte, Luis Cerrillo instó al Consell a hacer firmar un 'contrato de integración' a las personas "ricas" de pueblos de Alicante que "si no sabes alemán, inglés o francés, no te ponen ni una cerveza", ejemplificó. Ellos, aseveró, "si que no intentan integrarse en la sociedad", y "no los que vienen en busca de una oportunidad o de una vida mejor".

Asimismo, Lola Duato abogó por el "mestizaje cultural", y no por "llegar a un país para quitarte la camisa que llevas y ponerte otra". A su juicio, cuando una persona acude a otro país, "asimila su cultura, se empapa de ella y luego muestra la suya". De lo contrario, "no es el camino a seguir", dijo.

CENTRO DE ACOGIDA

Las tres entidades anunciaron otra concentración-acampada en la puerta del Ayuntamiento de Valencia en torno a la primera quincena de junio si no se ejecuta el centro de acogida para inmigrantes "prometido" por la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, para antes del mes de abril.

Poveda afirmó, en este sentido, que desde la Generalitat, que aporta el 60 por ciento del gasto, se les ha transmitido que están pendientes de que se apruebe en el pleno del Consell esta modificación presupuestaria, y que también, por su parte, lo tendrá que aprobar el del Ayuntamiento.

Por último, indicó que esta mañana recibieron una llamada por parte de la Dirección General de Inmigración en la que les instaba a reunirse para que explicaran su posición respecto al 'contrato de integración'. Poveda aseveró que aceptarán el encuentro pero que, paralelamente, se seguirá con la campaña de firmas y con la concentración para el día 25 de mayo.

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Cotino pide incluir la Dependencia en el pacto de financiación autonómica

13:32 El vicepresidente de Bienestar Social de la Generalitat se reúne esta tarde con la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera.

EUROPA PRESS El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino planteará a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en la reunión que mantendrán esta tarde para tratar la aplicación de la Ley de Dependencia que "en el pacto de la financiaciones autonómicas se prevea, igual como se va a prever la sanidad", la dependencia, porque se trata de "una necesidad económica que todas las comunidades autonomas tenemos".

Cotino agradeció, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, la actitud de la nueva ministra, que ha accedido a recibirle y la contrapuso con la que mantuvo el anterior titular de estas competencias, Jesús Caldera, que "no nos recibió, y por lo tanto, no le pudimos explicar los problemas que podemos encontrar y que, de hecho, encontramos, en la aplicación y la financiación" de la ley de Autonomía Personal y de la Dependencia.

Así, calificó de "positiva" la reunión que mantendrán esta tarde, para que "podamos hablar abiertamente, de un tema básico, que es la financiación", aspecto que calificó de "núcleo gordiano" de la aplicación de la ley, además del planteamiento burocrático.

Cotino indicó que haciendo una proyección a 2015 la ley tiene un coste de 7.000 millones de euros, "y por tanto, o hay un cambio en la refinanciación de las comunidades autónomas" o habrá que "replantearse" esta "cifra importantísima", también, especificó, "en la reunión que el conseller de Hacienda tendrá con la política económica y financiera".

Así, manifestó que habrá que reformular "cómo esta ley, que en el fondo yo he dicho y sigo diciendo, que es una ley social buena" va "acompañada de los recursos". A su juicio, hay que hacer un replanteamiento financiero de la ley y de la financiación de las autonomías.

Por otro lado, indicó que ha apostado por, "a las personas que ya estaban en residencias, aunque no fueran dependientes, asegurarles que podían seguir estando en una residencia", porque era "de justicia", mientras que a los que "habían solicitado una residencia y, al hacerles la valoración eran dependientes, llevarlos a la residencia".

Cotino indicó que desde la puesta en marcha de la ley de dependencia, un total de 3.996 personas mayores y discapacitados "que estaban en su casa" que han accedido a residencias, y ello, a cargo de la Generalitat porque "el convenio este año aún no está firmado".

El vicepresidente afirmó que quieren que la ley se aplique, garantizó que están avanzando en la misma, pero puso de manifiesto que hay dos problemas: uno, que el sistema administrativo informático que tenía que proporcionar el gobierno para dotar a esta cuestión de agilidad "no está", algo que provoca que se demore "muchísimo" la tramitación de los expedientes y el otro, reiteró, la financiación.

A su juicio, los gobernantes "tienen que planificar los temas, no en campaña electoral, sino para dar respuesta a la gente todo el tiempo que haga falta".

