Cuando los retos y los problemas son globales y los instrumentos para resolverlos son, en esencia, nacionales, su solución es inviable. Si añadimos que mientras las grandes finanzas y multinacionales operan en mercados mundiales, los poderes políticos lo hacen en sus respectivas soberanías, el gobierno del interés general está en precario y, en ocasiones, como la actual, se alcanzan situaciones de desorden. Lo estamos viendo con la crisis financiera ocasionada por las primas basura de Estados Unidos; con la subida espectacular de los precios de los alimentos provocada por múltiples factores, entre ellos, la especulación; los efectos de un cambio climático que nadie es capaz de afrontar en coordinación; la crisis de la energía que golpea al conjunto del sistema, o unos flujos migratorios, cuyo origen radica en las brutales diferencias de desarrollo, y ante los que hace frente cada país como puede, en ocasiones, chocando con los derechos humanos.

Sería ingenuo pretender que pudiésemos contar con un "gobierno mundial" democrático. Ni la ONU, el FMI, el Banco Mundial ni la OMC cumplen ese papel, aunque intenten intervenir, a veces de forma equivocada, para paliar los efectos de la carencia de normas con alcance global. Lo que sí sería factible es ir creando grandes áreas de gobernanza democrática, con libertad comercial y cohesión social, que vayan ganando terreno a la selva en que se ha convertido el mundo económico internacional. Parece que se nos ha olvidado que hubo una época en que, a nivel del Estado nación, imperaba el "dejar hacer, dejar pasar, pues el mundo caminaba por sí mismo", y ello condujo a conflictos sociales internos y guerras externas. Se comprendió que era necesaria una cierta dosis de intervención de los poderes públicos para corregir los graves desbarajustes que producía el mercado dejado a su libérrima inclinación. Ese fue el gran pacto social y político de la posguerra europea.

En efecto, una parte de Europa comprendió que era necesario unirse no sólo para ser relevante en un mundo interdependiente o evitar los desastres de las guerras, sino porque la única manera de gobernar la globalización es por medio de amplias integraciones en base a instituciones democráticas, libertad de factores de producción y cohesión social. Un ejemplo de cómo se puede abordar la gran cuestión de la gobernanza de la globalización en un espacio determinado que comprende ya a 500 millones de personas. Un gobierno todavía incompleto, pues le falta rematar aspectos políticos, pero que supone un éxito sin precedentes.

Ahora bien, la existencia de la Unión Europea no resuelve los problemas de la administración de lo global. Como resulta una peligrosa quimera creer que una superpotencia -Estados Unidos- podía poner orden en este convulso mundo. A lo que ha conducido esta pretensión es a que Estados Unidos se haya transformado de una parte esencial de la solución en una parte del problema general. Hemos asistido, así, al fracaso de la arrogancia de resolver los problemas por vía unilateral, si bien no hemos podido levantar un eficaz sistema multilateral. La conclusión es que la sociedad de la globalización está sin gobierno y, en consecuencia, todo desarreglo, disfunción, especulación, trapacería o violencia puede encontrar su asiento sin mayor impedimento.

Decíamos antes que pretender hoy un gobierno mundial es utópico. Crear espacios concéntricos de gobernanza ordenada que se puedan coordinar para establecer reglas comunes no lo es. La UE tiene, prima facie, una proyección y dos fronteras. La gran proyección de Europa han sido las Américas, la del Norte y la del Sur. Los europeos nos hemos prolongado en el continente americano y se ha creado un área de lenguas, de cultura, de sistemas políticos y valores, en lo esencial, comunes. Sin embargo, la situación económica y social de una de las Américas se ha quedado atrasada. Debería ser del interés de la UE y de Estados Unidos contribuir a corregir esta grave disfunción, en beneficio de los ciudadanos latinoamericanos y de nuestros intereses estratégicos. El método que ha resultado eficaz es conocido. Junto a los acuerdos de libre comercio, son imprescindibles instrumentos de cohesión social como los fondos de convergencia, para facilitar infraestructuras físicas y educativas que permitan un crecimiento sostenido. Únicamente con tratados comerciales bilaterales o colectivos, siempre desiguales, no se garantiza el crecimiento a largo plazo. El problema es que en América Latina no existen los países "contribuyentes netos" que sí existían en Europa y, en consecuencia, la UE, junto con otros actores relevantes, podría convertirse en ese factor exógeno capaz de trasvasar fondos que permitan a esas economías ir convergiendo con las más avanzadas. En el caso de Europa, fue una magnífica operación tanto para los contribuyentes como para los receptores; de lo contrario, pagaremos el precio de la "no cohesión".

