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28 Jun 2008

CV. 28/06/2008.

Escrito por: jordigrau el 28 Jun 2008 - URL Permanente

CV. 27/06/2008.
Rita silencia les famílies dels morts en l'accident del Metro: “43 muertos + 47 heridos = 0 respuestas”. 28/06/2008.
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La Copa rompe con Valencia

ACM cancela el contrato de ciudad sede para la 33ª edición de la prueba de vela.

NADIA TRONCHONI - Valencia - 28/06/2008

Valencia ha dejado de ser la sede de la 33ª Copa del América, cuyo futuro es incierto. America's Cup Management (ACM), la empresa organizadora de la 33ª Copa en nombre del club defensor, la Sociedad Náutica de Ginebra (SNG), a la que representa el Alinghi, comunicó ayer que se veía "obligada a modificar los términos de su relación con las Administraciones Públicas españolas" (Ayuntamiento de Valencia, Gobierno central y Generalitat). De este modo, pone fin al contrato que designaba a Valencia como ciudad sede de una competición inicialmente concebida para 2009 y en la que participarían múltiples equipos.

Las dos partes, ACM y el Consorcio 2009 integrado por las tres instituciones españolas, han firmado un nuevo acuerdo de transición. Una especie de larga despedida. Así, el Consorcio asumirá el control y explotación del Port America's Cup a partir del 1 de julio. Si bien, los equipos podrán seguir utilizando sus bases, y la mayoría de los beneficios administrativos acordados para éstos, las empresas y el personal de la 33ª edición seguirán en vigor hasta final de 2008.

ACM atribuyó su decisión a "la continua intertidumbre causada por las maniobras legales del Golden Gate Yatch Club", al que representa el Oracle. Éstos llevaron a los tribunales al Alinghi en julio del pasado año. Fue solo unos días después de que los suizos revalidaran su victoria de 2003 en aguas valencianas, cinco días antes de que la SNG anunciara que Valencia volvería a ser la sede de la competición. Los norteamericanos consideraron ilegal la concurrencia del Club Náutico Español de Vela e injusto el nuevo protocolo sellado entre éste y los suizos. El juez le dio la razón hace unos meses. Pese a todo, aún hoy el mundo de la vela está pendiente de la decisión del Tribunal de Apelaciones, al que recurrieron los suizos. Los dos equipos, únicos supervivientes en esta atípica Copa, se batirán por la Jarra de las Cien Guineas. A falta de pocos días para que se cumpla un año desde la pasada edición, la 33ª Copa sigue sin tener ni sede, ni fecha.Tras muchas visitas a la Corte Suprema de Nueva York, tras los dimes y diretes de dos equipos enzarzados en una lucha de protagonismo y poder, el Alinghi -defensor- y el Oracle -reconvertido en primer desafiante-, el culebrón de la próxima edición de la competición de vela más antigua que existe dice adiós Valencia. ACM deberá ahora devolver a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia la parte del canon de 105 millones de euros para la competición en 2008 y 2009 que ya abonaron a la organización el pasado septiembre -un 40% a cargo de la Generalitat, y un 20% a cargo del consistorio, en total 63 millones-. El Gobierno no había pagado su 40%.

El Oracle logró colarse, sin necesidad de regatas previas, en el match race final. Su victoria en los tribunales le concedió ese privilegio al no lograr un acuerdo con el defensor por las reglas de la competición. Y el Alinghi, le hará pagar ahora su picardía.

Abocados a un cara a cara en multicascos, las reglas del Deed of Gift, documento fundacional de la competición, favorecen al defensor. Es éste quien decide dónde celebrar las regatas. Pero, además, no tiene la obligación de anunciar el lugar hasta seis meses antes de que se celebren. De ahí que desde diferentes ámbitos se auguraba que la Copa se alejaría de Valencia. Dejó de ser una buena candidata. Defensor y rival estarían en igualdad de condiciones pues ambos conocen sus aguas o la velocidad del viento. Además, de la 33ª edición apenas se sabe que consistirá en una lucha en catamaranes, se desconoce el lugar, pero también las fechas del enfrentamiento. El juez Cahn estableció que se celebraría en marzo de 2009.