Preguntado por la concentración convocada por la Plataforma Acción y Reacción, aglutinada por asociaciones y entidades cívicas, sociales, de afectados y de familiares de discapacitados, en señal de protesta ante el "boicot" de la Generalitat Valenciana, Cotino admitió el derecho de las personas de manifestar su disconformidad "con cualquier tema".

No obstante, el Consell no hace, garantizó, "ningún boicot" a esta ley, y aseguró que hay 400 personas dedicadas a las valoraciones, "el ratio más alto que hay en ninguna Comunidad Autónoma" y defendió que "estamos haciendo las tramitaciones" a pesar de que son "lentas y complejas" y garantizó que "todas las personas que sean dependientes tendrán su atención desde el momento que lógicamente se ratifique la dependencia" y defendió que "en justicia" creen que "a los primeros que tenemos que atender es a los que estamos atendiendo".

El conseller resaltó que de lo que se trata es de "personas" e instó a que todos trabajen "para que esto funcione y que el Gobierno Central ponga los recursos necesarios para que esto sea para siempre".

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El PP inicia la reforma para echar a la síndica tras difundirse su último informe

La presidenta de las Corts convoca para el lunes la comisión de Peticiones para debatir la propuesta de los populares y no para que la defensora explique las memorias de 2005, 2006 y 2007.
Juanjo García Gómez, Valencia
No se han esperado ni un día. La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, convocó ayer para el lunes a las 10 de la mañana a la comisión de Peticiones con un único punto, el debate de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la institución del síndic de greuges. El objetivo de los populares es cambiar el reglamento -para lo que les basta con la mayoría- con el fin de reinterpretar la ley de creación del organismo y así poder apartar del cargo a la síndica en funciones, Emilia Caballero, Adjunta primera designada en su día a propuesta del PSPV que asumió las riendas de la institución en abril de 2006 tras el cese por extinción del mandato del alto comisionado que puso el PP en la etapa de Zaplana, Bernardo del Rosal, y al que no se quiso renovar por sus informes críticos. La convocatoria se produce tras la publicación por Levante-EMV, en su edición de ayer, del último informe correspondiente a 2007, en el que la síndica mantiene las críticas a la gestión del Consell en áreas como el urbanismo o la aplicación de ley de la Dependencia.
Martínez, a la que el grupo popular solicitó la semana pasada la reunión «urgente», es también presidenta de la comisión de Peticiones. La titular de la Cámara comunicó a la junta de portavoces su decisión, algo que no hizo en la reunión previa de la Mesa de las Corts. En caso de lograr el relevo de Caballero, asumiría la Sindicatura el Adjunto segundo propuesto en su día por el PP, Carlos Morenilla, quien se da la circunstancia de que es el esposo de la actual consellera de Turismo, Angélica Such. El grupo mayoritario quiere que la interinidad sea rotatoria, por periodos de seis meses, pero una transitoria daría a Morenilla un primer mandato de dos años, el mismo tiempo que lleva Caballero al frente. Esta interpretación chocha con la que se ha hecho desde 1993 y la que se ha aplicado en el Defensor del Pueblo y otras defensorías autonómicas. El debate del lunes dará pie a un periodo de 15 días para que los grupos formulen enmiendas antes de la aprobación definitiva, que el PP prevé para junio.
La titular de las Corts ha optado por convocar la comisión con este fin, cuando este órgano no ha citado todavía a la síndica para que explique oficialmente al Parlamento los informes anuales de 2005 -el último que elaboró Del Rosal-, 2006 y 2007, una situación impensable en el Defensor del Pueblo. Las memorias recogen el balance de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos frente a abusos de la Administración.
Preguntada sobre por qué ha convocado para un asunto y no para el otro indicó que «de momento» lo que ha considerado «importante» es la reforma del reglamento y las comparecencias «las haremos», indicó sin concretar cuándo. También aseguró que habría recibido y recibiría a la síndica personalmente si le trajera la memoria, negando que se le hubiera dicho lo contrario. «Si se recibe al síndic de comptes, cómo no se la va a recibir a ella», dijo. La Defensora, al igual que pasó con el informe de 2006, tuvo que entregar el documento por registro de entrada al no dársele cita para el acto formal de presentación del informe.
Situación de anormalidad
El guiño conciliador de la síndica en cuanto a las relaciones institucionales con el Consell al suavizar el criterio para declarar instituciones hostiles -dejando fuera a las que no aceptan sus resoluciones pero lo motivan- e incluyendo el cuadro de las entidades colaboradoras (el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Blasco) no le servirá de mucho. El portavoz del PP, Ricardo Costa, a preguntas de los periodistas, dijo «esperar» e incluso mostró su «preocupación» por que los informes de Caballero no vengan «marcados» en su «dureza o suavidad» hacia el Consell «en función de si va a seguir estando o no de síndica, sino en función de la defensa de los intereses de los valencianos». Costa enfatizó que la situación de anormalidad es la de la propia síndica.