España, junto con la UE, debería privilegiar un gran proyecto hacia el continente americano que podría dar, como resultado, la creación de un área euroamericana de democracia, apertura comercial y cohesión social con gran peso en la gobernanza global. Un nuevo consenso entre las dos orillas del Atlántico, basado en intereses y valores comunes que equilibrase el actual deslizamiento del eje de la hegemonía hacia el Pacífico. Un buen momento para lanzar una iniciativa potente sería la presidencia española de la UE. No es, desde luego, fácil, como no lo fue en Europa. Es una cuestión de clarividencia, de voluntad política y de liderazgo.

Pero también tenemos dos fronteras, en el Este y en el Sur. La UE, encabezada por Alemania, ha abordado los problemas del este europeo por medio de la última ampliación y los fondos que empiezan a fluir hacia esos países. En el Sur tenemos el Mediterráneo, y detrás, África. En el Mare Nostrum está en marcha el nuevo impulso al proceso de Barcelona -Unión para el Mediterráneo-, a iniciativa del presidente francés, con la legítima intención de liderar el proceso. El reto es ambicioso y los obstáculos todavía grandes: infraestructuras, medio ambiente, energía, seguridad, etcétera. Los obstáculos: conflicto palestino-israelí, Irak, el Sáhara, la integración de Turquía, Líbano, Siria, etcétera. Todos los grandes problemas europeos tienen aquí su proyección, y Francia ha visto, con razón, que convendría hacer en el Mediterráneo una operación similar a la del Este en otras condiciones. A España le interesa este proceso y debería apostar fuerte, sin olvidar el África subsahariana, que exigiría otro tratamiento.

El fracaso de la última cumbre de la FAO en Roma debería abrirnos los ojos. No se acaba con la destrucción de seres humanos -hambre- y de la naturaleza con conferencias y donaciones. Y menos aún con defensivas "alianza de democracias" que conducirían a nuevos bloques. Hay que aceptar un comercio justo en ambas direcciones; asumir que es necesario trasvasar abundantes fondos de convergencia para el bienestar global y dejar de apoyar a autocracias -con petróleo o sin él-, porque son aliados en no se sabe qué guerra. De lo contrario, me temo que, ante las crecientes migraciones, acabaremos violando los derechos humanos. No es la primera vez en la historia que se puede ser una democracia "hacia dentro" y una dictadura "hacia fuera".

Una de las instituciones que más ha sufrido la estrategia de la crispación desplegada por la derecha en los últimos años ha sido el Tribunal Constitucional (TC). El Partido Popular, dispuesto a sabotear a cualquier precio algunas de las reformas aprobadas en la primera legislatura de Zapatero, trató de compensar su minoría parlamentaria con un golpe de mano en el TC. La idea era sencilla: si se alteraba la correlación de fuerzas en el seno del Tribunal mediante la recusación de magistrados que presumiblemente no compartían las opiniones tremendistas del PP sobre la ruptura de España, podría utilizarse el TC como tercera cámara en la que paralizar o deshacer algunas medidas aprobadas por el poder legislativo.

La rocambolesca operación, que se inició con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, dio lugar a una sórdida batalla por la composición del TC entre el Gobierno, el PP y los propios magistrados divididos en dos bandos, el de los progresistas y el de los conservadores. Quizá la única consecuencia positiva del intento de manipular la composición interna del TC haya sido la oportunidad que hemos tenido los ciudadanos de contemplar con toda su crudeza la forma en que se resuelven los conflictos en el seno del Tribunal.

Ahora sabemos sin la menor sombra de una duda que los magistrados tienen preferencias políticas, como el resto de sus congéneres, y que son seleccionados por los partidos en función de dichas preferencias. No es que todas las demás consideraciones sean irrelevantes. Por supuesto, también se tiene en cuenta sus méritos profesionales. Pero a igualdad de méritos, los partidos proponen a aquellos con los que tienen una mayor afinidad política.

