La absolución de cuatro implicados, no en el atentado, sino en el entorno radical islamista en que surgió, la condena de algún otro, o la modificación de algunas penas son aspectos secundarios que no desdibujan ni cuestionan lo más mínimo el relato central de hechos probados: los autores del 11-M son los que la Audiencia Nacional ha juzgado y condenado, es decir, los integrantes de una célula yihadista, ideológicamente influenciada por Al Qaeda, que operaba en Madrid. Y la dinamita empleada, Goma 2 Eco, procedía de Mina Conchita y fue entregada a los terroristas por el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, con plena consciencia del uso que iba a dársele. La sentencia del Supremo cierra judicialmente el 11-M. Ya sería hora de que también terminara la explotación política y mediática de la cadena de bulos que han acompañado al caso, pues atentan contra la dignidad de las víctimas y denigran la labor llevada a cabo por jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de los hechos con datos y pruebas contrastables ante un tribunal de justicia.

La confirmación de la absolución de Rabei Osman, El Egipcio, inicialmente señalado por la fiscalía como uno de los inductores del 11-M, por haber sido condenado en Italia por el mismo delito de que era acusado en España, seguirá alimentando con seguridad la historieta de que sigue sin conocerse el autor intelectual. Pero el Supremo señala, ya sin duda alguna, quiénes son los autores reales, intelectuales o no, pero de ningún modo retóricos, del 11-M: El Chino y el resto de suicidas de Leganés -de los que hay ingentes pruebas de su participación en el atentado, aunque su muerte haya impedido individualizar su responsabilidad penal-, junto con Jamal Zougan, El Gnaoui y el español Suárez Trashorras, este último como cooperador necesario de la matanza que se preparaba.

Pero lo realmente importante es que el Supremo, con estrictos criterios técnicos y sentido común, ha respaldado al ciento por ciento la esencia de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, descartando definitivamente exotismos y conspiraciones.

El tribunal ha destacado que las pruebas han demostrado que los atentados de los trenes de la muerte fueron cometidos por una célula terrorista que no dependía jerárquicamente de otra y que por tanto podía considerarse como un grupo terrorista organizado, diferente e independiente.

Ese grupo, que en el plano operativo era dirigido por Jamal Ahmidan, El Chino, obtuvo los explosivos de la trama asturiana, y en concreto de José Emilio Suárez Trashorras, que a su vez los había conseguido en Mina Conchita. Trashorras ha sido considerado cooperador necesario en los atentados y el Supremo ha confirmado su condena a 34.715 años de prisión. La novedad, a este respecto, es que su cuñado, Antonio Toro, ha sido condenado a cuatro años de prisión por tráfico de explosivos. La Audiencia le había absuelto por considerar que ya había sido condenado por ese delito en la Operación Pipol, pero el alto tribunal ha estimado que su intervención en la Pipol acabó en julio de 2001 y Toro ofreció explosivos con posterioridad a esa fecha, proporcionó a Zouhier una muestra de dinamita y participó en octubre de 2003 en la reunión de McDonald's en la que se habló de la venta de 60 kilos de Goma 2.

La sentencia destaca la dependencia ideológica de la célula terrorista de la doctrina de Al Qaeda, pues así lo demuestran los vídeos de reivindicaciones encontrados en el desescombro del piso de Leganés, donde el 3 de abril de 2004 se suicidaron varios de los integrantes del grupo al verse rodeados por la policía, así como el material incautado de carácter yihadista.

La única mención que la sentencia hace a la organización terrorista ETA es que existe mucha jurisprudencia que se refiere a esa organización, pero desde luego ninguna mención a una posible intervención o colaboración con los autores de los atentados. De hecho, la sentencia describe el terrorismo yihadista como de carácter endogámico y con fuertes vínculos religiosos, por lo que ETA nunca hubiera podido entrar ahí.

Una de las claves de la sentencia ha sido la absolución de Rabei Osman, Mohamed el Egipcio, por un tecnicismo. El Supremo analiza detalladamente la posibilidad de juzgar a El Egipcio en España después de haber sido juzgado y condenado en Italia por pertenencia a banda terrorista. Para el alto tribunal está justificado que El Egipcio haya sido juzgado en España porque en principio se le acusaba de ser el inductor de los atentados. Precisamente en sus conversaciones telefónicas, que el Supremo valida, El Egipcio hablaba de que los atentados de Madrid habían sido obra de su grupo y contaba a Mourad Chabarou, terrorista condenado en Bélgica, que en la operación habían muerto todos los jóvenes, entre ellos Fouad el Morabit.