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Los directores de los institutos reclaman que Ciudadanía se imparta en valenciano

La Associació de Directors d'Instituts de Secundària del Pais Valencià se cuestionó ayer por qué la nueva asignatura de Ciudadanía se ha de impartir en inglés y no en una de las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Los responsables han analizado también el programa Èxit del que han dicho que el refuerzo que la conselleria propone será "insuficiente" para reforzar al alumno con fracaso.
Maite Ducajú, Valencia
Los directores de instituto de Secundaria se han mostrado en desacuerdo con las novedades que la Conselleria de Educación prepara para el nuevo curso, como son la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, de cuya orden han pedido su "retirada inmediata", o el programa de refuerzo Èxit en julio. Tras la asamblea de la asociación, celebrada en Castelló su portavoz, Vicent Baggetto, indicó a Levante-EMV sobre la nueva materia que la decisión de la Generalitat de impartirla en una lengua extranjera "es improcedente y vulnera el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua vehicular".
En opinión del colectivo, la impartición de asignaturas en una lengua diferente de las oficiales de la Comunitat "debe obedecer a una seria planificación dentro de los llamados programas de educación bilingüe".
Asimismo, los directores cuestionan la "pretensión" de Educación de determinar los instrumentos de evaluación que ha de utilizar el profesorado porque, aseguran, "va en contra de la autonomía docente reconocida en las disposiciones legales actualmente vigentes en la LOE". En esta línea, el lunes se pronunciaron tanto profesores de institutos como de la Facultad de Filosofía de la Universitat.
"El hecho de que para aprobar la Educación para la Ciudadanía no sea necesario seguir todo el curriculum oficial ordinario y se pueda superar mediante una mera presentación de trabajos, sin que eso obedezca a la decisión del profesorado o del departamento didáctico, podría vulnerar la legalidad vigente" afirman los directores, quienes añaden que "de igual forma que amparar una posible objeción a la materia provocaría la indefensión del alumnado ya que el abandono o el hecho de no cursar una materia curricular implicaría la imposibilidad de obtener la titulación correspondiente. Por todos estos motivos, solicitamos su retirada inmediata".
Sobre el Plan Èxit, para que recuperen en julio alumnos que suspendan materias instrumentales, los directores afirman que, "aunque cualquier medida para combatir el fracaso escolar es positiva", las de la resolución de la conselleria "no son ninguna solución puesto que nueve horas de clases por materia en julio son absolutamente insuficientes para aprobar en septiembre. Sería mejor una atención continuada a lo largo del curso en horario no lectivo y con su remuneración económica".

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Fabra: "Yo soy de Fabra y haré lo que crea que es mejor para la provincia y el partido"