Los magistrados poseen un mandato fijo y, por tanto, una vez en activo, no tienen por qué obedecer las consignas de los partidos que les nombraron. De modo que si actúan según ciertos principios políticos, no se debe necesariamente a que tengan que devolver el favor de haber sido elegidos, sino a que han sido elegidos por pensar de una cierta manera. Hay múltiples estudios empíricos que demuestran una fuerte correlación entre las posiciones políticas de los magistrados y las decisiones que toman.

La interpretación de las leyes, y más todavía la interpretación de la Constitución, no es una ciencia exacta. Caben varias lecturas posibles de la Constitución. Y los magistrados optan por una u otra en función de sus ideas políticas. De ahí que su nombramiento resulte un asunto tan delicado, sobre todo teniendo en cuenta que en países como España se otorga al TC el monopolio de la interpretación constitucional. La última palabra la tienen los magistrados que lo componen. Y si los poderes representativos no están conformes con el parecer del alto Tribunal, sólo pueden neutralizar dicho parecer procediendo a una reforma constitucional. En la práctica, dados los costes políticos de semejante vía (mayorías cualificadas, referéndum de ratificación), el TC tiene el monopolio de la interpretación constitucional.

En la filosofía del derecho se han analizado exhaustivamente todos los argumentos imaginables a favor y en contra de los poderes que tiene un Tribunal Constitucional en una democracia representativa. Como bien se sabe, hay una tensión muy difícil de resolver entre el poder legislativo y el poder del TC. En teoría, el Tribunal salvaguarda el sistema democrático de los excesos que pueda cometer el legislativo. Éste no puede traspasar ciertos límites que vienen marcados por la interpretación de la Constitución que determine el TC. Y si surge un conflicto entre el Parlamento y el órgano de control constitucional, es este último el que acaba imponiéndose.

Así expresada, la idea no es mala: se trata de salvar la democracia frente a medidas que, sin perjuicio de haber sido aprobadas democráticamente, pueden socavar las bases del sistema. Sin embargo, cuando se examina con un poco más de detalle un conflicto típico entre el Parlamento y el TC, en seguida se advierte que las cosas son bastante más complejas de como suelen presentarse. Pensemos en el ejemplo del Estatuto catalán. Se trata de una ley orgánica aprobada originalmente en el Parlamento catalán por un amplio consenso, modificada y aprobada de nuevo en el Parlamento español, y, finalmente, ratificada mediante un referéndum celebrado en Cataluña. Si hay razones claras y concluyentes de que esta ley es inconstitucional, no habrá más remedio que declararla inválida. El problema es que los propios magistrados suelen no estar de acuerdo entre sí. De hecho, cuando las razones a favor y en contra se agotan, se toma una decisión final por mayoría simple (en caso de empate, decide el voto de calidad del presidente).

Ahora bien, que haya una mayoría a favor o en contra en el seno del TC obedece a factores contingentes que tienen muy poco que ver con el asunto que se esté dirimiendo. El signo político de la mayoría depende de cuál haya sido en los últimos años la secuencia de nombramientos. Puesto que el mandato de los magistrados no es igual al de los representantes populares, puede ocurrir que haya un Parlamento con mayoría progresista y un TC con mayoría conservadora, o al revés. Y también puede ocurrir, naturalmente, que la mayoría sea del mismo signo en ambas instancias.

Si las decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes se toman por mayoría, si dicha mayoría no tiene fundamento democrático, y si sabemos que dicha mayoría refleja las preferencias políticas dominantes en el Tribunal, ¿qué sentido tiene dar el monopolio de la interpretación constitucional al TC?

No pretendo cuestionar el papel que desempeña el TC en nuestro sistema político. Pero sí me gustaría llamar la atención sobre lo arbitrario que resulta que se emplee una regla como la de la mayoría simple para resolver asuntos tan importantes como los que aborda el Tribunal. Cuando se llega a un desacuerdo irresoluble entre los magistrados, es la fuerza de los números la que se impone: de ahí que para los partidos políticos sea tan importante conseguir que haya una mayoría de magistrados favorables a sus tesis.

