CV. 14/05/2008.

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El PP veta una interpelación sobre la corrupción en la C. Valenciana alegando que no existe

02:13 Albiol (EU) sostiene que la censura "es un síntoma de la complicidad con los imputados"

J. G. G., Valencia
Las Corts no podrán debatir sobre los casos de supuesta corrupción en la Comunitat, con varios cargos del PP imputados en procesos judiciales, porque, en opinión de los populares, no hay tal corrupción. Los representantes del PP en la Mesa de la Cámara vetaron en la reunión del martes una interpelación formulada por la diputada de Esquerra Unida en el grupo de Compromís Marina Albiol al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, sobre la política general del Consell en materia de corrupción.
Según fuentes de la reunión, la secretaria primera de las Corts, Mª Fernanda Vidal (PP), justificó la negativa a tramitar la interpelación -que habría obligado a De Rosa a explicarse en el pleno de la próxima semana-, invocando el artículo del reglamento que permite no admitir preguntas si incluyen valoraciones que se consideren ofensivas. Vidal dijo que la iniciativa contenía un juicio de valor, ya que, aseguró, aquí no han corrupción, según las fuentes citadas.
Marina Albiol denunció ayer la "censura" sufrida, consideró que "la corrupción afecta al PP de norte a sur del País Valenciano" y subrayó que con su interpelación quería "poner de manifiesto que la Generalitat no está poniendo los medios adecuados para que se haga justicia". "El hecho de que el conseller de Justicia no quiera comparecer en las Corts para hablar de los numerosos casos de corrupción que asolan el País Valenciano es un claro síntoma de la complicidad de todo el PP con los imputados por corrupción. Todo el PP, incluido el presidente de la Generalitat y los consellers que apoyan a personajes como Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, imputado por diversos delitos contra la Administración y un presunto delito fiscal", sentenció. A su juicio, el PP tiene "secuestrado el legislativo" y ha decidido que la corrupción es "tabú".
El incidente en el pleno
El veto se produce tras el incidente de hace meses, cuando en un debate Albiol aludió a la situación judicial del también diputado autonómico y alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), y éste luego la instó a callar o se vería obligado a "decirle que era una de esas personas a las que se conoce por la profesión de su madre". La presidenta no ha querido reunir a la comisión del Estatuto para enjuiciar esta actitud. "No me harán callar", dijo ayer Albiol, tras aludir a otro diputado con problemas, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante. Además, instó a De Rosa a aclarar qué medidas ha tomado para evitar el problema del juzgado de Nules que tramita el caso Fabra, tras cuatro años y nueve jueces.

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CON UN PAR, EL EMBUSTERO.

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Camps culpa a los fallos informáticos de los retrasos de las ayudas a la Dependencia

El presidente de la Comunidad dice que se atienden a 85.000 personas más con el Gobierno del PP.

Camps achaca a fallos informáticos el retraso en las ayudas a la Dependencia

16:33 El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha justificado el retraso de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia en los fallos del sistema informático para su tramitación, pese a lo cual la Generalitat atiende a 100.000 dependientes, 85.000 más que cuando gobernaban los socialistas.

EFE Camps ha respondido así en el pleno de Les Corts a una pregunta del portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, sobre las medidas que piensa adoptar para que los valencianos puedan acceder a las ayudas a que les da derecho la norma estatal.

El president ha afirmado que el Gobierno socialista "no ha sabido organizar" el procedimiento para tramitar las ayudas a la Dependencia, de modo que, "por culpa del sistema informático", la gestión de las prestaciones "no está funcionando como tenía que funcionar".

"La misma circunstancia crítica se está viendo en todas las Comunidades autónomas", ha dicho Camps, quien ha resaltado que, no obstante, la Comunitat Valenciana "está por encima" del resto de autonomías en la aplicación de la norma.

Además, el president ha recordado al portavoz socialista que cuando su partido gobernaba la Generalitat, unas 15.000 personas dependientes eran atendidas en la Comunitat, mientras que ahora "son 100.000", y ha dicho que desde el inicio de la aplicación de la ley la Generalitat ha remitido a cerca de 4.000 personas a residencias o centros de día.