Pero su decisión abre nuevos interrogantes. ¿Podrá celebrarse en Valencia, en el hemisferio norte, pese a que el Deed of Gift mantiene que solo a partir de mayo puede navegarse en este hemisferio? Cuestiones como esta hacían del contrato firmado hace casi un año un sinsentido. "El contrato ya no se sostenía", declaró el concejal de Deportes, Cristóbal Grau.

Con todo, los implicados se resistían ayer a pensar en un adiós definitivo. "Esto no significa que nos vayamos de Valencia", afirmaba Michel Hodara, director de ACM. Desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia se lanzaba un mensaje de optimismo. El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, dijo entender las "dudas legales" que han propiciado la decisión de los organizadores. Si bien, se declaró "confiado y optimista en que la próxima edición se celebre en Valencia". "Las expectativas de que se celebre en Valencia no han cambiado", declaró Grau. Asimismo, desde la Delegación de Gobierno se quitaba hierro al asunto, pues esta opción ya se contemplaba. "ACM tenía la opción hasta el 30 de junio de rescindir o continuar con el contrato. Ha decidido hacerlo porque si no le supondría perjuicios económicos", indicaron dichas fuentes.

Y así, con la rivalidad entre los fundadores de ambos sindicatos, los multimillonarios Ernesto Bertarelli (Alinghi) y Larry Ellison (Oracle), termina el cuento. El de Valencia y la vela.

ACM cancela el contrato de la 33.ª Copa del América con Valencia por incertidumbre legal

ACM, empresa organizadora de la Copa del América de Vela, anunció ayer que cancela el contrato de sede con Valencia en vista de la "incertidumbre legal". Las administraciones aún confían en que habrá una 33 edición.

La ciudad confía en una nueva edición

Educación mantuvo a 700 alumnos en un centro con aluminosis

El curso próximo comenzará en barracones

Efe/E. P., Muro de Alcoi
La Conselleria de Educación ha desalojado el colegio público El Bracal de Muro de Alcoi al detectarse aluminosis en su estructura, por lo que sus 700 alumnos matriculados iniciarán el próximo curso en aulas prefabricadas.
Así lo anunció ayer su alcalde, Rafael Climent, quien explicó que los informes técnicos indican que esta patología del hormigón afecta a toda la estructura del edificio, por lo que el colegio no podrá ser utilizado durante el próximo curso escolar 2008/09.
Climent criticó que la Conselleria de Educación mantuviera a los estudiantes en el centro educativo durante el último mes, pese a conocer los problemas estructurales del edificio desde mediados de mayo, al hacer unas obras en los aseos.
El alcalde explicó que en este periodo los técnicos realizaron una serie de catas que confirmaron la patología del hormigón de la estructura del colegio, y ha añadido que la conselleria está a la espera del último informe para decidir si remodela o derriba el inmueble.
Según el alcalde, la comunidad educativa del centro apuesta por la demolición del edificio porque esto permitiría construir uno nuevo adaptado a las nuevas necesidades educativas del municipio.
Climent apuntó que el consistorio y la Conselleria de Educación reubicarán a los 700 alumnos en aulas prefabricadas y ambas administraciones estudian la posibilidad de que éstas se sitúen en unos terrenos próximos a la avenida de la Estación de esta localidad alicantina.
Desde la conselleria recordaron ayer que se puso en marcha un estudio técnico para conocer el estado de la estructura del inmueble que ahora, cuando está a punto de concluir, determina que el colegio sufre "lo que parece un caso de aluminosis".
Por ello, se ha solicitado un informe "exhaustivo" para decidir si es "suficiente realizar una actuación parcial o uno nuevo. La Administración subrayó que se "garantizarán las condiciones del alumnado".