En realidad, hay una forma bastante sencilla de resolver este problema: exigir una mayoría cualificada o, en el límite, la unanimidad, para que los magistrados puedan declarar inconstitucional una ley. Si se hace así, el TC sólo podrá oponerse al legislativo cuando, a pesar de las divisiones ideológicas entre sus miembros, éstos se pongan de acuerdo en que la ley en cuestión es claramente inconstitucional. Resulta razonable que una ley pueda ser invalidada por una instancia no representativa cuando los miembros de dicha instancia superan sus diferencias políticas de partida y llegan a un consenso muy amplio sobre la inconstitucionalidad de la ley.

Esta propuesta tiene algunas ventajas. En primer lugar, desactiva, no totalmente pero sí en buena medida, el conflicto en torno a la composición del TC. La exigencia de una mayoría muy amplia o incluso de unanimidad hace que sea irrelevante tener un número mayor o menor de miembros de la misma tendencia política, pues una declaración de inconstitucionalidad sólo será posible si se consigue el acuerdo entre magistrados de distinta ideología.

En segundo lugar, es evidente que esta propuesta hace más difícil que el TC pueda oponerse a lo que apruebe el legislativo. Esto es enteramente lógico, ya que al fin y al cabo el legislativo ha sido elegido mediante sufragio universal, mientras que el TC no es un órgano representativo. No siéndolo, parece sensato poner algunas restricciones a la capacidad de los magistrados para anular las leyes aprobadas por los representantes de la ciudadanía. Una mayoría cualificada da poder de veto a cada una de las dos partes que componen el TC, lo que hace más improbable que una ley pueda ser declarada inconstitucional.

Finalmente, hay que subrayar que sentencias constitucionales que reflejen un amplio consenso entre magistrados de distinta sensibilidad política tienen una fuerza persuasiva mucho mayor que sentencias que vienen sólo apoyadas por el bloque político que en un momento dado tiene una posición mayoritaria en el Tribunal. En cierto modo, la propuesta que aquí defiendo desactiva el problema de la politización de los magistrados del TC. Dicho problema es, sin lugar a dudas, el que mayor desgaste ha producido en el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos.

La naturaleza del dominio que ejerce el movimiento conservador sobre el Partido Republicano puede resumirse sencillamente en los siguientes términos: sí, amigos, hay en marcha una vasta conspiración derechista, esto es, se halla en acción un entramado de instituciones que, en última instancia, responden a los intereses de un reducido grupo de personas encargadas colectivamente de recompensar a los leales y de penalizar a los desafectos. Esas instituciones ponen a disposición de políticos obedientes los recursos necesarios para ganar elecciones, refugios seguros en caso de derrota y oportunidades de llevar a cabo una lucrativa carrera profesional una vez su mandato toque a su fin. Además, no dejan de garantizar una cobertura mediática favorable a los políticos adeptos a la línea oficial del partido, al tiempo que acosan y minan a los que se muestran contrarios a ella, sin dejar tampoco de prestar apoyo a una legión de intelectuales y activistas del partido.

Aunque los think tanks derechistas distan de resultar el elemento más destacado de esa "vasta conspiración", resulta útil tenerlos presentes a fin de apreciar cómo funciona esa conspiración, tal como ilustran los siguientes ejemplos referidos a las actividades de tales think tanks.

Asunto: Bruce Bartlett, un economista conservador y antiguo miembro de la Administración de Reagan que trabaja en el National Center for Planning Analysis (NCPA), un think tank especializado en promover la política de privatizaciones. El NCPA se nutre, entre otros, de los fondos aportados por doce fundaciones conservadoras, entre las que se cuentan Castle Rock, Earhart, J. M. Koch, Bradley, Scaife y Olin. Desengañado por las acciones políticas emprendidas por George W. Bush, Bartlett escribe Impostor, un libro en el que reprocha a Bush no ser un auténtico conservador. No tarda en ser expulsado del puesto que ocupa en el think tank ya mencionado.

Asunto: senador Rick Santorum, un conservador de línea dura que representa al Estado relativamente moderado de Pensilvania, pierde su escaño en las elecciones al Congreso de 2006. Al instante pasa a convertirse en el director del programa Los enemigos de Estados Unidos, desarrollado en el Ethics and Public Policy Center (EPPC), una organización cuya misión declarada consiste en "clarificar y estrechar el vínculo existente entre la tradición moral judeo-cristiana y el debate público en temas de política interior y exterior". El EPPC está financiado mediante donaciones procedentes de ocho fundaciones conservadoras, a saber: Castle Rock, Earhart, Koch, Bradley, Smith Richardson, Olin y dos de las fundaciones Scaife.

