Según han informado la Jefatura Superior de la Policía de las Islas Baleares en un comunicado, Ordinas, Rosselló y las otras seis personas han sido detenidas en el marco de la "Operación Scala", iniciada esta mañana a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

Lista de detenidos
Los agentes han detenido por estos hechos a Joan R.B., administrador del Estudi Joan Rosselló S.L. y Fires Geremi S.L., de 48 años; Crescencia M.C., administradora de Fires Geremi S.L. y de Estudi Joan Rosselló S.L., de 48 años; Felipe F.B, administrador de la empresa Gourmet and Boutique Islands S.L., de 36 años; Jaime J.F.A., administrador de Sayju 2005 S.L. y Franco Galaica de Inversiones S.L., de 76 años; Juan J.V.J., empresario de Divulgalia S.L. y Quid Grafic S.L., de 46 años; Maria V. G., administradora de Taller Gráfic 3,1, S.L., de 45 años.

Nuevas detenciones
La Policía ha practicado, además, cinco registros en domicilios y sedes de sociedades en los que se ha intervenido diversa documentación que está siendo analizada en este momento, y no descarta nuevas detenciones de presuntos implicados en las próximas horas.

Investigación
El pasado abril, los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía investigaron una presunta malversación de fondos del Consorcio por parte de Ordinas, y del ex director general de Promoción Industrial del ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene.

8 millones de euros
El Consorcio, dependiente de la citada Conselleria, presenta una deuda de 8 millones de euros que se acumuló durante la legislatura pasada.

Responsabilidades
La consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, ha pedido hoy a la ex vicepresidenta del Gobierno, Rosa Estaràs y al ex titular de dicha Conselleria, Josep Joan Cardona, que asuman "responsabilidades políticas", tras la detención la ex alto cargo, Antonia Ordinas.

Cada semana
"No pueden seguir diciendo `yo no sabía nada, esto es una cosa concreta' porque, desde el momento en que cada semana o cada mes asistimos a la misma escena, se debe dar la cara, tener la valentía de salir en los medios de comunicación y asumir las responsabilidades que correspondan", ha dicho Vives en relación otros supuestos casos de malversación vinculados a la pasada legislatura.

Balones fueras
Por su parte, la portavoz del PP balear, Catalina Soler, ha señalado hoy al Govern que ninguno de sus miembros está legitimado para pedir responsabilidades por casos de corrupción, pues ha recordado que entre los socios del Ejecutivo hay también "personas que tienen querellas criminales" pendientes.

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Diez detenidos por la nueva trama corrupta del Gobierno de Matas

Anticorrupción detecta el desvío de 1,5 millones en el Consorcio de Desarrollo

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La Guardia Civil interroga a 90 empresarios

El juez Santiago Torres está decidido a dar un empujón definitivo al caso Guateque. Fuentes de la investigación confirmaron ayer a Público que el magistrado ha ordenado a la Guardia Civil interrogar, en calidad de testigos, a 90 propietarios de establecimientos que, para la tramitación de licencias municipales, contrataron los servicios de las consultorías de Antonio Sanz Escribano o Eduardo Agustino, ambos en libertad bajo fianza bajo la acusación de cohecho.

Los interrogatorios, que ya han comenzado, se centran en los titulares de aquellos negocios a que se refieren los 185 expedientes municipales de licencias en los que Torres ha centrado su investigación.

El magistrado quiere apurar hasta la última gota las posibilidades de saber cuántos de esos empresarios pagaron a la trama. Las fuentes consultadas no descartan que ese cúmulo de interrogatorios aporte más pruebas y, también, más imputados.

De las pesquisas realizadas desde que el caso Guateque estalló en noviembre de 2007, los investigadores ya concluyeron hace tiempo que Escribano y Agustino operaron, supuestamente, como los grandes conseguidores de la trama municipal.

A través de sus respectivas empresas, AB Escribano Ingenieros Consultores y Agustino Proyectos e Instalaciones, ambos habrían actuado como intermediarios entre los funcionarios corruptos y aquellos empresarios dispuestos a pagar a cambio de una licencia. En el sumario hay datos que apuntan a cómo Agustino, que pasó por prisión, habría sobornado a nueve funcionarios desde 2001.

