22 May 2008

CV. 22/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 22 May 2008 - URL Permanente

CV. 21/05/2008.

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Diu l'honest Camps.

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El Ministerio de Hacienda reveló el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la valenciana es la única de las autonomías que presentaron un plan de inversiones para 2008 que tiene bloqueada su petición, ya que no hay acuerdo Gobierno-Consell sobre la deuda.

Julia Ruiz, Valencia
El secretario de Estado de Presupuestos y Hacienda, Carlos Ocaña, reveló el pasado martes en el seno del Consejo del Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la valenciana es la única de las autonomías que presentaron un plan de inversiones para 2008 que todavía sigue pendiente de la autorización del Ministerio como consecuencia de la falta de acuerdo entre ambas administraciones respecto al programa de endeudamiento de ese año.
Durante la reunión del CPFF, presidida por el vicepresidente de Economía, Pedro Solbes, y en la que estuvieron presentes los titulares de Hacienda de todas las comunidades, entre ellos el representante de la Generalitat, Gerardo Camps, se informó de la situación de los programas de inversión presentados por las comunidades autónomas en 2007 para el ejercicio de 2008. Estos planes son propuestas inversoras que los gobiernos autónomos pueden plantear para dinamizar sus sectores productivos y que en función de la previsión de crecimiento de la economía les da la posibilidad de cerrar su cuentas con equilibrio presupuestario e incluso con un déficit que no supere el 0,25 si el PIB cae por debajo del 3%.
El Consell presentó al Ministerio en julio de 2007 un plan de actuaciones -entonces la previsión de crecimiento estaba por encima del 3%- y cifró en 220 millones la cuantía que debía financiarse con cargo a la deuda. El problema radica en que para que el documento obtenga la luz verde del Gobierno central tiene que existir un acuerdo previo sobre el programa de endeudamiento de 2008, una negociación que sigue sin resolverse, ya que el Ministerio de Hacienda considera que el Consell no cumple con los requisitos.
Tal como avanzó en su día Levante-EMV, Solbes cerró el grifo de la deuda en 2007 al estimar que el Consell había incumplido el programa de endeudamiento de 2006. El Ejecutivo, sin embargo, ha tratado de desvincular la paralización del plan de inversiones de sus excesos con la deuda. De hecho, hace un mes lanzó una ofensiva en las Corts para denunciar el bloqueo del programa para 2008, obviando los motivos por los que el Gobierno lo mantenía dentro del cajón.
En su repaso sobre la situación de los programas de inversiones presentados por las comunidades, Ocaña dejó claro que el único pendiente corresponde a la Comunitat por el desacuerdo en torno al programa de endeudamiento. La situación evidencia que la deuda valenciana (la más elevada de España en relación al PIB) ha dejado de ser productiva, tal como defendían los responsables del Consell, para convertirse en un lastre para dinamizar la economía vía inversiones suplementarias. De hecho, el documento enviado a Madrid incluye actuaciones para carreteras, infraestructuras hidráulicas y actuaciones en I+D+I.
60 millones para la Formula 1
Mientras tanto, el riesgo acumulado contraído por la Generalitat por avalar préstamos asciende ya a 4.057 millones de euros, de los cuales 60 millones corresponden a operaciones de crédito contraídas por el Ente Gestor de la Red de Transportes para las obras del Circuito de Fórmula 1.

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Camps acusa al Gobierno de "tremenda deslealtad" por ocultar la crisis económica

El presidente valenciano anuncia una inversión de 1.349 millones para afrontar la situación "complicada"

AGENCIAS - Valencia - 22/05/2008

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado esta mañana que el Gobierno valenciano va a impulsar durante 2008 y 2009 siete "grandes programas", con una inversión de 1.349 millones de euros, para afrontar la situación económica "complicada" que "se avecina". Además, Camps ha acusado al Gobierno central de ocultar "una crisis económica en ciernes hace ya unos cuantos meses".