Asunto: el National Center for Public Policy Research (NCPPR) es un think tank dedicado a "aportar soluciones de libre mercado a los problemas actuales en materia de política pública", una actividad que en años recientes ha pasado por sembrar dudas respecto al calentamiento global. En 2004 fue objeto de grandes titulares la noticia de que el NCPPR había ayudado a Jack Abramoff, notorio lobbysta republicano, a blanquear dinero, desviando un millón de dólares hacia una empresa falsa de correo directo cuya sede social coincidía con el domicilio de Abramoff. ¿Por qué el NCPPR? Desde su fundación en 1982, este think tank ha sido presidido por Amy Moritz Ridenour, quien fuera miembro del equipo de Abramoff cuando éste obtuvo la presidencia de la asociación estudiantil del Partido Republicano en 1981. El marido de Ridenour también se halla en la nómina del NCPPR, de la que percibe, al igual que su esposa, ingresos millonarios que, lo mismo que el resto de los recursos puestos a disposición de ese think tank, provienen de las fundaciones conservadoras Castle Rock, Earhart, Scaife, Bradley y Olin.

La izquierda no cuenta con nada comparable a esa miríada de think tanks de la derecha. Así, la sección de The Washington Post titulada Think Tank Town "publica artículos procedentes de once destacados think tanks". De las once instituciones objeto de tal honor, cinco forman parte del movimiento conservador, a saber: el American Enterprise Institute, el Cato Institute, la Heritage Foundation, el Manhattan Institute y el Hudson Institute. Sólo uno, el Center for American Progress (CAP), que no fue fundado hasta el año 2003, puede considerarse órgano de expresión del movimiento progresista, mientras que otros think tanks, como la Brookings Institution, aunque a menudo catalogadas como "liberales", no dejan de constituir organizaciones vagamente centristas sin una línea política definida. Además del CAP, son pocos los think tanks progresistas, como el Center on Budget and Policy Priorities y el Economic Policy Institute, que desempeñan un papel significativo en el debate político. Por lo que se refiere a su dotación económica y de personal, tales organizaciones no dejan de resultar comparables a meros pececillos frente a los cachalotes del movimiento conservador.

La proliferación de think tanks conservadores que se registra desde la década de 1970 comporta la posibilidad de que un intelectual perteneciente a dicho movimiento llegue a disfrutar de un buen nivel de vida secundando ciertas posturas políticas. Se ha de pagar un precio, como descubriría Bruce Bartlett: el de actuar como un apparatchik, esto es, como un miembro del aparato sin opinión propia, un precio que muchos, no obstante, consideran que sí vale la pena pagar.

En gran medida, esos think tanks cobraron vida gracias a un puñado de fundaciones creadas por familias adineradas, sin perjuicio de que think tanks de mayor entidad, y en particular el Heritage y el American Enterprise Institute, perciban cuantiosos recursos procedentes de grandes corporaciones.

La red de think tanks conservadores se ve reproducida asimismo en el ámbito de la prensa, donde publicaciones tales como el National Journal, el Public Interest y el American Spectator surgieron, al igual que dichos think tanks, al abrigo de fundaciones derechistas que vienen a coincidir aproximadamente con las que los crearon. Asimismo existe un buen número de diarios encuadrados en el movimiento conservador: destaca el editorial de The Wall Street Journal, al que durante mucho tiempo ha correspondido un papel protagonista, y The Washington Times. Controlado por la Iglesia de la Unificación, fundada por el ingeniero norcoreano Sun Myung Moon en 1982, The Washington Times se ha convertido, de hecho, en el portavoz oficioso de la Administración de Bush, sin que tampoco quepa olvidar, por supuesto, la cadena de noticias Fox News, cuyo lema Fair and Balanced (Imparcial y Equilibrada) no puede por menos que evocar las técnicas de manipulación de la realidad expuestas por George Orwell en su novela 1984.

