30 Sep 2008

CV. Sanitat, atur, RTVV, empreses públiques, dependència, deute. 30/09/2008.

Escrito por: jordigrau el 30 Sep 2008 - URL Permanente

  • EpC a la CV: Alguns inspectors rebutgen fer de "comissaris polítics" a les aules però d'altres hi posen l'entusiasme de la BPS. 30/09/2008.
  • ¡La que está liando Zapatero! 30/09/2008.
  • La caverna liberal o "Uno de los nuestros". 30/09/2008.
  • Cas Fabra. 29/09/2008.
  • CV. 28/09/2008.
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    Informe de IESE-Adecco
    EUROPA PRESS

    La Comunitat registrará en diciembre 307.000 parados, la cifra más alta desde 1997

    19:14 Por segundo trimestre consecutivo, Cataluña y la Comunitat Valenciana tuvieron "un empeoramiento interanual, algo que no ocurría desde comienzos de 2004".

    EUROPA PRESS

    La Comunitat Valenciana registrará en diciembre un total de 307.000 parados, lo que supone el mayor número desde 1997, según recoge el indicador laboral de comunidades autónomas IESE-Adecco, que mostró una evolución "dispar" en las siete regiones analizadas.

    Así, por segundo trimestre consecutivo, Cataluña y la Comunitat Valenciana tuvieron "un empeoramiento interanual, algo que no ocurría desde comienzos de 2004". En concreto, la Comunitat Valenciana experimentó un retroceso del 0,3 por ciento interanual, con lo que obtuvo una puntuación de 77,3 y se situó en la franja de comportamiento bueno del mercado laboral.

    Al respecto, desde Adecco indicaron que los motivos de este "mal comportamiento" son "la ralentización en la productividad media y el mayor incremento en la tasa de paro juvenil de todas las comunidades autónomas analizadas".

    Destacaron que el próximo mes de diciembre, cuatro comunidades autónomas presentarán caídas interanuales en sus indicadores laborales, de modo que Cataluña encabezará los descensos, con un retroceso del 8 por ciento, frente al mostrado por la Comunitat Valenciana, que será de un 5 por ciento.

    Respecto a la creación de empleo, el informe indica que la Comunitat experimentó "una importante contratación laboral que no ha impedido, por contra, un significativo avance del colectivo de desempleados, debido al rápido aumento de la población activa", grupo que registró el mayor crecimiento de las regiones analizadas, con 105.600 personas, un 4,4 por ciento más.

    Precisa que "menos de una cuarta parte" de los mismos pudo encontrar un empleo, ya que sólo se crearon 24.000 empleos en los últimos 12 meses, lo que supone un crecimiento del 1,1 por ciento, el segundo más importante después de Cataluña.

    De este modo, las 81.600 personas restantes fueron al paro, de modo que el grupo de desempleados creció un 38,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Así, en la actualidad hay 293.200 personas paradas en la Comunitat, lo que conlleva "el deterioro más marcado entre las comunidades analizadas, pues es necesario retroceder hasta el tercer trimestre de 1997 para encontrar un volumen semejante".

    Avanzaron asimismo que en los próximos meses, la Comunitat mostrará la misma dinámica, y "una vez más experimentará el mayor incremento en la población económicamente activa", de un 3,8 por ciento interanual --94.600 personas--, mientras que la creación de puestos de trabajo crecerá sólo un 0,5 por ciento --11.300 empleos--, "siendo el semestre de menor contratación de los últimos 14 años", subrayaron las mismas fuentes.

    Desde Adecco apuntaron que "sólo un 12 por ciento de los que buscarán por primera vez trabajo lo conseguirán, y los demás engrosarán el contingente de desocupados, que tendrá 83.300 personas más que un año antes", lo que supone un aumento del 37,3 por ciento más, y alcanzará el mayor número desde mediados de 1997, con 307.000 parados.

    Respecto al segundo trimestre, apuntaron que la Comunitat sufrió el quinto incremento consecutivo de su tasa de paro, de modo que la proporción de parados aumentó 2,9 puntos interanuales, hasta alcanzarel 11,6 por ciento de su población activa.

    Sobre este punto, hicieron hincapié en que "desde finales de 1993 no se constataba en esta autonomía un incremento de tal extensión" y en que el actual valor "es el más alto en los últimos cinco años, además de superar la media española en 1,2 puntos, la brecha más dilatada de los últimos 14 años".

    Las previsiones correspondientes a la Comunitat anticipan un nuevo incremento interanual de la tasa de paro de 2,9 puntos hasta final de año, que será el más pronunciado tras el de Andalucía. Así, sumaría siete incrementos interanuales consecutivos, hasta alcanzar a final de año el 11,9 por ciento, el valor más elevado desde el cuarto trimestre de 1999 y la peor evolución entre las regiones analizadas.

    En concreto, la Comunitat registró un mayor crecimiento interanual del empleo adulto, un 2,8 por ciento --55.300 puestos--, y fue la que más puestos de trabajo de jóvenes destruyó, con una contracción del 13,3 por ciento --31.300 personas--, séptimo descenso consecutivo al igual que la media española. Ahora, los jóvenes representan el 9,1 por ciento del total de trabajadores, 1,5 puntos menos que un año antes, la mayor retracción registrada, aunque permanece por encima del promedio nacional.

    MAYOR AUMENTO DEL PARO JUVENIL

    Así, la tasa de paro juvenil valenciana protagonizó el incremento interanual más pronunciado, de 8,7 puntos, hasta el 27,8 por ciento, la segunda mayor del grupo. Según Adecco, la tasa de desempleo juvenil en la Comunidad llegará en diciembre al 28,2 por ciento, lo que conlleva un incremento interanual de 7,8 puntos, el de mayor magnitud entre las comunidades autónomas estudiadas.

    De confirmarse esta previsión, la Comunitat encadenaría diez trimestres consecutivos con aumentos interanuales, ya que sufrirá la mayor pérdida de puestos de trabajo en jóvenes, con la destrucción de 25.900 empleos y una caída interanual del 11,5 por ciento, mientras que los adultos valencianos serán los que más rápidamente accederán a la ocupación, con 37.200 nuevos puestos de trabajo creados en diciembre, un 1,8 por ciento más que un año antes.

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    El PP impulsa otro frente en Sanidad contra Zapatero

    MIGUEL OLIVARES

    Cervera: "El Gobierno pone en peligro el sistema público"

    Vacas flacas y gruesas manipulaciones. Ricardo Costa, portavoz del PP en las Cortes, y Manuel Cervera, consejero de Sanidad, acusaron ayer al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de poner "en peligro el sistema sanitario público valenciano" al negar a la Generalitat "un anticipo a cuenta de la recaudación por impuestos cedidos de 343 millones de euros, un millón de euros al día" a una comunidad "muy mal financiada".

    Lo cierto es que Zapatero convocó a los presidentes autonómicos en junio de 2005 para plantear un conjunto de medidas dirigidas a "reforzar la financiación sanitaria". En septiembre de 2005, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la distribución de esos fondos adicionales. "El Gobierno incrementará los recursos disponibles por las comunidades autónomas para ayudarles a reducir la deuda sanitaria acumulada mediante una mejora del sistema de liquidación de 1.365 millones de euros en 2006". La misma ayuda, en la misma cuantía, se acordó para 2005.

    Eran tiempos de vacas gordas. Los ingresos del Estado superaban las expectativas y el Gobierno se permitió "acercar la financiación de las comunidades autónomas a la recaudación real de los tributos cedidos", según reza el Real Decreto-Ley 12/2005.

    La misma disposición especifica que las comunidades autónomas podrán solicitar "anticipos a cuenta de la liquidación de los tributos cedidos" por un máximo del 4% de la cantidad estimada a principios de año para fijar los fondos que corresponden a cada autonomía.

    La Generalitat solicitó ese anticipo en julio, un total de 343 millones de euros según las previsiones de ingresos a principios de año. Una semana después, el Ministerio de Economía y Hacienda replicó que cuando dispusiera de los datos de recaudación del primer semestre del año determinaría si se cumplían las condiciones para otorgar el anticipo y, en su caso, el importe del mismo.

    La Intervención General del Estado publicó el 23 de septiembre los datos de recaudación hasta agosto. Ahora son vacas flacas. La recaudación es inferior a lo previsto cuando se establecieron las cantidades que recibirían a cuenta las comunidades autonómas. Al punto de que la Comunidad Valenciana podría estar en deuda con el Estado por haber recibido más de lo que efectivamente le corresponderá cuando se liquiden las cuentas.

    Hacienda negó el anticipo a la Generalitat y a otras doce comunidades autónomas. La Generalitat tiene un plazo de dos meses para recurrir ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Pero el grupo parlamentario del PP en las Cortes ha optado por otra vía, por iniciativas parlamentarias y preguntas al presidente del Consell. Por el ruido. Cervera confesó desconocer los argumentos jurídicos que amparan la decisión del Gobierno, pero Costa no dudó en acusar a Zapatero de actuar "arbitrariamente".

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    supresión del anticipo para la financiación
    EUROPA PRESS

    El PP recurrirá en la Audiencia Nacional por el "ataque" del Gobierno a la sanidad pública

    17:37 De Cospedal acusa a Zapatero de ir "directamente contra la política social" y de haber "matado" la Conferencia de Presidentes.
    EUROPA PRESS El presidente del PP, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales acordaron hoy un paquete de iniciativas para "tratar de frenar" el "ataque a la salud pública" que, a su juicio, va a cometer el Gobierno socialista al no conceder a las autonomías el anticipo de tesorería para financiación sanitaria. Por lo pronto, recurrirán ante la Audiencia Nacional y pedirán explicaciones en el Congreso forzando el debate con una proposición no de ley.

    Así lo anunció en una rueda de prensa la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al término de la reunión de poco más de una hora que la dirección del PP mantuvo con sus presidentes autonómicos y regionales en la sede nacional de 'Génova' para tratar específicamente este asunto y consensuar un frente común.

    De Cospedal señaló que el anuncio del Gobierno supone "un recorte social" pese a que, según recordó, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido a no hacer recortes sociales. Y por eso denunció que "la primera decisión que toma ante una crisis" vaya "directamente a la línea de flotación de la sanidad". "Con esta actuación, el Gobierno ha ido directamente contra la política social", reiteró.

    ¿NO IR A CONFERENCIA DE PRESIDENTES?

    Además, destacó que el propio Zapatero asumió el "compromiso personal" de financiar la sanidad en la II Conferencia de Presidentes y añadió que este "incumplimiento" supone "un engaño" más del gabinete socialista.

    En su opinión, el Gobierno deja "sin valor" la Conferencia de Presidentes al hacer que sean "completamente estériles" los acuerdos que ha tomado ese órgano. "Zapatero ha matado o ha intentado matar la criatura que él creó, porque ha hecho desaparecer algo fundamental en ese órgano: la confianza", resaltó.

    En esta tesitura ya advirtió de que hay "muchos" presidentes autonómicos que incluso se están planteando no acudir a la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes una vez que el gabinete socialista ha "devaluado" los acuerdos de este órgano.

    UNA PROPOSICIÓN EN EL CONGRESO.

    Tras insistir en que el Ejecutivo debe ofrecer explicaciones acerca de "cómo piensa financiar la sanidad de todos los españoles", la secretaria general del PP avisó de que su formación no va a permitir que la actuación del Gobierno "pase sin pena ni gloria" sino que pondrán en marcha un paquete de medidas para frenarlo.

    En concreto, avanzó que sus presidentes autonómicos recurrirán esta decisión ante la Audiencia Nacional con la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Por lo pronto, tres comunidades del PP (Murcia, Valencia y Madrid) ya han presentado recurso para denunciar la denegación del anticipo.

    También llevarán este asunto al Parlamento. Así, De Cospedal adelantó que registrarán una proposición no de ley en el Congreso para forzar a los socialistas a explicar "cómo van a financiar la sanidad pública y para evitar que el recorte" se produzca.

    Igualmente, la 'número dos' del PP indicó que su formación presentará iniciativas en todas las Asambleas legislativas y Parlamentos autonómicos para "tratar de frenar que Rodríguez Zapatero pueda realizar este ataque a la salud pública, que significa recortar 3.000 millones de euros".

    Al ser preguntada si el PP se ha puesto en contacto con otras comunidades autónomas gobernadas por otras formaciones para hacer un frente común, De Cospedal dijo que no lo habían hecho pero que, según sus noticias, comunidades como Cataluña --gobernada por los socialistas-- también se estaban planteando recurrir ante la Audiencia Nacional.

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    Camps critica el "recorte" de Zapatero en sanidad y Soria dice que "mentir es pecado"

    El PP denunciará ante la Audiencia Nacional la retirada del adelanto de financiación sanitaria y Blanco califica de "despilfarro" la gestión de la Generalitat
    Juan Antonio Blay,
    Madrid. corresponsal
    El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó ayer una reunión en Madrid con Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos de su partido para lanzar un fuerte alegato contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de "pagar su mala gestión económica con el dinero de la sanidad pública de todos los españoles". El encuentro estuvo dedicado a planificar una denuncia del PP ante la Justicia tras el anuncio del Gobierno de eliminar el adelanto de financiación por las prestaciones de sanidad a los entes autonómicos correspondiente a 2008 a cuenta de la liquidación que se realiza un año después. Ante la evolución de la recaudación de tributos de este ejercicio, inferior a las previsiones, el Gobierno ha retirado el anticipo ante la perspectiva de que no haya nada que adelantar. El PP ha convertido la supresión en otro casus belli.
    Las palabras de Camps fueron pronunciadas un día después del ofrecimiento que hizo el propio Zapatero en Valencia durante el acto de clausura del congreso del PSPV para alcanzar acuerdos con el presidente de la Generalitat, entre otros asuntos, en materia de financiación autonómica "en lugar de dedicarse solamente a criticar al Gobierno de España".
    La cúpula del PP exige ese adelanto, cifrado en 3.000 millones, por entender que fue un compromiso adquirido por Zapatero en la II Conferencia de Presidentes. Camps, que reclama de esa cantidad 340 millones para la Generalitat, consideró la decisión como "un recorte único e histórico" contra la salud pública en España. E insistió en citar a Zapatero como el responsable de impedir "la gran apuesta de las comunidades autónomas por la sanidad pública". "Es inadmisible", recalcó ante los periodistas a la salida de la reunión con la dirección del PP.
    Ofensiva de los populares
    En su opinión, la Generalitat "está haciendo la mayor inversión y el mayor gasto (en sanidad) como nunca antes se había hecho, construyendo hospitales, centros de salud y mejorando la presencia de los profesionales sanitarios y de los sistemas para la prevención y la curación". "Es un recorte espectacular y de primer nivel. Nunca había ocurrido en la historia de la economía y de la prestación de servicios en España", agregó.
    Las palabras de Camps se enmarcan en la ofensiva emprendida por el PP contra el Gobierno socialista en esta materia como confirmó en rueda de prensa tras la reunión la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Esta dirigente del PP explicó que su partido prepara una denuncia ante la Audiencia Nacional por entender que se lesionan "gravemente" los intereses de los ciudadanos, al tiempo que exigió una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir esta cuestión. El viernes, el Consell ya adelantó que iba a remitir un requerimiento al vicepresidente Solbes instando la rectificación y, en caso contrario, un recurso contencioso ante el TSJ-CV.
    Las opiniones del jefe del Consell fueron contestadas de inmediato por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, de visita en Alicante. "Francisco Camps debe saber que mentir es pecado", dijo. Soria consideró que la actitud de Camps y del PP comportan una tergiversación del sistema de financiación sanitaria y el modelo de anticipos por ese concepto, decidido en 2001 cuando gobernaba el PP.
    "Una norma de Aznar"
    "Las leyes hay que cumplirlas", aseguró el ministro, quien explicó que el sistema de adelantos estaba condicionado a los ingresos del Estado, "que somos todos". "Si los ingresos del Estado no alcanzan una determinada cifra, entonces no había segundo plazo y eso él (Camps) lo sabía desde el año 2001, ya hace siete años. Estamos cumpliendo una ley del PP", añadió.
    El ministro estimó necesario "poner los números sobre la mesa. Ojalá aprobemos una nueva norma y que esa nueva norma sea mucho mejor que la que nos propuso Aznar cuando era presidente. Yo estoy seguro de que va a ser mejor, pero mientras tanto cumpliremos esa". Soria recordó que la vigente ley es aplicada a las comunidades "del PP y del PSOE".
    Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, calificó como "oportunista" la actitud del PP en este capítulo y denunció que "sea precisamente el señor Camps, presidente de la Generalitat valenciana, quien tome ese protagonismo cuando su gestión es, junto al alcalde de Madrid, un continuo despilfarro que únicamente conduce a aumentar su deuda pública, la más elevada de todas".

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    J. G. G., Valencia
    La retirada "arbitraria" y "sin previo aviso" del anticipo de 343 millones a la Comunitat para aliviar los problemas de financiación sanitaria -al igual que les ha ocurrido a otras once autonomías- "pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario y la liquidación del presupuesto de 2008", según aseguró ayer el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, quien recurrió a los tintes tremendistas para advertir que esos fondos suponen "la construcción de todo el hospital La Fe y tres comarcales, muchas vacunas para la prevención de cáncer de cérvix o la gripe, medicamentos, nóminas" o incluso "el pediatra de una población en verano o el anestesista para la epidural".
    Todo esto está "en peligro", quiso dejar claro el conseller, tras la anulación del anticipo que el Gobierno ha dado estos años a las comunidades a cuenta de los ingresos suplementarios que se producían y que se liquidaban un año después para otorgar liquidez a las autonomías. Este ejercicio, a la vista de la recaudación -por debajo de las previsiones-, ha decidido negar los adelantos ante la perspectiva de que no haya nada que avanzar. Pero la decisión, admitió Cervera, descuadra ahora las cuentas autonómicas.
    El conseller hizo estas declaraciones en la rueda de prensa junto con el portavoz popular, Ricardo Costa, tras la reunión con los diputados para informarles la propuesta que presentará el grupo para reclamar a Madrid que mantenga el anticipo y, de paso, volver a exigir el "reconocimiento" de la población, 180 millones por los desplazados o la cofinanciación de infraestructuras. Además, este jueves plantearán la pregunta al presidente Camps para darle la mayor resonancia política.
    En la pelea por la financiación, el PP ha menospreciado esta inyección, negándole cualquier valor, mientras que el PSPV hablaba de 1.100 millones adicionales en estos tres años. Ayer mismo, Cervera aseveró que la eliminación del anticipo "deja al descubierto" la "falacia" y "ficción financiera de los socialistas estos años". "Zapatero no ha dado nada, ni un euro, sino que era un anticipo", aseveró. ¿Pero qué se va a anticipar si no hay nada que adelantar?, se le preguntó al titular de Sanidad. Cervera se salió por la tangente: "Desconozco la legalidad", dijo, de "retirar en octubre 343 millones que están presupuestados en las cuentas de las autonomías por indicación del Ministerio de Economía".
    A esto añadió el problema de fondo: No se puede quitar este adelanto cuando el Gobierno no ha acometido la modificación de la financiación "para reconocer el millón más de valencianos que somos". De este modo, dejó en evidencia que el Consell ha asumido el adelanto como una financiación extra. Ahora, tendrá que hace un "esfuerzo" para "llevar" de otras áreas esos 343 millones a Sanidad. Costa acusó a Zapatero de "quitar un millón de euros al día para la sanidad de los valencianos" y ser "el presidente que más ha recortado en política social en la historia de España".

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    També és de ZP la culpa? Recordem que Rita és alcaldessa des del 1991.
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    Valencia, la segunda ciudad más endeudada de España

    966,56 euros. Es lo que debe cada vecino de la ciudad de Valencia si se tiene en cuenta la deuda acumulada de la ciudad: 771 millones de euros. Lo que la convierte en la segunda ciudad más endeudada de España, tan sólo superada por la descomunal deuda de Madrid, que llega a los 6.366 millones de euros. La cantidad adeudada por el Ayuntamiento de Rita Barberá (PP) casi iguala a la de toda Extremadura junta, y supera la de otras seis Comunidades autónomas: Asturias (735 millones con 1.079.215 habitantes), Cantabria (407 millones), La Rioja (458), Murcia (676), Navarra (626) o el País Vasco (462).

    La medalla de plata en lo que se refiere a la deuda de las Comunidades autónomas también se la lleva la Comunidad valenciana, que eleva la cantidad hasta los 11.961 millones de euros.

    996,56 euros por valenciano
    Según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España sobre la deuda de las ciudades españolas, Valencia sería la segunda ciudad más endeudada de España, con una cantidad de 771 millones de euros. Por lo que a cada uno de los vecinos le correspondería una deuda simbólica de 996,56 euros. Tan sólo Madrid supera esa cantidad, y la culpa es de la macro obra de soterramiento de la M-30 impulsada por Gallardón, cuya construcción la llevó a cabo la empresa pública Madrid Calle 30.

    Escalada de deudas
    En 1995, año en que Rita Barberá renovó su alcaldía, la ciudad tenía 314 millones de deuda, y la superaban cuatro capitales: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Pero en el año 2000 la deuda ya llegaba a 450 millones y superó a Sevilla. En el 2005, Valencia se coloca tercera en la lista. Ahora se convierte en la segunda, si bien Madrid tiene una deuda ocho veces más grande.

    Sobre la línea roja
    Valencia ha venido reduciendo su capacidad de endeudarse desde 2005. La razón es la Ley de Haciendas Locales, que no permite que las ciudades superen el 110% de endeudamiento. Un límite sobre el que Valencia lleva cinco años manteniendo el equilibrio. En caso de superarlo, las administraciones locales deben solicitar permiso al Ministerio de Hacienda para contraer más préstamos. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que hacerlo ya para solicitar los 64 millones de euros de préstamo para las obras extraordinarias de la Copa América.

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    La medalla de plata en lo que se refiere a la deuda de las Comunidades autónomas también se la lleva la Comunidad valenciana, que eleva la cantidad hasta los 11.961 millones de euros.

    996,56 euros por valenciano
    Según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España sobre la deuda de las ciudades españolas, Valencia sería la segunda ciudad más endeudada de España, con una cantidad de 771 millones de euros. Por lo que a cada uno de los vecinos le correspondería una deuda simbólica de 996,56 euros. Tan sólo Madrid supera esa cantidad, y la culpa es de la macro obra de soterramiento de la M-30 impulsada por Gallardón, cuya construcción la llevó a cabo la empresa pública Madrid Calle 30.

