La Generalitat valenciana, a través de la Consejería de Educación, destinará 28,2 millones de euros para subvencionar hasta 22.000 puestos escolares mediante un "bono infantil" nominal en escuelas o guarderías autorizadas para impartir el primer ciclo de Educación Infantil para menores de tres años. La Administración ha optado por privatizar la gestión del bono, que será gestionado a través de la empresa de servicios de recursos humanos Accor Servicios Empresariales, S A (ASE).

La Generalitat valenciana, a través de la Consejería de Educación, destinará 28,2 millones de euros para subvencionar hasta 22.000 puestos escolares mediante un "bono infantil" nominal en escuelas o guarderías autorizadas para impartir el primer ciclo de Educación Infantil para menores de tres años. La Administración ha optado por privatizar la gestión del bono, que será gestionado a través de la empresa de servicios de recursos humanos Accor Servicios Empresariales, S A (ASE).

ASE es una empresa especializada en la emisión de títulos de servicio (guarderías, restaurantes, informática, etcétera) que opera en España desde 1976 y cuenta con una red de 2.000 escuelas infantiles afiliadas en todo el territorio nacional, especialmente en Cataluña, donde trabaja con la Asociació de Llars d'Infants de Catalunya y también con la patronal Confederación Española de Centros de Educación Infantil y la Federación de Familias Numerosas.

La elección de esta empresa, según Educación, se ciñe al pliego de condiciones que salió a concurso. Aunque este extremo no ha podido ser contrastado documentalmente, ni se conoce el monto del contrato.

La forma de operar de ASE consiste en "organizar y concertar una red de centros, adecuada a las necesidades del cliente" y "entregar, junto con el pedido, un listado de control con la correspondiente numeración de los vales, para poder distribuir los talonarios".

Entre las "ventajas fiscales", ASE destaca la "subvención libre de impuestos", "el gasto deducible del Impuesto de Sociedades para empresas" y "la deducción de la cuota íntegra del 6% del gasto". Consultada sobre los beneficios fiscales para la Administración valenciana o las empresas que solicitan a nombre de cada niño preinscrito el talonario nominal, un portavoz de comunicación se remitió a la Consejería de Educación.

"La consejería, como ente público, no puede beneficiarse de estos beneficios fiscales", puntualizó una fuente de Educación que, sin embargo, admitió desconocer el impacto fiscal que pueda tener sobre los titulares de las empresas de educación privadas. En total, las guarderías o escuelas autorizadas por Educación son 275 empresas privadas y 80 de titularidad municipal. El bono infantil supone una subvención anual de 2.950 euros por niño escolarizado de 0 a 1 año; 1.830 euros, de 2 a 3 años y 1.180 euros, de 2 a 3 años.

En paralelo a esta subvención de 28,2 millones, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció en rueda de prensa la extensión del "bono-libro" que entró en vigor este curso para los alumnos 1º y 2º de Primaria, a los de 3º y 4º el curso que viene, con un coste adicional de 17,6 millones. En total, entre el bono infantil, el bono-libro y las becas para adquisición de libros de texto, el Consell destinará "67,3 millones en ayudas directas" que, de una forma u otra, beneficiarán a 330.000 alumnos, lo que supone 66.000 más que el curso anterior.

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El Consell aprueba el contrato de integración para inmigrantes

16:19 El conseller Blasco ha asegurado que "no habrá discriminación" hacia los que no quieran seguir este programa, que además no está vinculado a la concesión de ayudas sociales.

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha informado de esta iniciativa legislativa en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, y ha dicho que esta ley se dirige principalmente a los inmigrantes no comunitarios, ya que no tienen "la misma percepción que tiene un ciudadano europeo sobre nuestros valores".

La norma incluye un Compromiso de Integración, que tiene como objetivo facilitar la incorporación de los inmigrantes a los recursos sociales regulados por la Generalitat.

