Ara

Camps manda reducir la inversión un 25% en todas las consejerías

JOAQUÍN FERRANDIS

La orden excluye el gasto social y se justifica por el déficit y la crisis

El Consell también se aprieta el cinturón. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha ordenado a todas las consejerías que reduzcan en un 25% la inversión de todos aquellos programas que no tengan carácter social. En la misma orden se advierte a las consejerías de que no podrán comprometer más del 80% de las subvenciones consignadas en los presupuestos de la Generalitat para 2008. La decisión del Consell se produce a instancias del vicepresidente económico, Gerardo Camps.

El importante recorte de las inversiones y de las subvenciones se justifica por tres razones: la necesidad de contener el déficit público y cumplir con el Programa de Estabilidad -pactado con el Gobierno central para reducir el elevado endeudamiento de la Generalitat-; "la ralentización económica que vivimos" y la obligación de "asegurar la cobertura de actuaciones ineludibles, básicamente en materia de sanidad, educación y servicios sociales".

El Consell adoptó formalmente el acuerdo el pasado 25 de abril y se mantuvo en secreto hasta ayer, cuando la diputada de Compromís Mireia Mollà aireó la orden en medio del hemiciclo de las Cortes Valencianas. La publicidad dada a la orden del Consell por la diputada de Compromís congeló la sonrisa de Camps y su Gobierno. Tanto, que el vicepresidente económico sólo pudo argumentar: "No hay limitación a la inversión. Hay limitación a cierto gasto".

Previamente, tanto Francisco Camps como Gerardo Camps habían negado que la deuda y la situación económica estuviesen mermando la capacidad de la Generalitat para hacer frente a la crisis.El acuerdo del Consell para reducir la inversión, aireado por el grupo parlamentario de Compromís justo al final de la sesión de control parlamentario, se llevó por delante todos los esfuerzos del presidente del Consell y su vicepresidente económico por disimular las dificultades financieras de la Generalitat.

Previamente, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, había interpelado a Camps sobre los efectos de la merma de ingresos y el alto endeudamiento de la Generalitat en la capacidad inversora. También el portavoz socialista, Ángel Luna, había preguntado a Camps sobre las actuaciones reales que el Consell va a adoptar para hacer frente a la crisis económica.

Cuestiones que no sirvieron para cambiar el argumentario que Camps y su vicepresidente económico repiten constantemente. El presidente insistió en que la Generalitat tiene 5.000 millones de euros de inversión en infraestructuras en marcha y que la previsión para este año es invertir 3.000 millones. Luego desgranó un rosario de cantidades referidas al gasto en sanidad, educación, y otros sectores.

Camps achacó las tensiones presupuestarias de la Generalitat al incremento de población y aseguró que "si el Gobierno socialista reconociese que somos cinco millones de valencianos y no cuatro, eso [la deuda] desaparecería en tres años". Una deuda que la portavoz del grupo de Compromís recordó que se eleva a 13.300 millones de euros -"más de dos billones, con b de barbaridad, de las antiguas pesetas"- sin contar con los pagos aplazados.

Para el portavoz socialista, Ángel Luna, el jefe del Consell "tiene un descontrol absoluto de los gastos de su Gobierno". "Mientras no reconozcan ese problema, no lo afrontarán", prosiguió Luna, que instó a Camps a "dejar la improvisación y contar con todo el mundo".

El vicepresidente económico, Gerardo Camps, tampoco se salió del guión y apostó por acusar a la oposición de coger datos sesgados, atribuirse la seriedad que no tiene nadie más y arrearle estopa al Gobierno socialista.

Solo tras la aparición del acuerdo del Consell que recorta la inversión un 25% se vio obligado a realizar algún pequeño malabarismo dialéctico. Y todo ello para intentar explicar que la orden de recorte no reduce la inversión, que se hace todos los años, que sólo limita ciertas obligaciones, que la decisión es para atender el gasto social... y que la culpa es del Gobierno porque cuando se revise la financiación no harán falta esa clase de órdenes. El recorte presupuestario ordenado por el Consell para este año, previsiblemente, se acerca a los 1.200 millones de euros.

El acuerdo del Consell salva del recorte los créditos con cargo a fondos finalistas, la prestación de servicios básicos en la educación concertada y universitaria, los gastos de funcionamiento de los centros públicos hospitalarios y de enseñanza, las prestaciones farmacéuticas y los programas de acción social. La orden advierte también de que los créditos retenidos también se revisarán.

Por otra parte, el Colegio de Economistas de Valencia difundió ayer un sondeo que indica que el 68,5% de sus colegiados opina que el futuro de la economía valenciana será peor.