La Audiencia de Madrid no sólo ha absuelto a los cuatro mandos policiales responsables de la Comisaría General de la Policía Científica, acusados de falsedad documental y encubrimiento por dos asociaciones de víctimas que, sin embargo, se mostraron harto complacientes en el juicio sobre el 11-M con los terroristas acusados de la masacre. Da un paso más: desenmascara al autor del informe, el perito Manuel Escribano, cuya actuación profesional "genera no pocas suspicacias" al insistir en observaciones carentes de rigor científico que nada aportaban a la investigación y que venían como anillo al dedo, generando "confusión y turbiedad en la opinión pública", a la disputa política y mediática alimentada por el periódico sensacionalista El Mundo y otros teóricos de la conspiración sobre la participación de ETA en el 11-M.

El desenlace judicial del caso del ácido bórico avala en buena medida las iniciales pesquisas del juez Baltasar Garzón sobre la conducta del perito Escribano, antes de que la juez Gemma Gallego tomara cartas en el asunto y decidiera dirigir el proceso contra sus superiores a instancias de las acusaciones. La Audiencia de Madrid no llega, como Garzón, a acusar al perito de "prefabricación intencionada", pero casi. Ocultó un dato clave, éste sí científico, que la Audiencia estima que debió hacer constar: el carácter inocuo del ácido bórico, una sustancia que no consta haya servido para enmascarar o conservar explosivos. Una omisión que, según Garzón, iba encaminada a dar verosimilitud a unas observaciones "tan genéricas como perversas e impropias de un informe pericial". Era obligado que sus superiores no dieran curso a tamaño disparate aunque, según la Audiencia, debieron cuidar mejor los procedimientos.

Entiende el tribunal que los jefes de la policía científica no cometieron ningún ilícito penal cuando eliminaron de un informe unas observaciones hechas por un subordinado -el perito Manuel Escribano- en las que éste -"sin ningún rigor"- baraja como posible la mano de ETA en los atentados de los trenes de Atocha. Para el tribunal, los datos en los que se basó Escribano para trazar un vínculo entre ETA y el 11-M "carecían de rigor científico". Y, además, las alteraciones que los jefes hicieron en el informe, al retirar tales observaciones, eran "intrascendentes, inanes e inocuas" y no constituyen ningún delito de falsedad.

La Audiencia, sin embargo, reprocha a los jefes policiales la forma en que apartaron a Escribano de esa pericia y redactaron un nuevo informe tras negarse éste a rectificarlo. Pero aun así, el tribunal estima que estaban facultados para hacerlo y que, aunque cometieron una "irregularidad administrativa", no es una falsedad. Ya que en el informe que hicieron también concluían que la sustancia analizada era ácido bórico.

Los jueces afirman que los jefes policiales habrían cometido falsedad si, en vez de ácido bórico, hubiesen dicho que lo hallado en casa de Hassan el Haski, condenado a 15 años de cárcel como dirigente de organización terrorista islamista, era otra sustancia.

El caso ácido bórico estalla cuando, en pleno fragor de la teoría de la conspiración, el perito Escribano denuncia que sus jefes le han manipulado un informe en el que él traza una posible relación entre ETA y el 11-M. Sus jefes le encargaron que analizase una sustancia blanca hallada en casa de un islamista detenido a instancias de Garzón tras el 11-M. Escribano concluye que se trata de ácido bórico, una sustancia de uso común que se utiliza como matacucarachas y antiséptico y que no es explosiva. Y no se conforma con eso: añade en el informe que, en 2001, cuatro años antes, también había sido hallada una sustancia idéntica en un piso franco de ETA en Salamanca. Y a partir de ahí hila una posible conexión entre ETA y el 11-M. Aunque el autor del informe fue Escribano, lo suscribieron también María Isabel López Cidad y Pedro Manrique.

Cuando sus jefes leen el informe, le dicen que elimine esas observaciones porque son "acientíficas", pero él se niega. Entonces, los jefes realizan otro informe con la misma conclusión -el polvo blanco es ácido bórico-, pero sin las citadas observaciones. El caso cae en manos de una juez de Madrid, Gemma Gallego, propuesta para el Consejo del Poder Judicial por una asociación afín al PP, y los jefes de Escribano acaban en el banquillo por falsedad.

Sostiene ahora la sentencia, de la que es ponente la magistrada Pilar Oliván, que las observaciones de Escribano eran "meras especulaciones sin una base científica". Observaciones, zanja el tribunal, "personalísimas" que "escapaban a la ortodoxia de un análisis químico y entraban de lleno en la disputa sobre la autoría de ETA en el atentado terrorista". En ese momento, los instigadores mediáticos de la teoría de la conspiración aireaban que los atentados de los trenes los habían urdido ETA y los islamistas en connivencia con agentes cercanos al PSOE para evitar que el PP ganase las elecciones del 14-M.

El tribunal, que preside el magistrado Alberto Jorge Barreiro, cataloga como "poco razonables" las observaciones que incluyó Escribano. El hecho de que apareciera en un piso franco de ETA, en el año 2001, una pequeña cantidad de ácido bórico "nada iba a aportar" a la investigación de un delito de terrorismo, y en cambio "sí iba a generar confusión y turbiedad en la opinión pública".

Si Escribano quería hacer una observación de ese tipo, debió acudir a la vía habitual: hacerla constar en una nota interna, pero no con vistas al sumario del 11-M. Otro varapalo que los jueces dan a Escribano es que se empeñara en hacer esas observaciones y, en cambio, omitiera, aun sabiéndolo, que nunca se había hallado ácido bórico como sustancia utilizada para enmascarar explosivos de los terroristas y tampoco como conservante de explosivos, como quedó acreditado en el juicio.

La sentencia resalta que los jefes policiales, al ver que Escribano se negaba a eliminar de su informe esas observaciones, confeccionaron otro pero con idéntica conclusión -la sustancia blanca hallada al islamista era ácido bórico-. Si bien, "abducidos por la enjundia y relevancia socio-política del caso", elaboraron ese otro informe "sin cumplimentar la sustitución del perito". Y señalan que esa forma de proceder, en ocasiones de forma "inveraz", son "irregularidades administrativas", pero no falsedad, como les atribuyeron las acusaciones.

Estos policías se sentaron en el banquillo a instancias, no del fiscal, que pidió el archivo del caso, sino de las mismas acusaciones que, durante el juicio del 11-M, abanderaron la teoría de la conspiración. Es decir, la Asociación de Víctimas del 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el sindicato ultraconservador Manos Limpias. Pedían penas de hasta 9 años de cárcel para los policías.