Ara

El TSJ falló contra la Generalitat, de un lado, el 10 de junio, en una sentencia (y van 15 seguidas) en la que considera contraria a derecho la exclusión de la carrera en la orden de 19 de julio de 2006 por la que convocó las pruebas. Del otro, en una resolución (dictada el 27 de junio) de adopción de medidas cautelares en la que "ordena" a Educación que exima de la realización del examen a los licenciados en Filología Catalana que se presenten a las oposiciones convocadas el 15 de abril, es decir, en las pruebas de este año.

Las partes demandantes son, en ambos casos, las universidades de Alicante y de València.

El TSJ, para fundamentar la segunda resolución, afirma que las medidas cautelares pueden adoptarse en cuatro supuestos. El último de ellos: "La existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz". "Éste", añade, "es el que concurre en el caso que nos ocupa, ya que frente al reiteradísimo criterio de este tribunal, favorable a las pretensiones que sostienen las universidades, no se acierta a entender -salvo obviamente por razones extrajurídicas que en esta sede no cabe valorar- el empecinamiento de la Generalitat en hacer caso omiso de tal criterio en las sucesivas convocatorias docentes".

El Consell ha ido recurriendo ante el Tribunal Supremo todos estos fallos del TSJ. Se espera que la primera sentencia al respecto llegue como tarde el año que viene. La decisión está en todo caso cantada: tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional ya se han pronunciado sobre el mismo contenido (respaldando la igualdad científica de la lengua), pero no sobre el mismo tipo de resolución administrativa, lo que permite al Gobierno valenciano seguir perdiendo juicios.