El líder del Ejecutivo valenciano ha explicado en la sesión de control parlamentario de Les Corts Valencianes que la inversión servirá para "mejorar la productividad de los sectores industriales", con el desarrollo de nuevo suelo industrial y el impulso de nuevos planes de competitividad y de acciones estratégicas y de expansión de las empresas valencianas.

El aumento de la competitividad del sector agroalimentario y del medio rural centrará otro de los programas anunciados por Camps, que se ha comprometido a seguir impulsando el sector turístico y a aumentar las inversiones en infraestructuras estratégicas para "paliar los efectos de la recesión económica, especialmente, los vinculados a la construcción".

Falta de previsión

El presidente valenciano ha insistido en la "tremenda deslealtad" por parte del Gobierno socialista "al no reconocer la situación económica que se avecinaba". A su juicio, esa actitud "ha impedido que los gobiernos autonómicos y municipales hayan podido hacer las previsiones correspondientes".

Camps ha resaltado que las comunidades, los municipios y las diputaciones provinciales "van a ver mermados sus ingresos sin capacidad prácticamente de reacción en el ejercicio presupuestario de este año" y ello, ha asegurado, porque José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo económico "ocultaron de forma grave y manifiesta a todos los españoles una realidad sólo por un interés puramente partidario".

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Camps propone una inversión de 1.349 millones para afrontar la situación económica

13:06 El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado hoy que el Gobierno valenciano va a impulsar durante 2008 y 2009 siete "grandes programas", con una inversión de 1.349 millones de euros, para afrontar la situación económica "complicada" que "se avecina".

EFE Camps ha informado de estos planes durante la sesión de control parlamentario de Les Corts Valencianes, que contó con la presencia de un importante número de altos cargos institucionales del PP y en la que el grupo popular le preguntó sobre las medidas que piensa adoptar el Consell para afrontar la situación económica actual.

"La situación es complicada y por eso nos tenemos que exigir más esfuerzos y más iniciativas para poder salir, de la mejor manera posible, respecto de los meses que se avecinan", ha manifestado el jefe del Consell, quien ha precisado que estas actuaciones afectarán a los diferentes sectores productivos.

Estos 1.349 millones de euros servirán, entre otros fines, para "mejorar la productividad de los sectores industriales", con el desarrollo de nuevo suelo industrial y el impulso de nuevos planes de competitividad y de acciones estratégicas y de expansión de las empresas valencianas.

El aumento de la competitividad del sector agroalimentario y del medio rural centrará otro de estos programas anunciados por Camps, quien también se ha comprometido a seguir impulsando la adecuación del sector turístico y a aumentar las inversiones en infraestructuras estratégicas para "paliar los efectos de la recesión económica, especialmente vinculados a la construcción".

El president ha explicado que otro de los objetivos es "seguir potenciando el acceso a la vivienda" y "reforzar las líneas de empleo y formación, especialmente las que inciden en la recolocación de trabajadores" de aquellas empresas que atraviesen por "dificultades".

Estas medidas se "complementarán con una decidida política de mejora de la liquidez del sistema bancario valenciano a través de la concesión de avales por parte de la Generalitat y de la adjudicación de hasta 300 millones de euros para vivienda protegida y de 200 millones de euros para ayudas a las pymes.

Camps ha denunciado la "tremenda deslealtad" cometida por el gobierno socialista, que ha optado por "ocultar la crisis económica" ante la proximidad de las elecciones generales, lo que implica que los ejecutivos autonómicos y locales no han tenido tiempo para "prepararse".

Estas administraciones "van a ver mermados sus ingresos sin capacidad de reacción porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por ocultar una realidad por un interés meramente partidario".

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El Consell arriesga 4.057 millones en avales a empresas públicas

Gerardo Camps asume que las obligaciones de la Generalitat crecen sin freno

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 22/05/2008

"El riesgo contraído acumulado por avales prestados por la Generalitat a 31 de marzo de 2008 asciende a la cantidad de 4.057.126.730,93 euros". Gerardo Camps, vicepresidente y consejero de Hacienda, detalla en un informe remitido a la Comisión de Economía de las Cortes hace unos días el calibre de la deuda que la Generalitat había asumido hasta finales de marzo a través de empresas y entidades públicas. Las restricciones impuestas a la Generalitat para emitir deuda propia desde que las arcas públicas fueran sometidas a un plan de estabilidad presupuestaria en 2005 han disparado el recurso al endeudamiento de las empresas públicas. A finales de 2003, los avales concedidos por la Generalitat sumaban 1.500 millones de euros, una cantidad que casi se ha triplicado en cuatro años.