El líder de Castelló evita apoyar a Rajoy pese a haberle dado su aval
Jordi Ruiz, Castelló
Definitivamente, Carlos Fabra va por libre. Ayer, en su enésimo vaivén, el presidente del PP en Castelló volvió a salirse del guión dictado por Valencia y evitó explicitar su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso de junio. "Soy de Fabra", proclamó el líder provincial, defendiendo su autonomía y jugando a la ambigüedad, pese a que ya ha dado su aval a la candidatura de Rajoy.
El entorno de Carlos Fabra alimentó hace unas semanas la idea de que éste vería con agrado una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy encabezada por Esperanza Aguirre. Unos días después, Fabra negó la mayor y acató la directriz de la cúpula regional de apoyar a Rajoy. Posteriormente, supeditó este respaldo a la composición de la nueva ejecutiva. En el acto de Onda, volvió a brindar su apoyo incondicional y ayer se salió por la tangente y manifestó que sólo se debe a sí mismo y a la provincia.
El presidente de la Diputación se pronunció sobre la decisión de María San Gil de no suscribir la ponencia política que se debatirá en el congreso del PP de Valencia. Según dijo, "no tendrá ninguna consecuencia y me parece bien que tome la decisión que quiera". Y añadió: "El otro día me preguntaron de quién era y yo respondí que soy de Fabra. Haré lo que crea en beneficio del partido y de la provincia. Cualquier militante debe hacer lo que crea conveniente dentro del estatuto del partido". Unas declaraciones que en apariencia suponen un desmarque respecto a la tesis de la dirección regional que preside Francisco Camps, que ha dado un cheque en blanco a Rajoy. Fabra, sin embargo, ha avalado ya la candidatura del líder nacional para el cónclave de junio. En el entorno del presidente matizaron que sus declaraciones fueron en tono "jocoso", en un acto de presentación de los mojones del Camino de Santiago desde Castelló.
Como viene explicando este diario, Fabra ha decidido tensar la cuerda con Valencia, cansado de que sus demandas caigan en saco roto y consciente de que cada vez cuenta menos en el partido en ámbito autonómico. Prueba de esta estrategia de confrontación es el desplante que hizo a Camps en el acto del agua de Orihuela de la semana pasada. Se borró de la cita y prefirió viajar a la ciudad francesa de Nimes para presenciar una novillada.
Esquivo con Castelló
Asimismo, al líder provincial del PP le disgusta que Mariano Rajoy se muestre esquivo con Castelló. De los tres actos programados en la Comunitat para homenajear a las bases del partido, el presidente nacional del PP sólo faltó al de Onda. Rajoy tampoco visitó Castelló en la campaña electoral de las pasadas generales, mientras que sí que acudió a Valencia y Alicante.
Por otra parte, el presidente provincial del PP rechazó la celebración de primarias, tal y como propone un sector del PP. Fabra recordó que este mecanismo corresponde al funcionamiento interno del PSOE. "Ellos lo empezaron una vez y ya no han vuelto a hacerlo nunca más. Yo no recuerdo que hayan tenido primarias para elegir al señor Zapatero ahora, ni han tenido primarias para elegir a la señora Fernández de la Vega por Valencia, ni al señor Sevilla por Castelló, ni al señor Bernat Soria por Alicante", apuntó. "De hecho -añadió- quieren buscar la misma estructura provincial del PP y mi partido no debe de funcionar tan mal cuando hemos ganado en Castelló 18 veces consecutivas".

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Castilla-La Mancha bloqueará el Júcar-Vinalopó si no se aclara la venta de agua en Villena

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.
Agencias, Toledo/Valencia

Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.
También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie "urgentemente las investigaciones" y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.
Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".
El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".
Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

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La conselleria rechaza fondos para proteger la seguridad del paciente

El ministerio transfirió 2 millones de euros.
Pilar G. del Burgo, Valencia
La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, han sido las únicas autonomías que han rechazado fondos del Ministerio de Sanidad para poner en marcha programas destinados a incrementar la seguridad del paciente en los centros sanitarios, según informaron a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige el ministro Bernat Soria.
Concretamente, los gobiernos de Francisco Camps y Esperanza Aguirre se negaron a firmar los convenidos de 2006 y 2007 para desarrollar programas de higiene de manos, que es una de las medidas contempladas para reducir los contagios sanitarios a los pacientes.
El ministerio ha destinado 15 millones para implantar esta medida en las autonomías durante el bienio 2006-07 y para crear un programa específico de prevención de infección nosocomial en las UCIs en 2008.
Por su parte, un portavoz oficial de la Conselleria de Sanidad ha manifestado que ese convenio, que contemplaba la puesta en marcha del programa de higiene de manos, no se firmó porque se trataba de una iniciativa que ya se aplicaba en la Comunitat Valenciana.
"No firmamos ni el convenio de uso de guantes ni el de higiene de manos porque ambos ya estaban implantados en la conselleria y si ya lo has desarrollado no te puedes comprometer otra vez a ponerlo en marcha", aclaró un portavoz oficial del departamento que dirige Manuel Cervera.
Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no pudo rechazar las transferencias de fondos para políticas de cohesión territorial del Ministerio de Sanidad para desarrollar acciones específicas en seguridad del paciente, fundamentalmente para prevenir la infección nosocomial que es la que se contrae en los centros hospitalarios. Y no pudo rechazarlos porque estos fondos se transfieren automáticamente a la Comunitat Valenciana desde 2004. Hasta la actualidad, el ministerio ha ingresado 2.203.712 euros para prevenir infecciones.