    Escalada de deudas
    En 1995, año en que Rita Barberá renovó su alcaldía, la ciudad tenía 314 millones de deuda, y la superaban cuatro capitales: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Pero en el año 2000 la deuda ya llegaba a 450 millones y superó a Sevilla. En el 2005, Valencia se coloca tercera en la lista. Ahora se convierte en la segunda, si bien Madrid tiene una deuda ocho veces más grande.

    Sobre la línea roja
    Valencia ha venido reduciendo su capacidad de endeudarse desde 2005. La razón es la Ley de Haciendas Locales, que no permite que las ciudades superen el 110% de endeudamiento. Un límite sobre el que Valencia lleva cinco años manteniendo el equilibrio. En caso de superarlo, las administraciones locales deben solicitar permiso al Ministerio de Hacienda para contraer más préstamos. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que hacerlo ya para solicitar los 64 millones de euros de préstamo para las obras extraordinarias de la Copa América.

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    La oposición preguntará a Camps por el contrato-programa de RTVV y la "destrucción del empleo"

    12:26 El grupo parlamentario sociaista presuntará al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control de las Corts Valencianes del próximo jueves por los objetivos y contenidos del contrato-programa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) mientras que Compromís lo hará por las medidas adoptadas por el Consell en relación con la "destrucción del empleo".
    EUROPA PRESS

    Por su parte, el grupo parlamentario popular preguntará por las medidas que piensa adoptar el Consell para instar al Gobierno central "al cumplimiento de los compromisos que éste asumió en la II Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en relación con los anticipos de tesorería que debía ingresar a la Generalitat por un importe de 343 millones de euros para la financiación de la sanidad, y que ahora rechaza".

    La pregunta presentada por los socialistas se refiere, en concreto, a "los objetivos y el contenido del Contrato Programa que, al parecer, está negociando el Consell con la Dirección de RTVV", mientras que la de Compromís se centra en "las medidas adoptadas por el Consell para revitalizar el tejido industrial valenciano y frenar la creciente destrucción de empleo en nuestro territorio".

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    empresa pública
    EFE

    La Conselleria de Economía concede un aval de 30 millones a Ciegsa

    12:14 El plazo de vigencia del aval para la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares finalizará el 31 de marzo del año que viene.

    EFE La Generalitat ha concedido un aval de 30 millones de euros a la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de centros escolares, para cubrir "las necesidades de financiación de la sociedad derivadas de los proyectos encomendados" por el Gobierno valenciano.

    La Generalitat ha autorizado a la Conselleria de Economía, según publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a otorgar avales "destinados a garantizar obligaciones derivadas de la utilización de instrumentos financieros de cobertura" vinculados a estas operaciones de crédito.

    El plazo de vigencia del aval, que fue autorizado el pasado viernes, finalizará el 31 de marzo del año que viene.

    El conseller de Economía y Hacienda también está autorizado para que "determine y apruebe las demás condiciones de los avales a prestar" como el plazo, la extensión de la garantía, comisiones y novación de cualquier tipo.

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    cullera

    Uno de los mayores propietarios de suelo del Manhattan pacta el despido de 50 empleados

    La empresa alcireña logra un acuerdo con las entidades bancarias para refinanciar la deuda

    P. F., Alzira
    El grupo inmobiliario Blauverd tiene previsto presentar en breve un expediente de regulación de empleo que afectará a medio centenar de trabajadores, un 18% de la plantilla compuesta en estos momentos por 277 personas, fundamentalmente personal de obra, según han confirmado fuentes de la empresa alcireña, que enmarcan la presentación del ERE en el proceso de reestructuración que vive todo el sector de la construcción para adaptar las empresas a la nueva coyuntura económica tras la caída de las ventas. Los despidos han sido consensuados con los representantes de los trabajadores y contemplan una indemnización de 26 días por año de servicio.
    La presentación de este expediente de empleo se produce después de que Blauverd haya alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias para refinanciar un volumen de deuda superior a los 200 millones de euros. Entre las firmas que han aceptado el plan de viabilidad presentado por el grupo inmobiliario se encuentran la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bancaja, el Banco Popular, Banco de Santander o Banco de Sabadell, Banco Pastor, según informó ayer el semanal económico El Boletín.
    Blauverd es una firma con más de veinte años de experiencia, que aprovechando el auge de la construcción se llegó a convertir en 2006 en la primera empresa alcireña en volumen de facturación. El grupo tenía como principal actividad en su fase de expansión la construcción de viviendas de segunda residencia en el eje mediterráneo, la Comunitat Valenciana y Almería.
    Cambio estratégico
    No obstante, cuando en abril de 2007 se inauguró la nueva sede en Alzira para reagrupar los diferentes centros de trabajo, la dirección advirtió de que el proceso de desaceleración que en aquel momento ya se percibía obligaba a plantear un cambio estratégico que pasaba por aumentar las viviendas de primera residencia y la internacionalización del modelo de negocio. Una empresa del grupo participa en una sociedad que posee una bolsa importante de terreno en el sector Bega-Port de Cullera, conocido como el Manhattan ya que en él se proyecta la construcción de 33 torres de 5 alturas y dos hoteles de 40 plantas.
    La crisis financiera y del sector de la construcción ha obligado a aplicar ajustes en la empresa para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y reducir de forma progresiva la plantilla y los costes.
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    Los pensionistas exigen a Camps agilidad con la Ley de Dependencia

    La UGT-PV ha convocado una movilización ante la Generalitat
    P. G. del Burgo, Valencia
    Los pensionistas de la UGT-PV celebrarán mañana el Día Internacional de las Personas Mayores con una concentración ante el Palau de la Generalitat para exigir el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y reclamar la resolución de los expedientes en los plazos establecidos, "sin excusas de carácter burocrático".
    El sindicato ha extendido la convocatoria a todas las autonomías para que la movilización se celebre simultáneamente en todo el país.
    El secretario general de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT, Antonio Leal, declaró que la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola en cuanto a bienestar social y prestaciones a las personas dependientes" dado el "insuficiente" desarrollo de la Ley de Dependencia.
    Leal acusó al Gobierno de Camps de "dejadez", lo que, añadió, "ha obligado a alguna personas a presentar demandas y hay casos en los que la prestación se ha reconocido después del fallecimiento del solicitante".
    Por su parte, la secretaria de la Mujer de UGT-PV, Elvira Ródenas, informó que en la Comunitat Valenciana se han presentado 32.825 solicitudes, de las cuales todavía están pendientes de resolver 4.269.
    Ródenas agregó que hay 1.317 solicitudes de valoración reconocidas que están pendientes de recibir los servicios o prestaciones que les corresponden. La secretaria de la mujer criticó la escasa cuantía del 72% de las ayudas que se conceden a la cuidadora familiar, "que condena a la mujer, en la mayoría de las ocasiones, a abandonar sus puestos de trabajo o limitar el acceso al mismo, lo que vulnera el principio de prestaciones de la ley, que se basa en servicios profesionalizados".

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    06 Sep 2008

    CV. 06/09/2008.

    Escrito por: jordigrau el 06 Sep 2008 - URL Permanente

    EpC: Valencia estrena el profesor-traductor para burlar la ley. 06/09/2008.

    CV. 05/09/2008.

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    Rambla considera demagógica la congelación de sueldos en política

    C. VÁZQUEZ

    Barberá deja en evidencia al Consell al mantener los salarios

    La obsesión del PP de oponerse a cualquier acción de los socialistas le lleva a conducir a menudo con el piloto automático y, en ocasiones, a salirse de la carretera. Es lo que le ocurrió ayer al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quien, preguntado por el anuncio del presidente del Congreso, José Bono, de congelar los sueldos de los diputados, no se detuvo a reflexionar y dijo exactamente lo que pensaba: "Es una medida demagógica.

    Rambla pide una reunión al delegado del Gobierno por la llegada de pateras

    El Consell ampliará las ayudas a las víctimas del terrorismo

    En estos tiempos de verdaderos problemas son necesarios discursos de más calado económico".

    Lamentablemente para el vicepresiente, ayer mismo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunciaba la congelación de los sueldos de los cargos municipales, dejando en evidencia a Rambla, quien, seguramente, no cayó en la cuenta de que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, también se había mostrado partidario de la medida. Los alcaldes socialistas de Elche y Gandia también anunciaron la congelación de los salarios de los concejales.

    Esta simbólica austeridad le pareció a Rambla demagógica e intentó explicar el porqué: "Si dependiera del sueldo de los altos cargos el despegue de la economía española y valenciana, no sólo nos lo reduciríamos, si no que nos lo quitaríamos", apostilló.

    El vicepresidente quiso cargarse de razón cuando recordó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de altos cargos son un ejemplo de austeridad salarial -Camps, puso como ejemplo Rambla, cobra un 52% menos que Bono-. Dicho esto, el vicepresidente aseguró que el Ejecutivo valenciano elabora para 2009 unos presupuestos "austeros en el gasto" e insistió en que el gabinete tomará en su momento las medidas de ahorro que sean necesarias. El número dos del Consell precisó, además, que de momento no se ha hablado de una remodelación del Ejecutivo autonómico.

    Y una cosa llevó a la otra. Rambla fue interpelado por el anuncio hecho hace un año por la presidenta de las Cortes Valencianas, la popular Milagrosa Martínez, quien estrenó el cargo asegurando que se bajaría su sueldo y el del resto de parlamentarios autonómicos como ejemplo de austeridad. Pasado el año esta rebaja no se ha materializado, lo que llevó a Rambla a concluir que, dado que se creó una comisión al respecto para estudiar este recorte, ahora sería un buen momento.

    Poco después de la comparecencia de Rambla, la alcaldesa de Valencia dejaba en evidencia al Consell al acordar en la primera junta de gobierno municipal tras las vacaciones congelar el sueldo a los concejales y cargos políticos.Las aportaciones económicas a los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia tampoco subirán, la revisión catastral ya se paralizó antes de las vacaciones e impuestos municipales como el IBI, vehículos, construcción o plusvalías no se incrementarán. Según Barberá, estas medidas pretenden que "haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así potenciar el consumo y el dinamismo económico".

    En Elche, el regidor socialista Alejandro Soler planteó la congelación de los sueldos y de las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comisiones informativas y consejos de administración de las empresas y sociedades municipales, informa Cristina Medina. También en Gandia, municipio gobernado por el socialista José Manuel Orengo, se apostó por parecidas medidas.

    El grupo socialista en las Cortes salió a responder a Rambla y consideró una "indecencia política" que el Consell exija a otras instituciones la austeridad que rechaza en su gestión. Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía, recordó que su grupo viene exigiendo desde el pasado junio "la congelación de sueldos de todos los altos cargos de la Generalitat".

    El vicepresidente del Consell dejó de lado la delicada situación económica española y valenciana para comentar los excelentes resultados que está teniendo la política de grandes eventos impulsada por la Generalitat. Según Rambla, el GP de Fórmula 1, el próximo campeonato del mundo de Motociclismo o la Volvo Ocean Race, que se celebrará en Alicante, tendrán un impacto económico de 8.000 millones de euros, supondrán 235.000 nuevos empleos (acumulados) y 52 millones de visitas.

    La situación de las empresas, como dijo Rambla al comienzo de su comparecencia, preocupa y mucho al Gobierno valenciano. De ahí que ayer aprobase elevar el límite de endeudamiento del Instituto Valenciano de Finanzas -el banco de la Generalitat- en 300 millones de euros, de modo que el límite pasa a situarse en 650 millones de euros. Con esta medida, el Ejecutivo quiere ayudar a las empresas en un escenario de falta de liquidez a financiar proyectos de inversión, renovación de flotas, así como la reestructuración de pasivos financieros. Según Rambla esta ampliación "tiene efectos neutros" sobre el nivel de endeudamiento de la Generalitat.

    El Gobierno declaró 2009 el año de la solidaridad, aprobó los estatutos del Centro Superior de Investigación en Salud Pública y anunció acciones legales para que la Administración General del Estado abone a la Generalitat y no a la Tesorería General de la Seguridad Social los servicios prestados por la sanidad pública a las mutuas de funcionarios como Muface o Mugeju o Isfas.

    Por último, el gabinete de Francisco Camps dio luz verde al anteproyecto de ley por el que se elevarán las ayudas a las víctimas del terrorismo. Rambla instó además al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a que "en lugar de meterse con el PP" incremente las medidas de seguridad ciudadana y evite que Alicante se convierta en la puerta de entrada de inmigrantes ilegales. En este sentido, anunció que el Consell pedirá una reunión con Ricardo Peralta para tratar esta cuestión.

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    RTVV paga dietas sin justificar, según la auditoría

    LYDIA GARRIDO

    Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) abonó en 2007 dietas por estancias en hotel sin que estuvieran justificadas. Esa es la política habitual del ente público y sus sociedades, según recoge el informe realizado por Ernst & Young sobre las cuentas del pasado año. La auditora recomienda al ente que acomode lo que recoge el convenio colectivo a la normativa de Generalitat, que es la de referencia.

    El artículo 56 del convenio colectivo de Canal 9 y Ràdio 9 es el que establece qué es la dieta y los conceptos por los que se paga. Mientras, la ley de creación del ente establece que las retribuciones al personal de RTVV y de sus sociedades se adaptará con carácter general a lo que el Gobierno valenciano establezca para el personal a su servicio, especificado en un decreto de 1997. Esta norma precisa en su artículo 4 que "los gastos de hotel se justificarán con la factura y el importe a abonar será el efectivamente justificado, con un límite máximo". En cambio, indica que "los gastos de restauración tendrán un importe máximo", y de la lectura del decreto no se desprende que sea necesario presentar justificante de los gastos incurridos, ni que se abonen únicamente los gastos justificados.

    Con estos datos en la mano, Ernst & Young dice que "la política de RTVV, TVV y RAV consiste en abonar el importe máximo sin recibir justificante alguno" en el caso de las facturas de hotel, lo que contradice el decreto.

    Miguel Mazón, miembro del consejo de administración del ente a propuesta socialista, destaca que "ese no es el único incumplimiento que recoge la auditoría, ya que lo extiende a las aportaciones a planes de pensiones, a subidas salariales...". Según Mazón, "sólo se demuestra que no existe control".

    Mazón pidió ayer la convocatoria de un plenario del consejo para que el director general, Pedro García, presente los presupuesto y para que explique la modificación por parte de la Generalitat de un préstamo de más 55 millones que difiere el pago cinco años más, sin amortizar capital y con mayores intereses. Además, exige explicaciones sobre el interés de Canal 9 en retransmitir Fórmula 1 y obtener los derechos.

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    RTVV congela el sueldo de sus empleados y negocia el convenio

    Levante-EMV, Valencia
    En plena negociación del convenio colectivo, la dirección de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ha decidido no aplicar la revisión, de acuerdo con el IPC, que contempla la Ley de Presupuestos y el convenio vigente, según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). El responsable de esta sección sindical, Nacho Ángel, afirmó que la explicación oficial que les ha dado la empresa es que la Conselleria de Economia no ha autorizado al ente público la masa salarial disponible para este año. Desde el citado sindicato no se da crédito a esta versión y apuntan a que la situación sólo puede responder a que "la Generalitat no tiene un euro, a que el director general no tiene la más mínima capacidad de influencia o a que estén intentando ahogar a los trabajadores como medida de presión negociadora".

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    I què? Visca la F1, els sobrecostos i que es fotin els dependents, i l'ensenyament i la sanitat públics.

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    El puente entre Paterna y Manises costará el doble

    C. V.

    La Diputación licitó la obra por 6 millones y pagará 12

    La construcción del puente que unirá los municipios metropolitanos de Paterna y Manises ha superado todas las previsiones posibles. La Diputación de Valencia, responsable de esta obra de 145 metros de longitud y que unirá las comarcas de l'Horta Nord con l'Horta Sud, se presentó en su día como un puente único en su género y, a juzgar por los sobrecostes que acumula, también uno de los más caros.

    La corporación provincial lo licitó hace dos años por unos ocho millones de euros y lo adjudicó por dos millones menos a la constructora Rover Alcisa y sin los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuando el organismo de cuenca se pronunció, el proyecto se modificó para elevar la plataforma de esta infraestructura y así adaptarla a la posibles crecidas del río Túria.

    A mitad de obra y tras modificaciones por valor de 1,2 millones de euros, la empresa rescindió el contrato y recibió 6,6 millones de euros en concepto de liquidación, el mismo importe por el que se licitó, a pesar de que sólo se había hecho la mitad del proyecto.

    El puente salió de nuevo a licitación y se adjudicó a la constructora Cyes por otros cinco millones de euros. Y "por si fuera poco", denuncia Fernanda Escribano, portavoz municipal del PSPV en Manises, "la situación se redondea con otra modificación por obras complementarias valorada en más de un millón de euros".

    La conclusión es clara, dice Escribano: la diputación pagará al final por este puente el doble de lo previsto. La socialista culpa del desaguisado al diputado de carreteras de la corporación provincial y alcalde de Manises, Enrique Crespo, y anuncia que su grupo estudiará llevar el caso ante la fiscalía para que lo investigue.

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    -Pero no le dés más puñaladas, hombre. -Pues que deje de llamarme asesino.

    Mira que voler investigar les trapaceries urbanístiques del PPCV. Els europeus ens tenen mania perquè som més valencians que ells!

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    El PP critica el nuevo informe sobre el ladrillo de la UE

    EL PAÍS

    El PP cargó ayer contra la decisión del Parlamento Europeo de elaborar un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea. La portavoz de asuntos europeos de este partido en la Cortes valencianas, Emma Iranzo, indicó que este documento "agravará aún más la crisis" de la construcción. Este sector será, dijo, "el único perjudicado por esta criminalización que se suma a la peor crisis de su historia".

    Además, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, advirtió que estarán "vigilantes" para que el Gobierno traslade al Tribunal Europeo de Luxemburgo todas las alegaciones que han presentado después de que éste admitiera un recurso de la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana.

    Por su parte, la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim anunció ayer que el 10 de septiembre presentará en el Parlamento Europeo el tercer pliego de pruebas sobre la supuesta violación por parte del Ayuntamiento de directivas sobre publicidad y obras y servicios públicos, así como medioambientales en el PAI Benicàssim Golf.

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    El Consell aduce la normativa urbanística de otras comunidades para defenderse ante Europa

    Rambla espera que el Gobierno no mutile el recurso valenciano

    Levante-EMV/E. Press, Valencia
    El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, aseguró ayer que el Consell defenderá la "legalidad" de la normativa urbanística valenciana -en referencia a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)- que, según señaló, "bebe de las mismas fuentes que otras normativas españolas". En realidad, las inspira, porque la LRAU, aprobada en 1994 por el Gobierno socialista fue pionera en sus planteamientos y ha sido copiada por otras comunidades.
    Rambla realizó estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada tras el Pleno del Consell, preguntado por el tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española que la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones, así como por la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de admitir a trámite la denuncia presentada por la Comisión Europea contra la LUV. Al respecto, el vicepresidente de la Generalitat destacó que desde el Gobierno valenciano se sienten "igualmente depositarios de las bondades y de los defectos de la norma, como otras comunidades autónomas".
    Aseguró que la denuncia presentada "no es ante la Comunitat Valenciana, sino ante el Reino de España", y señaló que desde la Comunitat participarán en la denuncia con las alegaciones que han preparado y que remitirán al Gobierno porque, según recordó, "es el único legitimado para presentarse ante el Tribunal Europeo". Por ello mostró su deseo de que las alegaciones "tan rigurosas" que han preparado "sean trasladadas íntegramente al tribunal de Luxemburgo". Así, indicó que seguirán "muy de cerca" el tema "para evitar que nuestras alegaciones no sean trasladadas en su integridad".
    Vicente Rambla subrayó que la Comunitat Valenciana "ha evolucionado claramente hacia posiciones de preservar mucho más el territorio con las actuaciones urbanísticas". Y recuperó las cifras que exhibía Rafael Blasco durante su etapa como conseller de Territorio. "El 30% del territorio de la Comunitat se encuentra protegido. Y en el litoral, que es la zona más urbanizada, el 85% no está urbanizado". Además, apuntó que la C. Valenciana tiene urbanizado el 3,9% de su territorio, cuando en Catalunya es del 4,1%, en Baleares al 5,5% y en Madrid al 11,3 %.
    Por este motivo, resaltó que "no se puede hablar de desprecio hacia nuestro territorio porque estamos en estándares de clara conservación del territorio". Así, señaló que algunos eurodiputados hablan con "intencionalidad política del desmedido urbanismo" de la C. Valenciana.
    Rambla también criticó que determinados diputados socialistas valencianos "ayuden a alentar" esta idea cuando "deberían defender lo que ha sido un modelo de crecimiento de la Comunitat respetuoso con el medio ambiente". La portavoz de Asuntos Europeos del PP en las Corts, Emma Iranzo, también advirtió que el tercer informe que el Parlamento Europeo pretende elaborar para "criminalizar" el urbanismo en España "agravará aún más" la situación del sector que "es el peor parado dentro de la crisis económica que vivimos".

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    Però que ho inverteixi directament, sense donar-ho al Consell, que no és de fiar, que ja sabem com i en què ho gasta, i després encara té el morro de demanar-ne més.

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    El Gobierno invierte 2.600 millones en obras

    EL PAÍS

    El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue haciéndo frente al Consell y defendiendo sus inversiones en la Comunidad Valenciana. Ayer, coincidiendo con el pleno del Consell en Valencia y el Consejo de Ministros en Madrid, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, recordó que sólo en la última semana el Ejecutivo central ha adjudicado obras de carreteras por valor de 175 millones de euros. La de mayor cuantía, con 94 millones de euros, es la de la autovía A-33 en la Font de la Figuera, así como la variante Benicarló-Vinaròs o las obras de ampliación a tres carriles entre Puçol y el Carraixet de la carretera V-21. La última licitación, publicada ayer, es la nueva central eléctrica del aeropuerto de Alicante, con un presupuesto de 26 millones de euros. En seis meses de legislatura, el Gobierno central ha adjudicado en la Comunidad Valenciana obras por valor de 1.000 millones de euros y licitado trabajos por otros 1.600 millones más. "Estos datos acreditan que el Ejecutivo mantiene en toda su integridad las inversiones y es el principal agente inversor en la comunidad autónoma", remarcó Peralta.