Paqui Viciano: "Kringe sigue los pasos de su líder espiritual Zaplana y será alcaldesa con un tránsfuga"

Tras 5 años de alcaldesa, Paqui Viciano dejará de serlo por una moción de censura que elegirá a la popular Ana Kringe con un popurrí de fuerzas políticas y la llave del tránsfuga Juan Collado.

V. X. C. R., Dénia
"Con cariño para Paqui Viciano" reza una foto dedicada de Zapatero. El despacho de la alcaldía de Dénia pronto cambiará de inquilina. Sobre la mesa, una foto familiar y unas orquídeas violetas decoran una estancia con recuerdos zen gracias al olor a incienso y a una estatuilla de aires orientales. Visiblemente cansada, pero con el mismo nervio, la alcaldesa explica más detalles sobre la moción de censura.
-¿Ya ha asumido que abandonará la alcaldía en breve y ocupará el banco de la oposición?
-Me he hecho a la idea. He estado consultando con mis compañeros y regresaré al instituto para dar clases. Ejerceremos una oposición responsable.
-¿Ha tendido lazos con el sector de su partido que todavía tiene ascendencia sobre el ex concejal socialista Juan Collado?
-Mientras quede una hora para trabajar por un gobierno de progreso hay esperanza. He recibido un respaldo de todos los ámbitos del PSPV y están intentando agotar todas las vías.
-Sin embargo la censura ya se ha presentado con el PP, Gent de Dénia, PSD, Centre Unificat y el edil díscolo del PSOE.
-Sí. Juan Collado ha propiciado una moción para darle la alcaldía al PP. Ana Kringe será alcaldesa con el voto de un tránsfuga, siguiendo los pasos de Eduardo Zaplana, su líder espiritual. Lo triste es que Collado no ha parado de autodefinirse como un hombre de partido.
-Su socio de gobierno, el Bloc, habló ayer de que el pentapartito es una UTE (Unión Temporal de Empresas). ¿Qué los diferencia de ustedes?
-El PSPV y el Bloc hemos hecho una política urbanística clara. Hemos rechazado la homologación de les Marines (urbanización de 18.000 viviendas) o el plan urbanístico de les Rotes. Y todo desde la participación ciudadana. Ha habido gente que no acepta la participación democrática y han surgido partidos como el Centre Unificat y el PSD. Lo que une a esta amalgama de siglas es la redacción de un nuevo plan general como el de 1972, desarrollista.
-De todas maneras ¿no cree que un plan general para una ciudad como Dénia debería contar con el máximo respaldo político, que no sea aprobado por sólo 11?
-El tiempo nos dirá si dejan participar a la ciudadanía en la planificación del municipio o no. Nosotros desde el primer día tras las elecciones dijimos que este era el mandato del diálogo. Abrimos el pacto a otras fuerzas políticas en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido empezamos las negociaciones con Gent de Dénia.
-Y no hubo manera.
-Hay un documento de acuerdo con Gent de Dénia redactado que al final no aceptaron.

Incógnitas en el nuevo gobierno

El PSPV denuncia un "asalto antidemocrático" y el PP habla de "complejidad"

Un año de gestión contra Madrid

Rambla resalta las políticas sociales y advierte que el Consell seguirá con sus reclamaciones a Zapatero