Por contra, Luna ha acusado a los populares de "priorizar" la valoración de los dependientes ya residentes en la Comunitat y que, por tanto, ya estaban recibiendo prestaciones de la Generalitat, con lo que "se está defraudando" la ley de Dependencia.

"Con el dinero que les da el Estado están financiando servicios que corresponden a la Generalitat" cuando, ha agregado, a la financiación que destina el Ejecutivo central a estas ayudas, el Consell "tiene que aportar algo nuevo".

Según Luna, hay "un clamor en la calle" que denuncia la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de la Generalitat, hasta el punto de que "no hay organización ni institución pública o privada que no se haya quejado de lo que están haciendo".

Por otra parte, Camps ha reclamado el trasvase del Ebro como medida de "descontaminación" frente a las desalinizadoras, así como inversión para construir un eje ferroviario en el corredor mediterráneo que evite la contaminación del transporte de mercancías por carretera.

Camps ha respondido así a una pregunta de la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, sobre las medidas que el Gobierno valenciano ha adoptado en materia medioambiental para combatir la contaminación.

El president ha asegurado que el trasvase del agua del Ebro a la Comunitat "sería una medida de descontaminación en relación a lo que significaría la contaminación del medio marino de las desalinizadoras que propone el Gobierno socialista".

Igualmente, ha recalcado que la inversión en infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías en el corredor mediterráneo "también sería uno de los grandes impactos que beneficiaría la atmósfera de la Comunitat y de España", al evitar así "el paso de miles y miles de camiones para transportar mercancías" a lo largo de ese eje.

Oltra ha resumido el "triste balance" de la lucha contra la contaminación del Consell en "más contaminación atmosférica, menos reciclaje de residuos, falta de normativa en materia de contaminación lumínica, inaplicación de la Ley del Ruido, acuíferos contaminados de nitratos y sales, y construcción deficiente de emisarios submarinos".

Finalmente, Camps ha destacado el esfuerzo inversor del Consell en aquellos servicios que dan "seguridad y confianza" a las familias, y ha reclamado al Gobierno central que ajuste las transferencias estatales a la población real de la Comunitat.

Camps ha respondido así a la pregunta del portavoz del grupo popular, Ricardo Costa, sobre las medidas del Consell de apoyo a las familias para que mejoren su bienestar.

Ha valorado las más de 400 iniciativas puestas en marcha "por pequeñas que sean", así como la importante rebaja de impuestos que el Consell ha desarrollado en los últimos años que, según ha dicho, ha permitido que las familias dispongan de más de 1.000 millones de euros.

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Fabra se muestra "molesto"con el Consell por paralizar campos de golf en Castelló

15:14 El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha manifestado hoy que está "molesto" con el Consell por la "paralización y la lentitud de muchos proyectos y de iniciativas de golf que hay en la provincia" y ha dicho que, "con todo respeto", espera la "aceleración de estos proyectos, que son más que de inversión, de gestión".
EFE Fabra ha asegurado que la puesta en marcha de esos proyectos son "absolutamente indispensables para que el aeropuerto sea una realidad", aunque ha matizado que no se "atrevería a decir que la provincia de Castellón está discriminada por la Generalitat".

"Decir que la provincia está discriminada sería tanto como no conocer la realidad de lo que la Generalitat está haciendo en la provincia", ha declarado Fabra después de citar la inversión de 50.000 millones de euros en el aeropuerto o la construcción de carreteras como la CV-10 hasta Vilanova d'Alcolea o el proyecto de duplicación de la carretera desde esta localidad hasta Torreblanca.

"Todos queremos más, y yo el primero, pero especialmente creo que hay temas de gestión que se debían haber agilizado más de lo que se ha agilizado, y por lo tanto, yo espero que el Gobierno valenciano sea sensible a esta necesidad", ha reclamado, al tiempo que ha reivindicado al Gobierno central más inversiones para Castellón.

