Los cuatro policías exculpados son el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, al secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; al jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y al jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.

La sombra de ETA
Los policías ahora absueltos habían reconocido durante el juicio que se eliminaron las referencias a ETA del documento, por tratarse de una relación era “absurda” y “acientífica”. Incluso el perito que defendió la posible vinculación de ETA con los atentados del 11-M, Manuel Escribano, reconoció durante el juicio que no tenía constancia de que el ácido bórico (un producto de uso doméstico que se utiliza, entre otras cosas, como matacucarachas o contra el olor de pies), que no tenía constancia de que se hubiese utilizado en la elaboración de explosivos.

Los conspiranoicos volvieron a la carga
Sin embargo, la celebración del juicio sirvió para dar alas a los defensores de las teorías de la conspiración que volvieron a insistir (Pedro J. y Federico Jiménez Losantos especialmente), en los agujeros negros del 11-M, basándose esta vez en una cuestión administrativa y obviando que la sentencia dejó claro que no existía ningún tipo de relación entre ETA y el 11-M.

Mala práctica sin relevancia penal
La sentencia, que es recurrible, determina ve en la actuación de los imputados una "mala práctica administrativa sin relevancia penal". En este sentido, el juez opina que los acusados "no actuaron correctamente desde la perspectiva formal-administrativa" a la hora de sustituir el primer análisis (que sí incluía referencias a ETA) por el segundo, ya que, para ello, debían haber apartado "formalmente" al perito responsable de ese primer texto, "dejando constancia de esa contingencia".

Comprensión del juez
Sin embargo, el juez, aludiendo a la posible repercusión mediática del tema comprende la actuación de los ahora absueltos. "Se iba a generar una enorme confusión en la opinión ciudadana y en el entorno del proceso del “11-M” por unas especulaciones carentes de rigor, de ahí que los acusados entendieran que debían soslayarse de una forma concluyente en el informe, optando por una sustitución de facto del perito sin ajustarse a los cauces formales, cauces que no debieron omitirse", argumenta la sentencia.

Inconsistentes y faltas de rigor
"Lo único que hubiera podido impregnar de relevancia punitiva", continúa la sentencia, es el hecho de que las observaciones eliminadas hubieran tenido "consistencia" o "rigor científico". "Y ello no fue así", concluye la sentencia por lo que "sólo cabe dictar un fallo absolutorio".

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La penúltima felonía

JOSÉ YOLDI

Un fantasioso soplón de la Guardia Civil que evitó declarar en el juicio del 11-M pretende ahora convertirse en testigo protegido

Los policías consideran que el uso de confidentes en sus investigaciones es un mal necesario, cuando en realidad es un arma de doble filo, puesto que en muchas ocasiones estos chivatos profesionales, que hacen de la delación un modo de vida, están dispuestos a contar cualquier cosa que su controlador quiera oír con tal de recibir las prebendas o el dinero prometido.

En el proceso por los secuestros y asesinatos de Lasa y Zabala, dos etarras eliminados en 1983 de forma execrable por los GAL, uno de los abogados de la defensa pretendió comprar el testimonio de un confidente llamado Txofo. Éste estaba dispuesto a exculpar a los guardias civiles a cambio de 100 millones de las antiguas pesetas, pero el letrado quiso ahorrarse el dinero y el testimonio del soplón acabó apuntalando la condena de los agentes.

En el 11-M ha habido varios confidentes siempre bordeando la legalidad o vulnerándola abiertamente, como José Emilio Suárez Trashorras, Rafá Zouhier -ambos condenados- o los apodados Cartagena y Lavandera, que han ido cambiando sus declaraciones según les convenía.

Como siempre hay una avispa para picar en un rostro en llanto, ahora se presenta otro, un ex fraile mercedario y ex gestor de discotecas y puticlubs llamado Mario Gascón que se fue de España para no declarar en el juicio del 11-M porque, según dice, tenía miedo a la Guardia Civil. Ahora que ya parece haber superado su terror, ha paseado su imaginativa historia por varios medios de comunicación antes de contarla en la fiscalía. Y como decía Anatole France, ¡qué puede la verdad fría y desnuda frente a los encantos centelleantes de la mentira!

Porque este personaje ha urdido una película fabulosa de imposible comprobación que va contra todo lo que ha quedado probado en el juicio. Sostiene que Jamal Ahmidan, El Chino, el jefe operativo del comando de yihadistas autores de los atentados, le había dicho en varias entrevistas -anteriores y posteriores al 11-M- que él y Allekema Lamari, otro de los suicidas, eran confidentes del CNI; que El Tunecino, el supuesto jefe ideológico de la célula, tenía orden, no se sabe de quién, para convencer a tres personas para que se inmolaran en los trenes; y que El Chino le contó que los servicios secretos y "los vascos" estaban detrás de los atentados. Luego, de ciencia propia, añade, entre otros delirantes detalles, que los explosivos los puso en circulación Antonio Toro bajo la supervisión de la Guardia Civil, claro que a un periódico le llegó a contar: "Yo mismo, y por orden de la propia UCO

[Unidad Central Operativa de la Guardia Civil], ofrecí esa dinamita a diferentes grupos de colombianos, rumanos y búlgaros que hacían de porteros y hombres de seguridad en las discotecas de Madrid". Todo un crack.

Para acabar de poner la guinda a sus manifestaciones asegura que a Allekema Lamari lo mataron antes de la explosión de Leganés, aunque los forenses hayan dictaminado que no, y que el cadáver de Jamal Ahmidan no es el que apareció mutilado tras el suicidio colectivo del comando. ¡Lástima que el cotejo del ADN con el de sus hermanos demostrase lo contrario!

Claro que, como dice el fiscal Carlos Bautista, que no le da ninguna credibilidad ni verosimilitud, nada de lo que dice puede ser comprobado. Todo se basa en supuestas confidencias que le hicieron personas que ya han muerto y no le pueden desmentir. Nada es comprobable, igual que las historias de los malos periodistas. Una felonía, porque el 11-M ha dejado detrás el sufrimiento de las familias de 192 fallecidos y casi 2.000 heridos.

Gascón, que parece haberse quedado sin trabajo y sin dinero, quiere ahora que le concedan la condición de testigo protegido, obviamente con su correspondiente dotación económica. Vana pretensión, pues el fiscal se opone. Este príncipe del altruismo debería haber seguido los consejos del actor italiano Ugo Tognazzi, que siempre recomendaba practicar la técnica de las cuatro P: "Planteamiento perfecto previene percances".

"Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien". Víctor Hugo dixit.