Julia Ruiz, Valencia
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, aprovechó ayer la rueda de prensa posterior al pleno para hacer balance del primer año de gestión del Ejecutivo valenciano. Rambla, que hizo un detallado resumen por departamentos de las iniciativas impulsadas en los últimos doce meses, mantuvo que las políticas sociales han centrado la acción de gobierno del segundo mandato de Francisco Camps. El portavoz advirtió que la misma exigencia que el Consell había puesto en estas políticas, la tendrá respecto a el Gobierno socialista de Zapatero y, en general, con las instituciones que "discriminan" a la Comunitat. Y reclamó a Madrid recursos para seguir prosperando.
La intervención de Rambla se ajusta a la perfección al guión que el Ejecutivo de Camps ha seguido en un año marcado por la guerra sin cuartel contra el Gobierno central. La estrategia del victimismo y de la reivindicación constante ha sido, junto a la apuesta por los grandes eventos deportivos, la marca de gestión de Camps desde que el PSOE llegó a la Moncloa, si bien se ha intensificado de manera especial en el último año ante la firme y pública voluntad del presidente de contribuir desde su gobierno a que Rajoy ganara las elecciones. Con esta meta, finalmente frustrada, Camps ha dirigido un gobierno volcado en la reivindicación de los clásicos -agua, financiación, infraestructuras y policías- en el que no han faltado iniciativas para bloquear las propuestas provenientes de Madrid. La decisión de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés es uno de los ejemplos, junto con los recursos al Constitucional contra decretos gubernamentales, como el la renta básica de emancipación.
De forma más sutil e inconfesable, el Consell ha puesto palos en las ruedas en la aplicación en la Comunitat de una de las iniciativas de mayor calado social del Gobierno central: la ley de dependencia. Las denuncias de colectivos y de instituciones como la Sindicatura de Greuges por la demora en tramitar las ayudas sociales ha forzado a Camps a tratar de contrarrestar las críticas con anuncios varios en materia de política social. Rambla destacaba ayer que el primer pleno de la legislatura había arrancado con el acuerdo sobre la gratuidad de los libros de texto y finalizaba con el decreto para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial.
1.452 asuntos en plenos
Pero el Consell no sólo ha mirado a Madrid por cuestiones partidistas. El endeudamiento de las cuentas públicas y las dificultades presupuestarias -que se han intensificado con la recesión en el sector de la construcción- le ha puesto en apuros para financiar sus iniciativas. Al margen de que el Ejecutivo tiene razones objetivas para pedir una mejora en la financiación autonómica (la Comunitat está en la cola en recursos por habitante), ha acabado responsabilizando al Zapatero de todos sus males económicos. Ayer Rambla pedía al Gobierno que le aprobara el plan de inversiones de 2008 para seguir generando empleo. Obviaba que el documento está congelado por la mala gestión de la deuda.
Del balance en cifras facilitado por el Consell destaca la aprobación en las Corts de 15 leyes y la atención a 5.950 iniciativas de control al Gobierno. También, los 12 proyectos legislativos, 156 decretos y 1.452 asuntos acordados en plenos.

Luna acusa a Camps de "pervertir" las Corts

ACPV denuncia ante el juez que el Consell la persigue y que cerró TV3 sin ser competente

La Generalitat, que puso 300.000 euros de multa, alega que tiene potestad para inspeccionar y sancionar. Admite que TVV es pirata en Baleares, Cataluña y Aragón, pero nadie ha recurrido

