16:48 Vicente Rambla ha anunciado que la Generalitat recurrirá al TS si es posible para impedir que se reconozca la titulación de Filología Catalana para acreditar el conocimiento del valenciano en las oposiciones a los cuerpos de profesores de ESO. 
El castellano se rompe
Inventar la realidad, y en ello están. Aunque parezca increíble escuchando según qué radios, leyendo según qué diarios, el modelo educativo bilingüe con el idioma menos conocido como lengua vehicular no fue un invento de catalanes, gallegos, mallorquines, valencianos o vascos. Décadas antes de que naciesen las ikastolas, la clase alta española ya enviaba a sus hijos a colegios donde el profesor no se dirigía a ellos en castellano sino en italiano, francés, inglés o alemán. Esperanza Aguirre, por ejemplo, estudió en uno de estos centros de élite, el Instituto Británico de Madrid, y gracias a eso hoy puede presumir de hablar un inglés muy superior a la media de nuestros políticos sin que por ello se haya convertido en una analfabeta en su lengua materna. La teoría pedagógica era entonces la misma que ahora: como el entorno en el que crece el niño es castellanoparlante, la mejor manera para que aprenda bien dos idiomas es que use el otro durante las siete horas al día que pasa en la escuela.
Los mismos que consiguieron que media España se hiciese experta en los componentes explosivos de la Goma 2 ECO ahora han descubierto escandalizados, con unos cuantos años de retraso, que en las escuelas públicas catalanas los niños son escolarizados en catalán. Como si fuese una novedad, como si no fuese un modelo educativo que –con sus pros y sus contras– no hubiese arrancado en 1980. Estos planes de estudios llevan en marcha 28 años y hace ya más de una década que todos los alumnos catalanes están escolarizados en catalán. El desarrollo de este modelo llegó a su plenitud precisamente cuando gobernaba el Partido Popular, en unos años en los que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy eran ministros de Educación, cuando José María Aznar presidía el Gobierno y hablaba catalán en la intimidad.
Cuando nació este modelo educativo, provocó un encendido debate. Se argumentaba que los estudiantes catalanes serían analfabetos en castellano, que se resentiría la convivencia, que se crearían ciudadanos de primera y de segunda, que sufrirían las clases más desfavorecidas. Hoy se sigue diciendo lo mismo con una gran diferencia: que ya no se discute sobre un modelo teórico por probar sino acerca de una realidad donde los resultados no son los que los agoreros pronosticaron hace casi tres décadas. Los estudiantes catalanes llegan a la selectividad con un nivel de castellano similar a los de otras comunidades autónomas con una sola lengua. Nadie que haya pasado por Barcelona más de media hora puede decir sin mentir que exista un sólo alumno catalán que no sepa castellano, esa lengua perseguida que todo el mundo habla, en la que se publican la mayoría de los diarios, que está en casi todos los canales de la radio y la televisión.
Dice el manifiesto por la supremacía del castellano que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios”. Y a renglón seguido pide para el castellano una serie de ventajas exclusivas en el territorio español. No es la única contradicción, ni siquiera la más grave. Lo más indignante de este debate recurrente, que como muchos otros rebrota sólo cuando no manda la derecha nacionalista española en La Moncloa, es que las supuestas víctimas de la supuesta opresión lingüística –los catalanes, los vascos, los gallegos– por quien se sienten mayoritariamente agredidos es, precisamente, por aquellos en Madrid que dicen ser sus defensores. En toda Catalunya, hay 23 padres, entre más de un millón de alumnos, que han pedido oficialmente que sus hijos sean escolarizados en castellano. Mientras tanto, en el País Valenciano hay 93.700 alumnos de primaria que estudian en castellano a pesar de que escogieron el catalán.
Pero el modelo educativo catalán o vasco no sólo es defendible porque allí donde se aplica sea respaldado por la gran mayoría de los ciudadanos. Una política no se vuelve acertada sólo porque casi todos estén de acuerdo –aunque sí por ello se legitima democráticamente, que no es poco–. Hay otros argumentos. El fundamental: ¿cuál es la alternativa? ¿Crear colegios para castellanoparlantes y colegios para catalanoparlantes? ¿Una escuela para los niños de fuera y otra para los del pueblo y que queden los domingos para jugar entre ellos un partido de fútbol? No creo que ésta sea la mejor receta para cohesionar una sociedad y ayudar a la integración de los menos favorecidos, los inmigrantes.
Rasgarse las vestiduras porque de nuevo viene el lobo y el castellano se rompe no es sólo una operación para vender periódicos. Como la mayoría de las campañas de la derecha mediática, también tiene su tiro político y, en este caso, la carambola es triple. Por un lado, sirve para mantener prietas las filas de la derecha –no me sorprendería que la próxima manifestación del siglo en la madrileña plaza de Colón tenga el ‘Pujol enano, habla castellano’ como lema-–. Por el otro, sirve como palanca para el juego interno del PP, para impedir el giro moderado de Mariano Rajoy y evitar que se acerque a los nacionalistas. La tercera carambola se llama UPyD, que es quien pone los intelectuales –los primeros abajofirmantes son casi los mismos que ya bendijeron el manifiesto fundacional del partido de Rosa Díez– y quien preocupa de verdad al PP.