Finalmente, aunque no menos importante, hay que hablar del vínculo existente entre los políticos y los miembros de los lobbies corporativos, cuya aparente diversidad, tal como sucede con la de los think tanks conservadores, no hace sino soslayar el verdadero carácter centralizado del movimiento conservador. En ese sentido, hasta que su derrota en las elecciones al Congreso de 2006 lo obligó a asumir un nuevo cometido enfrentándose con los enemigos de Estados Unidos, el senador Rick Santorum se encontraba todos los martes con una docena aproximada de destacados lobbystas en el marco de reuniones que, en el año 2003, el periodista de The New York Times Nicholas Confessore describía en los siguientes términos:

"Cada semana, los lobbystas presentes en la reunión pasan una lista con los puestos disponibles y debaten a quién han de ser adjudicados. La misión de Santorum consiste en garantizar que cada puesto se vea ocupado por un político republicano de probada lealtad, ya se trate, por ejemplo, del jefe de la oficina de un senador, de un alto asistente de la Casa Blanca o de otro lobbysta de plena confianza. Una vez Santorum se ha decidido por un candidato, los lobbystas presentes se aseguran de que quede bien claro a quién favorecerá la dirección del Partido Republicano".

Las reuniones semanales de Santorum y otros encuentros similares presididos por Roy Blunt, el encargado de velar por que sus compañeros del Partido Republicano asistan a las votaciones de la Cámara de Representantes y se pronuncien siguiendo la línea de dicho partido, suponían la culminación de la denominada "estrategia de la avenida K", nombre dado por el político republicano Grover Norquist y el también portavoz en la Cámara de Representantes de dicho partido, Tom DeLay, al plan de apartar a los demócratas de las organizaciones de lobbystas, asignando los puestos correspondientes a republicanos leales. En parte, el objeto de dicho plan era garantizar que el Partido Republicano recibiera la parte del león de las aportaciones realizadas habitualmente a ambos partidos por parte de las empresas, estrangulando así las finanzas demócratas, propósito este último al que también contribuía la presión directa. Así, en 1995 el citado DeLay compiló una lista con los cuatrocientos comités de acción política más importantes y consignando, en cada caso, las sumas y los porcentajes de dinero aportados a cada partido, antes de llamar a capítulo a los cabilderos desafectos convocándolos a su despacho para leerles la cartilla. "Si se quiere participar en nuestra revolución, se han de seguir nuestras reglas", declararía DeLay a The Washington Post. De igual importancia resultaba, en cualquier caso, la circunstancia de que, ganando el control sobre los lobbies, los republicanos no hacían sino imponer lealtades dentro de su propio partido, al poner a disposición de éste un buen número de puestos patrocinados -y excelentemente bien pagados- con los que recompensar a quienes siguieran fielmente la línea marcada por el partido.

En esas circunstancias, las diferentes instituciones del movimiento conservador no dejan de suponer poderosos incentivos para que los políticos republicanos se sitúen ideológicamente bien a la derecha del centro político. Y es que no se trata meramente de obtener contribuciones para la campaña electoral, sino de asegurarse el futuro. De ese modo, y pese a que la opinión pública está firmemente convencida de que Medicare debería utilizar su capacidad negociadora para lograr una rebaja en los precios de las medicinas, el republicano, previa militancia en el Partido Demócrata, Billy Tauzin, en calidad de presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes entre 2001 y 2004, logró la aprobación de un proyecto de ley que prohibía explícitamente tal negociación sobre el precio de los medicamentos, sólo para acabar encabezando el principal grupo lobbysta de la industria farmacéutica y percibiendo por ello, tal como se ha informado, ingresos millonarios. Así las cosas, mientras que Rick Santorum, resultando obviamente derechista para un Estado como Pensilvania, no tuvo ninguna dificultad para obtener un buen puesto en un think tank tras su derrota, no ocurrió lo mismo con el moderado senador republicano por Rhode Island Lincoln Chafee, quien habiendo perdido aquel mismo año su escaño como senador, hubo de darse por satisfecho con ocupar, por un año, un puesto como profesor en una universidad de dicho Estado.