    El delegado del Gobierno aprovechó para pedir más comprensión al Ayuntamiento de Valencia por los cortes de tráfico en la ciudad que se están realizando con motivo de las obras de la V-21. "Son complejas, por lo que pido al resto de administraciones colaboración", dijo.

    A la demanda hecha el jueves por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de más fondos al Gobierno para la construcción de colegios, Peralta apuntó que el problema de la Generalitat en esta materia no es de financiación, sino de gestión. El aumento de población no justifica, dijo Peralta, que todos los días un consejero reclame 1.000 millones de euros al Gobierno, ya que el crecimiento de la población también supone un incremento de ingresos para el Consell.

    El reciente anuncio del ministro de Trabajo, Jesús Corbacho, de restringir las contrataciones de inmigrantes en sus países de origen ha creado cierta inquietud entre las organizaciones agrarias por si podía afectar a las campañas de la vendimia y de recolección de cítricos. El delegado del Gobierno tranquilizó a estos colectivos cuando aseguró que la restricción no se aplicará hasta 2009, por lo que garantizó que las contrataciones realizadas para las dos campañas agrícolas de este ejercicio no corren ningún peligro.

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    Peralta cree que el problema de financiación no es el aumento demográfico sino la gestión del Consell

    Destaca que el Gobierno sigue siendo "el principal agente inversor en la Comunitat"

    Efe/Europa Press, Valencil
    El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, cree que el aumento de población "no justifica" que todos los días "un conseller reclame 1.000 millones de euros", ya que el incremento de ciudadanos también supone un incremento de ingresos para el Gobierno valenciano. Según el delegado, el "problema" de financiación no es el aumento demográfico, sino la "gestión" que hace el Consell de los recursos, "como acreditan los datos de deuda de la Generalitat". Peralta ha criticado que Consell "utilice recurrentemente este argumento", ya que, aunque "es verdad que somos más población", esto también significa "más personas generando riqueza y pagando impuestos", unos ingresos de los que "participa la Generalitat", ha recordado. Un ejemplo de esta gestión se da en las universidades valencianas, "que están ahogadas" a pesar del descenso de alumnos, ha añadido.
    Por otra parte, el Gobierno ha adjudicado esta semana obras en diferentes carreteras de la Comunitat Valenciana, por un valor total de 175 millones de euros, según informó la Delegación del Gobierno. Entre otras, se han adjudicado las obras de la autovía A-33 en la Font de la Figuera por 94 millones de euros, además de la variante de Benicarló-Vinarós por 50 millones y la ampliación a tres carriles en el tramo Puzol-Carraixet de la V-21 por un importe de 23 millones.
    Según explicó Peralta, en los seis primeros meses de esta legislatura, el Gobierno ha adjudicado obras por valor "superior a los mil millones de euros", y se han licitado obras por valor de "más de 1.600 millones de euros". Con estas inversiones, el Gobierno central "sigue siendo el principal agente inversor de nuestra Comunitat", afirmó Peralta.
    Respecto a las obras de la V-21, Peralta pidió a la Generalitat y al Ayuntamiento que adopten con el Gobierno "el mismo criterio que nosotros seguimos con sus obras". Además, aseguró que alguna de estas administraciones "pidió el retraso de esas obras con motivo de la visita del Papa y distintos eventos". Al ser preguntado sobre el estado de las obras de la V-21 en la ciudad de Valencia y la incidencia que tienen en el tráfico, indicó que se trata de una actuación "de especial complejidad técnica y que se están llevando a cabo sin interrumpir el tráfico de una manera significativa, en la medida en que correspondería a la entidad de esa obra".
    No obstante, señaló que está previsto que afecte al tráfico este fin de semana y "posiblemente" el lunes, pero lo consideró una "incidencia menor" y argumentó que la ejecución de obras en la ciudad, con incidencia en el tráfico es algo "perfectamente normal". En este sentido, se refirió a las obras de la Línea T2 de Metro Valencia y afirmó que estas son las que provocan "perjuicios económicos importantes a honrados ciudadanos de la ciudad y que al parecer no reciben ningún tipo de atención por parte de quien está ejecutando esas obras".

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    Economía eleva a 300 millones el límite de deuda del IVF para avalar créditos a empresas

    Levante-EMV, Valencia
    El Consell aprobó ayer elevar el límite de deuda viva al final de 2008 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 300 millones de euros, de modo que este límite pasa a situarse en 650 millones de euros.
    Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell el vicepresidente primero del Gobierno valenciano y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, quien subrayó que esta decisión "forma parte del paquete de medidas de la Generalitat para dinamizar la economía valencia" que fueron anunciadas por el presidente del Consell, Francisco Camps. Al respecto, hizo hincapié en que el "compromiso" de Camps "se hace realidad con esta autorización".
    Vicente Rambla valoró que se amplíe el límite de operaciones de endeudamiento del IVF "en un momento de crisis económica" y resaltó que con este aumento el instituto "aportará más recursos a las empresas". Asimismo, destacó que esta actuación tiene "un contenido social fundamental por lo que supone de creación y mantenimiento de puestos de empleo".

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    Camps inaugurará el centro de Medicina de la Católica pese a no estar autorizado

    El órgano oficial del Arzobispado de Valencia, la revista "Paraula", anuncia en la portada de su último número que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inaugurará el campus de Medicina.

    M. Ducajú, Valencia
    El proyecto de Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia sigue adelante, a pesar del varapalo del Ministerio de Educación que no ha homologado para este curso los grado tanto de estos estudios como los de Podología y Odontología, mientras que ha dado el visto bueno al de Fisioterapia. En cambio, la iniciativa cuenta con el total respaldo del Consell, como lo muestra el hecho de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenga previsto inaugurar el nuevo campus este mes de setiembre.
    Este anuncio -la revista "Paraula", órgano oficial del Arzobispado, lo lleva en portada en su último número, con fecha del domingo- así como las pruebas de selección que esta misma mañana realizan 200 alumnos que aspiran a entrar en los cursos introductorios de la Facultad de Medicina, a pesar de que por segundo año consecutivo están en el aire, corroboran la intención de la Iglesia valenciana de llevar adelante su propuesta.
    La Católica ha tomado la decisión de proseguir con los estudios porque "centenares de alumnos valencianos se ven obligados a marchar a otras comunidades para cursar Medicina ante la falta de plazas universitarias mientras que el sistema público de sanidad se ve requerido a contratar a profesionales extranjeros" señalan en "Paraula".
    Fuentes de esta institución académica religiosa señalaron a Levante-EMV su confianza en que durante este curso el ministerio, y a tenor de la documentación presentada, acabe homologando sus grados de Sanidad.
    En la revista del Arzobispado explican que "la Generalitat ha mostrado su apoyo a nuestra Facultad de Medicina porque se estima que en el año 2012 serán necesarios 1.300 médicos más en las tres provincias de la Comunitat por lo que es una cuestión de interés público".
    Desde Presidencia de la Generalitat confirmaron ayer a este diario que Camps tiene programado en agenda asistir al acto de inauguración de las instalaciones durante este mes, aunque no precisaron el día.
    La sede de la facultad compartirá espacios con el rectorado de la Universidad Católica, en el complejo de San Carlos Borromeo de Valencia, junto al MuVIM. Se trata de un edificio del siglo XVIII, de 7.000 metros cuadrados, rehabilitado por el arquitecto Álvaro Gómez-Ferrer, en el que se espera que a lo largo de este curso acudan medio millar de estudiantes para realizar alguna de las especialidades del área de Salud.
    Metro cuadrado actualizado en el CEU
    En la misma revista "Paraula" se informa de las negociaciones entre el Arzobispado y el CEU San Pablo sobre el alquiler del Seminario de Moncada. La intención es que la renta se actualice "al precio medio ponderado de la zona" según sus distintos informes, lo que consideran "razonable".

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    30 Ago 2008

    CV. 30/08/2008.

    Escrito por: jordigrau el 30 Ago 2008 - URL Permanente

    CV. Educació. 30/08/2008.

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    I el 54% dels valencians ha votat aquesta banda! En democràcia es té el que es mereix perquè es vota. I si els valencians fóssim negres està clar que votaríem Ku Klux Klan!

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    El caso urbanístico valenciano en la UE no comportará una sanción económica

    EZEQUIEL MOLTÓ

    El recurso contra España se demoró más de un año, el triple de lo normal

    El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell.

    "No se discute la propiedad privada, sino la adjudicación de los PAI"

    Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados. "En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria". La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.

    Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles. "Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen. Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".

    No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto. Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008. "En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.

    Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica. En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista. Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.

    Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.

    Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas. La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat. En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.

    Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas. "Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica. Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.

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    El Consell pide a través del letrado del Estado retrasar un mes la respuesta al Tribunal Europeo

    El Consell ha pedido al Tribunal de Justicia Europeo la ampliación del plazo para responder a la demanda presentada contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por la Comisión Europea. La nueva fecha límite será el 22 de septiembre, lo que da un pequeño respiro al equipo de juristas que prepara el recurso.

    L. Ballester Beneyto, Valencia
    El procedimiento habitual en estos casos es que cuando se presenta una denuncia, la parte demandada ha de responder en un plazo de 30 días, ampliable con otros diez como una fórmula de cortesía, lo que amplía a 40 días la posibilidad de presentar alegaciones.
    La fecha en que llegó la denuncia, que es lo que inicia la cuenta atrás, difiere según la institución a la que se pregunte. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores (que actúa como buzón en este asunto y se limita a tramitar los escritos) "el comunicado de la Comisión llegó el 28 de julio", según explicaron fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos. Formalmente, el ejecutivo comunitario presentó la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo el 9 de julio, según consta en el recurso en poder de este periódico. Por el contrario, según la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el escrito que comunicaba la demanda llegó el 21 de julio.
    Ante estas divergencias irreconciliables (no puede haber llegado antes el recurso a la Generalitat que al Gobierno), el primer plazo para responder a la demanda judicial en Europa se cumpliría mañana mismo (según la fecha de la conselleria) o el 7 de septiembre (según, Exteriores).
    Sea cual sea la fecha, fuentes de la Conselleria de Urbanismo confían en que no se vuelva a producir el incidente que se produjo con las anteriores alegaciones remitidas por la Generalitat a la Comisión Europea.
    En enero de 2007, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, montó en cólera cuando la secretaría de Estado de Relaciones con la Unión Europea, que depende de Exteriores, mutiló el escrito de alegaciones presentado por la Generalitat. Según González Pons la supresión de veinte folios fue "por razones políticas".
    En la parte eliminada, el Consell aludía a la legislación urbanística de otras 13 comunidades para plantear a la Comisión Europea que las "pegas" que plantea a la legislación urbanística valenciana también puede encontrarla en otras legislaciones autonómicas.
    El Consell anunció que intentaría evitar la mediación del Gobierno central para defender sus propias alegaciones ante la Comisión Europea en el procedimiento de infracción abierto contra la LUV. Esteban González Pons incluso anunció que solicitaría por carta una entrevista al comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, -responsable del procedimiento de infracción iniciado en 2005 con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que continuó con la LUV- "sin la presencia del Gobierno de Zapatero" al que acusó de "no ser el abogado defensor sino el fiscal de la Comunitat Valenciana". Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se consideró desleal que la Generalitat pretendiera aludir a otras trece comunidades autónomas que no son parte interesada en el procedimiento de infracción, "sin su previa consulta y conocimiento" porque "es necesario preservar la aplicación del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas" y porque la alusión a las respectivas leyes de las trece comunidades implicadas "podría afectar a sus intereses legítimos y nada aporta en defensa de la C.t Valenciana".

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    "Canal 9 oculta la denuncia"
    "Canal 9 ha ocultado las novedades recientes sobre la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana", según denunció ayer la sección sindical de UGT en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). "Desde el pasado miércoles, cuando se hizo público la tramitación de la denuncia por parte del Tribunal de Justicia Europeo, Canal 9 no ha dado ninguna información sobre la cuestión que sí ha sido noticia en el resto de medios valencianos y estatales". Y añaden que la trascendencia de la materia ocultada es tal que, además de tener ocupado al Consell en la preparación de recursos sobre la cuestión, ha suscitado la intervención pública del secretario de la Federación de Promotores, Benjamín Muñoz, ha llegado a pedir al consell que se modifique la normativa valenciana". Frente a una situación de enorme trascendencia la dirección de RTVV ha optado por lo que considera mejor para el PP: "ocultar la información". Se trata, según UGT, de un "nuevo caso de manipulación de Pedro García".

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    Compromís pide que se paralicen los PAI recurridos

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    El IVVSA privatiza los servicios de las agencias de alquiler de las tres provincias

    La portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Oltra, criticó ayer que el Consell haya privatizado la gestión pública de alquiler de viviendas por un millón de euros, lo que calificó de "despropósito injustificable, ya que la Generalitat dispone del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) y de una agencia de alquiler creadas específicamente para esto".

    Levante-EMV, Valencia
    Oltra destacó, a través de un comunicado, que el 26 de agosto se publicó en el DOCV la convocatoria para la adjudicación del servicio de gestión integral de la oficina de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler de Vivienda en las tres provincias por un importe de un millón de euros, lo que constituye "un despropósito absoluto pues esas funciones deben ser asumidas por la propia administración"" sobre todo "cuando disponemos de una empresa pública como es el IVVSA y, dentro de ella, de la Agencia Valenciana de Alquileres".
    La síndica de Compromís remarcó que el Consell "se dedica a duplicar los servicios innecesariamente, externalizando todas las prestaciones que deben ser facilitadas por la propia administración con la dotación de medios, recursos económicos y el personal propio de que dispone la Conselleria o el IVVSA". "Si va haber empresas externas que presten ese servicio de mediación me pregunto a que se dedicará la Agencia Valenciana de Alquiler", apuntó Oltra.
    También se preguntó "dónde desarrollarán su actividad los trabajadores de las empresas contratadas, ya que si la desarrollan en las oficinas de la agencia o del IVVSA, estaremos en una situación de ilegalidad manifiesta pues, según la Ley de Contratos, estas empresas deben disponer de todos los medios para prestar el servicio contratado por su cuenta y riesgo, e incluso puede darse el caso de incurrir en cesión ilegal de trabajadores, tal y como sucede en Tragsa y la Conselleria competente en medio ambiente", aseveró la parlamentaria.
    La diputada incidió en que las empresas contratadas "van a tener acceso a información relevante respecto de ciudadanos que soliciten u ofrezcan alquiler de viviendas, algo que incumple la ley de protección de datos de carácter personal". Asimismo, "las empresas adjudicatarias estarán relacionadas con el sector inmobiliario" ya que, "aunque en el pliego se señala que no podrán presentarse empresas vinculadas con este sector, en la convocatoria de licitación se les exige solvencia técnica y profesional".
    "Ya tenemos la experiencia de la contratación de la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Alquiler Infovivienda del IVVSA, que costó 600.000 euros para una asistencia técnica externa al año desde 2003".
    Como ya informó este periódico, una firma ha gestionado la Agencia Valenciana de Alquiler desde 2003 hasta ahora, cuando la adjudicación sólo era de un año. Dervec Gestión Integral del Habitat SL ha prorrogado el contrato hasta ahora de forma "irregular" según la sindicatura, de forma "legal", según la conselleria.

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    El Consell ha ejecutado siete de las 85 obras contra riadas desde 2003

    El PSPV denunciará al Constitucional la falta de más información sobre actuaciones pendientes.

    Levante-EMV, Valencia
    El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts Valencianes, Francesc Signes, advirtió ayer que el Consell sólo ha realizado 7 de las 85 actuaciones contra inundaciones contempladas en el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación (Patricova) aprobado en 2003.
    Signes, quien ha criticado a través de un comunicado de prensa la "ineficacia del Consell" en esta materia, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional para exigir "su derecho a la fiscalización" del Gobierno valenciano ya que "se niega a ofrecer información sobre el estado de ejecución de las obras pendientes".
    El socialista ha atribuido la existencia de municipios valencianos con alto riesgo de inundación y sin Plan Local de Emergencia a "la ineficacia del Consell ya que sigue sin ejecutar 78 actuaciones de un total de 85".
    Esta cifra indica, según el portavoz socialista, que el porcentaje de ejecución de las obras "no supera el 30 por ciento y que de los 270 millones de euros que el Consell debería haber invertido, sólo ha gastado 81 millones".
    Signes ha recordado que el Patricova se aprobó en enero de 2003 y que de las 153 actuaciones de restauración hidrológica-forestal, planeamiento urbanístico y reducción del riesgo de incendios que contemplaba, "85 eran competencia de la Generalitat". Entre las obras que están pendientes de ejecutar en la provincia de Alicante se encuentran, entre otras, el encauzamiento de la desembocadura del río Girona, el encauzamiento del barranco del Altet o el encauzamiento urbano de Denia.
    En la provincia de Castelló destacan, entre las obras sin realizar, el encauzamiento del barranco de Fraga y la prolongación del encauzamiento urbano en Viver mientras que en la de Valencia están pendientes el encauzamiento del barranco de Barxeta, el de Tramusser o el de Silla. "Este incumplimiento de obligaciones comporta un gran peligro para las personas y sus bienes", ha advertido Signes.
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    El Ayuntamiento de Benicàssim reprueba la actitud de Fabra

    El consistorio exige una rectificación por los insultos a Colomer

    Jordi Ruiz, Castelló
    El pleno del ayuntamiento de Benicàssim aprobó el jueves por la noche una moción para reprobar la actitud del presidente de la diputación, Carlos Fabra, por insultar al alcalde de la localidad y portavoz en la institución provincial, Francesc Colomer. El consistorio benicense pide a Fabra una rectificación "inmediata".
    La propuesta de acuerdo plenario la presentó el edil de EU Sebastián Esparducer y tuvo el respaldo del PSOE y Bloc (los tres partidos que gobiernan el municipio). ARB votó a favor de la urgencia pero luego se abstuvo, mientras que el PP se posicionó en contra. La moción, que se ha remitido a la diputación, surge como respuesta a "los insultos lanzados por el presidente de la diputación al alcalde de nuestro municipio", según consta en el texto. De ahí que se censure a Carlos Fabra y se le exija una disculpa pública.
    Una grabación en video del último pleno de la diputación ha revelado recientemente que, al finalizar la sesión, el presidente llamó "hijo de puta" a Francesc Colomer. Fue después de un rifirrafe dialéctico entre el socialista y el popular en el turno de ruegos y preguntas. Colomer insistió en sus preguntas sobras las causas judiciales que afectan a Fabra, mientras que éste se negó a contestarlas de forma verbal. Al levantar la sesión, con el micrófono todavía abierto, profirió el exabrupto.
    La portavoz socialista, Susana Ros, justificó ayer que se trata de una "moción necesaria". "La diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos y el presidente representa a todos los alcaldes. La actitud de Fabra denota falta de educación, chulería y prepotencia", reseñó Ros, quien añadió que "lo que más me indignó fue ver en la bancada popular las risas y burlas de los diputados". "Fabra no sólo insultó y humilló a una persona, sino a una opción política, a muchos votantes y ciudadanos", sentenció.
    El portavoz de ARB, Mauro Soliva, dijo compartir el fondo de la moción, pero no el debate que surgió tras su presentación. "El alcalde merece el máximo respeto y Fabra debería reconocer el error que cometió por llevarse por sus impulsos. Lo que no compartimos es que el ayuntamiento se convierta en un segundo campo de batalla para debatir cuestiones que deben abordarse en la diputación", dijo.
    Desde el PP han evitado pronunciarse sobre el tema, escudándose en que no han escuchado la grabación, pese a que ha sido reproducida en los medios.

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    El AMPA de Tomás de Montañana denuncia las obras de las nuevas aulas

    Efe, Valencia
    La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Tomás de Montañana de Valencia ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que la instalación de aulas prefabricadas en un solar anexo por parte de la Conselleria de .Educación "vulneran la salud y la seguridad". La AMPA ya denunció a principios de agosto a la conselleria por instalar estas aulas prefabricadas en un solar de propiedad municipal sin haber solicitado la preceptiva licencia y con el objetivo de ampliar las aulas después de que, "unilateralmente", decidiera doblar el número de plazas de Educación Infantil.
    Según han explicado desde la AMPA, la denuncia aún no ha recibido respuesta al considerar el órgano judicial de guardia que no se trata de un "asunto urgente". Entre las deficiencias se incluye la falta de carteles informativos que prohíban el acceso a la obra y la instalación de un "vallado perimetral deficiente".

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    La F1 daña el arbolado protegido

    Las ramas de un ombús fueron seccionadas durante el montaje

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    suprime la gerencia

    El nuevo gobierno de Dénia deja el urbanismo en manos de los técnicos ligados a promotoras

    La oposición critica que Medio Ambiente y Disciplina Urbanística no estén la nueva comisión

    V.X.C.R., Dénia
    La Gerencia de Urbanismo ha dejado de existir y de momento el departamento municipal más importante del Ayuntamiento de Dénia sólo tiene dos personas al frente, el Jefe de Ordenación Urbanística y el jefe de proyectos de obra, ambos vinculados a la empresa privada mediante sociedades o mercantiles con amplia trayectoria en el sector de la construcción de Dénia.
    El jueves, el pleno ordinario sirvió para finiquitar el área con los votos en contra de PSPV y Bloc y a favor del pentapartito. La edil de Urbanismo, Pepa Font, explicó que era un compromiso de las diferentes fuerzas políticas del gobierno local acabar con la gerencia y respecto al nombramiento de los funcionarios ligados a las promotoras explicó que llevaban trabajando en el consistorio varias décadas con alcaldes de todos los colores, entre ellos del PSOE y del Bloc. Para Font era una "obligación moral" y una cuestión de "eficacia y ahorro" contar con ellos. Pese a todo la ahora concejal del Centre Unificat -antes lo fue del PP- remarcó que se había pedido un informe al secretario para con conocer si era compatible el trabajo privado del arquitecto y el ingeniero municipales elegidos para liderar el área de urbanismo.
    El portavoz del Bloc, Pau Reig, recordó que en enero todos los partidos se opusieron a la desaparición de la gerencia y se preguntó si tras el desmantelamiento se había hecho el estudio sobre las necesidades del departamento de urbanismo, su organigrama y las competencias reales que tiene. Reig se dirigió especialmente a Miguel Llobell y JuanCollado puesto que la nueva comisión informativa de Urbanismo no recoge las áreas de Medio Ambiente (Collado) y Disciplina Urbanística (Llobell). "Es un paso atrás en el urbanismo democrático y consensuado. Volver a la gestión de 1999 no es bueno para la ciudad" afirmó el edil nacionalista quien reiteró que desconocía el nuevo organigrama del departamento urbanístico.
    La ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, repasó las declaraciones a los medios de hace escasos seis meses en las que tanto el PP, como CU y Gent de Dénia manifestaron su voluntad de no suprimir la gerencia. Sin embargo, la edil socialista, quiso enfatizar que no se sabía el contenido de lo que se estaba votando e insistió en que el compromiso del nuevo gobierno era aportar un organigrama del área de urbanismo -que no habían llevado al pleno- y señaló que estaban "pasando por encima de lo que es una buena coordinación" para decir que "todo está definido por compartimentos estancos que sólo representan el reparto partidista". Viciano explicó que lo único que querían era "coger el poder y no apostar por una planificación con transparencia y participación".

