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No es el primer caso de este tipo en la localidad de Orihuela, gobernada durante mucho tiempo por el PP, con mayoría absoluta. El alcalde que gobernó después de Cartagena, José Manuel Medina, también fue imputado en agosto de 2006 por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, en su caso por los delitos de corrupción y cohecho. Tan sólo un mes después, Medina fue expedientado, esta vez irregularidades urbanísticas.

En el caso de Cartagena, cabe destacar que en 1995, cuando abandó el Ayuntamiento oriolano, fue Conseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana en la presidencia de la Comunidad. Según fuentes judiciales, el ex mandatario se presentó ayer en la tarde en la cárcel alicantina para cumplir con la orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia que expiraba a finales del presente mes.

Indultos denegados
Cartagena solicitó el pasado mes de junio a la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante que se le conmutara uno de los cuatro años de prisión por una multa, pero la Fiscalía se opuso por considerar que no se daba ninguno de los factores alegados. La Sección Séptima remitió a la Fiscalía de Elche esta petición, en la que el ex alcalde argumentó que "había pasado mucho tiempo" desde que sucedieron los hechos y que cumplía los requisitos para sustituir parte de la pena por una multa. Un mes antes, el Gobierno central le denegó la petición de indulto que elevó en 2004 al Ejecutivo contra la condena firme, después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia previa de la Audiencia alicantina por unos hechos ocurridos cuando era alcalde de Orihuela en el año 1993.

Fraude probado
Esta última instancia judicial se consideró probado que Cartagena recibió un total de 49.000 euros procedentes del superávit del hospital municipal "San Juan de Dios", gestionado por las Hermanas Carmelitas, y que en lugar de ingresar el dinero en las arcas municipales, "lo hizo suyo con intención de propio beneficio".

La coartada fallida
El fallo estableció también que cinco años después -1998-, cuando Cartagena tuvo noticias de que se estaban realizando investigaciones judiciales, "para conseguir una coartada se puso de acuerdo" con un empresario, "amigo personal suyo desde hacía más de 30 años y contratista de numerosas obras de la Administración local y adjudicatario del servicio de limpieza". El objetivo de Cartagena, dijo el tribunal, era que este empresario facilitara tres recibos de supuestos de pago "con la pretendida finalidad de justificar el destino de estas sumas a obras sociales, tal como fue el deseo expresado por las monjas en el momento de su entrega".

El caso de las primas únicas
Según informó El País hace unos meses, en mayo de 2008 un juzgado oriolano decretó la apertura de juicio oral contra el ex edil por el otro caso, el de las primas únicas. En esta causa, el fiscal pidió el embargo preventivo de los bienes del ex consejero. El fiscal anticorrupción de Alicante presentó su escrito de calificación inicial con una petición de tres años de cárcel por un supuesto fraude fiscal de 310.000 euros.

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