El mismo informe sostiene que durante el primer trimestre de 2008 se han concedido dos avales. El Ente Gestor de la Red de Transportes de la Generalitat se ha endeudado por 60 millones para ejecutar el circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. Y Ràdio Televisió Valenciana formalizó en enero un préstamo con un banco alemán por 94,2 millones de euros. Camps detalla que el préstamo a RTVV se firma a "20 años, incluyendo siete de carencia, en los que solo se pagarán intereses".

El socialista Miguel Mazón, consejero de RTVV, aseguró ayer que el aval concedido al ente público cubre la segunda mitad de la deuda de 188 millones de euros que la Generalitat autorizó a RTVV en 2007, informa Lydia Garrido. "Si se formaliza en enero de 2008 será para esquivar los límites a la concesión de avales fijados para 2007 en 985 millones de euros", sugirió Mazón. También aventuró que RTVV solicitó el préstamo al Deutsche Pfandbriefbank AG porque es una entidad extranjera que "escapa al control del Banco de España".

El informe remitido por Gerardo Camps a la Comisión de Economía asume que "durante el primer trimestre de 2008 no se ha producido la cancelación de ningún aval", una forma de asumir que la pelota financiera que arrastra la Generalitat crece sin freno.

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El PSPV advierte de que la "falta de liquidez" del Consell "colapsa la sanidad, la educación y la justicia"

15:14 El secretario de Organización de la Comisión Gestora del PSPV-PSOE, Alfred Boix, advirtió hoy de que la "falta de liquidez de la Generalitat está colapsando los servicios públicos" entre los que enumeró "la justicia, la educación y la sanidad".

EUROPA PRESS

Boix, en un comunicado, resaltó "las denuncias del personal de justicia por el desabastecimiento de material que padecen los juzgados, el desabastecimiento que sufren las farmacias de determinados medicamentos o la plaga de barracones que asola el sistema educativo valenciano".

El responsable socialista incidió en que todos los indicadores apuntan que la Comunitat "se sitúa a la cola en inversión por ciudadano en Sanidad, en Educación, en atención a la Dependencia, en Investigación y Desarrollo, en aplicación de las nuevas tecnologías". "Un largo etcétera con el que el presidente de la Generalitat Francisco Camps, ha relegado a los valencianos a la categoría de ciudadanos de segunda", criticó.

"Ni rinden cuentas, ni muestran los documentos", denunció el dirigente socialista, quien hizo hincapié en que la Generalitat "no está por la labor de someterse a los mecanismos de control democráticos para garantizar la transparencia en la gestión del patrimonio de los valencianos".

En esta línea, alertó de que la "imposibilidad de que las Corts puedan fiscalizar el destino de las partidas presupuestarias está permitiendo a la Generalitat despilfarrar sin control el dinero de todos los valencianos".

Una situación que, reiteró, "ha colapsado los juzgados, ha desabastecido las farmacias, ha reducido las camas hospitalarias y aumentado las listas de espera, impide acabar con los barracones o aumentar el número de ordenadores por aula para que los jóvenes valencianos dejen de ocupar el primer puesto en fracaso escolar".

Alfred Boix lamentó que el Consell "publique casi clandestinamente cambios en las partidas presupuestarias para gastarse el dinero sin control donde no toca". "El agujero económico del Govern es una seria amenza para el progreso de la Comunitat", advirtió.

Boix recordó que el Gobierno de España "le ha dado fondos para poner en marcha la Ley de Dependencia, construir nuevos hospitales como La Fe y sanear la Sanidad o atender a los inmigrantes". "Otra cosa es dónde han destinado el dinero", ironizó.