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    La oposición critica el ocultismo sobre la legionela

    XAVIER ESPANYA

    Exige un estudio epidemiológico rápido en Alzira

    El foco de legionela de Alzira sigue sin ser detectado y ha disparado la inquietud en al capital de La Ribera Alta. Sobre todo, después de que la ciudad haya sabido que, además de los dos casos reconocidos oficialmente en Alzira, existen otros cuatro vecinos cuyo contagio ha sido atribuido por la Consejería de Sanidad al foco de Carcaixent, que se registró el pasado día 20. La consejería, sin embargo, ocultó este dato que debería haber puesto desde el principio el objetivo en la existencia de dos focos distintos. Además, ha insistido en desvincular los últimos dos casos de los anteriores Las reacciones al respecto no se han hecho esperar. Ayer, el responsable de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, exigió a la Generalitat que lleve a cabo un estudio epidemiológico "rápido para la detección del foco de legionela en Alzira porque se pueden producir más casos".

    Sanidad vincula seis afectados de Alzira al foco de Carcaixent

    Subías se mostró partidario, tras la aparición de un primer brote en Carcaixent, de "dar explicaciones a la gente", por ello reclama a Sanidad que "proporcione un informe correcto y adecuado" y que se tomen las medidas pertinentes para detectar el nuevo foco de contagio.

    Por su parte, el portavoz del Bloc de Alzira Carles Aranda reclamó al gobierno local "transparencia y más información".

    La Consejería de Sanidad retiró el pasado lunes el protocolo antilegionela que activó en Carcaixent y que sirvió para detectar la aparición de esta bacteria en una empresa ubicada en el polígono industrial de esta población. Hasta la fecha se han producido 12 casos de neumonía de los que seis residen en Carcaixent y los otros seis en Alzira. Los dos últimos afectados ingresaron el pasado miércoles en el hospital de la Ribera. Las encuestas epidemiológicas realizadas a ambos pacientes por los especialistas de la Generalitat determinaron de la existencia de otro foco de contagio en Alzira, distinto del detectado la pasada semana en Carcaixent

    Sanidad ha revisado las torres de refrigeración pertenecientes a diversas empresas ubicadas en el polígono industrial número 1 de Alzira, que se encuentra en una zona próxima al barrio donde residen los enfermos de neumonía hospitalizados y que se encuentran en la confluencia de la avenida Luis Suñer.

    Las fuentes públicas, las instalaciones de riego y de aire acondicionado, e incluso los grifos de las viviendas pueden albergar la bacteria.

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    La tasa de titulados de ESO a los 15 años es la más baja de España

    NEUS CABALLER

    UGT denuncia que el curso inicia con problemas estructurales de fondo

    "Si en 11 meses somos capaces de hacer un circuito de Fórmula 1, como dijo [Francisco] Camps, ¿por qué no somos capaces de quitar los 1.300 barracones en el mismo tiempo récord?", se preguntó ayer Guillermo Martí, secretario general de la federación de enseñanza de UGT en la primera conferencia de prensa para analizar el inicio de curso 2008-2009, que arranca el 8 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria y el 15 para los de enseñanzas medias. El resultado de las "políticas virtuales", "autoritarias" y de "despropósitos" -como el reguero de planes Éxit, Integra o Plurilingües sacados a vuela pluma sin recursos y experimentales en un puñado de centros- es una "insuficiente planificación" del sistema educativo valenciano que incopora al mercado laboral europeo "casi un 40% de población que no ha completado los estudios de Secundaria".

    "Cerca del 45% de los alumnos de 15 años de la Comunidad no se encuentra en el curso que debería, mientras que la tasa bruta de población que acaba la ESO es un 60,3%, la más baja de España, excepto Ceuta", remató.

    "El curso, por tanto, va a comenzar con las mismas tensiones y problemáticas del año pasado", añadió Martí en referencia a los 25.000 alumnos que estudiarán en 1.300 barracones, más los 200 aularios colchón puestos para cubrir la falta de plazas de Infantil de 3 a 5 años y los otros casi 100 para cuadrar la matrícula de Primaria; la alta rotación y provisionalidad de las plantillas docentes con 11.857 profesores (de 53.000) que no conocieron su destino hasta el 31 de julio pasado; y 27.000 entre funcionarios interinos y equipos directivos y profesores contratados de la red privado concertado a los que se adeudan 40 millones de euros, "es decir, una nómina de medio millón de pesetas por cada uno", remató.

    En este contexto, "el crecimiento sostenido de la natalidad y de los escolares inmigrantes hace que el curso pasado termináramos con 24.341 alumnos más. Sólo para cubrir ese incremento necesitaríamos otros 48 colegios más a parte de los que 42 que anuncia el consejero para este curso", remató Martí, antes de advertir de que: "Si Camps no toma cartas en el asunto, la UGT anuncia movilizaciones en la primera quincena de octubre".

    Desde el STEPV y CC OO confirmaron las críticas vertidas por Martí a través de sendos comunicados con la misma "radiografía" de problemas estructurales en el inicio de curso. El STEPV criticó, además, la escalada de conciertos educativos y exigió "un cambio de rumbo en la política educativa del Gobierno valenciano." Mientras, CC OO subrayó la judicialización del sistema educativo derivada de "la política de confrontación de la consejería con el Ministerio de Educación a propósito del desarrollo y aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación".

    Cifras de la "planificación insuficiente" del curso 2008-2009

    - 40 millones de deuda al profesorado. Se trata de 10 millones en trienios reconocidos a los funcionarios interinos, 15 de deuda a los equipos directivos y 15 al profesorado de la concertada, lo que afecta a 27.000 docentes del sistema educativo.

    - 25.000 alumnos en barracones. Entre los escolarizados en 1.300 barracones mientras construyen su centro o se resuelve la cesión de suelo, y las cerca de 300 aularios colchón para atender en septiembre el incremento de matrícula de Infantil y Primaria.

    - 33% de rotación de plantillas. Casi 12.000 docentes empiezan el curso cambiando de centro. La rotación se ceba en Alicante con centros donde el 80% del profesorado es nuevo.

    - Más de 100.000 inmigrantes. EL curso cerró en junio con 91.295, por lo que la previsión es superar la barrera de los 100.000, de los cuales la media que estudian en la red pública es del 86%: el 92% en Castellón; 77,4% en Valencia y el 93,8% en Alicante.

    - 20.000 alumnos más por curso. El curso cerró con 24.341 alumnos más, lo que supone que se necesitaría 48 colegios por año sólo para cubrir este crecimiento.

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    29 Ago 2008

    CV. 29/08/2008.

    Escrito por: jordigrau el 29 Ago 2008 - URL Permanente

    CV. 28/08/2008.

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    Però tenim la F1 i el que ens mereixem per haver votat gentola!

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    El Consell retira las ayudas a los ayuntamientos para escuelas infantiles

    14:12 El President de la Generalitat, Francisco Camps, anunció en el programa electoral de 2003 45.000 plazas en escuelas infantiles.

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    educación infantil
    EUROPA PRESS

    El Gobierno distribuirá 14,6 millones en la Comunitat para plazas de guardería para niños de 0 a 3 años

    16:43 Esta medida se incluye en el 'Plan Educa3' que tiene como objetivo la escolarización de 300.000 menores en cuatro años.

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    24.347 alumnos nuevos
    EUROPA PRESS

    El curso comenzará con 1.300 barracones en los centros educativos

    14:58 Así lo ha manifestado el sindicato FETE-UGT, que denuncia que los 42 nuevos centros prometidos por el Consell sólo suponen un 6% más en relación a los 1.538, y anuncia movilizaciones para la primera quincena de octubre si el Consell no negocia con la comunidad educativa.

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    televisión

    Canal 9 negocia con Mediapro la compra de derechos de F1

    La empresa de Roures se hizo con la señal en exclusiva para España por alrededor de 200 millones

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    prestación social

    Los agricultores denuncian la nula aplicación de la Ley de Dependencia en zonas rurales

    Los agricultores denuncian la nula aplicación de la Ley de Dependencia en zonas rurales

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    Les lleis, per a complir-les?

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    El Consell ejecuta el enlace de la CV-35 y la A-7 sin aprobar el diseño

    Autovía del Túria ya ha levantado los soportes de una de las vías que conectará la carretera autonómica con la nacional, a pesar de que Infraestructuras sigue estudiando su diseño.

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    Luxemburgo juzgará los abusos en el urbanismo valenciano

    EZEQUIEL MOLTÓ

    El urbanismo valenciano será juzgado por el Tribunal de Luxemburgo. Este tribunal ha admitido a trámite formalmente una denuncia de la Comisión Europea contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU, ya derogada, y la vigente LUV) al considerar que pueden infringir aspectos relativos a la contratación pública, "por la posición privilegiada del primer licitador" en los Planes de Actuación Integral (PAI) y en los criterios de adjudicación.

    La Comisión demanda a España al entender que ambas leyes autonómicas "incumplen las obligaciones sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras" al adjudicar los PAI conforme a la LRAU. La denuncia también considera que se incumple la legislación europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios al adjudicar los PAI conforme a la LUV, la nueva legislación valenciana aprobada y reformada hace dos años.

    Ahora se abre un periodo de alegaciones. El Gobierno de la Generalitat está "preparando los argumentos jurídicos convenientes para defender los intereses de la Comunidad Valenciana", según una portavoz de la consejería de Territorio. La Generalitat insiste en que la legislación valenciana "cumple escrupulosamente las exigencias de la contratación pública", y asegura que esta decisión es "un trámite más normal en cualquier proceso". Ahora será el Gobierno de España el que deba defenderse ante esta denuncia.

    "Importancia tremenda"

    El presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent, destacó la "importancia tremenda" que para ellos tiene esta medida, que podría desembocar en una sanción y abriría la puerta al cobro de indemnizaciones. En el ámbito político, el portavoz socialista de Urbanismo en las Cortes, Francesc Signes, recordó al presidente Francisco Camps que "es necesario y urgente" escuchar a los empresarios y propiciar un pacto urbanístico "para superar la crisis". Según él, es conveniente que la LRAU y la LUV se "refundan en un solo texto que resuelva los incumplimientos de las directivas europeas". El PP contestó lamentando que el PSPV "vaya a rebufo" y recordó el esfuerzo que están haciendo para impulsar la vivienda protegida.

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    El Consell pide informes jurídicos para defender su urbanismo ante Luxemburgo

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    La denuncia que ha acabado en los tribunales la presentó ¡Abusos Urbanísticos No!

    aEfe/L. B. B., Alicante/Valencia
    La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) mostrado ayer su satisfacción por la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. El presidente de AUN, Enrique Climent, explicó el recurso ante el Tribunal Europeo...

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    El desplome en las ventas de vivienda llega al 30% y se ceba con la costa mediterránea

    El mercado toca fondo con 47.511 transacciones en junio

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    García Antón era el Conseller de l'accident del Metro.

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    El Consell rechaza convertir en parques solares 3,5 millones de metros de monte en Tous y Cotes

    Los alcaldes acusan a García Antón de entorpecer el desarrollo local y la sostenibilidad

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    El Teatro Municipal de Torrevieja funciona desde 2006 sin licencia

    EZEQUIEL MOLTÓ

    Gobernación advierte de que incumple con "los requisitos y las condiciones"

    Carece de licencia de apertura, tampoco tiene permiso de actividad y presenta un rosario de deficiencias técnicas desde su apertura. El nuevo Teatro Municipal de Torrevieja, inaugurado en junio de 2006 por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, "no cumple los requisitos, condiciones y características técnicas" para este tipo de locales públicos contemplado en el Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Así de contundente concluye un informe de la Consejería de Gobernación que detecta decenas de irregularidades y carencias en el proyecto de obra que presentó el Ayuntamiento.

    Este informe, recibido en el Ayuntamiento el 14 de julio y difundido ayer por Los Verdes, pormenoriza las deficiencias detectadas. Las más importantes afectan a las medidas de seguridad, por eso insta a que las puertas de salida estén abiertas mientras haya público, en las escaleras exige que se instalen los pasamanos adecuados y que todos los peldaños tengan las mismas dimensiones. El rosario de carencias que presenta el teatro también afecta a la instalación eléctrica, los sistemas de protección antiincendios, el alumbrado de emergencias, la ventilación, el aire acondicionado, las compuertas cortafuegos, los extintores, la red de tuberías, las condiciones de presión, caudal y suministro de agua para incendios, la dotación de los aseos, alarmas y otros detalles.

    Otro de los problemas más significativos afecta a la dimensión de los asientos y la separación entre ellos, que deberán estar más espaciados y ceñirse a lo que indica la normativa vigente. El informe de la Generalitat reconoce que este teatro municipal no puede tener un aforo oficial concreto de público hasta que "queden subsanadas las deficiencias", aunque se estima en una capacidad media de un millar de personas.

    El concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, entendió con ello los motivos por los que en las 14 ocasiones en las que preguntaron al alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, éste se negara a entregarles la documentación. Según este concejal, el teatro, por el que han pasado artistas como Francisco o grupos corales y zarzuelas, está funcionando "desde el 28 de junio de 2006 sin ningún tipo de licencia ni autorización oficial que ampare su apertura e incumpliendo flagrantemente las normas de seguridad de este tipo de edificios de uso público". Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión del alcalde.

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    Sanidad emite más recetas y más caras que en toda España

    MIGUEL OLIVARES

    El gasto en farmacia crece muy por encima de la media

    La sanidad valenciana emite más recetas y más caras que cualquier otro sistema público autonómico, según los datos comparativos de gasto farmacéutico de las comunidades autónomas que fueron difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad. Durante el pasado mes de julio, el gasto en farmacia creció por encima del 13%, cuatro puntos por encima de la media nacional y solo por debajo de Murcia. El gasto medio por receta fue de 15 euros, el más alto y 1,4 euros por encima de la media. Y el número de recetas facturadas fue de 8,9 millones, frente a 8,1 millones en la Comunidad de Madrid o 13,3 millones en Andalucía, que duplica la población valenciana.

    Los datos acumulados de los siete primeros meses del año son menos dramáticos, pero la sanidad valenciana sigue liderando el crecimiento del gasto con un alza del 8,2% frente un crecimiento medio nacional del 6,4%. Y también emite las recetas más caras, con un coste medio de 14,6 euros, frente a la media nacional de 13,3 euros por receta.

    Una portavoz oficial explica que la sanidad valenciana asume el coste de las tiras reactivas para los diabéticos, de los empapadores para personas con problemas de incontinencia y de las dietas especiales que deben consumir aquellas personas que sufren algún tipo de intolerancia alimenticia. "Sólo los sistemas sanitarios de otras cuatro comunidades autónomas incluyen algunas de esas prestaciones", añade.

    La misma portavoz destaca la influencia sobre el gasto farmacéutico de las prestaciones que reciben los ciudadanos de otras comunidades o países de la Unión Europea, los denominados desplazados. Las cifras oficiales de la Consejería de Sanidad relativas a 2007 recogen medio millón de recetas prescritas por médicos valencianos a vecinos de Madrid, por un lado, y cómo 90.000 vecinos de Madrid acudieron a farmacias de la Comunidad Valenciana con recetas prescritas en sus lugares de origen. Los visitantes de Madrid son los más numerosos, pero lo mismo sucede con otras comunidades autónomas. Según Sanidad, los desplazados españoles generaron una factura farmacéutica de 27 millones de euros en 2007, mientras que los europeos generaron un gasto de otros 3,4 millones de euros.

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    26 Ago 2008

    C9, Educació i finançament a la CV. 16-24/08/2008.

    Escrito por: jordigrau el 26 Ago 2008 - URL Permanente

    Valencia, Madrid y Murcia: las tres peores sanidades públicas de España. 26/08/2008.

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    Passant-se per allí la llei de creació de la RTVV:

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    El uso del castellano en Canal 9 supera ya al valenciano y alcanza hasta el 75% en verano

    La lengua propia supone el 47% y las versiones originales, un 3%

    Carlos Alós, Valencia
    Las horas de emisión en las que Canal 9 utiliza el castellano como lengua para hacer llegar los contenidos a su audiencia suponen ya la mitad de la programación del canal autonómico. La potenciación de esta lengua frente a la valenciana la convierte en hegemónica en el ente público al suponer el 50% frente al 47% del valenciano y el 3% de las versiones originales. La evolución de las horas de emisión en castellano y valenciano aparece reflejada en la revisión operativa elaborada por la empresa Ernst & Young referida al ejercicio 2007.
    En los dos últimos años los contenidos en castellano se han visto reforzados en más de ocho puntos, ya que mientras el valenciano era la lengua más usada en RTVV en 2005 con un 57% de los contenidos que se emitían, dos años después suponen el 47%.
    El estudio remitido a la Conselleria de Economía señala que los contenidos en valenciano han perdido un 3,5% de horas de emisión en favor de las emisiones en castellano. De las 7.723 horas de programación del año 2007, un total de 3.848 tuvieron al castellano como lengua utilizada frente a las 3.659 en valenciano y las 216 en versión original en otras lenguas.
    Por lo que respecta al segundo canal, Punt 2, el informe señala que la totalidad de sus emisiones son en valenciano. Si se consideran las horas de emisión de Canal 9 y de Punt 2 se observa un aumento del uso del valenciano del 0,12%. Cabe reseñar que la totalidad del tiempo dedicado a programas informativos, deportivos e infantiles son en la lengua propia. Canal 9 inició sus emisiones en 1988 y entre sus objetivos fundacionales estaba el de promover el uso del valenciano. Esta misma semana el presidente de la Generalitat Francisco Camps, se refirió al consenso político y social que permitió la creación del ente público en los 80. Lo hizo para señalar que la televisión autonómica es un proyecto "de todos" que "defiende nuestras señas de identidad, nuestra lengua y nuestra manera de entender vida". El castellano se ha abierto paso como lengua vehicular de modo que de los 24 canales de Televisión Digital al alcance de los valencianos sólo Punt 2, con audiencias ínfimas, se puede considerar como la única televisión en valenciano.
    Pero la situación de la lengua propia es aún peor en verano. Según un informe elaborado por la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) sobre la programación de Canal 9 y Punt 2 durante el 11 al 17 de agosto, un período de unas 290 horas en antena y sumadas las de Canal 9 y la de Punt 2. Una semana tipo en verano, según aseguran. La principal conclusión del informe es que el uso del castellano cubre el 74% de las emisiones de Canal 9 y el valenciano queda reducido en esta temporada estival al 26%, ya que se emitieron 26,45 horas en valenciano, frente a 74 en castellano. En el estudio que el sindicato realizó sobre la programación hace un año, el valenciano representaba el 36%, lo que supone un retroceso de 10 puntos. El modelo de programación de Canal 9 está protagonizado por la difusión de películas, espectáculos y series de ficción que ocupan el 82% de su tiempo. La conclusión para el sindicato es que el valenciano está relegado en Canal 9 por la decisión de la empresa de que todas las películas y la gran mayoría de series se emitan en castellano.
    Producción propia
    El último estudio de la programación de la cadena revela que el 22% de la programación de Canal 9 y el 9% de Punt 2 es de producción propia. Por ello, CC OO reclama otro modelo en el que se apueste por la producción propia de contenidos informativos, educativos y de entretenimiento para lograr mayor rentabilidad de los recursos materiales, técnicos y humanos de RTVV.

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    No hi ha diners: se'ls ha enduts coses realment importants com la F1 i, a més, Zapatero ens té mania.

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    Alertan de la instalación ilegal de barracones escolares en una zona inundable de Montserrat

    18:57 La actuación en esta zona rústica y de propiedad privada, empleando financiación y medios públicos en una zona inundable, costará unos 800.000 euros.

    EUROPA PRESS

    La portavoz de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, criticó la instalación de unos barracones escolares de la Conselleria de Educación en una parcela privada de la localidad valenciana de Montserrat calificada como "zona rústica y declarada como vereda inundable", por lo que consideró "ilegal" la construcción de estas instalaciones, según informaron hoy en un comunicado fuentes de esta formación.

    En este sentido, explicó que el Ayuntamiento de Monserrat, con el apoyo económico de Construccions i Infraestructures Educatives de Generalitat Valenciana (Ciegsa), comenzó las obras para colocar barracones "de forma ilegal" en esta población desde el 4 de agosto pasado. La actuación en esta zona rústica y de propiedad privada, empleando financiación y medios públicos en una zona inundable, costará unos 800.000 euros.

    La parcela en la que se ubica es "rústica, propiedad privada alquilada, ocupa una vereda, un cordel la declara zona inundable, no tiene proyecto de obras, ni de electricidad pero han instalado colectores y agua potable", lamentó la portavoz, quien agregó que Ciegsa alquila los terrenos rústicos "a precios que no se corresponden con los de mercado".

    El Ayuntamiento de Montserrat "hace obras ilegales", manifestó Oltra. Según dijo, "se ha denunciado esta actuación pero nadie ha actuado, no hay Declaración de Interés Comunitario ni permiso especial de territorio, el sitio no es el adecuado y la solución de desalojar el centro publico es la peor de todas y la más cara".

    Así, aseguró que la formación política "va a apoyar las denuncias que se han tramitado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación" y agregó que "vamos a formular preguntas al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, para que responda respecto a la ejecución de estas obras que se están realizando sin contrato de adjudicación pero con apoyo económico de la Conselleria".

    "Ya desde el 21 de abril pasado, --continuó--, se ha podido observar que en las parcelas 240 y 283 del Polígono 14 de Montserrat, frente a la nave que dispone la Policía Local en esa localidad, se esta utilizando, por parte de personal municipal, maquinaria de propiedad de este Ayuntamiento, en trabajos de desbroce y explanación en parcelas de propiedad privada y calificadas como rústicas y zona de Marjal, así como la construcción de un muro de bloque con su correspondiente excavación y cimentación mal ejecutada, con recursos y medios públicos".