La derrota electoral de este último da cuenta de otro aspecto relativo a cómo las instituciones del movimiento conservador controlan el Partido Republicano, no limitándose a apoyar a quienes siguen fielmente la línea oficial del partido, sino castigando a quienes no lo hacen. Así, Chafee hubo de arrostrar unas terribles elecciones primarias por parte del ala derechista de su propio partido, quien designó como candidato, y oponente de Chafee, a Steve Laffey, el cual recibió más de un millón de dólares en señal de apoyo por parte del Club for Growth, organización especializada en "llamar al orden" a políticos republicanos que no se muestran suficientemente favorables a una rebaja de impuestos. "Queremos que se nos contemple como los garantes de la reducción de impuestos", declaró el a la sazón presidente de dicho club, Stephen Moore, en el año 2001. El club albergaba esperanzas de desembarazarse de Chafee después de que dos años antes un candidato patrocinado por dicho club hubiera estado a punto de derrotar al senador Arlen Specter, otro republicano relativamente moderado, en las primarias de Pensilvania. Y tales envites surten efecto, ya que, como un congresista republicano manifestó en el año 2001, "cuando ves al cien por cien de los republicanos votando a favor de la rebaja de impuestos propuesta por Bush, sabes que cada uno de ellos está mirando y no quieres que Steve Moore se ponga a reclutar candidatos en tu propia circunscripción electoral".

En cuanto a Specter, fue elegido como senador por vez primera en 1980, lo que le convierte en exponente de unos tiempos en los que en el partido conservador todavía había sitio para los moderados.

Por su parte, los políticos republicanos más jóvenes se han formado, en gran medida, dentro de un partido bajo la égida del movimiento conservador. Así, la derecha dura se había hecho ya con el control de la organización estudiantil del Partido Republicano hacia 1972, cuando nada menos que Karl Rove -quien, como se ha dicho, acabaría siendo principal consejero político y artífice de la victoria de George W. Bush en el año 2004- resultó elegido presidente de dicha organización. Otros destacados miembros de la misma fueron los ya citados Grover Norquist, Rick Santorum y Jack Abramoff, así como el también conservador Ralph Reed. Los integrantes del movimiento conservador también se hallan al frente del Comité Nacional Republicano, siendo así responsables de reclutar a los candidatos de dicho partido al Congreso, puestos para los que no dejan de escoger a personas afines a sus propios planteamientos. De ese modo, los pocos republicanos moderados que quedaban en el Congreso eran, salvo raras excepciones, políticos elegidos antes de que Reagan fuera elegido presidente o, como fecha más tardía, con anterioridad a las elecciones de 1994, que consolidaron el dominio del partido por parte del ala conservadora encabezada por Gingrich.

Aún se hace necesario abordar una última cuestión: el movimiento conservador vela por una continuidad de objetivos que no se da entre sus rivales políticos. Así lo ilustra el hecho de que, una vez Jimmy Carter hubiera intentado, sin éxito, establecer una política energética que redujera la dependencia estadounidense de las importaciones petroleras, la cosa quedara allí y nadie esperase que Bill Clinton retomara esa cuestión donde Carter la había dejado. Por el contrario, cuando Ronald Reagan trató en vano de reducir las prestaciones ofrecidas por la Seguridad Social, los miembros del movimiento conservador encajaron aquel chasco como un mero revés táctico. En un ya famoso artículo publicado en 1983, analistas del Cato Institute y de la Heritage Foundation invocaban la necesidad de una "estrategia leninista" destinada a minar el apoyo de que gozaba la Seguridad Social, a fin de "preparar el terreno político de modo que no se repita el fiasco del último año y medio". Esa misma estrategia subyacía al intento de George W. Bush por privatizarla, de modo que hasta que el movimiento conservador no se vea derrotado -o a menos que ello suceda- con la misma rotundidad que el conservadurismo que imperaba antes del new deal, no dejarán de repetirse sucesivos intentos en el futuro. -

En esta fase previa a la investidura, el más que presumible nuevo presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha avanzado que hará cambios significativos en la estructura de gobierno. Afirma que buscará una más "funcional", que atienda las prioridades básicas del nuevo Ejecutivo: "Que la economía funcione; que se cree empleo; seguir con la modernización e innovación de España, y mejorar posiciones en política social e integración".

La estructura que empezó a perfilar apunta a un núcleo ejecutivo más pequeño que atienda a esas prioridades de forma específica, y que se responsabilice de coordinar distintas áreas gubernamentales. Se sigue confiando en un esquema que no siempre resulta operativo, pero que parece inscrito en los códigos genéticos de las administraciones públicas, un esquema que se basa en la jerarquía y la especialización. Cuando lo que observamos es que hay temas (como la igualdad de género, la inclusión social, el deterioro de la convivencia urbana...) que requerirían perspectivas más transversales y nuevos formatos organizativos.