El momento en el que se lanza esta campaña tampoco es casual. El manifiesto surge pocos días después de que Rajoy haya ganado el espinoso congreso del PP casi por goleada, cuando intenta cambiar su discurso para bajar del monte, alentado desde los mismos medios que perdieron en el intento de moverle del sillón. El líder del PP tiene un papel complicado, es el Michael Corleone del Padrino III, ese de “justo cuando pensé que ya estaba fuera, me vuelven a arrastrar hacia dentro”.
Mariano Rajoy tiene dos opciones: dejarse arrastrar a una campaña que sabe que de nuevo condenará a su partido a la marginalidad política en aquellos sitios donde el bilingüismo es algo que se conoce de primera mano y no por boca de los tertulianos y los columnlistos; o permitir que sea UPyD quien rentabilice esta guerra en la España monolingüe. La decisión es difícil si sólo se valora la mera eficacia electoral, si no se reflexiona también sobre el daño que estos incendios provocados tienen sobre la convivencia. Con campañas así, con la lengua por bandera con la que atizar al otro, es como de verdad se rompe España.
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| La lengua obligatoria |
| Josep Ramoneda
Un ciudadano de Cataluña que lo desee puede vivir en este país sólo con la lengua castellana; un ciudadano de Cataluña que lo desee no puede vivir sólo con el catalán. Ésta es la asimetría sobre la que está construido el Manifiesto por una lengua común que la prensa conservadora madrileña ha convertido en el juguete político de la temporada. Para un catalanohablante, el bilingüismo es obligatorio; para un castellanohablante, no. Es una peculiar interpretación de la equidad lingüística.
El alegato por la lengua común, que hace el castellano obligatorio, pero no las lenguas propias de cada comunidad autónoma "porque hay una asimetría en las lenguas españolas oficiales", se funda en la idea convertida ya en mito de que "son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas". Pero, por lo visto, hay ciudadanos con más derechos lingüísticos que otros porque tienen que aprender una sola lengua, mientras que los que hablamos catalán tenemos que aprender dos. En coherencia con la afirmación de que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, se dice que "las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes". Pero la solidez del principio de referencia no aguanta ni cinco líneas. Porque inmediatamente después se precisa que el castellano es "obligatorio", y, por tanto, puede ser impuesto, mientras que la aspiración a que todos sepan el catalán (o el vascuence, o el gallego) a lo sumo puede ser "estimulada". ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua común del territorio español. O sea, que hay territorios con derechos lingüísticos y otros que carecen de ellos, de modo que los principios fundamentales del razonamiento -los que enfáticamente afirman que los territorios no tienen derechos lingüísticos- son adaptables en función del lugar. Dicen los autores del manifiesto que su inquietud es estrictamente política. Por eso el manifiesto concluye con unas notas o recomendaciones para un decreto de unificación lingüística que elevan al Parlamento español con la petición de que se desarrolle la normativa correspondiente, aun en el caso de que exigiera modificación de la Constitución o de algunos estatutos. Todo su alegato parte de la obligación constitucional de saber el castellano, pero la Constitución deja de ser intocable si se trata de garantizar más todavía la hegemonía de este idioma. De modo que el manifiesto es una invitación explícita al PSOE y al PP a poner orden lingüístico en las naciones periféricas e, implícitamente, una señal al Tribunal Constitucional para que no desaproveche la oportunidad de revisar el Estatuto de Cataluña. La irrupción del nuevo PP de Rajoy en apoyo del manifiesto demuestra las limitaciones de la renovación de la derecha: quiere forjar alianzas con los nacionalistas periféricos, y lo primero que hace es darles donde más les duele: en la lengua. Los conflictos entre lenguas son siempre delicados y difícilmente admiten soluciones definitivas, salvo en regímenes que estén en condiciones de imponer una lengua a sangre y fuego. Puesto que éste no es el caso, siempre habrá puntos de roce y opciones insatisfactorias para unos u otros. Hace tiempo que sabemos que el retablo social en que todas las piezas encajan perfectamente es del dominio de la utopía, es decir, del horror. En Cataluña se optó, con amplio consenso político y social, por la inmersión lingüística. No fue un capricho. Fue una opción con un doble objetivo: recuperar la lengua propia y evitar la fractura del país en dos comunidades idiomáticas. Ha funcionado razonablemente. A pesar de algunas estridencias, perfectamente evitables, de los que todavía sueñan con la absurda fantasía de un país monolingüe en catalán. Los jóvenes acaban los estudios básicos conociendo los dos idiomas, y después es ya la dinámica social la que determina los usos. Y en ésta el castellano todavía juega con mucha ventaja. En Cataluña se hablan hoy decenas de lenguas, ¿no empieza a ser antiguo este debate? ¿Cuál debería ser el objetivo? Una sociedad realmente bilingüe. Es decir, una sociedad en la que cuando uno inicie una conversación en catalán tenga la certeza de que le responderán en catalán y cuando uno la inicie en castellano tenga la certeza que le responderán en castellano. Éste sería un equitativo ideal regulativo. Pero a día de hoy, el bilingüismo es todavía perfectamente asimétrico a favor del castellano. Y, sin embargo, el manifiesto pretende que asumamos que el castellano sea obligatorio y el catalán no. ¿No eran algunos de los firmantes los que decían que las lenguas que se imponen obligatoriamente se hacen antipáticas? - |