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Camps pone a Torrevieja como ejemplo de "capital del siglo XXI"

El alcalde del PP, con doble imputación judicial, cumple 20 años en el cargo

EZEQUEL MOLTÓ - Torrevieja - 22/05/2008

Hubo más ausencias que presencias. El acto de celebración del vigésimo aniversario de la llegada de Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, a la alcaldía de Torrevieja fue discreto, sencillo y corto, apenas una hora. El padrino de la efeméride fue el jefe del Consell, Francisco Camps, escoltado por solo uno de sus consejeros, José Ramón García Antón. Camps no se ruborizó al elevar, por tercera vez en un año, a Torrevieja como paradigma de la ciudad del siglo XXI.

De nuevo, Camps obvió que el artífice de ese milagro alcanzó la vara de mando mediante una moción de censura y que 20 años después acumula dos imputaciones: una por la multimillonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca y otra por supuestos pagos ilegales de la Corporación. La gestión urbanística de Hernández Mateo exhibe un cúmulo de irregularidades y le valió hasta una amonestación del Defensor del Pueblo. El regidor apostó por el urbanismo horizontal, y en dos decenios, a base de cien modificaciones puntuales del PGOU, ha poblado el término de un laberinto de urbanizaciones, según los expertos policiales, cobijo perfecto para grupos criminales organizados.

Pese a estos antecedentes, y ante un auditorio repleto, el presidente del Consell volvió a poner a Torrevieja y a su alcalde como ejemplo de "la capital del siglo XXI". "Si alguien quiere saber qué ha pasado en España en los últimos años y cómo ha cambiado la sociedad tienen que fijarse aquí", dijo. El líder del PP destacó la contribución de su alcalde "en la materialización de las expectativas democráticas y las oportunidades". Camps situó a Torrevieja, que bajo el mandato de Hernández Mateo ha pasado de 20.000 a más de 100.000 habitantes, como "símbolo del crecimiento económico y poblacional en España".

El homenajeado confesó estar "a gusto y contento". "Veinte años es mucho tiempo, y las cosas no han sido fáciles, nos han puesto piedras en el camino y palos en las ruedas". Acto seguido pidió perdón a su familia por "las noches de desasosiego". Y admitió: "Ha valido la pena la oportunidad de cambiar la ciudad". Mateo concluyó con una lluvia de piropos hacia Camps por los proyectos que ha impulsado que demuestran que "el cordón umbilical que nos une es muy fuerte".

Una de piratas sin rastro de Zaplana

El homenaje se celebró en el Centro Cultural y acabó, como termina casi todo en Torrevieja, entonando unas habaneras. Pero una de ellas fue muy especial, ya que es una canción tradicional de la familia del alcalde, que eran antiguos marineros. Se llama El pirata y siempre que tiene ocasión la entona. Es su letra.

Pedro Hernández tiene 60 años, lleva 20 años como alcalde, y ayer confesó: "Tengo un pacto con mi familia de estar 24 años nada más, pero es apasionante seguir". Y concluyó su discurso advirtiendo: "Siempre estaré con vosotros". Para cerrar el acto intervino Camps quien animó al alcalde a seguir. "Esto es el ecuador de tu mandato, ya puestos con lo bien que lo haces ya no hay que parar", dijo el presidente del Consell, cuyas palabras arrancaron una cerrada ovación del público.

Entre los dos discursos se proyectó un vídeo de algo más de cuatro minutos con imágenes de inauguraciones y actos oficiales del alcalde durante sus dos décadas en el mando. Pero no hubo ni rastro de Zaplana en sus siete años de presidente del Consell, ni de su valedor, José Joaquín Ripoll, que no asistió al acto; sólo apareció un instante en el vídeo. El ostracismo de Zaplana y Ripoll contrastó con la masiva proyección de imágenes de Camps y sus consejeros, inaugurando y cortando cintas. Y como en los cumpleaños felices, una gran tarta puso el broche final al evento.

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21 May 2008

CV. 21/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 21 May 2008 - URL Permanente

CV. 20/05/2008.

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La Fiscalía pide cárcel inmediata para el ex consejero Cartagena

No ve motivos para demorar la condena a 4 años por malversación.