La progresiva ampliación de tareas gubernamentales ha conducido a que en un gabinete convencional no pueda haber tantos ministros como problemas aparecen y como políticas públicas han de formularse. En Nueva Zelanda (probablemente, el país más innovador en el funcionamiento gubernamental), cuentan con 26 ministros que se ocupan de 72 ministerios, perfectamente diferenciados, y con una lógica de trabajo transversal y temático que resulta ciertamente sugerente. No cabe duda que Zapatero hace bien en preocuparse por la estructura de su futuro gobierno y su funcionalidad, pero debería ir un paso más allá y tratar de encauzar una forma de operar de las administraciones públicas que sintonice con las ideas de innovación y atención a la diversidad que dice querer priorizar.

A mediados de los años noventa, Felipe González, al repasar sus realizaciones en los largos años en que ocupó la presidencia del gobierno, describió a la reforma administrativa como la más importante "asignatura pendiente" que le quedaba por hacer. En la legislatura apenas finalizada, se han hecho cosas en este campo y se han intentado otras, pero lo cierto es que las dinámicas de modernización administrativa no han alcanzado nunca el impulso político que tuvieron cuando Joaquín Almunia fue ministro de Administraciones Públicas.

Lo más sobresaliente en este campo en los últimos cuatro años, al margen de la agenda territorial y sus sobresaltos, ha sido la continua mejora en la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos administrativos, los cambios en el Estatuto del Empleado Público, el Plan Concilia y la Ley de Agencias Estatales. Un balance muy descriptible si atendemos a la significación que tiene el buen funcionamiento de las administraciones públicas en el desempeño general de un país que ha alcanzado niveles importantes de gasto público.

En los temas de "buen gobierno", en febrero de 2005 se publicó en el BOE el llamado Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Los principios básicos inspiradores del código son incontestables: "Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres". ¿Quién da más? Lo cierto es que, en la práctica, ello se concreta en el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades y en un seguimiento semestral del mismo.

Si examinamos el llamado Programa Nacional de Reformas, veremos que su principal objetivo es ayudar a la convergencia europea fijada en la cumbre de Lisboa, y por tanto expresa un interés muy claro en los temas que afectan a la actividad económica. Los únicos indicadores incorporados en relación al funcionamiento de las administraciones públicas hacen referencia a los trámites administrativos vía Internet.

La ley de creación de Agencias Estatales podría haber implicado un cambio significativo en el proceder de la Administración General del Estado, pero ha faltado ambición. La idea era reforzar los aspectos de autonomía y de control por resultados, pero sólo se han creado tres agencias, la del BOE, la de Cooperación Internacional y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios Públicos, que a pesar de tener un nombre tan largo y ambicioso, apenas si se ha puesto en marcha y requiere mayor autonomía y más relieve.

Lo que de verdad importa es saber si el esfuerzo en confianza y en recursos que la sociedad española hace en relación a sus gobernantes, es respondido adecuadamente. Y ello exige no sólo campañas de publicidad o buenos discursos, sino debate público basado en evidencias, un buen sistema público de información y evaluación y una constante y transparente rendición de cuentas. Y hemos de reconocer que en esos temas vamos atrasadillos.

Lo peor de las reformas administrativas es cuando las mismas se convierten en procesos estrictamente de ingeniería organizacional o procedimental, o en un buen bocado para consultores y expertos de todo tipo. En muchos de esos casos, los problemas derivan de que seguimos manteniendo una visión jerárquica y especializada de la acción de gobierno y por ende, de la labor de gestión y administración. Mientras, la falta de funcionalidad de algunas políticas públicas, sus desajustes y la falta de información fiable sobre los resultados que consiguen, hace seguir creciendo la erosión que sufren los poderes públicos en algo tan importante para su actuación como es la legitimidad.

En estos temas deberíamos poder ir más allá de la retórica y de la simple enumeración de principios y propuestas estrictamente administrativas. Politizar el debate sobre la administración y la gestión pública que queremos, implica conectar los problemas pendientes con el gran cambio social que se está p