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Con la entrada en vigor, hoy, de la orden educativa que obliga a profesores y a alumnos a estudiar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en inglés, la Generalitat de Francisco Camps da otra vuelta de tuerca más en su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central. La disposición rubricada por el responsable autonómico del ramo, Alejandro Font de Mora, lleva además impreso el sello del 10 de junio: fecha que coincide con las masivas protestas de padres, alumnos, profesores y directores celebradas ese día en las tres capitales valencianas.

Las manifestaciones con el lema Prou tenían, precisamente, como eje central la esperanza de que Camps pusiera "punto final a las políticas del no" aplicadas por la consejería en todos los decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Educación -aprobada por el Gobierno socialista con la oposición del PP- y retomara la senda del "diálogo".

Lejos de ello, el envite lanzado ayer por Camps al publicar la orden sin tocar ni una coma de un texto susceptible, según los sindicatos, de ser "ilegal" y "recurrible", anticipa un frente judicial de dimensión desconocida.

De entrada, Miguel Ángel Vera de CC OO, el primer sindicato que recurrirá hoy mismo la orden valenciana, advirtió a Font de Mora de que "recurre al Contencioso-administrativo con el objetivo de que el Tribunal Superior de Justicia declare ilegal la orden. Y en paralelo, en el momento procesal oportuno, presentará un segundo recurso por la vía penal por supuesto delito de prevaricación por firmar la orden". Albert Sansano del STEPV, que ayer ultimaba el recurso, anticipó que la iniciativa "supone una violación a la libertad de cátedra". Gerardo Fernández de Fete-UGT, sindicato que también recurrirá, censuró "la inadmisible utilización de la Educación como ariete político contra el Gobierno".El Gobierno central está dispuesto a recurrir la orden valenciana de Educación para la Ciudadanía -publicada ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- si el texto normativo "cuestiona el carácter obligatorio" de esta asignatura de nuevo cuño creada al amparo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por el Congreso en 2006. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, señaló ayer en conferencia de prensa que "esta asignatura es obligatoria como todas las demás según la ley. Y, si esto no se cumple, el Gobierno tendrá que recurrir".

La orden valenciana de Educación para la Ciudadanía establece "formas de organización pedagógica" -para su implantación, el próximo año lectivo, en el 2º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria- que no figuran ni en la ley estatal, ni en el Real Decreto del ministerio que regula el currículo de esta nueva asignatura puntuable. Y lo hace mediante varias innovaciones que, según Albert Sansano del STEPV, "vulneran varios principios reconocidos en normas superiores".

El primero consiste en impartir la asignatura íntegramente en inglés, porque se trata de una apuesta absolutamente "personal" del presidente Camps. A sabiendas, sin embargo, de que no existe ni el profesorado capacitado para dar esta asignatura íntegramente en inglés (ni en Primaria, ni en Secundaria); ni el alumnado está en condiciones de analizar el cambio climático o los derechos humanos en un idioma en el que prácticamente toda España suspende.

"Se trata de una acción claramente antipedagógica y amoral, porque obliga a impartir una asignatura utilizando un código lingüístico que el alumnado no domina, como demuestran las evaluaciones de la consejería". Para Sansano, esta medida "está fuera de la legalidad y vulnera la autonomía organizativa de los centros y el respeto a las lenguas oficiales reconocidas por el Estado como instrumento vehicular del aprendizaje".

La segunda "ocurrencia" -coinciden sindicatos y la Confederación de Federaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya- es que "contempla la objeción de conciencia, que es una medida perfectamente ilegal" a través de una "opción B" de estudio hecha a medida de las familias objetoras (unas 3.500 en la Comunidad Valenciana). La orden concede a estas familias "el control del proceso educativo de sus hijos" y la garantía de que no tendrán que asistir al curso completo presencial para aprobar, si presentan un trabajo trimestral escogido por ellos.

"Esto es una burla en toda regla", resumió ayer Gemma Piqué, vicepresidenta de la confederación, que además denuncia: "La orden se ha tramitado de forma unilateral por la consejería y sin analizarse, ni debatirse ni en el Consejo Escolar Valenciano".

Font de Mora está convencido de la "legalidad" de la orden y cree que el Ministerio no la recurrirá

Ciudadanía nace abocada a los tribunales

El PSPV se harta del ninguneo del PP

Los socialistas abandonan el pleno de las Cortes porque no les dejan preguntar

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 12/06/2008

Los socialistas se volvieron a hartar del ninguneo al que les somete el PP en las Cortes Valencianas y a media tarde de ayer volvieron a abandonar el pleno cuando el portavoz popular, Ricardo Costa, se preguntó con un cierto cinismo quién podía garantizarle que la socialista Nuria Espí, ausente por enfermedad, estaría de acuerdo con que la también socialista Carmen Ninet formulara la pregunta oral que aquella tenía previsto realizar.