Francesc Arabí, Valencia
Casi dos horas de argumentos íntegramente en valenciano en dependencia judicial. Esa fue la primera noticia de la vista oral en la que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Generalitat expusieron los argumentos en contra y a favor del cierre de los repetidores de TV3 en el Bartolo, el Montdúver y la Carrasqueta, que motivó un recurso contencioso-administrativo de la entidad cultural que ayer se dirimió en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y quedó visto para sentencia.
La letrada de Acció Cultural, Mercè Teodoro, basó su petición de nulidad de la sanción (300.000 euros de multa) en que el Consell no puede invadir competencias estatales de gestión del espacio radioeléctrico, y que, si bien tiene potestad en las licencias administrativas, no estaría facultada para inspeccionar o sancionar sobre frecuencias no otorgadas, como el canal 47 y 55, de una televisión que emite, además, en varias comunidades. La capacidad de sanción sería también del Estado. "La Generalitat no tiene ninguna competencia directa sobre las TDT en frecuencias no asignadas", subrayó.
"Actuación arbitraria"
Acció Cultural alegó que no es entidad "prestadora de servicios" televisivos sin licencia porque, señaló Teodoro, sólo transportan la señal, no es concesionaria de televisión. Dijo que la inspección empezó en mayo de 2006 cuando, dijo, no había entrado en vigor la Ley Valenciana del Audiovisual y, además, lamentó que el Consell no informó a ACPV de que esa norma estuvo durante un tiempo suspendida y sin eficacia dado que el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad.
En clave política, Teodoro denunció que el Consell ha actuado de forma "arbitraria y discriminatoria" y habló de "persecución de carácter anticatalanista". Recordó que en los 20 años de emisiones ha habido "tolerancia" de los poderes públicas y "nadie ha alegado perjuicios" ni estar "afectado" por TV3. Teodoro recordó que Canal 9 emite sin licencia desde repetidores de Teruel, Tarragona y en Baleares. "Resulta que el infractor de allí nos sanciona aquí", concluyó. El letrado de la Generalitat, José Pla, replicó que la Constitución, el Estatut y la ley valenciana del audiovisual otorgan al Consell competencias para regular los medios. "Al Estado compete otorgar frecuencias, pero a las comunidades regular la prestación del servicio", señaló. Para Pla, "no es TV3 quien hace la emisión, sino Acció Cultural".
El letrado aseguró que el expediente que llevó al cierre se hizo cuando estaba "en pleno vigor la ley autonómica", y que las actuaciones llevadas a cabo antes eran meras "inspecciones". Respecto a la acusación de que RTVV emite sin licencia -es pirata- en Aragón, Cataluña y Baleares, Pla dijo "desconocer" si emite o no pero que ese extremo no afecta al caso tratado. "Si alguien no está de acuerdo pondrá un recurso", apuntó. El magistrado presidente de la sección primera, Edilberto Narbón, dejó el recurso visto para sentencia.

"Como a una cadena de pitonisas"

Acció Cultural explica al TSJ la "persecución" del Consell a TV-3

sanidad

El Consell concedió asistencia sanitaria gratis a miles de británicos sin tener derecho a ella

Una circular permitía desde 2002 obtener la tarjeta sanitaria con un certificado del padrón.