    En este sentido, la portavoz de Compromís recalcó que la actuación "es ilegal" y, por ello, "un colectivo de Montserrat ha remitido una denuncia al Seprona de Alzira, así como a la Guardia Civil, aportando datos suficientes para que se pudiera actuar e investigar este asunto".

    Sin embargo, "a fecha de hoy, ni el Ayuntamiento responde a los ciudadanos, ni dispone de proyecto, permisos o Declaración de Interés Comunitario, que es lo necesario, ni se nos informa de las actuaciones de la unidad del Seprona ante el Ayuntamiento de Monserrat", lamentó.

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    Però ni un mestre més. Si els que hi havia no saben anglès, els il.luminarà l'Esperit Sant o García-Gasco?

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    Los sindicatos creen que el proyecto de enseñanza en inglés de Font de Mora es "otro globo sonda"

    17:24 STEPV y CC.OO. expresaron hoy sus "serias dudas" sobre la viabilidad de la creación de centros que impartan sus enseñanzas en inglés debido a la "falta de inversiones en educación".

    EUROPA PRESS Los sindicatos STEPV y CC.OO. expresaron hoy sus "serias dudas" sobre la viabilidad de la creación de centros que impartan sus enseñanzas en inglés debido a la "falta de inversiones en educación" y lo consideraron "uno de los tantos globos sondas o cortinas de humo que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, es tan dado a lanzar en periodos estivales".

    STEPV y CC.OO. realizaron estas declaraciones a Europa Press en relación con el anuncio realizado ayer por Font de Mora de que la Conselleria de Educación está estudiando la posibilidad de establecer una red "reducida y experimental" de centros donde el grueso de las asignaturas se impartan en lengua inglesa. Se trataría de una especie de "colegios británicos públicos" --aunque con el currículo nacional-- cuya puesta en funcionamiento se proyecta "a largo plazo", señaló el conseller.

    Por su parte, representantes de STEPV aseguraron que la idea "podría ser interesante", pero lo que primero habría que hacer es "discutirlo con la comunidad educativa, ya que dudamos la viabilidad de estos proyectos". "Primero habría que comprobar cómo están las inversiones en educación, si existe suficiente plantilla como para llevar a cabo el proyecto o cómo está el tema de implantación de la normalización lingüística cuando todavía no se ha conseguido regularizar la línea en valenciano en secundaria", señaló.

    "Parece interesante, pero antes habría que concretar todo lo anterior", indicó uno de los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Educación, quien añadió que "el conseller acostumbra desde hace un año a lanzar globos sondas a la prensa antes de discutirlo con la comunidad educativa, especialmente en verano y los lunes".

    "Hay que decirle a Font de Mora que deje de soñar y especular y especifique de qué partida presupuestaria se va a realizar para formar a este profesorado o encontrarlo", afirmó STEPV, quien aseguró que el proyecto "más que difícil es muy costoso y habría que ver si se está dispuesto a invertir lo necesario o no, ya que si no este anuncio se quedará en nada".

    Asimismo, exigió a Font de Mora que "deje de decir tonterías, se siente en la Mesa Sectorial y nos presente un proyecto de Ley de Educación para discutirlo globalmente, ya que hay cosas que en abstracto parecen interesantes, pero luego se quedan en una simple provocación".

    STEPV también vio "necesario" la creación de un plan de actualización del profesorado tanto en didáctica como en metodología, ya que "trabajar en una lengua extranjera no es nada sencillo". En este sentido indicó que "si ya ha costado mucho encontrar a profesorado que imparta clases en valenciano, invertir en ingles supone algo bastante costoso".

    Por su parte, CC.OO. destacó que las bases para un plan de enseñanza trilingüe ya están creadas, pero que "anunciar esto ahora tan sólo es otra de las cortinas de humo que lanza el conseller en verano". "Se debe especificar que presupuesto hay, estudiar su viabilidad o ver con qué que medios se va a contar para llevarlo a cabo, entre otras cosas, porque si no se quedará en una simple cortina de humo y nosotros queremos algo más".

    "ESCONDER LA REALIDAD"

    A pesar de su apoyo a la idea de crear centros públicos que impartan clases únicamente en inglés, el sindicato, que se encuentra también dentro de la Mesa Sectorial de Educación, afirmó a Europa Press que "esta serie de anuncios brillantes en periodos estivales no tienen que esconder la realidad del problema de fracaso escolar y el déficit de infraestructuras, ya que en estos momentos el mapa escolar no está terminado".

    "Lo que lo que tiene que hacer Font de Mora --añadió-- es presentar el plan y mandarlo al consejo escolar, para que todo esto no se quede en una simple cortina de humo".

    Asimismo, el sindicato también expresó sus dudas sobre la viabilidad del proyecto, ya que afirmó que "el conseller no se ha gastado ni un sólo duro en desarrollar la enseñanza del inglés en educación infantil, por lo que pedimos que ahora estudie cuánto se va a invertir en esta nueva idea".

    Por otra parte, las mismas fuentes sindicales señalaron que "otras comunidades autónomas no han olvidado el francés, como es el caso de la Comunitat". "No hace falta que la enseñanza trilingüe se quede sólo en el inglés, ya que hay países de Europa que hablan su propia lengua y dos más, así que el proyecto del francés no debe quedar en el olvido", concluyeron.

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    Educación implantará el trilingüismo en Infantil a partir del próximo curso

    El plan también se aplicará de forma experimental en Secundaria

    Levante-EMV, Valencia
    El Programa de Extensión del Trilingüismo (Pextri), que pretende incorporar en la enseñanza las dos lenguas oficiales (valenciano y castellano) y una o dos extranjeras, se aplicará de manera formal en Educación Infantil para el curso escolar 2008-09, según informó la Conselleria de Educación, "por lo que se prevé que el número de centros que aplicará el Pextri se incrementará sustancialmente al incorporar la enseñanza en lengua inglesa desde los 4 años", indicó Concha Gómez, secretaria autonómica de Educación.
    Igualmente, en este próximo curso, se iniciará la experimentación de este programa en 20 centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos). Una experimentación que irá acompañada de un proceso de formación metodológica y lingüística para el profesorado de todas las áreas implicadas.
    "Satisfechos por el resultado de la aplicación del Pextri en Primaria, se decidió en 2001 iniciar la experimentación del programa en el primer ciclo de Educación Infantil, con alumnos de cuatro años", explicó la secretaria autonómica, y "como el resultado ha sido tan satisfactorio, se ha constatado año tras año la ampliación de centros que puedan acogerse a este programa en esta etapa educativa".
    Así, un total de 310 centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana han aplicado durante el curso escolar 2007-08 el Programa de Extensión del Trilingüismo (Psxtri), una cifra que supera en 20 centros al curso anterior y aglutina a unos 60.000 alumnos, informó Concha Gómez.
    Por provincias, los centros que han dispuesto de este programa son: 226 en Valencia, 47 en Castelló y 37 en Alicante. Asimismo, se ha contado con 2.454 profesores, con inspectores de Educación correspondientes a estos centros y con asesores de formación, tanto del Servicio de Formación del Profesorado como de la Asesoría Didáctica para la Enseñanza en Valenciano.

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    Ai, ai ai, que hi ha alguna cosa que no casa:

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    Educación implanta inglés en infantil sin contratar nuevos profesores

    Los sindicatos dicen la aplicación de la ley se deja en manos de los docentes

    C. Alós, Valencia
    La Conselleria de Educación hizo pública ayer la orden por la que se implanta el programa de educación plurilingüe que recoge la inclusión de la enseñanza de la lengua inglesa en el segundo ciclo de educación infantil.
    Sin embargo, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) asegura que la norma incumple el decreto en vigor ya que no se dota de más medios a los centros educativos y se deja a la voluntariedad y a la disponibilidad de los colegios la incorporación del inglés a partir de los cuatro años, según afirmó el portavoz sindical, Vicent Mauri. La resolución) recoge que los centros de enseñanza que quieran implantar uno de los programas de educación plurilingüe desde la educación infantil deberán elaborar los programas a aplicar dentro de las orientaciones que establece el currículo de educación infantil y que serán aprobados por el consejo escolar.
    Sin aumentar la plantilla
    La orden añade que los centros de titularidad pública deberán disponer de profesorado de educación infantil con la habilitación de la lengua inglesa, aunque se deja claro que en ningún caso se aumentará la plantilla en los centros educativos.
    Añade que el especialista de lengua inglesa del centro, si tiene disponibilidad horaria, puede atender a la etapa infantil. Para los centros concertados, la orden de la conselleria de Educación también señala que la aplicación de los programas de lengua inglesa en el nivel de cuatro años no podrá suponer la contratación de profesorado suplementario.
    También añade que los centros educativos que quieran aplicar el programa de educación plurilingüe en el segundo ciclo de la educación infantil para el curso 2008-2009, deberán elaborar el programa antes del 31 de octubre de 2008. A la lengua inglesa se le dedicará entre una hora y hora y media semanales, distribuidas en sesiones de treinta minutos.
    Sin embargo, el Stepv afirma que la partida destinada a este programa es cero y "a costa de sobrecargar de trabajo al profesorado de los centros que les hará desatender otras tareas y funciones", según Mauri. El sindicato denuncia la "demagogia y la obsesión" de la conselleria en el fomento del inglés y que se deja en manos de los docentes la responsabilidad de la aplicación de la ley.

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    Font de Mora no sap què dir: no sé si em preocupa més que digui el que pensa o que pensi el que digui. Per què no es fa fallera major infantil?

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    universidades

    El Consell descarta que el Gobierno homologue los estudios de Medicina en la Católica

    Font de Mora compara la falta de plazas con el trasvase del Ebro.
    Carlos Alós, Valencia
    El Consell de Francisco Camps no cuenta, a falta de dos semanas para que se inicie el curso, con que el ministerio de Ciencia e Innovación homologue los estudios de Medicina en la Universidad Católica de Valencia. Sin embargo, la institución del Arzobispado aún indica que tiene pendiente un recurso de alzada para que se verifiquen sus planes de estudios en las licenciaturas de Medicina, Odontología y Podología.
    El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, asegura que el próximo curso comenzará en la Comunitat Valenciana con sólo dos facultades con el grado de Medicina entre su oferta educativa, la Universitat de València y la Miguel Hernández de Elx. De ello se deduce que el Ejecutivo autonómico da por descartado que la Católica tenga sus estudios de Medicina en regla para el próximo curso. Font de Mora ha vuelto a denunciar la falta de plazas de estudiantes de Medicina y llega incluso a compararla con el derogado trasvase del Ebro por la "discriminación" que supone. El responsable de Educación del Consell afirma que la falta de plazas conlleva una "sangría" de estudiantes que tienen que marcharse a otras autonomías para iniciar sus estudios por falta de plazas en la Comunitat y lo considera un "escándalo y una discriminación" en relación con otras comunidades y desde el punto de vista demográfico.
    Exige al PSPV que lo apoye
    El conseller de Educación asegura que el próximo curso Cataluña tendrá siete facultades con estudios de Medicina; Madrid, seis y Andalucía, cinco mientras que la Comunitat Valenciana "sólo" tendrá dos, la Universitat de València y la Miguel Hernández de Elx, con una oferta de 500 plazas. Font de Mora aprovechó para criticar la actitud de la oposición a la que exige que apoye al Consell "y clame para que se nos aprueben todas las facultades de Medicina que se pueda, sean públicas o privadas".
    Respecto a la posibilidad de que el Gobierno pueda homologar el grado de Medicina en la Católica, a la que el Consejo de Universidades ha denegado la verificación del plan de estudios, Font de Mora dice que apostará por "todas las opciones" que puedan impartir Medicina porque "no tiene ningún sentido que se esté produciendo una sangría de alumnos potenciales de Medicina de la universidad valenciana hacia facultades de otros territorios".
    El Consell ya exigió el pasado 5 de agosto al Gobierno de España que duplique el número de plazas para estudiantes de Medicina en las universidades valencianas. Entonces, Font de Mora ya vinculó la necesidad de más plazas con el aumento de población y fue explícito a la hora de asegurar que el Consell apoya abiertamente que si esos estudios llegan a la Comunitat Valenciana vayan a ampliar la oferta de licenciaturas de la Universidad del Arzobispado.
    Con ello, añadió, se daría respuesta a la "acuciante necesidad de plazas" que existe en la Comunitat Valenciana y que, en opinión de Font de Mora, deberían pasar de 400 a 800 anuales para el curso 2012-2013, cifras que para los sindicatos resultan desorbitadas. El conseller señaló que actualmente la proporción de plazas de Medicina según la población valenciana -que se sitúa en torno a los cinco millones- es inferior en más de tres puntos a la media española.
    Pese a que según el Consell la homologación parece descartada, la Universidad Católica tiene previsto continuar impartiendo como hasta ahora el grado de Medicina como titulación propia. La UCV mantiene abierto el plazo de inscripción para una licenciatura de seis años con un tarifa anual de 6.990 euros.

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    Los socialistas denuncian "la osadía" del PP en favorecer Medicina en la Católica

    La oposición destaca que hay que planificar el aumento de plazas

    Levante-EMV, Valencia
    El portavoz de Sanidad del grupo socialista en Les Corts, Ignacio Subías, denunció ayer la "osadía del Consell para favorecer la implantación de la carrera de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica", frente a lo que que ha calificado de "olvido" de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.
    En respuesta al comunicado del portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Antonio Clemente, en el que exige al Gobierno que atienda la demanda de la Generalitat y duplique -de 400 a 800- el número de plazas de estudiantes de Medicina, Subías hizo hincapié en la "necesidad de planificar este aumento de manera conjunta entre ministerios, universidades y comunidades autónomas".
    De esta forma, Subías apuntó que, "se evitarán situaciones como la actual, en la que la Comunitat sufre un déficit de profesionales por la falta de previsión de los gobiernos populares".
    La herencia de Aznar
    "Esta es la herencia en materia de Salud que el ex presidente del Gobierno José María Aznar dejó a los valencianos", declaró Subías, quien ha dicho que los populares "fueron incapaces de programar un plan de estudios con capacidad de anticipación".
    El diputado socialista ha recriminado al PP, "su falta de planificación conjunta, su responsabilidad por su incapacidad de previsión y la desfachatez de potenciar la universidad privada y confesional frente a la pública o la laica".
    Respecto a este último punto, el diputado socialista ha llamado la atención sobre "los esfuerzos desmesurados y la celeridad en la ayudas" del Consell hacia la Universidad Católica, "a pesar de que carece de los permisos del Ministerio de Educación".
    Cambio de rumbo
    Ignacio Subías ha exigido al Consell un "cambio de rumbo" con el objetivo de "potenciar el acceso de los estudiantes a las universidades públicas", para lo que sería "necesario que la promesas sobre la creación de Ciencias de la Salud en la UJI no se quede en palabras".
    Por otra parte, el grupo Compromís se ha mostrado partidario de duplicar el número de plazas de Medicina en la Comunitat Valenciana, aunque para ello, ha dicho, la Generalitat "tendrá que poner al día las deudas que tiene con las Universidades".
    De lo contrario, ha afirmado la diputada del grupo Mireia Mollà, "no sé cómo van a pagar los profesores y los medios que hacen falta para cubrir esas demandas" y ha reclamado que las facultades de Medicina "sigan siendo un referente educativo".

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    El PSPV plantea devolver al Estado las competencias en Educación "antes de que el PP la destruya"

    E. Press, Valencia
    El secretario de Organización de la Gestora del PSPV-PSOE, Alfredo Boix, afirmó ayer que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, sigue su "marcha descontrolada hacia la destrucción" del sistema educativo valenciano. A juicio, el sistema educativo valenciano no puede seguir resistiendo las andanadas que se le lanzan desde la Consejería de Educación. "Si no se le pone remedio, el Consell haría bien en plantearse la posibilidad de devolver al Estado las competencias en materia de educativa porque, por esta vía, pronto destruirá el sistema", alertó.
    Boix argumentó que el responsable de Educación "no ha dejado de forzar ninguna confrontación posible y ha enfrentado la enseñanza privada con la pública". Añadió que ha enfrentado a los enseñantes con las autoridades educativas, a los padres con la Consejería, a unos centros contra otros y a la universidad real con la virtual.
    Boix advirtió que el conseller ejerce de "submarino" del cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, para "enfrentar a todos en beneficio de la universidad promovida por el arzobispado", para lo que éste "no ha tenido inconveniente en enfrentarse con el CEU", añadió.

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    Educación suspende en tecnología

    La Comunitat Valenciana es la tercera que menos ordenadores tiene por estudiante y aula

    Vanessa Paños, Valencia
    La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con menor número de ordenadores a disposición de los alumnos y con menos computadoras por aula, según demuestra un estudio sobre la implantación de las nuevas tecnologías en los centros docentes públicos y privados durante el curso 2006-2007, realizado el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y denominado Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros docentes no universitarios.
    Según el informe, la Comunitat Valenciana cuenta con un ordenador por cada 11,3 alumnos. De esta forma, y mientras la media nacional es de una computadora por cada 7,8 estudiantes, la autonomía se convierte en la tercera peor equipada, por detrás de las islas Baleares y Melilla. También hay una importante diferencia -de cinco puntos- entre los centros públicos y los privados, puesto que los primeros cuentan con una computadora por cada 10,2 alumnos y los segundos una por cada 15.
    En cuanto al número de ordenadores por clase, la Comunitat también es la tercera peor con una media de dos máquinas, una cifra que sólo la superan Navarra y Baleares. En este caso no hay mucha diferencia con la cifra nacional, que se sitúa en casi tres computadoras por cada aula.
    No sólo son los alumnos los que tienen que compartir ordenador, sino también los profesores. En este caso, la Comunitat Valenciana se sitúa en la segunda peor y bastante lejos de la media nacional. Mientras que los centros públicos y privados de esta autonomía cuentan con un ordenador por cada 5,9 profesores, la cifra nacional es de 4,8. La comunidad de Murcia, con seis docentes por computadora, es la que tiene, por poco, la peor posición en este sentido.
    Conexiones a internet
    Otro de los datos que ofrece el Ministerio de Educación es el porcentaje de centros que cuenta con conexión a internet en sus ordenadores. En el caso de la Comunitat Valenciana, el 99,3% de las computadoras de los centros docentes tienen este tipo de conexión, de los cuales, la mayor parte utiliza ADSL -un 91,4%-, frente al 4,6% que utiliza línea telefónica normal. Además, el 36,5% de estas máquinas tiene hasta 2 megabits y el 32,5% hasta 512 kilobits.

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    Encara que Zapatero ens té mania. I és que si s'hagués de pagar amb els fons actius del Consell haurien de passar casa per casa a fer "truco o trato".

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    El Gobierno financia el 70% de los programas del plan de inmigración del Consell para 2008

    El coste de las actuaciones diseñadas por Blasco es de 32 millones de los que Madrid paga 23.

    Carlos Alós, Valencia
    El principal suministrador de fondos para impulsar el plan de acción que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía tiene previsto desarrollar durante 2008 es el Gobierno de España. La gran parte de la financiación del programa de inversiones que la dirección general de Inmigración de la conselleria que dirige Rafael Blasco desarrollará en la Comunitat Valenciana hasta diciembre proceden del Ejecutivo Central, que abona el 70% del total.
    Así, la Dirección General de Inmigración ha puesto en marcha 54 medidas, que tienen como objetivo facilitar la integración de los inmigrantes en diferentes áreas como las destinadas a la acogida, educación, empleo o sensibilización social de los residentes en la Comunitat Valenciana para facilitar la integración de los nuevos ciudadanos.
    El coste total del plan es de 32,7 millones de euros, de los cuales la Generalitat Valenciana aportará 9,7 millones y el Gobierno de España 23. Es decir, el presupuesto para la ejecución de estos programas dirigidos a inmigrantes está financiados en un 70% por el Gobierno de España.
    Según los datos a los que ha tenido acceso este diario por cada euro que aporta la Generalitat, el Gobierno financia 2,3 y de las 54 acciones que tiene el plan de acción diseñado por el departamento que dirige Rafael Blasco, la Generalitat sufraga la mitad, mientras que el Gobierno avala dos de cada tres.
    Así, en actuaciones en materia de empleo, participación y codesarrollo, el Gobierno financia el 100% del coste, mientras que el Consell cubre la totalidad del presupuesto en uno sólo de los doce grandes bloques, en este caso el de Servicios Sociales. Del mismo modo, de las medidas que pone en marcha la Conselleria de Inmigración para facilitar la integración de los inmigrantes, el Gobierno financia siete de cada diez.
    Además, según el informe elaborado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, los 9,7 millones que aporta la Generalitat Valenciana se distribuyen entre tres consellerias, de forma que Bienestar Social aporta 4,4 millones, Educación otros cuatro y la propia Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 0,9.
    Al ritmo inversor llegaría a 2029
    Por ello, el mismo trabajo señala que de las cifras declaradas por el departamento que dirige Rafael Blasco resultaría inviable realizar una inversión de 284 millones para el período 2008-2011 en el plan de Inmigración y Convivencia ya que al ritmo inversor de 2008 (9,7 millones) el plan del conseller estaría concluido en 2029.
    A estos datos debe añadirse que la financiación al 100% de las actuaciones con ayuntamientos corre a cargo del Gobierno central. El plan de acción de la Comunitat Valenciana, que ha sido editado por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, detalla todos los ejes de actuación y las medidas prioritarias en las que va a trabajar el departamento durante 2008.