Sin embargo, el Supremo destaca que la Audiencia Nacional, que era la encargada de valorar las pruebas, no consideró suficiente ese indicio como para condenar a El Egipcio como autor por inducción de los atentados.

Luego, la sentencia de la Audiencia aseguraba que El Egipcio era un peligroso terrorista, pero no aportaba ninguna prueba de ello, porque los magistrados entendían que no le podían condenar por los mismos hechos y delito -la pertenencia a banda terrorista- por el que ya había sido condenado en Italia, aunque la sentencia en aquel país todavía no es firme.

Precisamente ahora, el Supremo critica a la Audiencia Nacional, a los fiscales y a las acusaciones en relación con El Egipcio. Fuentes del alto tribunal aseguran que lo único que han querido hacer es amarrar la condena de El Egipcio en Italia. Osmán fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán, pero la pena fue rebajada a ocho años por el Tribunal de Apelación. La sentencia sigue recurrida ante el Tribunal de Casación, el equivalente al Supremo español que todavía tiene que pronunciarse.

Para evitar que la sentencia española pueda convertirse en la base de una futura absolución de El Egipcio en Italia, el Supremo ha criticado la sentencia de la Audiencia Nacional. A su juicio, no había impedimento para que la Audiencia juzgase y condenase a El Egipcio por pertenencia a banda terrorista, pero no bastaba, como hizo, con decir que era terrorista yihadista, sino que debía de haber especificado las pruebas e indicios en los que se basaba y razonarlo.

El fiscal y las acusaciones podían haber pedido que el caso volviera al tribunal de instancia para que valorase esa prueba, pero nadie lo ha pedido, por lo que ya no se hará.

El Supremo ha confirmado las condenas de 42.922 años para Jamal Zougam y Otman el Gnauoi. El primero fue visto por al menos dos testigos en los trenes, que le reconocieron sin ningún género de dudas, y las tarjetas telefónicas con las que se activaron las bombas fueron vendidas en su locutorio, por lo que el tribunal razona que participó en los atentados. El segundo, fue a buscar la dinamita a Burgos, cuando Jamal Ahmidan, El Chino, la traía de Asturias y luego cavó y acondicionó un agujero en el que el comando guardó la dinamita hasta que confeccionaron las bombas.

La sentencia mantiene las condenas de Abdelmajid Bouchar, El Gamo y de Rafa Zouhier. Bouchar, que huyó a la carrera del piso de Leganés el 3 de abril de 2004, horas antes de la explosión, es considerado miembro de la célula terrorista con acceso a los explosivos, pero no existen pruebas directas de que estuviera en los trenes. Zouhier es condenado por el tráfico de explosivos porque puso en contacto al vendedor (Trashorras) con el comprador (El Chino) y realizó labores de intermediación para el suministro de detonadores y explosivos, pero luego no tuvo otra intervención.

El Supremo ha absuelto por falta de pruebas a Basel Ghalyoun y a Mohannad Almallah Dabas. El primero fue considerado en un principio uno de los que colocaron bombas en los trenes, pero el Supremo dice que aunque su ideología es radical y tenía amigos que han resultado terroristas, no basta para inferir que él lo era.

Almallah Dabas, casero del piso de la calle Virgen del Coro, donde vivía alguno de los terroristas, es el tipo que, según su novia, decía que quería volar las Torres KIO. En su vivienda se encontró el famoso programador de lavadoras que los impulsores del bulo de la conspiración quisieron colar como un Segurtasun Tenporizadorea, el temporizador usado por ETA para activar las bombas. Un dato más de la voluntad del Supremo de enterrar definitivamente los exotismos y conspiraciones.

Las absoluciones se completan con Abdelilah El Fadual el Akil, porque el registro de su domicilio no estuvo sufientemente motivado por parte de la policía y el juzgado; y con Raul González, El Rulo, porque la inculpación de Iván Granados, a juicio del Supremo no es suficiente para condenarle.

Al margen de las absoluciones y condenas, el tribunal dedica un apartado a la bolsa de deportes conocida como la mochila de Vallecas y que se encontró entre los efectos recogidos en la estación de El Pozo. El Supremo avala que la famosa mochila que contenía la bomba que no estalló y fue desactivada por los artificieros fue hallada en una de las grandes bolsas de plástico que contenían los efectos encontrados en El Pozo. El Supremo reconoce que la dinamita, detonadores, teléfono y tarjeta que contenía la bolsa permiten conducir la investigación en un determinado sentido, precisamente el mismo al que dirigen la dinamita y los elementos encontrados en el desescombro del piso de Leganés. Los recurrentes, dice la sentencia, no aportan dato alguno que pueda sostener hipótesis alternativas.