Rafel Montaner, Valencia
La Generalitat Valenciana ha estado concediendo durante los últimos seis años asistencia sanitaria gratuita a miles de extranjeros afincados en la Comunitat, principalmente británicos aunque también a ciudadanos de otros países ricos de la UE, que no tenían derecho a recibir dicha prestación en sus países de origen por no ser ni trabajadores en activo ni pensionistas.
Una circular de la Conselleria de Sanitat ha permitido que desde el año 2002 miles de británicos hayan podido obtener la tarjeta sanitaria con simplemente presentar un certificado de empadronamiento y una carta del Departamento de Pensiones del Reino Unido en la que se hacía constar que no estaban cubiertos por la seguridad social británica ni de ningún otro país europeo.
La propia Embajada británica, en una nota de prensa, reconoce que sus nacionales beneficiados por la Circular 1/2002 de extensión a demanda de la asistencia sanitaria no tienen acceso al sistema de salud pública británica y tampoco contribuyen a la Seguridad Social española, tratándose principalmente de trabajadores prejubilados que ya no están en activo.
La consellería anunció esta semana que. con la entrada en vigor de la Ley de Aseguramiento Sanitario Valenciana, va a retirar la asistencia sanitaria gratuita a 1.600 prejubilados británicos con recursos económicos, poniendo fin a esta singular vía de acceso a la sanidad pública que pagamos todos los valencianos.
Un portavoz del departamento que dirige el conseller Manuel Cervera, explica que este "derecho de asistencia por la "extensión a demanda", es decir, la asistencia a personas sin recursos, es exclusivo de la Comunitat Valenciana", y por tanto no se ha dado en ninguna otra parte de España. "Con esta nueva ley, se evitará que los residentes británicos prejubilados con recursos económicos, sin cotización a la seguridad social española o británica, reciban asistencia sanitaria gratuita", concluye.
Personas "sin recursos"
La legislación española dice que los extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional y carezcan de recursos económicos suficientes, es decir, personas cuyas rentas de cualquier naturaleza, sean iguales o inferiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, tienen derecho a asistencia sanitaria.
Sin embargo, ni en la circular 1/2002, ni tampoco en otro documento posterior, denominado Instrucciones relativas al derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos del Reino Unido, con fecha del 13 de agosto de 2004, parece constar que a los británicos que han solicitado una tarjeta sanitaria SIP a través de la extensión a demanda, muchos de los cuales han adquirido lujosas villas en el litoral alicantino, se les haya solicitado una declaración de ingresos o rentas tal y como exige la normativa estatal española.
El catedrático de Computación de la Universitat de València, Gregorio Martín, hace dos años ya envió un informe al entonces conseller de Sanidad, Rafael Blasco, en el que alertaba del enorme número de ciudadanos de la UE que se instalaban en la Comunitat, especialmente en Alacant, a los que se concedía un SIP y lo difícil que iba a ser cobrar los gastos sanitarios en los que incurrían.
Martín señala que "si ahora se les quita la asistencia sanitaria a estos extranjeros, es que no habían tenido derecho a ella" y se pregunta cuánta gente se habrá beneficiado de ella durante los seis años que ha estado en vigor la circular 1/2002, dato que no facilitó ayer la conselleria. Sanitat soló informó de las tarjetas SIP concedidas a británicos que va a retirar cuando caduquen, no de cuantas ha otorgado desde 2002, que podrían ser miles dado que su vigencia es de 12 meses.
"Es evidente que, en una parte que no conocemos, el dinero que corresponda a la asistencia sanitaria de los valencianos se esta dedicando a ciudadanos europeos que no tendrían derecho a ella en sus propios países", destaca.
El año pasado el Consell que preside Francisco Camps presentó un recurso en el que reclamaba a Zapatero 180 millones de euros que afirmaba que le costó la atención sanitaria a los extranjeros residentes entre 2002 y 2004.

Subías (PSPV): "¡Y, mientras tanto, piden más dinero al Estado!"

R. Montaner, Valencia
El periódico británico Telegraph publicó el pasado domingo un artículo en el que se lee textualmente que en 2002 "el gobierno provincial ofreció asistencia sanitaria gratuita a todos los inmigrantes de todas las naciones de la UE en un intento de atraer la inversión extranjera hacia el mercado inmobiliario local". Casi siete días después, la Generalitat no ha emitido ningún comunicado en el que desmienta dicha información.
Pedirá explicaciones a Camps
El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Ignacio Subías, anunció ayer que pedirá la comparecencia ante el Parlamento valenciano del conseller de Sanidad, Manuel Cervera, y también del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque "deberían de explicar las razones por las que a un ciudadano extranjero que no tiene derecho a una asistencia sanitaria pública, porque no quiere, se venga a vivir aquí porque le dicen que la va a tener gratis".
"Una comunidad autónoma, no puede solicitar permanentemente recursos al Estado y al mismo tiempo gestionar mal el dinero de que dispone", añade en relación a las quejas de Camps y Cervera sobre la falta de financiación estatal para la sanidad valenciana.
Subías calificó de "grave" que la Generalitat acepte conceder asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes británicos que no tienen derecho a ella en su país "y, mientras tanto, sigan pidiendo más dinero al Gobierno".