En su ofensiva para reactivar el caso, el juez Torres tomará mañana declaración como imputados a varios empresarios que encargaron proyectos al funcionario Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red, a través de un despacho de arquitectura para el que trabajaba por la tarde.

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Henríquez de Luna justifica los negocios sin licencia

Arropado por Francisco Granados, número 2 del PP madrileño y consejero autonómico de Presidencia y Justicia, el edil del Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna declaró este lunes ante el juez Santiago Torres como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el llamado caso Becara, una ramificación del caso Guateque.

Presidente del distrito municipal de Salamanca desde 2000, Henríquez de Luna dijo ante el juez que entiende que haya negocios que abran sin licencia de funcionamiento dada la tardanza con que el ayuntamiento las concede.

Representado por el ex diputado del PP Jorge Trias, el comercio de Becara situado en la madrileña calle de Juan Bravo es uno de ellos: entre 2000 y 2005 operó sin licencia de funcionamiento pese a las múltiples quejas y recursos de dos vecinos; luego la obtuvo; más tarde el Tribunal Superior de Madrid la anuló; y, ahora, el Consistorio le ha otorgado un nuevo plazo para regularizar la situación.

Henríquez negó saber si Becara posee o no esa licencia, y desvió cualquier responsabilidad hacia la delegación de Urbanismo. El ex jefe de licencias de Urbanismo, Fernando Ruiz Torrejón, imputado en la Guateque, rubricó informes favorables a Becara; otro técnico imputado en la supuesta trama de cohecho, Miguel Ángel García Jódar, también.

Un tercer funcionario, testigo en la Guateque, Óscar Acero, participó igualmente en este fárrago donde las licencias de actividad de Becara se modificaron no menos de tres veces. Torrejón, Jódar y Acero declararon ayer como imputados en este nuevo caso. En 2000, un socio de Torrejón presentó en nombre de Becara una de las primeras solicitudes de licencia. Y en 2001, Becara contrató los servicios de la firma de ingeniería de Eduardo Agustino, considerado uno de los conseguidores de la Guateque.

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No han prestado declaración

Génova arroja balones fuera y traslada al PP valenciano la decisión de sancionar al presidente de Castellón

Cospedal arropa a Fabra, después de que la policía encontrara seis millones sin justificar en sus cuentas

ELPLURAL.COM

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, volvió a apelar a la presunción de inocencia para defender al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado desde hace cinco años por delitos contra la Administración Pública y Hacienda. Una vez más, el PP parece cerrar filas en torno al polémico mandatario, evadiendo pronunciarse sobre una posible sanción disciplinaria y acusando a la prensa de filtrar información sobre el caso.

• • Fabra ingresó en cinco años seis millones de euros sin justificar
  • La Justicia investiga las cuentas bancarias de Fabra

La número dos del PP se unió a las críticas por la “filtración” del sumario del caso a un medio de comunicación. Se refería a la primicia difundida la semana pasada por el diario El País: que en las cuentas del dirigente hay 6 millones de euros sin justificar y al menos 200 pagos en efectivo o cheques por cantidades que superan los 2000 euros.

A tortas con la prensa
La semana pasada, fue el mismo Fabra quien acusó a la prensa, en concreto a la cadena SER, de difundir información que no conocía ni el mismo. El dirigente se quejaba de esta forma después de que esta radio informara que una veintena de cuentas suyas estaban siendo investigadas por la policía.

La presunción de inocencia
La dirección central del PP, sin embargo, sigue sin tomar cartas en el asunto. “Vamos a respetar siempre, tanto el principio de presunción de inocencia como la acción de la Justicia”, sostuvo la popular, incidiendo en que le gustaría que “no se produjeran todos los días filtraciones de instrucciones sumáriales que perjudican, y mucho, la acción de la Justicia”. En el mismo sentido, el PP de Castellón había defendido a Fabra calificando la cuestión como una "campaña orquestada" contra el mandatario.

Traslada responsabilidad al PP valenciano
“Cuando consideremos pertinente, el PP de valencia, que es al que corresponde, tendrá la actuación que sea oportuna”, concluyó la dirigente después de insistir, nuevamente, en la presunción de inocencia. Cospedal ha trasladado al PP valenciano las decisiones disciplinarias sobre el dirigente, del que Rajoy ha dicho que es un ciudadano y político “ejemplar”.