Colomer teme que un trazado alternativo retrase la obra tres años

La pregunta en cuestión, que Nuria Espí registró el 27 de mayo, era: "¿Cuándo informará Radiotelevisión Valenciana sobre la situación interna que está protagonizando el Partido Popular en los prolegómenos de su próximo congreso?"

Ángel Luna, portavoz socialista, se dirigió por la mañana a la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, para comunicarle que Ninet realizaría la pregunta en ausencia de Espí. La presidenta expresó ciertas dudas y solicitó a Luna que tratara el asunto con los portavoces del PP.

A media tarde, José Cholbi, vicepresidente de las Cortes, anunció la pregunta de Nuria Espí. Luna explicó que la pregunta la formularía Ninet. Cholbi intentó ampararse en el Reglamento para negar esa posibilidad, pero hace unas semanas Fernando Giner, del PP, sustituyó a su compañera diputada Gema Amor en una ocasión similar. Cholbi trasladó entonces la palabra a Ricardo Costa. Y fue el acabóse: "Quién me dice a mí que Nuria Espí..."

Tanto los socialistas como los diputados de Compromís se han cansado de denunciar que el PP retuerce el Reglamento a su favor sin ningún miramiento ante la pasividad cómplice de la presidenta de las Cortes.

La Mesa de las Cortes ha ejercido a lo largo del primer año de legislatura como un frontón ante cualquier iniciativa parlamentaria que pudiera ser molesta para el Consell. Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP y padre del nuevo Reglamento de las Cortes, lo ha convertido en un callejón sin salida para la oposición.La maniobra del PP para eludir una pregunta incómoda para el Consell enfadó a los socialistas, que abandonaron el hemiciclo en señal de protesta.

Por la mañana, el PP, ya había dado muestras de lo que la oposición entiende como una constante utilización partidaria de las Cortes. Los solos votos de populares permitieron aprobar una iniciativa que insta la paralización de la licitación del proyecto de construcción del nuevo trazado de la N-340 entre Castellón y Benicàssim hasta que el Ministerio de Fomento negocie una alternativa con el Ayuntamiento de Castellón. Lo más sorprendente de la iniciativa es que el trazado de la variante de Benicàssim se presentó en 2003 y superó las fases de exposición pública y declaración ambiental sin ninguna alegación. Todo lo contrario, Alberto Fabra, alcalde de Castellón, celebró entonces la propuesta de Fomento para trazar la nueva carretera en paralelo a la autopista AP-7 y camuflarla con una cubierta vegetal.

Pero las cosas han cambiado en los últimos cinco años, sobre todo en Madrid. El propio Fabra exigió ayer desde la tribuna de las Cortes un cambio del trazado para evitar que se aproxime a menos de un centenar de metros de la Ermita de la Magdalena, acusó al Gobierno de "ningunear a los ciudadanos de Castellón" y denunció la "deslealtad" y "pasotismo" del ministerio.

Ximo Puig, del PSPV, tiró de hemeroteca para desarmar los argumentos del alcalde de Castellón y denunció que la polémica jaleada desde las Cortes responde a las claves del discurso del PP valenciano y ofrece una ocasión para el victimismo ante el Gobierno a partir de un asunto sensible para la ciudadanía. Puig azuzó la virulencia de las acusaciones de Fabra contra Fomento. Y el popular sentenció: "Los dos defendemos La Magdalena, nosotros la Ermita, ustedes a la ministra, Magdalena Álvarez".

Francesc Colomer, el alcalde socialista de Benicàssim, que siguió el debate desde la tribuna de invitados, lamentó que Fabra convierta en arma política un trazado que soporta 30.000 vehículos diarios, apuntó que un proyecto alternativo retrasaría la obra hasta tres años y recordó que el PP de Benicàssim sí apoya la propuesta de 2003.

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El PSPV se va del pleno al no poder preguntar por el silencio de Canal 9 sobre la crisis del PP

Los populares impidieron que un diputado sustituyera a una compañera que está enferma