El Consell proclama que en Mundo Ilusión "gastará el dinero que se tenga que gastar"

El PP veta que Calatrava y el director del Aeropuerto de Castelló informen a las Corts

Juanjo García Gómez, Valencia
¿Crisis? ¡Ni hablar! Al menos en determinados proyectos. El secretario autonómico de Economía y Presupuestos, José Manuel Vela, aseguró ayer en las Corts que el Consell "se gastará el dinero que se tenga que gastar para asegurar que el proyecto [de parque temático Mundo Ilusión] vea la luz como Dios manda", en respuesta a preguntas de la diputada de EU Marina Albiol en la comisión de Economía. Albiol lo inquirió sobre el dinero que lleva gastado el Ejecutivo y el que se piensa "continuar gastando" en esta actuación "hasta descartar definitivamente el proyecto, tal como aconsejan los informes".
Vela cifró en 1.444.897,06 euros el gasto total del proyecto Mundo Ilusión desde su constitución en 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, un dato "completamente irreal" para Albiol ya que sólo en estudios, proyectos de viabilidad, promoción y abogados "se han gastado 600.000 euros". El responsable de Economía admitió que "no hay ningún plan de viabilidad sobre el proyecto". "Lo que sí hay es un plan de negocio para intentar hacer el proyecto con unos objetivos, teniendo en cuenta las características de aquella área privilegiada, para que sea lo más exitoso posible", indicó. "Se gastará el dinero que se tenga que gastar para asegurar que el proyecto vea la luz como Dios manda", aseveró, para matizar que alude a lo "que se tenga que gastar" porque la cifra la podrá decir cuando tenga "ese plan de negocio acabado". Aseguró que no le "consta la existencia de ningún informe que aconseje descartar la viabilidad del proyecto" .
Marina Albiol denunció que Mundo Ilusión es una "excusa para reclasificar millones de metros cuadrados para Marina d'Or" y por ello, añadió, el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y Jesús Ger, dueño de Marina d'Or, "son los máximos impulsores de este pelotazo urbanístico" en el que el primero "arrastra a todo el Consell" y que "acabará en el juzgado". "Es la prueba definitiva de Fabra es el que más manda" en el PP, asestó.
En la misma comisión, El PP rechazó sendas peticiones del grupo socialista para que comparecieran en las Corts Santiago Calatrava, como director facultativo y autor del proyecto de la Ciudad de las Artes, y el director del aeropuerto de Castelló, Juan García Salas, alegando que en la Cámara "sólo deben comparecer responsables políticos".
El socialista José Camarasa quería que Calatrava aclarara, en relación a las inundaciones en el Palau de les Arts, el "rápido cambio de opinión" para pasar de "responsabilizar al Consell y al Ayuntamiento por no haber seguido sus indicaciones" a que dos meses después "obedecieron a una catástrofe natural". Camarasa dijo no querer pensar que tuviera relación con el anuncio del presidente Camps de que le encargaban el Espai Comercial de Castelló. En cuanto a García Salas, el socialista quería que diera respuesta a las "irregularidades" reveladas por la Sindicatura. Entre ellas, que se pagaron a la concesionaria 18 millones de indemnización por la paralización de las obras sin un informe jurídico que lo avalara y que abonaran más de 100.000 euros por otros servicios al mismo bufete con el que contrató la asesoría jurídica por 140.000.
El popular José Marí cuestionó el propio reglamento aprobado por el PP al rechazar que en las Corts puedan comparecer otras personas aparte de altos cargos o funcionarios de la Generalitat "ni que lo diga el reglamento", dijo, y recurrió a la broma al afirmar que aceptaría estas peticiones si el PSPV firmara que comparezca Solbes "para explicar por qué ha subido la inflación un 5,2%"; la ministra de Igualdad, "para decir cómo es posible que sea tan mala"; e incluso Zapatero, sobre "por qué no ha adoptado ni una puñetera medida sobre la crisis". "No podemos convertir esta Cámara en un patio de colegio", recalcó Marí, quien apuntó que sólo se puede pedir que comparezcan los consellers. Llegó a decir que el PP no ha hecho comparecer al delegado del Gobierno, cuando sí lo hizo.

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Sobre este blog

Ara

Jordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.

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