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    El Consell pide inversiones al Gobierno frente a la crisis

    Luna recuerda que recibe dos billones de pesetas
    Levante-EMV, Valencia
    El president de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer que una financiación adecuada a la población de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno y mayores inversiones para situarlas en la media del resto de España ayudarían a solucionar "buena parte" de la "compleja" situación económica.
    En un acto con responsables del Puerto, Camps reiteró que el modelo de financiación debe reconocer un millón más de habitantes en la Comunitat Valenciana.
    Con la financiación correspondiente e inversiones al mismo nivel que en la media del resto de España, la Comunitat Valenciana "tiene buena parte de las circunstancias complejas que estamos viviendo solucionadas, seguro", ha declarado.
    El portavoz del grupo socialista en las Corts Valencianes Ángel Luna exigió a Camps, que presente un programa de actuación para "afrontar la situación económica realista y eficaz, tal y como ha hecho el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero". Luna dijo que el Gobierno entrega a Camps dos billones de las antiguas pesetas para prestar servicios "pero los valencianos nos encontramos con un presidente que no sabemos qué hace con los recursos que recibe".
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    El PSPV afirma que el modelo de financiación de Aznar "ha llevado al desastre" a la C. Valenciana

    El PP acusa a los socialistas de irse por las ramas a la hora de pedir dinero a Madrid

    Levante-EMV, Valencia
    El secretario de Organización de la Gestora del PSPV-PSOE, Alfred Boix, manifestó ayer que el actual modelo de financiación autonómica, "aprobado por el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el PPCV, ha llevado al desastre a la Comunitat Valenciana". Por ello, defendió la "necesidad" de la reforma que estudia el Ejecutivo socialista y abogó por "establecer una base común de negociación que facilite alcanzar el acuerdo".
    Boix explica que se han fijado "por primera vez los pilares comunes de un modelo de financiación que se soporta en la autonomía financiera de las comunidades y en criterios de solidaridad y cohesión territorial para fortalecer España". Sin embargo, alertó, "el PP y, en especial, los populares valencianos apuestan por obstaculizar cualquier solución aplicando el cuanto peor, mejor". Respecto a la deuda que acumula la Generalitat valenciana, Boix explicó que "se desbocó con la llegada de Eduardo Zaplana. Sus sucesores, José Luis Olivas y Francisco Camps, no sólo no han corregido el problema, sino que lo han encubierto y tratan de echar la culpa al aumento de población", indicó.
    Y explicó que los socialistas "dejaron la Generalitat con una deuda de 441.921 millones de pesetas (2.656 millones de euros)", una cantidad que, precisó, "de 1995 a 2002 aumentó en 5.743 millones de euros, situándose en 8.399 millones, y de 2002 a 2008, en 4.919 millones, lo que la eleva hasta los actuales 13.318 millones", apuntó. Desde el PP, el secretario Ejecutivo de Política Económica, Alfonso Ferrada, criticó que el PSPV "deje a un lado los intereses de los valencianos al intentar justificar la desidia de Zapatero con la Comunitat" en materia de financiación y que el PSPV "se vaya por las ramas cuando tiene que pedir a sus compañeros de Madrid para la Comunitat Valenciana".

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    15 Ago 2008

    CV. 15/08/2008.

    Escrito por: jordigrau el 15 Ago 2008 - URL Permanente

    CV. 14/08/2008.

    Satrapías animadas de ayer y hoy presentan: TeleCamps. 15/08/2008.

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    El Consell desvía 50 millones de los presupuestos al pago de intereses

    EL PAÍS

    El DOCV publica 34 modificaciones que afectan a unos 120 millones

    El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer 34 modificaciones presupuestarias de las cuentas del Consell para 2008 que afectan a unos 120 millones de euros. Las modificaciones se refieren a operaciones realizadas entre los meses de marzo a junio y, en su mayoría, son transferencias de crédito, aunque también se incluye generación de crédito. Entre los movimientos, llama la atención que 50 millones de euros van destinados al pago de intereses de demora, lo que sirvió ayer a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Cristina Moreno, para apostillar que la modificación "pone en evidencia el coste que acarrea para los valencianos la deuda y la mala gestión económica del Gobierno de Francisco Camps".

    La empresa del Circuito de Cheste se lleva 5 millones de Infraestructuras

    El DOCV recoge también 58 millones de generación de crédito de fondos finalistas del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, en el presupuesto de la Agencia Valencia de Fomento y Garantía Agraria y los 10,7 millones para ingresos finalistas no previstos en el presupuesto de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Asimismo, recoge una autorización de generación de crédito de 3,9 millones para el programa Salario Joven, así como una transferencia de crédito entre capítulos y programas del presupuesto de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía por un importe global de 2,2 millones.

    En el ámbito agrario, se autoriza la generación de créditos para ingresos no incluidos en la previsión inicial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por 8,5 millones para los programas de Investigación y Tecnología Agraria y Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera. En materia de empleo, se autoriza una generación de crédito y reajuste de la dotación de determinadas líneas de subvención y capítulos presupuestarios como consecuencia de la asignación de fondos por parte del Servicio Público de Ocupación Estatal, por un importe de casi 1,5 millones de euros.

    El consejero de Economía, Gerardo Camps, aseguró ayer que las modificaciones son inferiores en número y en la cuantía a la que afectan, lo que atribuyó a "la buena gestión económica-presupuestaria" del Consell. Añadió que mantienen la línea marcada porque el número ha ido bajando desde las 45 que se publicaron en agosto de 2006, referidas al periodo enero-junio, a 39 en 2007 y a 34 este año, mientras que el importe afectado ha descendido desde los 183 millones de euros de 2006, a 134 en 2007 y 123 en 2008.

    Sin embargo, la diputada Moreno denunció que mientras el presidente Camps "llora a Madrid ejerciendo su papel de víctima", se dedica a "detraer dinero de los presupuestos destinados a inversiones para gastarlos en fastos deportivos". Moreno se refería así a dos operaciones por valor de nueve millones destinados al Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, empresa pública gestionada por el Circuito de Cheste, de los que cinco proceden del programa de inversiones de la Consejería de Infraestructuras.

    La portavoz socialista subrayó que el 20% de las modificaciones se corresponde con ingresos que realiza el Gobierno central. En concreto, son 30 millones de euros que el Ejecutivo de España destina a distintos programas de carácter social como sanidad, educación, servicios sociales y modernización de la justicia entre otros. Moreno lamentó asimismo que una vez más, "con puntualidad alemana", el Consell acuda a su cita con el puente de agosto para hacer públicas sus modificaciones "con el único objetivo de que pasen lo más desapercibidas posible porque ponen en evidencia los desmanes presupuestarios del Consell".

    El portavoz de Economía del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Marí Olano, salió al paso de las críticas de Moreno y situó el objetivo de las modificaciones en garantizar el volumen y la calidad en la prestación de servicios públicos. Marí Olano lamentó "la continua postura crítica y enrevesada del PSPV que, en vez de criticar sin argumentos y sacar de contexto las actuaciones del Consell, debería velar por los intereses de los valencianos y pedir a [José Luis Rodríguez] Zapatero el millón de personas que somos más".

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    El Consell modifica su presupuesto en más de 100 millones y recibe 70 no previstos del Estado y la UE

    El Ministerio de Medio Ambiente aporta 8 millones para pesca y Agricultura recibirá 58 millones del FEAGA para subvenciones

    Víctor Romero, Valencia
    La Generalitat ha convertido casi en un clásico veraniego publicar en el mes de agosto el primer paquete de modificaciones presupuestarias. Entre marzo y junio, el Consell que preside Francisco Camps movió más de 100 millones de euros entre sus distintos capítulos básicamente de los departamentos de Agricultura, Industria, Bienestar Social, Infraestructuras,Inmigración y los servicios de Empleo. Sin embargo no han sido malas noticias de insuficiencias de crédito presupuestario.
    Según el paquete de modificaciones publicadas ayer en el DOCV, el 7 de mayo la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agrícola realizó una propuesta de incremento de dotación presupuestaria por mayores ingresos procedentes de la Unión Europea, concretamente de fondos FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) por valor de 58 millones de euros destinados a subvenciones corrientes (24,7 millones) y de capital (33,3 millones).
    La mayor aportación de ingresos no previsto inicialmente en el presupuesto aprobado en las Corts Valencianes también llegó de parte del Gobierno central. En cumplimiento de un convenio suscrito con el Ministerio de Industria, la Administración autonómica ha recibido 1,2 millones de euros para la cofinanciación de actuaciones de modernización del comercio ya desarrolladas durante 2007. Esto ha permitido redistribuir partidas destinadas a la promoción del comercio. Del mismo modo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recibido 3,3 millones de euros del Ministerio de Agricultura para el control de plagas procedentes de fondos finalistas del ejercicio de 2007 y un anticipo de ayudas para pesca de 2008 aprobadas por el Consejo de Ministros el 4 de abril por valor de 4,5 millones de euros. En conjunto el Gobierno central entregará a Agricultura 8,5 millones no presupuestados inicialmente. Los beneficiarios serán armadores de buques y empresarios de acuicultura. Las modificaciones presupuestarias reflejan aportaciones no previstas del Estado por un total de algo más de 11 millones de euros.
    Pese a la inyección de fondos en el departamento de Maritina Hernández, Agricultura concentra muchas de las modificaciones presupuestarias, en algunos casos para cubrir gastos generados en el ejercicio de 2007, como compensación de ayudas por granizo o lluvias.
    Los cambios en las previsiones presupuestarias también afectan al Servef. La Conselleria de Economía ha dispuesto la creación de una partida destinada al Salario Joven por importe de 3,9 millones de euros. Asimismo, el Servef ha dispuesto fondos para formación por 1,3 millones de euros. y de 1,4 millones para el fomento del empleo.
    La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía también ha reasignado partidas presupuestarias, básicamente de reparto de subvenciones, por valor de 2,2 millones de euros.

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    Quita 9 millones en inversiones para gastos del Circuito de Cheste

    V. R., Valencia
    Soportar los gastos de explotación del Circuito de Cheste le ha costado a la Generalitat robarle a la Conselleria de Infraestructuras nueve millones de euros presupuestados inicialmente para inversiones. El paquete de modificaciones presupuestarias publicadas ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana contempla una trasferencia de crédito desde el capítulo 6 (inversiones reales) del departamento que dirige Mario Flores al capítulo de Gastos Diversos por importe de nueve millones de euros. De esta cantidad cinco millones de euros irán destinados a operaciones de capital del Circuito de Cheste Ricardo Tormo dentro de la partida de Fomento de la Actividad Deportiva. Otros cuatro millones de euros incrementarán los fondos destinados a sufragar gastos de explotación del recinto del motor. De esta forma apenas cinco meses después de iniciarse el objetivo, la Generalitat se ha visto obligada a incrementar el dinero destinado a compensar el desfase entre ingresos y gastos del Circuito, dotados inicialmente en 2,7 millones de euros.
    Esta modificación llevó ayer a la diputada del PSPV, Cristina Moreno, a denunciar que el jefe del Consell, Francisco Camps, "mientras llora a Madrid ejerciendo su papel de víctima" se dedica "a detraer el dinero de los presupuestos públicos destinados a inversiones para gastarlo en promociones de fastos deportivos".
    Por su parte, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, dijo que se ha reducido la cuantía y modificaciones respecto a años anteriores. "Es una buena muestra de la buena gestión económica presupuestaria", dijo. Añadió que es habitual que se hagan públicas en período estival porque "se publican cuatro veces al año".

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    Denuncian que Sanidad ha dejado de formar a 192 matronas desde 2002

    Levante-EMV, Valencia
    El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) hizo público ayer un estudio según el cual la Conselleria de Sanidad ha dejado de formar a 192 matronas en los últimos seis años. Según fuentes de la organización, la conselleria puede formar anualmente a un total de 83 matronas, que es la cifra acreditada por el Ministerio de Sanidad para la Comunitat Valenciana, aunque solamente oferta el 42,1% de las plazas acreditadas y como consecuencia únicamente obtienen la formación correspondiente un total de 35 enfermeras matronas al año en la Unidad Docente de Matronas de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES).
    El informe del Cecova considera que la oferta formativa de la Conselleria de Sanidad es totalmente insuficiente y recuerda que únicamente alcanzó a un total de 230 matronas entre 2003 y 2008.
    "Esta cifra solamente representa el 54,5% de las plazas acreditadas por el Ministerio de Sanidad para formar durante dos años a las profesionales especializadas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica", añaden las mismas fuentes.
    Por ello, desde el Cecova se insta a la Generalitat a que disponga los recursos necesarios para garantizar un aumento de la cifra de matronas que reciben formación en la Unidad Docente de Matronas de la EVES y, de este modo, "poder atender el incremento de la demanda de servicios que implica la presencia de un mayor número de mujeres en edad fértil y garantizar una asistencia sanitaria de calidad", añadió.
    Según los cálculos del CECOVA, es necesario un incremento del 20% en el número de enfermeras matronas que prestan sus servicios en los centros sanitarios de la Comunitat.

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    Satrapías animadas de ayer y hoy presentan: TeleCamps. 15/08/2008.

    Escrito por: jordigrau el 15 Ago 2008 - URL Permanente

    C9

    Canal 9: Telecamps, la tele deficitària i bananera a major glòria del sàtrapa local. 11/08/2008.

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    El sátrapa autonòmic vol "una negociació tècnica" sobre C9. El tema de la manipulació, de la mentida i de la desvergonya "periodística" ni tocar-lo.

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    Las retrasmisiones deportivas agudizan la ruina de RTVV

    Una auditoría pide al ente que negocie o no firme con los clubes

    LYDIA GARRIDO - Valencia - 15/08/2008

    Los contratos de derechos de retransmisiones deportivas son una ruina para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El informe de revisión operativa del ejercicio 2007 realizado por Ernst & Young no sólo lo reconoce así sino que recomienda al ente que en sucesivas ocasiones negocie mejor y sencillamente que lo haga con clubes que no estén en divisiones adscritas a grandes contratos televisivos. Esa afirmación se sustenta en cifras. Canal 9 gastó 65.785.314 euros en 2006 y 79.825.960 euros en 2007. La venta de esos derechos a otras cadenas se tradujo en ingresos en 2006 de 32.270.354 euros y de 42.824.007 euros el pasado ejercicio. Es decir, Canal 9 compra por un precio sustancialmente superior por el que después puede vender esos derechos deportivos.

    La situación es tan escandalosa que el informe de Ernst & Young, realizado a petición de la Intervención General de la Generalitat, recoge que el ente "debe tratar de negociar la compra de derechos deportivos y su posterior reventa a precios razonables y suficientes para obtener un beneficio de los mismos". Además, incluye también que Televisió Valenciana (TVV) "debería controlar los derechos adquiridos y que los contratos y los precios deberían, en la medida de lo posible, estandarizarse para aquellos clubes que no participan en divisiones adscritas a grandes contratos televisivos, en los que las condiciones de mercado son más aceptables para TVV". La televisión pública autonómica registró una deuda en 2007 de 206 millones de euros, de los que 37 correspondieron al ruinoso negocio de los derechos deportivos. El ente acumula más de 1.100 millones de euros de deuda.

    El informe analiza precisamente la situación de quiebra técnica que reflejan las cuentas de la televisión autonómica, precisamente en un momento en el que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pide consenso para negociar un nuevo modelo y quiere sólo escuchar aproximaciones técnicas, no políticas, sobre la gestión del ente. En las primeras páginas del estudio de la auditoría se recoge: "Es necesaria la ejecución de un profundo y amplio estudio de las necesidades de financiación a corto y medio plazo de las sociedades dependientes [Canal 9 y Ràdio 9], del que se obtengan las medidas adecuadas para restablecer la situación patrimonial a niveles adecuados".

    Ernst & Young reconoce que "existen diversas deficiencias que se manifiestan de forma constante en determinadas áreas de gestión de gastos e inversiones". Admite que la situación por la que pasa la televisión valenciana "pone de manifiesto la falta de estrategia empresarial en la que se compatibilice de forma eficiente la gestión económico-financiera con el desarrollo de la actividad del Grupo RTVV y la prestación de un servicio público de calidad".

    El informe de revisión operativa del ejercicio 2007 critica abiertamente el sistema de financiación de RTVV, que está permitiendo un endeudamiento a largo plazo que ya casi alcanza al año 2030, la política arbitraria de contrataciones, la falta de optimización de los profesionales, la ausencia de justificaciones documentales de gastos, la falta de transparencia en los contratos y la nula previsión.

    Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV a propuesta del PSPV, envió ayer una carta al presidente del órgano colegiado, Emilio Fernández. En ella, solicita la convocatoria urgente de una sesión plenaria para estudiar medidas a adoptar en relación con las recomendaciones que recoge el nuevo informe de auditoría y el estudio y elaboración del anteproyecto de presupuestos para 2008. Mazón pidió responsabilidades al director general de RTVV, Pedro García, y anunció que los socialistas tienen "absoluta voluntad de alcanzar consensos, también sobre la televisión, siempre que el bombero no sea el incendiario". Y agregó: "Camps tendrá que poner encima de la mesa todo lo que ha sido un secreto premeditado para manipular a través de Canal 9".

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    El PSPV exige a Camps el cese de los gestores de Canal 9 antes de negociar un nuevo modelo

    La oposición reclama la reunión urgente del consejo de RTVV y un giro radical a los informativos
    Carlos Alós, Valencia
    La propuesta lanzada el miércoles por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para reformar el modelo de gestión de Canal 9 tras el severo correctivo que el ente público recibe en las dos últimas auditorias independientes encontró ayer rápida respuesta entre la oposición.
    El consejero a propuesta del PSPV-PSOE en RTVV, Miguel Mazón, aceptó dar el apoyo a Camps en el camino hacia la reforma de la televisión pública pero antes le exigió que asuma su responsabilidad. Los socialistas afirman que el mismo equipo que ha llevado a Canal 9 a la quiebra, que ha manipulado y que ha ocultado durante años la situación que ahora desvelan las auditorías encargadas no puede ser la solución al problema creado.
    Tampoco aceptan desde el PSPV que el debate sobre el cambio en RTVV se circunscriba al ámbito técnico y quede desligado del político como el miércoles reclamó el jefe del Consell. Para los socialistas si Camps quiere consenso "lo primero que tiene que hacer es empezar por los informativos con un giro total y también en la política de contratación", dijo.
    En quiebra técnica permanente
    Además, Mazón ha exigido la convocatoria urgente del consejo de administración del ente para conocer las medidas adoptadas tras la revisión operativa a RTVV y sus sociedades dependientes (Televisión Valenciana y Radio Autonomía Valenciana) realizada por la auditora Ernst & Young en la que se concluye que el actual modelo de gestión de Radio Televisión Valenciana no es viable.
    La auditoría pone en evidencia que Canal 9 está en situación concursal permanente y que su modelo de financiación, con una deuda a largo plazo de mil millones de euros y unos intereses abonados de 387 millones, sólo se sostiene con las ampliaciones de capital que cada año debe asumir la Administración autonómica.
    Además, Mazón, quien remitió su petición al presidente del Consejo de Administración de RTVV, Emilio Fernández, también reclama el estudio y la elaboración del anteproyecto de presupuestos del ente autonómico y sus sociedades para el ejercicio 2009 porque el plazo "se acaba en septiembre y no hay tiempo material para hacerlo", según explicó.
    El consejero defendió que la auditoría puede servir como base para realizar una modificación del modelo de gestión de RTVV, pero los actuales responsables de la Generalitat están "incapacitados" para llevar a cabo este cambio porque son "los que han creado este problema", aseveró. El informe concluye en la "necesidad de realizar un plan de estabilidad presupuestaria para RTVV y sus sociedades sin que ni el director general ni su equipo directivo hayan informado al Consejo de Administración ni hayan adoptado medida alguna al respecto", señaló.
    Mientras, la síndic de Compromís, Mònica Oltra, aseguró ayer que para hablar de consenso "primero hay que permitir el juego a todas las opciones políticas y dejar de insultarlas. El cinismo de Camps raya lo enfermizo", lanzó ya que el jefe del Consell pretende que la oposición, "a la que Canal 9 maltrata sistemáticamente" en sus informaciones, le ayude a salvar la "insostenible" situación financiera del ente.
    La coordinadora de EU y diputada autonómica, Glòria Marcos, acusó a Camps de ser el responsable de los problemas de RTVV, entre ellos la manipulación informativa, aunque valoró que el Consell reconozca la magnitud del problema de la financiación, pero rechazó que se limite el debate a cuestiones económicas ya que el problema tiene raíz política.

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    Los derechos deportivos cuestan 80 millones y reportan 42,8
    C. Alós, Valencia
    La revisión operativa que Ernst & Young realiza sobre RTVV a petición de la propia Generalitat Valenciana hace especial hincapié en el agujero negro en que se ha convertido la compra de derechos y retransmisiones deportivas. En el capítulo dedicado al control de gastos e ingresos se señala que en 2007 la televisión autonómica pagó 79,8 millones de euros por la compra de derechos para las retransmisiones deportivas, fundamentalmente del Valencia CF, Villarreal y Levante UD, mientras que en 2006 pagó 65 millones y un año antes, 64. Sin embargo, los 80 millones pagados hace un año contrastan con los ingresos obtenidos por este capítulo, es decir la venta de derechos por emisiones deportivas que reportaron 42,8 a las arcas del ente público, prácticamente la mitad de lo invertido.
    La auditoría explica también que la partida de gastos más importante en las cuentas de RTVV corresponde precisamente a la compra de derechos deportivos y señala que en 2007 se observa un aumento "importante" del gasto, que se imputa al aumento por adquisición de derechos de liga y Uefa por la excelente campaña deportiva del Villarreal y a que el Levante UD estaba en primera división. Sin embargo, la auditoría considera injustificadas tanto las cifras por las que se compran estos derechos como por las que se venden ya que producen unas pérdidas a la corporación pública del cien por cien (de 42,8 a 80 millones de euros). Por ello se insta a RTVV a negociar las compras y ventas a precios razonables para tratar de lograr beneficios.
    A juicio de Mazón, el desfase entre ingresos y gastos por retransmisiones deportivas en Canal 9 es "una subvención encubierta y demuestra la intrusión del Gobierno de Camps en los equipos de fútbol ya que en teoría tú compras para ganar dinero, no para perder", dijo ayer Mazón.
    El trabajo también pone en cuestión los contratos con empresas productoras sin ningún criterio objetivo, la caída de ingresos por publicidad, el descenso del uso del valenciano, la política de contratación de personal o la pérdida de audiencia.

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    "Y hoy también hablamos del trasvase del Ebro"

    La manipulación periodística inunda los informativos de Canal 9

    FEDERICO SIMÓN - Valencia - 11/08/2008

    Es el tema que más interesa al Consell, aunque el trasvase lleve varios años derogado; tiene el enfoque que proclama electoralmente el PP, ya que el urbanismo desaforado es malo, pero solo cuando es en otras autonomías; incluye únicamente las fuentes que interesan, para qué consultar otros puntos de vista; y todo está aderezado con un poco de anticatalanismo, que vende mucho en ciertos círculos, e impregnado de un tema muy sensible, la falta de agua, aunque el peligro de las restricciones hídricas sea más virtual que real. "Y hoy también hablamos del trasvase del Ebro, porque el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha dicho que en los terrenos protegidos del Delta del Ebro, en Tarragona, están construyéndose más de 5.000 viviendas y tres campos de golf". Esta información, abordada a mediodía por los informativos de Canal 9 el 21 de noviembre de 2006 y que incluía las correspondientes declaraciones del consejero -"Si nos quitan el agua del Ebro me parece mal, pero si nos la quitan para pegar pelotazos urbanísticos todavía me parece peor"-, ejemplifica a la perfección los distintos matices que tiene la manipulación periodística en la información diaria de la televisión pública valenciana. Trucos desvelados en un trabajo académico, la tesis doctoral titulada Sesgo y encuadre en las noticias de televisión. Mecanismos de manipulación periodística a propósito del urbanismo y del agua en los informativos de Canal 9, elaborada por la licenciada en Derecho, en Filología y doctora en Periodismo Yolanda Verdú.