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Bermejo culpa del déficit en el juzgado de Nules al anterior CGPJ

El ministro de Justicia ha asegurado hoy que las carencias en el juzgado que investiga la causa abierta contra Carlos Fabra tienen su "origen en la ley" y en la "falta de voluntad" del CGPJ saliente para reforzarlo.

EFE Así ha contestado Bermejo al senador socialista Andrés Perelló, quien le ha interrogado sobre su opinión acerca del anuncio de la Conselleria de Justicia de que no dotará de funcionarios a los juzgados de Nules, solicitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta dentro de seis meses.

Bermejo ha recordado que el "bien saliente" CGPJ acordó pedir seis funcionarios para este juzgado, por el que han pasado hasta ocho jueces en cinco años, y que ya el departamento que dirige aprobó reforzarle con otros dos jueces y dos secretarios.

Ha reconocido la necesidad de dotar al órgano de Gobierno de los jueces de "mejores herramientas" para que no se repitan casos similares, si bien ha acusado al CGPJ anterior de "falta de voluntad" y de haber aprobado los refuerzos "in extremis".

Por ello, ha pedido al vocal del CGPJ y ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas Fernando de Rosa que "olvide malas practicas y se encargue de evitar que estas cosas pasen".

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Fabra esgrime su presunción de inocencia y el PSPV le acusa de falta de legitimidad

El presidente de la Institución provincial y del PP castellonense ha afirmado ser "inocente mientras no se determine lo contrario" .

EFE El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha reivindicado la presunción de inocencia tras conocerse la intervención judicial de varias de sus cuentas bancarias, mientras que desde el PSPV-PSOE se le ha acusado de carecer de "legitimidad" para presidir esta Institución.

Fabra ha hecho estas declaraciones tras el pleno de la Diputación de hoy, al que han asistido numerosos medios de comunicación y público, al ser preguntado sobre el hecho de que desde el juzgado de Nules se haya requerido a distintas entidades bancarias que entreguen a la Policía Judicial la documentación que poseen sobre sus cuentas.

El presidente de la Institución provincial y del PP castellonense ha afirmado ser "inocente mientras no se determine lo contrario" y ha añadido que "todos los españoles son inocentes mientras no se deduzca lo contrario y esto no se va deducirá aquí sino en los juzgados".

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, ha advertido a Carlos Fabra de que si no explica "cómo es posible que desde 1999 a 2004 ingresara muchos millones, 6 de ellos no declarados a Hacienda" carecerá de "legitimidad" para presidir la Diputación.

Colomer, que ha hecho estas declaraciones durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación, ha pedido a Fabra que explique "quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué" y si es "normal que la Policía Judicial acompañe a los peritos de Hacienda a conocer sus ingresos".

Carlos Fabra ha contestado a Colomer que le asiste el derecho a contestar a esas preguntas por escrito.

En el despacho extraordinario, el pleno no ha votado la moción presentada por los socialistas sobre "asignación de material y medios personales para el funcionamiento de los juzgados de Nules", debido a los votos en contra de los diputados del PP, que no han considerado la urgencia de la misma.

Colomer ha explicado que la moción se ha presentado para "evitar la parálisis del Juzgado de Nules", que instruye la causa contra el presidente de la Diputación, al que se le imputan, como ha apuntado el portavoz socialista, "delitos de fraude fiscal, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias, entre otros".

El vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, ha contestado que la moción planteada "ya ha sido debatida y hay un acuerdo al respecto, por el que se ha instado ya al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Generalitat Valenciana a tomar las decisiones para subsanar las deficiencias de los juzgados de la provincia y dotarlos de medios".

El pleno también ha rechazado, con los únicos votos en contra del PP, una moción del PSPV para elaborar un "Plan de austeridad y medidas para frenar las dificultades de la crisis económica" que contemplara "la reducción de asesores", ya que en la Diputación hay "una acumulación exagerada y nunca justificada", según Colomer.

Vicent Aparici ha comparado el número de asesores de la Diputación de Castellón con el de otras diputaciones gobernadas por el partido socialista, y ha apuntado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cuenta con más de 650 asesores".

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con la oposición del PSPV, una moción del PP sobre "vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica".

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