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La Confederación del Júcar prohibió en 2005 aumentar las extracciones de agua en Villena

02:04 La multinacional Danone podría acogerse a la Ley de Minas para que dependa de la Generalitat el permiso para embotellar agua

J. S., Valencia
La Confederación Hidrográfica del Júcar acordó en 2005 restringir las extracciones de agua del acuífero de Villena cuando la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante pretendió aumentar la concesión que posee. Los recortes afectaron a las dotaciones para el abastecimiento urbano de Alicante pese a que según la Ley de Aguas de 1985 son prioritarias.
La práctica imposibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorice el cambio de titularidad o de uso del que disfrutan los regantes de Villena en beneficio de Danone, ha llevado a esta empresa a buscar un "rodeo" legal adquiriendo los terrenos en los que se ubican los pozos para acogerse a la Ley de Minas, que regula las aguas minerales-medicinales y que está transferida a la Generalitat.
Danone y sus socios villeneros pretenden evitar que la CHJ pueda paralizar el proceso o dictar que existen beneficiaros mejores en derecho -todos los ayuntamientos que se abastecen del acuífero sobreexplotado- para disfrutar del agua que supuestamente se ahorrará gracias al acuerdo con la multinacional. Si finalmente Danone adquiere los predios en los que se encuentra los sondeos y obtiene de la Generalitat (Industria) la declaración de agua minero-medicinal, la CHJ apenas tendría margen de actuación.
Sin embargo, esta maniobra, desvelada en las páginas de Levante-EMV, coloca en un aprieto al Consell, que ha intentado remarcar que es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quien tiene la responsabilidad de autorizar o no la explotación que pretende Danone del acuífero de Villena. Si acepta, libera a la Generalitat de cualquier "contradicción" en su política trasvasista -es el Estado quien da el visto bueno a la operación- y, si la rechaza, el PSPV podría encontrarse ante un nuevo caso "Porxinos", con todo el PP denunciando una discriminación del Gobierno -Narbona ya se ha ido- contra el pueblo de Villena y el desarrollo de los valencianos.
Por si acaso, el Consell busca posibles escapatorias a esta dicotomía y el lunes constituía la Comisión Mixta de Seguimiento con el Ayuntamiento de Villena para la realización del parque empresarial y la plataforma logística en el municipio alicantino.
Esta comisión estará integrada por el director general de Transportes y Logística, Vicente Dómine, la directora de Sepiva, Inmaculada García y la alcaldesa de Villena, Celia Lledó. La nueva área abarcará, según la Generalitat, 1,5 millones de metros cuadrados y creará 2.000 empleos.
No más extracciones
En enero de 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar dictó una resolución en la que condicionó la amplitud y duración de la concesión de aguas subterráneas de Villena con la que se abastecen los municipios de l'Alacantí, a la generación de nuevos caudales provenientes de la desalación o la depuración de aguas residuales, comúnmente llamadas "aguas regeneradas".
La empresa de Aguas Municipalizadas de Alicante pretendía inicialmente incrementar de 32 a 45 los hectómetros cúbicos que extrae oficialmente de los acuíferos sobreexplotados de Villena y el Vinalopó- el Gobierno cree posible la venta ocasional de caudales por parte de algunas comunidades- con destino al abastecimiento de Alicante, Petrer, Monforte de Cid, Villena, Novelda, Cañada, San Vicente del Raspeig San Joan de Alacant.
Aguas de Alicante obtuvo del anterior equipo de la CHJ, en manos del PP, una autorización provisional para extraer hasta 45,09 Hectómetros cúbicos de agua subterránea frente a los 32.01que obtiene actualmente. la mercantil argumentaba que las nuevas captaciones, con una concesión de 25 años-no suponían menoscabo para el acuífero y se compensaban con los caudales que iban a llegar del Júcar-Vinalopó y del Ebro.
Finalmente la CHJ rebajó la concesión solicitada e introdujo una advertencia para salvaguardar los acuíferos del Vinalopó: la Confederación podrá sustituir en cualquier momento las aguas subterráneas extraídas en el Vinalopó por caudales de la desalación.
Ya entonces, los regantes del Vinalopó, que lidera Andrés Martínez, renunciaron a presentar alegaciones contra las pretensiones de Aguas de Alicante pese a que consagraban y prolongaban durante 25 años más la explotación masiva del acuífero que lo ha llevado a perder casi dos metros de nivel al año en los últimos 25 años.

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