      Las crecidas del Ebro se oponen con campos y embalses valencianos secos

      Las críticas de los ecologistas solo se usan cuando no afectan al Consell

      La tesis, que analizó los informativos durante los seis meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, describe los mecanismos por los cuales Canal 9 se adscribe sin cuestionamientos al discurso de la Generalitat. En el ejemplo anterior se incide -"hoy también", reconoce la entradilla de la noticia-, en el trasvase del Ebro, quizá el principal caballo de batalla del ideario del PP. Una infraestructura descartada tres años antes pero que estuvo y sigue estando presente, directa o indirectamente, en Canal 9. Muy a menudo.

      Por ejemplo, entre el 13 de febrero y el 5 de abril de 2007, las crecidas del río Ebro, habituales en esas fechas año tras año, coparon los informativos multitud de veces y siempre para reforzar la idea de que en aquel río sobra agua. Y no de manera subliminal. El trasvase se menciona una y otra vez sin rubor. "El Ebro suelta agua", "Así baja el Ebro", "El Ebro, más lleno que nunca", "El Ebro se desborda", "La fuerza del Ebro", "El Ebro continúa desbordado"... Los rótulos que figuran a pie de pantalla durante la noticia reforzaron la idea casi a diario. De hecho, las imágenes del Ebro se contraponen con campos valencianos secos, con afirmaciones como "y mientras, nuestras cuencas tienen cada vez menos agua", y con declaraciones de agricultores en las que piden "que el agua no se vaya al mar". Estrategias que nunca se han usado cuando las inundaciones afectan a ríos valencianos.

      Otro trasvase, el Júcar-Vinalopó, también ha sufrido y sufre el sesgo informativo, en este caso en sentido inverso, en decenas de noticias. Ejemplo: el 22 de noviembre de 2006 todos los periódicos se desayunaron con la noticia de que la Comisión Europea aumentaba su financiación del nuevo trazado del trasvase (el PP apostaba por el inicialmente aprobado) de 80 a 120 millones de euros. El rótulo de la noticia en Canal 9, que insistió con una conexión en directo con agricultores de Alicante en su oposición al trazado, no podía ser más explícito: "El trazado más rechazado", así, sin más. En el informativo nocturno la noticia incluyó esta frase: "La comisión ha concedido 120 millones de euros para cambiar el trazado y eso quiere decir que el Gobierno central se sale con la suya". Imparcialidad y salirse con la suya casan mal.

      Las desaladoras, satanizadas cuando son los socialistas los que las construyen, y la mejora de los regadíos, hecho que sirve a juicio de Canal 9 para merecer el trasvase, son temas abordados siempre con un sesgo político.

      En la noticia referida al inicio se habla de urbanismo, pero en Cataluña, ya que el urbanismo valenciano, que ha copado las primeras páginas de los diarios durante los últimos años, casi ha desaparecido, al igual que la corrupción política adyacente, de los noticiarios valencianos. Solo se habla del tema en clave positiva, pero no cuando partidos y asociaciones critican la falta de VPO o los colosales planeamientos urbanísticos promovidos en todo el territorio valenciano.

      Por ejemplo, en la noticia solo habla González Pons, aprovechando que visita en Santa Pola unas viviendas protegidas. Sin visita, hubiera dado igual, pues Canal 9 acude igualmente a poner el micrófono a los líderes populares ante cualquier noticia previa que interese bajo la excusa de que son "reacciones", deferencia que no se tiene con la oposición. Además, en el tema del agua, destapa la tesis, solo se consulta a fuentes favorables al trasvase, sobre todo de la Fundación Agua y Progreso, impulsada desde 2005 con más de 3,5 millones de euros de fondos públicos desde el Consell para defender su política hidráulica. Es más, si bien los ecologistas casi nunca aparecen en Canal 9, a Greenpeace, organización a la que se ha ninguneado sobre todo con sus informes anuales Destrucción a toda costa en los que la Comunidad Valenciana tiene un negro papel, sí que se le amplifican sus críticas cuando se trata del urbanismo en Cataluña. En esta noticia, se ubica la criticada urbanización "a pocos metros de donde debía salir el derogado trasvase del Ebro". Canal 9 lo tiene claro, "debía salir" y lo han derogado. La noticia no versa sobre urbanismo, lo importante es el trasvase.

      Los casos mencionados en la tesis son innumerables. Pero siempre siguen el mismo patrón. Otro ejemplo de manipulación periodística: el 15 de mayo de 2007, el quinto día de campaña electoral, el informativo abordó una noticia deportiva con frases como "un gran día para los valencianistas" o "el sueño de los valencianistas está cada día más cerca". La, por lo menos dudosa, bondad de la noticia era que la comisión territorial de urbanismo, dependiente de la Generalitat, acababa de dar vía libre a la operación del Mestalla, es decir, la recalificación urbanística del solar del campo de Valencia para permitir construir bloques de pisos y oficinas. Sin embargo, un pequeño obstáculo enturbiaba el "gran día", y así lo destacó tanto el sumario de la noticia al principio del informativo -"No ha sido fácil por la oposición de la Confederación Hidrográfica del Júcar, entidad dependiente del Gobierno central"-, como el arranque de la propia noticia -"El acuerdo ha tenido la oposición de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Gobierno central, alegando falta de agua"-. Los informes de la CHJ nunca han sido noticia cuando se oponían a los planes urbanísticos que impulsaba el PP, que además los ha ignorado.

      Pero en este caso, las frases de Canal 9 amplificaban por reiteración el mensaje que transmitió el portavoz del Consell en un amplio corte: "Ha habido un voto en contra incomprensible por parte del ministerio de la ministra [Cristina] Narbona, o sí que es comprensible, como siempre".

      Contraponer las acciones del Consell, vendidas siempre en clave positiva, aunque impliquen recalificaciones, plusvalías millonarias o protestas silenciadas de los vecinos, con las del Gobierno central, contrarias "al sueño de los valencianistas", es desde hace años una constante, reforzada sobre todo en periodos electorales, en los informativos de la televisión autonómica.

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      13 Ago 2008

      CV. 13/08/2008.

      Escrito por: jordigrau el 13 Ago 2008 - URL Permanente

      CV. 12/08/2008.

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      Toma! Són uns avançats del neoconisme!

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      El Consell dedica la quinta parte de su presupuesto educativo a subvencionar centros privados

      La Comunitat se desvía tres puntos por encima de la media nacional en el concierto con los centros docentes privados

      Levante-EMV, Valencia
      El Consell que preside Francisco Camps dedica un 20,2% del presupuesto destinado a educación no universitaria a financiar centros privados en forma de conciertos y subvenciones, según se desprende de los últimos datos provisionales publicados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte referidos a 2006.
      La cifra está por encima de la media nacional que las comunidades transfieren a la enseñaza privada o universitaria, que es del 17%.
      Las consejerías autonómicas de Educación y el ministerio gastaron en 2006 un total de 36.930,8 millones de euros, de los que 27.669,3 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria y, dentro de esta partida, 4.726,4 millones fueron para conciertos y subvenciones a centros privados.
      Un año antes la inversión en la educación concertada alcanzó los 4.353,1 millones de euros, según informa el Instituto de Evaluación, dependiente del Mepsyd.
      El País Vasco es la comunidad que más dedica a conciertos y subvenciones, un 30,7%, mientras que Extremadura es la que menos, un 7,8%.
      Por su parte, Cataluña y Madrid se encuentran por encima de la media de financiación de la enseñanza privada concertada, ambas con un 22,1% de sus respectivos gastos en educación no universitaria, seguidas por Navarra (21,9%), Cantabria (20,4%), Comunitat Valenciana (20,2%) y Baleares (20,1%).
      En el entorno de la media se colocan La Rioja (17,2%) y Aragón (17,1%) y, por debajo, Castilla y León (16,5%), Murcia (14,1%), Galicia (13%), Andalucía (12,5%), Asturias (11,8%), Extremadura (8,6%) y Castilla-La Mancha (8,3%), aparte de Canarias (7,8%).
      En términos absolutos, Cataluña y Madrid son las que más dedican a conciertos y subvenciones, 936 y 685,7 millones, respectivamente, mientras que la Comunitat Valenciana destina 540,7 millones de euros.
      Para 2008, los Presupuestos Generales del Estado establecieron el módulo de Infantil y Primaria en 37.577 euros; 45.579 euros en primero y segundo de ESO impartidos por maestros; 50.053 euros en primero y segundo de ESO y 61.577 euros en tercero y cuarto de ESO, con una subida media conjunta del 4,3%.
      Las organizaciones de enseñanza privada FERE-CECA y CECE vienen reclamando una adecuación de estas cantidades al coste real del puesto escolar en los centros concertados.
      Según la Encuesta del INE sobre Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada en el curso 2004-2005, las administraciones públicas subvencionan el 75% de los gastos corrientes de los centros concertados.

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      Un altre IVEX o Terra Mítica? Zaplana

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      Una sociedad gestora del Consell gastó medio millón en conciertos de Elton John y Luis Miguel

      Imagen Estratégica y Promocional destinó 250.000 euros al recital de Xàtiva y 300.000 al de Castelló

      Víctor Romero, Valencia
      Una cuestión para debatir. ¿Contribuye la subvención de conciertos de estrellas internacionales al posicionamiento de la imagen de la Comunitat Valenciana en el mercado nacional e internacional? Los responsables de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana contestarían de forma afirmativa. El año pasado gastaron de su presupuesto 550.000 euros para patrocinar dos conciertos de música. La firma de la Generalitat adscrita al paraguas de la vicepresidencia primera de Vicente Rambla destinó 250.000 euros a sufragar parte del caché de Elton John en el concierto que el artista británico protagonizó en Xàtiva el 23 de junio de 2007 y otros 300.000 euros para patrocinar un recital del mejicano Luis Miguel celebrado el 5 de mayo en Castelló.
      Las partidas sirvieron para completar el respaldo público a ambos conciertos. En el caso de Elton John, además del dinero procedente del Consell, la Diputación de Valencia aportó otros 200.000 euros. El presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, es además alcalde de Xàtiva. Su ayuntamiento aportó 120.000 euros. En total, las administraciones públicas colocaron 570.000 euros. Se estima que el coste del recital de Elton John fue de 600.000 euros. Alfonso Rus declaró que la aportación pública servía para "abaratar las entradas" y porque Xàtiva "se lo merece". Nada dijo que objetivos de posicionamiento de la imagen de la Comunitat.
      Más diplomático fue el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, quien habló de "inversión". "Es un acontecimiento cultural nacional que atraerá hasta Castellón personas de todas las provincias cercanas y nos situará en el panorama musical", manifestó tras informar de que el coste del concierto de Luis Miguel costaría 550.000 euros y que su financiación contaría con el respaldo de la Generalitat, la Diputación de Castelló y el ayuntamiento de la ciudad.
      Con todo, la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat fue de las pocas de la Generalitat que consiguió cerrar con superávit el ejercicio. La firma, que se financia de fondos de la Administración autonómica, obtuvo un resultado positivo del ejercicio de 206.334 euros frente a los 113.088 euros de pérdidas de 2006. La razón, según explican los auditores de la Intervención y la empresa Gesem, es la "no ejecución en el presente ejercicio de varias actuaciones presupuestadas inicialmente que no se han llevado a cabo".
      Los auditores, que cuestionan también el recursos injustificado al procedimiento negociado sin publicidad en algunos contratos, señalan que la mercantil que controla Vicente Rambla, tuvo problema para recibir de la Dirección General de Presupuestos y Gastos (dependiente de Economía) autorización para crear tres puestos de trabajo. En materia de cumplimiento de legalidad, los auditores explican que la mercantil no respetó los principios de publicidad y concurrencia para cubrir sus puestos de trabajo.

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      TV3 ja es veu al PV, a Balears i a Catalunya per la col.laboració entre ACPV i altres entitats culturals catalanes i balears. El Consell de la CV no ha fet sinó obstaculitzar-la i aprofitar-se per tenir més múltiplexs i canals d'extrema dreta.

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      Rambla afirma que la emisión de Canal 9 en Cataluña permitirá "normalizar la situación de TV3"

      El Consell pidió al Gobierno catalán que hiciera un "esfuerzo"

      Carlos Alós, Valencia
      El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, desveló ayer que durante la negociación para alcanzar el acuerdo de reciprocidad para que Canal 9 y TV3 puedan verse en ambas autonomías pidió al conseller catalán de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, que hiciera un "esfuerzo" para que la señal valenciana llegara a Cataluña. Ese gesto por el que TV3 cede un canal de la TDT a Canal 9 en Cataluña ha allanado el camino del acuerdo.
      Rambla también anunció que el acuerdo está encarrilado y concretó que se está "en la mejor senda" para que "en las próximas semanas" ambas comunidades puedan ver las emisiones televisivas de sus respectivas televisiones autonómicas. El vicepresidente primero del Consell añadió durante un acto en Castelló que con el principio de acuerdo, la Generalitat Valenciana ha pretendido "normalizar y legalizar una situación que no era la correcta en relación a las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana" en referencia a que la señal llega a las comarcas valencianas a través de los repetidores propiedad de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una emisión que el Consell considera ilegal. Rambla también explicó que en los últimos meses ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Industria para formalizar la emisión de Canal 9 en Cataluña y que fruto de esas negociaciones se ha conseguido un nuevo múltiplex que se destinará a dar cobertura a los acuerdos de reciprocidad que se firmen con las autonomías vecinas. En este sentido, Rambla añadió que cuando "tengamos aprobado el nuevo múltplex que el ministerio ofrece a todas las comunidades nos permitirá normalizar la situación y que, definitivamente, también se pueda ver por la vía de la legalidad TV3 en la Comunitat Valenciana como ya se ve Canal 9 en Cataluña", dijo.
      Exigen la retirada de las demandas
      Mientras, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, afirmó ayer que el inicio de las emisiones de Radio Televisió Valenciana (RTVV) en Cataluña "deben suponer la inmediata retirada de las demandas judiciales contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV)" que, a su juicio, "se ha limitado a poner los medios para que se pudiera ejercer un derecho como es el de ver una televisión de calidad y en nuestra lengua".
      Este hecho es algo que "tenía que haber gestionado el ente de RTVV desde un principio", pero "la ceguera irracional anticatalanista del Consell le ha llevado a actitudes irresponsables", señaló.
      Además, el candidato a secretario general del PSPV-PSOE, José Luís Ábalos, dijo que el acuerdo del Consell es una muestra más del "oportunismo político del desgobierno de Camps". "El PP, que ha hecho del anticatalanismo y el enfrentamiento con Cataluña una bandera política, sale ahora como promotor de un acuerdo bajo el argumento de que salimos beneficiados por disponer de dos nuevos canales", criticó.

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      Rambla asegura que TV-3 llegará "en semanas" a la Comunidad

      El vicepresidente se atribuye el mérito de la emisión de Canal 9 en Cataluña

      MARÍA FABRA - Castellón - 13/08/2008

      El vicepresidente primero del Consell y consejero de Presidencia, Vicente Rambla, trató ayer de "normalización" y "legalización" el acuerdo de reciprocidad de emisiones entre TV-3 y RTVV. El inicio de la emisión de Canal 9 en Cataluña el pasado lunes fue reseñado por Rambla como un mérito propio: "Pedí al consejero Joan Manuel Tresserras que hiciera un esfuerzo y que ya se pudiera emitir Canal 9 en Cataluña, lo que está empezando a producirse desde ayer y ya se puede ver en gran parte de Cataluña", dijo. Añadió que el acuerdo para que la emisión sea recíproca se cumplirá "en las próximas semanas".

      El vicepresidente del Consell, durante una visita a Castellón, relató los pormenores: "Como fruto de las conversaciones con la Generalitat de Cataluña conseguimos que el Ministerio de Industria diera a la Comunidad Valenciana cuatro nuevos canales de televisión, sumados a los cuatro que ya teníamos antes". "Ahora", añadió, "estamos a la espera de conseguir otros cuatro canales más, que están a punto de aprobarse por parte del Ministerio de Industria, que se destinarán a televisiones públicas de comunidades limítrofes". La aprobación llegará en breve, según Rambla, y permitirá "normalizar la situación y que, definitivamente, también se pueda ver por la vía de la legalidad TV-3 en la Comunidad Valenciana, como ya se ve Canal 9 en Cataluña".

      Sin embargo, el acuerdo de emisiones no afectará al proceso judicial abierto por la Generalitat valenciana contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV), propietaria desde los repetidores que, durante años, se ha emitido la señal de TV-3. Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno valenciano aseguraron que las demandas para el cierre de las instalaciones seguirán su curso. Mientras, tanto el PSPV como Compromís exigieron ayer al PP que retire las demandas contra ACPV. El candidato a la secretaría general del PSPV-PSOE, José Luís Ábalos, consideró ayer que en el que se acepta la reciprocidad de emisiones "es una muestra mas del oportunismo político del desgobierno de Francisco Camps" y exigió el cese del proceso judicial.

      Por su parte, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, coincidió en que el inicio de las emisiones de RTVV en Cataluña "debe suponer la inmediata retirada de las demandas judiciales contra Acció Cultural".

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      El Consell insiste en que espera a que el Gobierno le autorice más deuda

      Pons cree "conciliables" las diferencias sobre financiación en el PP

      Levante-EMV, Valencia
      El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, señaló ayer que espera que el Gobierno central "dé los pasos apropiados para autorizar el Plan de Endeudamiento de la Comunitat Valenciana", al tiempo que indicó que la Generalitat "lleva ya meses hablando con el Ministerio de Economía y Hacienda para que le autoricen" una ampliación de su deuda.
      Rambla, que se refirió así en una rueda de prensa en Castellón, tras ser preguntado por una respuesta parlamentaria por escrito por parte del Gobierno en la que se asegura que la Generalitat no puede pedir formalmente la ruptura del límite de endeudamiento.
      Se trata de unas conversaciones en las que, dijo, "está incluidos los 1.000 millones de euros que reclamamos". No obstante, apuntó que "yo no sé" si hay un formulario concreto "para rellenar" con dicha petición pero, la voluntad política de la Comunitat "ha sido expresamente manifestada incluso por el propio presidente", afirmó.
      Al respecto, indicó que "lo que esperamos del Ministerio de Economía es que dé los pasos apropiados para autorizar el Plan de Endeudamiento de la Comunitat Valenciana" y que, en segundo lugar, se vayan sentado las bases de un modelo de financiación para que "no vivamos en esta inseguridad que vivimos todas las comunidades en relación a algo tan básico para su futuro como es el nuevo modelo de financiación".
      Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró ayer que las posiciones del PP andaluz, de Castilla y León, del murciano y del valenciano en relación a la financiación autonómica "no son incompatibles", sino que son "fácilmente conciliables". "Las posiciones verdaderamente irreconciliables, me parece, son las del Gobierno catalán y el español", apostilló. González Pons respondía de esta forma a las preguntas de los periodistas sobre las distintas posiciones que mantienen autonomías gobernadas por el PP como la valenciana y Castilla y León en materia de financiación y sobre el hecho de que el Consell de Francisco Camps se haya alineado con las posiciones de Cataluña.
      Afirmó que el PP es partidario de que Cataluña "mejore su financiación". Sin embargo, matizó que se opone a la "financiación cerrada del Estatuto de Cataluña, al considerar que no es lugar para cerrar un modelo de financiación" porque "lo petrifica".

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      El urbanismo salvaje obliga a los extranjeros a organizarse

      S. CASTILLO - Benidorm - 13/08/2008

      Los extranjeros de La Marina Baixa siguen los pasos de los de La Marina Alta y se organizan para defenderse de lo que consideran abusos urbanísticos de la Administración local. El presidente de la asociación Veïns de L'Alfàs, Marco Perotti, anunció ayer que denunciarán al alcalde ante la justicia española y europea por su "afán depredador" del territorio, con la aprobación del PAI Pla de la Serra, que va a suponer la construcción de 2.000 viviendas en 800.000 metros cuadrados, en gran parte, parcelas de pequeños propietarios. Hay unos 40 propietarios extranjeros a los que se les "ha invadido" su propiedad, según Perotti. "Es una indefensión total ante el afán urbanístico. Lo único que cambia de la LUV a la LRAU es el nombre, porque al final todo acaba en una reparcelación forzosa en la que quien no aporte dinero se queda sin su vivienda", criticó Perotti. El dirigente vecinal acusa al primer edil de negarles la información que afecta al planeamiento.

      Veïns de L'Alfàs, con más de 100 socios, anunció la celebración el 18 de agosto de una conferencia europea sobre abusos urbanísticos.

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      Nou Mil·leni de Catarroja
      EFE

      El PSPV recurre el PAI que construirá 11.459 viviendas en la huerta de Catarroja

      14:39 El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, Joaquim Puig, ha anunciado hoy la presentación de un recurso ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente contra el programa de actuación urbanística (PAI) de Nou Mil·leni en Catarroja, que prevé construir 11.459 viviendas en zona de huerta.

      EFE Puig ha criticado al Consell porque, según sus palabras, "quiere acabar con la huerta antes de aprobar el plan de protección que anunció" y ha apuntado que Nou Mil·leni es un ejemplo de "irracionalidad urbanística e hídrica".

      Ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Júcar se opuso a este proyecto "que pretende usar un agua que no tiene concedida y que es necesaria para otros usos prioritarios de la comarca", ha añadido Puig.

      El PAI plantea la construcción de 11.459 viviendas, por lo que si se establece una media de tres habitantes por vivienda, la población llegaría a superar los 34.000 habitantes, duplicando la población actual de Catarroja en pocos años, algo que Puig califica de "crecimiento desmesurado".

