Ara

Del análisis de la financiación del plan de construcciones CreaEscola ideado por Francisco Camps hace dos legislaturas -que va ya por su tercera versión desde 2001- se observa que su "peso" presupuestario recae básicamente sobre dos pilares: la empresa pública de construcciones educativas Ciegsa y, en menor medida, "convenios con ayuntamientos a través del IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda), con un presupuesto de 12 millones.

Tras revisar a conciencia los números oficiales de la educación en la Comunidad Valenciana contenidos en la Ley de Presupuestos para 2008, el portavoz parlamentario de Educación del Grupo Socialista, Adolf Sanmartín, ha llegado a la conclusión de que "sobran campañas propagandísticas; sobran los excesivos 'gastos de gestión' de Ciegsa y 'faltan más ladrillos'. Es evidente que de cada 100 euros de dotación presupuestaria: 19 son para deuda, 26 para gastos de gestión y sólo 55 para la ejecución de la construcción, reforma y ampliación de centros".

Del análisis de las cuentas públicas de la enseñanza valenciana, Sanmartín destaca que se produce una "potenciación de la educación privada" con un incremento neto de las aportaciones en los presupuestos de este año.

Las cuentas públicas de la educación valenciana arrojan resultados diversos -e, incluso, contradictorios- según la óptica o la variable con que se miren. Por ejemplo, el análisis comparativo por ejercicios pone de manifiesto la inyección de dinero que va a la red educativa concertada, cuyas transferencias (sumando las diferentes líneas de gasto) ascienden a 635,3 millones de euros en 2008. Una cifra que representa un incremento neto de 61,5 millones más respecto al ejercicio anterior.

"El tratamiento presupuestario de años anteriores potenciador de la enseñanza privada se mantiene en todos los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria", sostiene el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Adolf Sanmartín, "sin que obedezca a un aumento significativo del alumnado en dichos centros".

Pero además, añade, un tercio de este incremento anual en conciertos presupuestado para 2008 "viene dado por el empecinamiento en la concertación del nivel no obligatorio de Bachillerato, con una línea de gasto dotada con 20,8 millones", aunque solo para los 13.275 alumnos matriculados en este tramo.

Sanmartín aclara: "Una subvención consolidada 'vía convenio' tiene sentido solo cuando se trata de niveles obligatorios de enseñanza". O, en el supuesto de falta de plazas. Cosa que no ocurre en una autonomía, como la valenciana, donde la matrícula de bachilleres cae a un ritmo del 0,6% en el último curso.

¿Cómo se explican estos incrementos y cuentas en un solo ejercicio? ¿Qué factores sostienen la disparidad de 360º que hay, según la caja a la que va destinada el dinero sea pública o privada? Tras revisar cada una de las partidas que gestiona la Consejería de Educación -"con los números oficiales en la mano. Sin maquillajes"- el diputado Sanmartín llega a varias conclusiones. Por ejemplo, las "contradicciones presupuestarias" que vuelven a aflorar si se observa la reducción de laborales y administrativos para 2008: una plantilla de personal no docente que prácticamente se mantiene con el mismo peso específico que tenía en 1996, pese a que hoy gestiona una consejería que ha triplicado su plantilla docente en el mismo periodo hasta tener 53.702 profesores.

"Analizando el número de personal no docente clasificado por altos cargos, categorías y grupos en los dos últimos ejercicios" -cuya financiación sale del Capítulo 1 de Gastos de Personal- Sanmartín aprecia otra paradoja más. Que mientras el incremento de la nómina de maestros y profesores ha crecido en 1.146 en 2008, la de personal laboral no docente se ha recortado en 37 puestos. Con lo que se queda en 4.456 personas (incluidos altos cargos, el consejero y su gabinete).

El recorte se ceba en los grupos E y D de subalternos: con 101 nóminas menos que en 2007. Mientras la pirámide crece hacia arriba en los grupos C, B y altos cargos con 1 más.

"Y con particularidades", añade Sanmartín, "como el hecho de que el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales se dota de presupuesto, pero sólo se le adscribe un funcionario del grupo A para llevar el peso de la formación profesional".

En este punto de la reflexión es donde cobran más peso las palabras del director territorial de Alicante, Valero Alías Tuduría que, nada más tomar posesión de su cargo en noviembre pasado, denunció: "Me falta gente en Educación, y no sé a quién presionar. Hay que aumentar la plantilla en un 30% o 40% sólo en los servicios territoriales de Alicante, para poder desatascar la aglomeración".

Este repaso por los presupuestos de la enseñanza valenciana quizá explique por qué "la Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en inversión por alumno", según los últimos datos del Ministerio de Educación; mientras su resultado académico ha pasado en una década de liderar el sexto puesto por arriba, a caer al quinto por la cola.