Mediante este Compromiso, que según ha precisado Blasco "no es de asimilación", los inmigrantes podrán seguir de forma voluntaria un programa formativo sobre "valores y reglas de convivencia democrática", entre otros aspectos.

Quien complete el programa "de manera satisfactoria" recibirá un certificado acreditativo "que podrá hacer valer en sus relaciones sociales y jurídicas".

El conseller ha asegurado que "no habrá discriminación" hacia los que no quieran seguir este programa, que además no está vinculado a la concesión de ayudas sociales.

Blasco cree que los empresarios valorarán este certificado que acredita "conocimientos" básicos de valenciano a la hora de contratar inmigrantes, y ha dicho que él "optaría" por una persona que sabe "expresarse y saludar en valenciano a otra que resulte ininteligible lo que diga".

El Compromiso no tendrá "carácter coactivo o imperativo" sino que ofrecerá a los inmigrantes "un mayor número de instrumentos" para "que se produzca la integración en un plano de igualdad".

El Gobierno valenciano considera que los inmigrantes "tienen que expresar su interés" por "conocer la realidad económica", la cultura, la historia y el sistema político de la Comunitat.

El conseller ha precisado que el objetivo de esta ley es "reforzar los vínculos de convivencia" y evitar que "se rompa la estabilidad política y social" de la Comunitat Valenciana "por una presión demográfica tan potente".

Según ha informado el Consell, el número de extranjeros residentes en esta autonomía se ha incrementado desde 2000 en un 369 por ciento, y los 732.102 inmigrantes que hay en la actualidad constituyen el 16 por ciento del total de la población.

El texto incluye un conjunto de medidas sociales dirigidas a los colectivos con mayor riesgo de exclusión en materia de sanidad, educación, formación y empleo o vivienda, entre otras.

Con el mismo, el Consell pretende evitar "acciones concretas" como "el hacinamiento de personas en viviendas", y tiene como objetivos "luchar contra la discriminación de sexo, ofrecer garantías jurídicas para los menores que tienen que ser repatriados y combatir el absentismo escolar".

Mediante la ley, la Administración autonómica facilitará a los inmigrantes que quieran volver a su país de origen "apoyo, información y ayudas".

La norma "garantiza derechos sociales a todos los inmigrantes, independientemente de su situación legal", ya que, según ha dicho Blasco, "para la Generalitat se puede estar sin papeles, pero no sin derechos".

El conseller ha criticado "el cambio radical" que a su juicio ha experimentado el Gobierno central en su política de extranjería, con unas posiciones "diametralmente opuestas" a las que defendía.

Según ha subrayado, "la gran paradoja" es que la regulación de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, pero son los gobiernos autonómicos y locales quienes tienen que "tragar con la asistencia en servicios básicos" a los inmigrantes.

El STEPV presenta el recurso contra la orden de funcionamiento de EpC en la Comunitat

15:23 El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) presentó hoy el recurso contra la orden de funcionamiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de la Conselleria de Educación que regula la materia en la Comunitat Valenciana.

Además, STEPV considera que la aplicación de la orden comportará el "incumplimiento de normas de rango superior como el Reglamento Orgánico y Funcional de los centros, el Real decreto que establece las enseñanzas mínimas en la ESO o el mismo Decreto del Consejo que establece el currículum de Secundaria".

Por otro lado, el sindicato continúa con la "campaña de apoyo a los centros educativos" y les ha enviado un documento dirigido a los padres y las madres que quieran que sus hijos cursen la asignatura en valenciano o castellano.

El recurso de STEPV se suma al ya presentado por el sindicato CCOO. También UGT ha manifestado su voluntad de recurrir la orden valenciana y, por su parte, el Ministerio de Educación anunció que también lo haría si la norma "cuestionaba la obligatoriedad" de la asignatura.

Educación publica el modelo para elegir Ciudadanía sin mencionar el inglés

El conseller afirma que si no hay plantilla suficiente se completará con voluntarios