      El responsable socialista ha explicado que la aprobación definitiva del proyecto "viola todos los principios" en los que se basa el Plan de Protección de la Huerta de Valencia que tramita el Consell, y ha advertido de que "no se ha elaborado la evaluación ambiental pertinente e infringe principios de la legislación de ordenación del territorio".

      El recurso de alzada presentado por los socialistas pide la anulación del decreto que declara aprobado la homologación y el plan parcial del sector Nou Mil·leni que, según Puig "supondrá la desaparición de uno de los pocos espacios de la huerta de Valencia que conserva todavía características agrológicas y paisajísticas".

      El portavoz socialista ha apelado a la "arrogancia" demostrada por el Consell, que puede "costar cara a los valencianos", ya que, Puig ha afirmado que el proyecto está siendo revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

      El portavoz pide "objetividad y legalidad" en el manejo de fondos públicos, algo que según comenta "se ha violado, al seleccionar un socio privado en la empresa mixta que promueve esta actuación, compuesta por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y por la empresa intervenida judicialmente en proceso concursal Llanera".

      Joaquim Puig ha explicado que una condena europea supondría la disolución de esta empresa mixta y la paralización del proyecto urbanístico, algo que el portavoz cree un riesgo de dinero de todos los valencianos.

      Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de Camps "pretenda construir 6.000 viviendas privadas en Nou Mil·leni con fondos públicos" y ha tachado de "indecente" la actuación del Consell.

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      12 Ago 2008

      CV. 12/08/2008.

      Escrito por: jordigrau el 12 Ago 2008 - URL Permanente

      CV. 11/08/2008.

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      La fiscal apoya la acusación de blanqueo en Terra Mítica

      LYDIA GARRIDO

      Los imputados recurren las diligencias dictadas por el juez

      La investigación por el fraude a Hacienda por más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que implica a Terra Mítica y a otras 19 empresas dio un paso a finales de junio cuando el juez admitió la querella presentada por la acción popular, ejercida por los socialistas, y con ella añadió los delitos de blanqueo y malversación de fondos. Esa decisión ha provocado una nueva avalancha de recursos y apelaciones de la mayoría de los casi 30 imputados. Sin embargo, el ministerio público le ha pedido al juez instructor, el titular del juzgado número tres de Valencia, que confirme la providencia en la que da por admitida la querella y pide una serie de diligencias en virtud de ello.

      El juez pidió datos de cuentas en Suiza y Andorra por una denuncia de Zaplana

      El pasado 24 de junio el juez firmaba una providencia en la acordaba la práctica de cinco diligencias solicitadas tanto por el ministerio público como por la acusación popular, entre ellas, dirigir un oficio a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que se investigue si existen cuentas abiertas a nombre de todos los imputados o de las empresas denunciadas en Andorra o Suiza, "por haberse admitido la querella de la acusación popular por malversación y blanqueo de dinero".

      El abogado de Miguel Navarro, ex director del parque temático denunciado por el fraude a la Agencia Tributaria, que mantiene su vinculación con la Generalitat a través de una asesoría en CACSA, fue el primero en presentar recurso contra la decisión del juez. En su escrito, dice que "no puede admitir que su nombre [el de Navarro] se relacione con semejante investigación, ni que se mencione siquiera en los oficios que se cursen que está siendo investigado en relación con los citados delitos dado que el Juzgado de Instrucción no admitió la querella de la acusación popular por los citados delitos, indicándose en el auto que la calificación del querellante popular no vinculaba al instructor". Y tras ese recurso y en los mismos términos, el juzgado ha recibido una decena, algunos sólo para que los resuelva el propio juez y otros, además, para que sean vistos por la Audiencia Provincial.

      La acción popular también ha presentado un escrito. En él, solicita encarecidamente al juez que confirme la providencia en la que ordenaba la investigación de cuentas de Andorra y Suiza. En ese escrito, los socialistas recuerdan a las partes que en efecto desde el inicio se admitió la querella y que las calificaciones que ella se incluyen no vinculan al juez. Pero también precisan, y defienden, que el testimonio remitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en relación con la causa seguida por Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat, contra dos diputados de las Cortes Valencianas porque dos imputados les facilitaron información sobre el fraude y relacionaron al ex presidente con pago de comisiones, está en las actuaciones y justifica cualquier investigación. Por eso le pide al magistrado que su decisión de finales del pasado mes de junio la confirme.

      De forma mucho más sucinta pero en el mimo sentido responde la representante del ministerio público, que "interesa la confirmación por ser ajustada a derecho".

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      Cataluña permite ver Canal 9 y el Consell mantiene el cierre de repetidores de TV-3

      L. GARRIDO

      Cataluña permite a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) emitir en pruebas a través del canal 43 de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Desde el mediodía de ayer, Canal 9 se ve en Cataluña. Mientras tanto, la Generalitat valenciana mantiene el pulso respecto al cierre de los repetidores de TV-3 en territorio valenciano, propiedad de Acció Cultural del País Valencià, a los que ha sancionado administrativamente con 300.000 euros por utilizar sin licencia una frecuencia libre de la TDT, asunto que está aún en los tribunales.

      No obstante, el consejero catalán de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, asegura que percibe un "cambio de actitud del Gobierno valenciano en relación con la recepción recíproca de las emisiones de las televisiones públicas catalana y valenciana entre los dos territorios". Esas manifestaciones son una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria, fechada a finales de junio, de la diputada de CiU Joana Ortega. En otra respuesta sobre el mismo tema, Tresserras afirma que "en el momento actual se dan las condiciones técnicas y políticas que permitan un acuerdo definitivo pronto".

      El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas Enric Morera pidió ayer un nuevo marco de relaciones entre ambas televisiones autonómicas con el fin de garantizar, "más allá de reciprocidad e intercambio de señales entre las dos televisiones, mayor cooperación en materia audiovisual". La emisión de la señal de Canal 9 en Cataluña es el primer paso para que se alcance el acuerdo de reciprocidad que debe garantizar la emisión de la señal de TV-3 en la Comunidad Valenciana.

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      Canal 9 emite por primera vez en Cataluña al aceptar el Consell la reciprocidad con TV3

      El inicio de la emisión allana el camino del acuerdo por el que la Generalitat recibirá dos múltiplex

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      La sanción a ACPV y el cierre de repetidores sigue su curso
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      El Consell no ha pedido el cambio de límite de deuda

      EL PAÍS / AGENCIAS

      El Gobierno central advierte de que no se puede solicitar

      El Gobierno central ha asegurado que el Consell no ha solicitado formalmente la ruptura de su límite de endeudamiento al "no existir un procedimiento formal en este sentido", ya que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 marzo de 2003 no contemplan que ninguna comunidad autónoma pueda solicitar formalmente al Ministerio de Economía y Hacienda la ruptura de su límite de endeudamiento.

      Camps anunció en mayo que pediría mayor margen de endeudamiento

      La deuda del Consell asciende a 13.300 millones de euros

      Se trata de una respuesta parlamentaria del 10 de julio consultada por Europa Press a una pregunta formulada por la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien inquirió si se ha solicitado formalmente por parte de la Generalitat autorización al Ministerio de Economía para romper el límite de endeudamiento, "pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante", apuntó. Rodríguez-Piñero también solicitó respuesta sobre si en caso de que la Comunidad Valenciana haya solicitado formalmente autorización "tal y como declaró" el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en qué estado se encuentra la solicitud.

      En su respuesta, el Ejecutivo señala que los acuerdos del CPFF de 6 de marzo de 2003 en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas fijan los principios que rigen el ejercicio de los niveles de endeudamiento de las mismas después de la entrada en vigor de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, así como las reglas generales del procedimiento a seguir por el ministerio para el desarrollo de sus funciones en relación al endeudamiento de las comunidades. Estos acuerdos, indican, no contemplan que una comunidad autónoma pueda solicitar formalmente al Ministerio de Economía la ruptura de su límite de endeudamiento. En consecuencia, la Generalitat "no ha solicitado formalmente la ruptura de su límite de endeudamiento al no existir un procedimiento formal en este sentido". La deuda de la Generalitat se eleva a 13.300 millones de euros.

      El pasado abril el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció ante el pleno de las Cortes Valencianas que iba a solicitar al Estado que le concediera un mayor margen de endeudamiento para el año en curso. Después, Gerardo Camps, consejero de Hacienda, ofreció los detalles en los pasillos. Según explicó, de acuerdo con las previsiones que se manejaban antes de la desaceleración el conjunto de las comunidades autónomas deberían cerrar sus cuentas al final de 2008 con un superávit conjunto de un cuarto de punto del PIB. Desde su punto de vista se podía negociar con el Gobierno un plan de inversiones para consumir ese cuarto de punto vía endeudamiento. En el caso de la Comunidad Valenciana, se trataba de unos 250 millones de euros. En su razonamiento, si el crecimiento previsto por el Gobierno se reducía por debajo del 3%, las comunidades autónomas estaban autorizadas a cerrar sus cuentas con un déficit de un cuarto de punto del PIB. El consejero de Economía refirió que éste es un mecanismo de compensación porque si la actividad económica desciende, la recaudación de impuestos también baja.

      El frenazo en el sector de la construcción afecta directamente a las cuentas autonómicas puesto que gran parte de sus ingresos proceden del impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava las operaciones de compra y venta de vivienda. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ordenó a todas las consejerías una reducción en un 25% la inversión de todos aquellos programas que no tengan carácter social. En la misma orden se advertía a las consejerías de que no podrían comprometer más del 80% de las subvenciones consignadas en los presupuestos de la Generalitat para 2008.

      El presidente del Consell se refirió ayer en Benidorm a la situación económica y apuntó que desde la Generalitat han puesto en marcha medidas "para seguir empujando" la economía valenciana. "Pretendemos, pese a este momento tan complicado económicamente para España, que nuestra Comunidad pase lo antes posible esta situación y siga abriendo expectativas y oportunidades a inversiones extranjeras, nacionales", indicó.

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      El Gobierno asegura que la Generalitat no ha pedido aumentar la deuda y tampoco puede romper el límite

      El Consell aprobó en julio el decreto de endeudamiento sin especificar la cantidad

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      La Comunitat fue la tercera CC.AA en efectos impagados en junio con 82.457

      09:53 En el conjunto nacional, el importe de los efectos de comercio impagados de las familias y las empresas que operan en España ascendió a 1.820 millones de euros en junio, lo que supone un aumento del 118,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.

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      Los socialistas denuncian la falta de 5.000 camas para hospitalización

      EU afirma que la privatización degrada la sanidad valenciana

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      Agua y Progreso cerró 2007 con pérdidas pese a recibir un millón en ayudas del Consell

      La fundación por el trasvase perdió 5.600 euros el año pasado y 48.000 desde su fundación

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      11 Ago 2008

      CV. 11/08/2008.

      Escrito por: jordigrau el 11 Ago 2008 - URL Permanente

      CV. 09/08/2008.

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      Mentre C9 persegueix TV3:

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      RTVV y la CCMA acuerdan la emisión en pruebas de Canal 9 desde hoy en Cataluña a través de la TDT

      11:45 Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) han acordado que Canal 9 se emita en período de pruebas en Cataluña a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

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      Educación anuncia que ampliará a más centros el uniforme escolar

      Efe, Valencia
      La Conselleria de Educación ha anunciado que ampliará a más colegios públicos el uso del uniforme escolar de forma voluntaria tras el "éxito" del proyecto piloto llevado a cabo en 13...

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      El Consell irá a los tribunales si el Gobierno no le deja entrar en la gestión de los aeropuertos

      Cotino exige que el acuerdo por Barajas y El Prat se amplíe a Manises y El Altet

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      DEUDA AUTONÓMICA
      EUROPA PRESS

      El Gobierno niega que el Consell haya pedido "formalmente" romper su límite de deuda

      14:06 El Gobierno central ha asegurado que el Consell "no ha solicitado formalmente" la ruptura de su límite de endeudamiento al "no existir un procedimiento formal en este sentido", ya que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 marzo de 2003 no contemplan que ninguna comunidad autónoma pueda solicitar formalmente al Ministerio de Economía y Hacienda la ruptura de su límite de endeudamiento.

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      Rus, el hombre de los cargos

      La oposición acusa al alcalde de Xàtiva, presidente de la Diputación, del PP provincial y del Olímpic de querer acaparar funciones tras ser nombrado para la Fundación Llum de les Imatges

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      desde hace 2 años
      EUROPA PRESS

      El PSPV critica que la ampliación del Hospital Arnau de Vilanova esté paralizada

      15:40 El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia criticó hoy que las obras de ampliación del Hospital Arnau de Vilanova, que incluyen la construcción de un aparcamiento subterráneo, un helipuerto y otras instalaciones complementarias, "no han sido aún iniciadas, a pesar de existir un cartel de la Conselleria de Sanidad anunciándolas desde hace dos años".

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      La oposición socialista en la diputación de Castellón declara a El Plural que “no hay manta judicial que lo tape”

      “En el caso Fabra se acabará haciendo justicia, porque así lo exige la sociedad democrática”

      IGNASI PELLICER/CASTELLÓN

      Si el jefe del PP en Castellón, Carlos Fabra, no hubiera obtenido, por estrecho margen, la mayoría en las elecciones municipales del 27-M, es muy probable que ahora estuvieran juzgados muchos de los casos que este tiene pendientes de resolución en los juzgados de Nules. Así lo cree, durante una entrevista en exclusiva para El Plural, el actual líder de la oposición en la diputación de Castellón, Francesc Colomer, portavoz del grupo socialista en la institución provincial.

      Colomer -que es también alcalde de Benicassim, gobernando en coalición con Izquierda Unida y el Bloc Nacionalista– defendió el pasado 29 de julio una moción en el pleno de la diputación. Pidió un compromiso formal de todas las formaciones políticas -incluido el PP- para solicitar en bloque a las instituciones judiciales provinciales, autonómicas y estatal que colaboren para alcanzar una solución a la que califica como situación de “colapso y saturación” en los juzgados de Nules. Allí se instruyen las numerosas causas judiciales contra Fabra.

      “Artimaña”
      Colomer reconoce que la mayoría conservadora en la diputación logró “salirse por la tangente” en esta ocasión. Porque, en contra de su propuesta, el PP acabó aprobando un texto, que ponía de manifiesto “deficiencias” en la totalidad de los juzgados de la provincia, pidiendo una solución de conjunto “a la lentitud de los juzgados en toda la provincia”, no exclusivamente en los de Nules, que es donde tiene el presidente de la diputación y del PP de Castellón las cuentas pendientes con la ley. “Fue una artimaña más de Fabra –resume Colomer–, que busca desesperadamente dilatar sus numerosos procesos y, tal vez, que prescriban los graves delitos que se le imputan”.

      El político con más causas
      No le cabe duda al portavoz socialista -así de claro y contundente lo expresa a El Plural- que Fabra “se ha ganado a pulso ser el político español en democracia que aglutina el mayor número de causas judiciales en su contra, además de ser las más graves que se le puedan imputar a un cargo público”, remacha.

      ¿Una tarea imposible?
      A modo de letanía, sin hacer grandes esfuerzos de memoria, recita Colomer la larga lista de sumarios contra Fabra, abiertos hace cinco años y en los que han declarado hasta cuatro ex ministros de los gobiernos de José María Aznar. Además, ocho jueces y cuatro fiscales han pasado por el citado juzgado de Nules, pidiendo el relevo voluntario uno detrás de otro. Desde diciembre del año pasado, la titularidad del mismo está vacante.

      Lista de delitos
      A los delitos contra la administración de Justicia imputados al sátrapa del PP de Castellón, el portavoz socialista suma el rosario de los otros casos: falsedad en documento público y privado, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico ilegal de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o autoridad pública, uso de información privilegiada. Acaba con puntos suspensivos, añadiendo delitos contra la salud pública. Como guinda, el socialista Colomer recuerda que Carlos Fabra presentó una declaración a Hacienda el año 1999 que le salió a devolver 463.000 pesetas, cuando en realidad tenía que haber abonado 24 millones de las mismas antiguas pesetas, según los resultados de una posterior investigación fiscal, publica en prensa.

      ¿Político ejemplar?
      Por mucho que el líder de los conservadores del PP, Mariano Rajoy, salga en defensa de su correligionario castellonense bajo sospecha –como lo hizo a mediados de julio en un acto público en Castellón, donde calificó a Fabra de “político ejemplar”– Francesc Colomer confía en que “más tarde o más temprano se acabará haciendo justicia, porque así lo quiere la sociedad democrática y sus ciudadanos que tienen un sentido moral de la vida pública y aprecian el valor de la vida ética”.

      No hay manta que lo tape
      Los dos últimos “varapalos” que el máximo jefe del PP castellonense recibía en cascada, a través de sendas sentencias –ambas conocidas en un mismo día, la última semana de julio- son para el líder de la oposición socialista en la diputación dos pruebas contundentes de que “por mucho que Fabra pretenda tener el abrigo constitucional, porque alega siempre amparo y derecho al honor y a la intimidad, no existe manta de la justicia que lo tape”.

      Abierta la veda
      La primera de las sentencias contra Fabra salió del Tribunal Supremo, desestimando un recurso del dirigente “popular” para evitar una investigación judicial de su patrimonio y de cerca de un centenar de cuentas bancarias a su nombre y al de miembros de su familia. La segunda sentencia contra Fabra, dictada por la Audiencia de Castellón, dejaba sentado, por mor de la libertad de expresión, que no se atentó contra la intimidad, ni contra el honor del dirigente conservador en la inserción de un anuncio en prensa por el PSPV-PSOE de Castellón en campaña electoral.

      El segundo de a bordo
      Con pelos y señales en el anuncio socialista, se enumeraron casos de corruptelas, relacionados con el sospecho líder “popular” castellonense y su segundo de a bordo en la diputación, Francisco Martínez, alcalde de la Vall d’Alba. A este último se le ha señalado con el dedo y con pruebas fehacientes por haber recibido 12 fincas con extensos terrenos “en donación”, aprovechándose de sus cargos públicos.

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      Colomer -que es también alcalde de Benicassim, gobernando en coalición con Izquierda Unida y el Bloc Nacionalista– defendió el pasado 29 de julio una moción en el pleno de la diputación. Pidió un compromiso formal de todas las formaciones políticas -incluido el PP- para solicitar en bloque a las instituciones judiciales provinciales, autonómicas y estatal que colaboren para alcanzar una solución a la que califica como situación de “colapso y saturación” en los juzgados de Nules. Allí se instruyen las numerosas causas judiciales contra Fabra.

      “Artimaña”
      Colomer reconoce que la mayoría conservadora en la diputación logró “salirse por la tangente” en esta ocasión. Porque, en contra de su propuesta, el PP acabó aprobando un texto, que ponía de manifiesto “deficiencias” en la totalidad de los juzgados de la provincia, pidiendo una solución de conjunto “a la lentitud de los juzgados en toda la provincia”, no exclusivamente en los de Nules, que es donde tiene el presidente de la diputación y del PP de Castellón las cuentas pendientes con la ley. “Fue una artimaña más de Fabra –resume Colomer–, que busca desesperadamente dilatar sus numerosos procesos y, tal vez, que prescriban los graves delitos que se le imputan”.

      El político con más causas
      No le cabe duda al portavoz socialista -así de claro y contundente lo expresa a El Plural- que Fabra “se ha ganado a pulso ser el político español en democracia que aglutina el mayor número de causas judiciales en su contra, además de ser las más graves que se le puedan imputar a un cargo público”, remacha.

      ¿Una tarea imposible?
      A modo de letanía, sin hacer grandes esfuerzos de memoria, recita Colomer la larga lista de sumarios contra Fabra, abiertos hace cinco años y en los que han declarado hasta cuatro ex ministros de los gobiernos de José María Aznar. Además, ocho jueces y cuatro fiscales han pasado por el citado juzgado de Nules, pidiendo el relevo voluntario uno detrás de otro. Desde diciembre del año pasado, la titularidad del mismo está vacante.

      Lista de delitos
      A los delitos contra la administración de Justicia imputados al sátrapa del PP de Castellón, el portavoz socialista suma el rosario de los otros casos: falsedad en documento público y privado, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico ilegal de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o autoridad pública, uso de información privilegiada. Acaba con puntos suspensivos, añadiendo delitos contra la salud pública. Como guinda, el socialista Colomer recuerda que Carlos Fabra presentó una declaración a Hacienda el año 1999 que le salió a devolver 463.000 pesetas, cuando en realidad tenía que haber abonado 24 millones de las mismas antiguas pesetas, según los resultados de una posterior investigación fiscal, publica en prensa.

      ¿Político ejemplar?
      Por mucho que el líder de los conservadores del PP, Mariano Rajoy, salga en defensa de su correligionario castellonense bajo sospecha –como lo hizo a mediados de julio en un acto público en Castellón, donde calificó a Fabra de “político ejemplar”– Francesc Colomer confía en que “más tarde o más temprano se acabará haciendo justicia, porque así lo quiere la sociedad democrática y sus ciudadanos que tienen un sentido moral de la vida pública y aprecian el valor de la vida ética”.

      No hay manta que lo tape
      Los dos últimos “varapalos” que el máximo jefe del PP castellonense recibía en cascada, a través de sendas sentencias –ambas conocidas en un mismo día, la última semana de julio- son para el líder de la oposición socialista en la diputación dos pruebas contundentes de que “por mucho que Fabra pretenda tener el abrigo constitucional, porque alega siempre amparo y derecho al honor y a la intimidad, no existe manta de la justicia que lo tape”.

      Abierta la veda
      La primera de las sentencias contra Fabra salió del Tribunal Supremo, desestimando un recurso del dirigente “popular” para evitar una investigación judicial de su patrimonio y de cerca de un centenar de cuentas bancarias a su nombre y al de miembros de su familia. La segunda sentencia contra Fabra, dictada por la Audiencia de Castellón, dejaba sentado, por mor de la libertad de expresión, que no se atentó contra la intimidad, ni contra el honor del dirigente conservador en la inserción de un anuncio en prensa por el PSPV-PSOE de Castellón en campaña electoral.

      El segundo de a bordo
      Con pelos y señales en el anuncio socialista, se enumeraron casos de corruptelas, relacionados con el sospecho líder “popular” castellonense y su segundo de a bordo en la diputación, Francisco Martínez, alcalde de la Vall d’Alba. A este último se le ha señalado con el dedo y con pruebas fehacientes por haber recibido 12 fincas con extensos terrenos “en donación”, aprovechándose de sus cargos públicos.









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      Jordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.

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