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El pleno de la permanente del Consell Escolar Valencià (CEV), celebrado ayer, aprobó por 32 votos a favor, 18 en contra -básicamente, de los sindicatos de la red de centros religiosos- y nueve abstenciones una enmienda al decreto de Bachilleratos para "mantener las tres horas de Filosofía que se imparten en dos cursos a cambio de dividir las dos horas de Religión entre dos cursos". Una propuesta que, de ser respetada por el consejero Alejandro Font de Mora, pondría fin a las acampadas que vienen protagonizando profesores y estudiantes de Filosofía en el campus de Blasco Ibáñez.

El acuerdo -propuesto por Luis García Trapiello, de CC OO, y Santiago Estanyà, del STEPV, y ratificado por UGT y CSIF- pasa por separar las dos horas de Religión que la consejería había encajado en el horario de primer curso de Bachillerato (con lo que se comía una de las tres horas de Filosofía) y desplazar la segunda hora de Religión al segundo curso de Bachillerato, para poder conservar el horario de Filosofía.

La fórmula, sin embargo, no ha sido bien recibida por los representantes del sector docente religioso, FSIE y USO, que consideran que el desplazamiento de la Religión "creará problemas a sus profesores", según explicaron fuentes del consejo. Es más, algún representante del clero valenciano y de la patronal de centros católicos FERE llegaron a reconocer explícitamente que con el cambio se corre el riesgo de que "los alumnos de segundo que preparan el selectivo no quieran perder el tiempo estudiando Religión".

La patronal CECE, que preside José Manuel Boquet, reconoció en privado el problema que supone para sus centros asociados la reducción de una hora de Filosofía. Miguel del Pino, del CSIF confirma que "recortar una hora de Filosofía rompe con la fórmula de jubilaciones del profesorado a tiempo completo, que tendrían que pasar al grupo de contratados a tiempo parcial, modificando sus condiciones laborales".

El consejo también aprobó las enmiendas al proyecto de decreto que "establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan primer ciclo de Educación Infantil".

Todos los sindicatos, según precisó Guillermo Martí, de Fete-UGT, trataron de "impedir que la Administración rebaje el nivel de exigencia a los titulares de guarderías que ya atienden a menores de tres años". Según Albert Sansano, del STEPV, "se trata de evitar que el decreto se convierta en un coladero para legalizar cualquier chiringuito, sobre todo, ahora que han proliferado nuevas fórmulas, como los pisos francos dirigidos por inmigrantes". En la práctica, el decreto es el primer paso en la "privatización de la red de infantil", admite Manolo Picó, de CC OO, que recordó que en el Pavace se ha introducido un punto para que la Generalitat se acoja al convenio con el Gobierno para crear "una red de guarderías públicas". La fórmula, añadió Martí, se podría hacer vía ampliación de los colegios de Primaria que se pueda o usando el espacio liberado por el traslado a los institutos del primer ciclo de ESO.

Mientras la permanente del Consell Escolar Valencià se mantenía reunida, representantes de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, con el apoyo de las centrales sindicales de STEPV, CC OO, UGT y la Federación de Alumnos realizaron una concentración de protesta ante las puertas de la Consejería contra la política educativa del Consell.

La vicepresidenta de la Gonzalo Amaya, Gemma Piqué, leyó un manifiesto quejándose del "desprecio" que el consejero, Alejandro Font de Mora manifiesta hacia sus propuestas. A ritmo del Chiki-chiki cantaron La canción del no, que dice así: "La política educativa se baila así: uno, los decretazos; dos, ciudadanía; tres, el uniforme; cuatro la religión. Pelea, pelea".

El Gobierno había anunciado el lunes que para hacer frente a la sequía no se descartaba ninguna medida, incluidos los trasvases, con la excepción del Ebro. Esta exclusión hizo que García Antón recuperara ayer el lenguaje de la confrontación con el PSOE, tan grato al Consell. "Intolerable", clamó el consejero, "si no somos capaces de sentarnos para hablar de todo [trasvase del Ebro] es que no quieren llegar a ningún pacto".

Pero entre las grandes palabras del consejero valenciano se coló una reflexión de su compañero murciano. Antonio Cerdá dijo que, primero, había que dejar el asunto en manos de los técnicos y "después que decidan los políticos". Una opinión que va justo en la dirección contraria de lo que se ha hecho siempre en la Comunidad Valenciana, donde el agua ha sido la punta de lanza de la política del presidente Francisco Camps, justificada a posteriori con informes de algunos técnicos. La fortaleza de las palabras de García Antón, aún siendo contundentes, queda lejos de las arengas que llamaban a movilizarse frente a la Moncloa que realizó apenas hace menos de un mes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en Orihuela durante la constitución de la plataforma de Alcaldes por el agua del PP.

El Consell, durante ese breve espacio de tiempo, ha ido modulando su discurso y ajustándolo más al enunciado de su programa electoral, en el que no se hace ninguna referencia explícita al trasvase del Ebro. El Gobierno ha hecho otro tanto: reducir la crispación, trabajar para concluir las obras de la desalinizadora de Torrevieja y tender puentes con la Generalitat, como se comprobó durante la reciente visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu. En este clima, hasta García Antón dejó caer ayer que el PP "quizás no lo ha hecho del todo bien" por lo que habrá que trabajar con Castilla-La Mancha y Aragón para "que el diálogo sea más fluido".El acuerdo de los regantes de Villena de vender a la multinacional Danone agua de sus acuíferos para embotellarla no ha sido bien acogido por el Gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha contestado por carta al Gobierno de Castilla-La Mancha informándole de que no han autorizado la operación y advirtiendo de que "si se pidiera, no se autorizará" el correspondiente cambio de uso, ya que ese agua es agrícola y debería considerarse para el consumo.

El portavoz del Grupo Socialista en Toledo, Santiago Moreno, a raíz de esta contestación, tildó de "ilegal" este proceso, que podría conllevar la apertura de un expediente en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se personaría. "La ministra nos da la razón, se trata de un negocio ilícito, que merece un reproche legal y en ningún caso será autorizado", dijo Moreno. Los regantes de Villena, liderados por Andrés Martínez, activista en las protestas a favor del trasvase del Ebro y contra el Gobierno de Zapatero, acordaron vender 700 millones de litros de agua al año a cambio de 245.000 euros. En la operación los regantes se comprometen a dejar en barbecho 200 hectáreas de regadío, con lo que se conseguiría un ahorro de 0,7 hectómetros cúbicos. La versión de la postura de la ministra fue matizada ayer por la tarde. Fuentes del ministerio explicaron a Europa Press que Espinosa "no prejuzga" la instalación de la planta embotelladora, aunque estima que "en principio sería contraria a los objetivos del trasvase del Júcar-Vinalopó". Para su autorización se tendría que "proponer una reducción muy superior a las extracciones del acuífero que se pretende modificar".

El ministerio recuerda que tras la declaración de agua mineral para embotellado, que es competencia de la Generalitat, los regantes de Villena deben "dar de baja de su concesión actual una superficie de riego equivalente al volumen detraído para la planta embotelladora", y el cambio de uso del agua se deberá someter a exposición pública.

La Comisaría de Aguas, según la misiva de la ministra, envió el 12 de mayo pasado un escrito a los regantes "advirtiéndoles de la necesidad de tramitar el expediente de modificación" del uso del agua de este acuífero. El ministerio recalca la situación de "sobreexplotación elevada" de los acuíferos de esta zona que gracias al futuro trasvase Júcar-Vinalopó serán recargados.