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Varias asociaciones protestan por el "boicot" del Consell a la Ley de Dependencia

Critican la "falta de dotación y medios" y los "complicados trámites" para conseguir las ayudas

EUROPA PRESS - Valencia - 14/05/2008

La coordinadora 'Acció i Reflexió Ciutadana per Valencia', integrada por diversos colectivos cívicos y entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana ha convocado una concentración que se celebrará hoy en la plaza Manises, ante el Palau de la Generalitat, para protestar por el "boicot" del Consell a la aplicación de la Ley de Dependencia. A la protesta se ha sumado también Intersindical Valenciana.

La protesta, que se iniciará sobre las 19.00, se convoca "porque la Ley de Dependencia ampara, defiende y reconoce los derechos que les corresponden a las personas dependientes y a sus familias, y el retraso en su aplicación quiebra el Estado de derecho y atenta contra la dignidad y seguridad de las valencianos dependientes y sus familias", han apuntado los convocantes.

Por su parte, desde Intersindical Valenciana han lamentado que, a pesar de la cantidad de solicitudes presentadas desde abril de 2007 (un total de 61.000) "la demora del desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno central en 2004, ha ocasionado que sólo siete personas hayan podido acceder a la prestación que les corresponde como cuidadores de un familiar de dependiente, de las casi 6.000 que lo han hecho en el resto del Estado".

Asimismo, han criticado la "falta de dotación y medios" por parte del Gobierno valenciano por medio del Departamento de Bienestar Social que "no está destinando presupuesto para desarrollar la ley".

Complicados trámites

Desde Intersindical Valenciana han destacado que "la dificultad para la aplicación de la ley se agrava por los complicados trámites a la hora de presentar solicitudes de ayuda y por la insuficiente dotación de personal para su tramitación".

En esta línea, han señalado que el Departamento "continúa en su línea de privatizar los servicios públicos (como centros de menores, de tercera edad, centros de diagnóstico, y orientación terapéutica)" y "ahora prefiere dar una subvención a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FEMPV) para que contrate personal de refuerzo para la tramitación de los expedientes de ayudas, cuando hay una red de Ayuntamientos que cuenta con cerca de 700 funcionarios para hacerlo".

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La VPO será más cara y las ayudas menores con el decreto de vivienda

UGT y CC OO han pedido al Consell un plan autonómico aparte del estatal

EL PAÍS - Valencia - 14/05/2008

El futuro decreto de vivienda de la Generalitat encarecerá el precio de los pisos de protección pública y reducirá las subvenciones a la compra, según denunciaron ayer los sindicatos UGT y CC OO del País Valenciano. Estas organizaciones expresaron su rechazo al texto -que traspone el real decreto aprobado por Consejo de Ministros el pasado mes de enero-, porque eleva el precio de los pisos protegidos entre 121 euros y 409 euros por metro cuadrado en municipios como Valencia. "Con estos módulos, alguna vivienda protegida vale en Valencia más que en Madrid", denunció Eva Hernández, de CC OO. Este sindicato rechazó también el Real Decreto del ministerio porque da vía libre a las comunidades autónomas para subir los precios de los módulos y porque facilita la conversión de una vivienda libre en protegida.

Los dos sindicatos se quejaron de que el decreto, que está previsto que pase por Consell este mes, a quienes beneficia es a los "promotores inmobiliarios". "Planteamos a la Generalitat que el contenido de la norma se consensuara en las mesas de concertación social, pero no ha sido posible", dijo Elvira Sancho, de UGT-PV. Estas organizaciones piden a la Generalitat un plan de vivienda específico valenciano, al margen del plan que cofinancian las administraciones central y autonómica.

El proyecto de decreto divide a los municipios valencianos en cuatro grupos, de forma que ciudades como Elche, Sagunto o Vila-real suben dos escalones, incrementándose el coste del metro cuadrado de vivienda de protección especial en 260 euros. El suelo, que suponía un 15% del valor de la vivienda, pasa ahora a representar, según los sindicatos, un 20% y hasta un 25%, depende de los casos. Además, aunque el ministerio amplía el colectivo de ciudadanos que pueden solicitar estos pisos, el Consell reduce la lista de posibles beneficiarios de estas subvenciones. Estas ayudas, que ahora pasan a ser lineales, oscilarán a partir de ahora de los 1.500 euros a los 10.000.

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Generalitat negaron que las ayudas se reduzcan. "Lo que sí establece el decreto es un reajuste de las subvenciones con el propósito de que lleguen a más gente", dijo una portavoz.

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Jordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.

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