J. G. G., Valencia
El grupo socialista dijo "basta ya" al rodillo de los populares sobre la agenda de las Corts y se marchó ayer del pleno, incluidos los miembros de la Mesa, tras la estela del portavoz, Ángel Luna. Sucedió en la sesión de control al Ejecutivo, después de que el vicepresidente de la Cámara, el popular José Cholbi, quien presidía en esos momentos la sesión vespertina, no permitiera que el PSPV preguntara al Consell sobre "cuándo informará RTVV, al igual que el resto de medios de comunicación públicos y privados de ámbito autonómico y estatal, sobre la situación interna que está protagonizando el PP en los prolegómenos de su próximo congreso". La pregunta hacía mucho daño ya que no en balde el portavoz y secretario regional, Ricardo Costa, es hermano de Juan Costa, quien hasta el lunes meditó presentar candidatura contra Rajoy.
La parlamentaria que debía formular la cuestión, Núria Espí, no pudo acudir al pleno por enfermedad, pero el grupo pidió que otro compañero la sustituyera. El PP se aferró a esta circunstancia para impedir que la iniciativa se viera en el último pleno antes del congreso y, casi seguro, antes del verano. Cuando le llegó el turno a esta cuestión, Cholbi informó de un escrito del PSPV en el que comunicaba que, dada la ausencia por enfermedad, el encargado de formularla sería Vicent Sarrià. El vicepresidente invocó el artículo 68.1, "que establece que 'si un diputado es llamado a defender una iniciativa y no está presente, decae la iniciativa, excepto que un diputado del mismo grupo solicite que se aplace'" o que se someta a votación, por lo que decidió que decayera.
Por contra, el portavoz socialista, Ángel Luna, recordó que el artículo 68.4 determina que, "previa comunicación al presidente y para un caso concreto, cualquier diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro del mismo grupo parlamentario". En cambio, el precepto aludido por Cholbi, dijo, no ha lugar, ya que ni hay votación ni se puede aplazar, toda vez que el de ayer fue el último pleno del periodo de sesiones. Destacó además que el pasado 16 de abril, presidiendo la sesión el mismo Cholbi, éste permitió que una pregunta de la diputada del PP Gema Amor, ausente por enfermedad, la formulara Fernando Giner.
Costa respaldó a Cholbi y argumentó incluso que "no hay garantías jurídicas de que la diputada ausente quiera que Sarrià formule" la pregunta. Esto es "un nuevo atropello", denunció Luna, para advertir que, de no rectificar, su grupo se iría. Mientras los socialistas se ponían en pie, Cholbi los despedía con un "hasta luego, sigamos". El resto de preguntas del PSPV y una interpelación sobre turismo decayeron también. Costa acusó a los socialistas de querer "chantajearlos" y de "irresponsabilidad".
Rifirrafe en los pasillos
En pasillos, hubo un rifirrafe entre Luna y Costa, cuando el primero le afeó lo ocurrido después de que el PSPV aceptara ayer aplazar una interpelación sobre residuos a García Antón (la tercera vez que se suspende) por una cuestión médica y el popular le soltó que si interpelan es porque el PP quiere. Compromís rechazó dejar el pleno por "lo mucho que cuesta" que los consellers respondan. La última vez que el PSPV se fue del pleno fue el 7 de marzo de 2007, cuando se expulsó a Camarasa en un debate en el que salió hasta De Juana.

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Costa y De Miguel, a la greña en el grupo

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Fallece Gonzalo Anaya, el 'mestre republicà' referente de la pedagogía

N. C.

La comunidad educativa llora la pérdida de un impulsor de la escuela pública

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Gonzalo Anaya muere a los 94 años

02:05 El catedrático emérito y medalla de la Universitat luchó por una escuela al servicio del pueblo

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El mundo de la enseñanza destaca su labor pedagógica

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Te adoramos, Señor.

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La Santa Sede da luz verde al proceso de beatificación de 250 mártires valencianos

La Santa Sede ha concedido la "prórroga de competencia" y el perceptivo "nihil obstat", para el proceso de beatificación de un grupo de 250 mártires valencianos que perdieron la vida por su fe entre 1934 y 1939 en diferentes localidades de la archidiócesis de Valencia.

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caso terra mítica

El juez autoriza el embargo de Hacienda a Conesa de 365.951 euros en impuestos

02:05 Oficios al Banco de España para que se investigue el destino de facturas y cheques

R. Laguna, Valencia
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha autorizado a la Agencia Estatal Tributaria (AET) para que retenga los 365.951 euros que debía devolver a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades en 2004 y 2005, como garantía de la responsabilidad civil, en caso de ser condenado en el caso de fraude fiscal durante las obras de jardinería en Terra Mítica, por las que está imputado.
Hacienda embargó de forma preventiva los 365.951 euros que debía haber devuelto a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2004 y 2005. Conesa fue denunciado junto a 30 empresarios más por la AET, tras detectar un fraude fiscal de 4,5 millones de euros.
Vicente Conesa solicitó al juez que dejara sin efecto esta medida cautelar decretada por el delegado de la AET de Valencia, respecto a la retención de 365.951 euros que "tenía como crédito por devolución del impuesto de sociedades". El imputado alegó que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo habían pedido.
Responsabilidad civil
No obstante, el juez recuerda que en la segunda denuncia de la fiscal, de 10 de mayo de 2006, se solicita "abrir pieza de responsabilidad civil y aseguramiento de las responsabilidades civiles a los imputados".
De otro lado, el magistrado ha dictado varios oficios al Banco de España y otras entidades para que se averigüen los movimientos bancarios de varios imputados, como José Herrero y los hermanos Muñoz Mateo.
Además, el juez pide en su resolución expresamente que se investigue el destino de varios cheques por valor de 78.000 euros cada uno, ingresados directamente en ventanilla.

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