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 21/05/2008

La Fiscalía de Audiencia de Alicante pedirá hoy al tribunal la "ejecución inmediata" de la condena a cuatro años de cárcel a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del PP en la época de Eduardo Zaplana, por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. El ministerio público no "ve motivos" para demorar más el encarcelamiento del ex alto cargo del PP, y alcalde oriolano entre 1987 y 1996. Además, considera "desproporcionado" el tiempo (cuatro años) transcurrido desde que el condenado solicitó el indulto al Gobierno para que le liberara de la pena.

La dilación en la concesión del indulto llevó al tribunal, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, a dictar una providencia el pasado 20 de noviembre en la que daba un ultimátum de seis meses al ex consejero para que resolviera la petición de gracia al Ejecutivo central. La resolución de la sala, también a instancias de un escrito del fiscal encargado de la ejecutoria, advertía al ex político del PP de que estaba incumpliendo la obligación de informar al tribunal semestralmente del trámite.

Sin embargo, y a pesar de la mencionada providencia, la sala, a la espera de recibir el nuevo escrito de la Fiscalía, no consideró ayer "urgente" la ejecución de la sentencia, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia. El tribunal argumenta ahora que aún resta un año para decretar la ejecución antes de que prescriba el delito.

La Audiencia condenó en marzo de 2002 a Cartagena a cuatro años por malversación y falsedad. Junto a Cartagena fue condenado a dos años el industrial Ángel Fenoll. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia dos años después.La Fiscalía de Alicante se ha mostrado desde el principio partidaria del ingreso en la cárcel del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, para cumplir la condena de cuatro por malversación. De hecho, el ministerio público informó en contra del indulto tramitado en junio de 2004. En esa fecha, el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, afirmó: "Pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió no es motivo suficiente para el indulto. Estaríamos ante una clara discriminación entre ricos y pobres".

La Fiscalía esgrime, además, otro dato para justificar el encarcelamiento de Cartagena. El ministerio público señala que el condenado está también procesado en otro sumario, en este caso por supuesto delito fiscal. Por estos hechos, derivados de la contratación de las denominadas primas únicas del Banco Santander, Cartagena se enfrenta tres años de cárcel y a una multa de 1,8 millones euros, de acuerdo con la petición inicial de la acusación pública, que encarna el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El sumario de las primas únicas se incoó en 1992 por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional y, tras varias idas y venidas desde Madrid a los juzgados de Alicante por motivos de competencia, la causa recayó en el Juzgado número 4 de Orihuela. En este sumario había inicialmente más procesados, entre ellos, altos directivos del banco. La Audiencia Nacional acordó el archivo de la causa general en 2006, decisión de la que quedó excluido Cartagena al haberse tramitado su caso como pieza separada por ser aforado.

Luis Fernando Cartagena suscribió las primas únicas -fondos de nuda propiedad, cuya finalidad era asegurar la opacidad fiscal de la operación- con el entonces Banco Santander entre los años 1987 y 1988. El volumen de la operación fue de dos millones de euros y la supuesta deuda fiscal, de 310.000 euros.

La titular de la oficina judicial de Orihuela decretó a principios de la semana pasada, es decir, 16 años después de comenzar la instrucción, la apertura de juicio oral contra Cartagena por un supuesto delito fiscal. Además de la petición de tres años de cárcel y la multa de 1,8 millones (el séxtuplo de la cantidad supuestamente defraudada), el fiscal ha pedido el embargo preventivo de los bienes del ex consejero para garantizar el pago de esa cantidad.

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El edil de Urbanismo tolera un local sin licencia a su cuñado en Benidorm

El concejal cree habitual que oficinas de la ciudad funcionen con orden de cierre

SERGI CASTILLO - Benidorm - 21/05/2008

La promotora y constructora del cuñado del concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, funciona sin licencia en unas oficinas que están fuera de ordenación. El Ayuntamiento de Benidorm revocó la licencia que tenía concedida y ordenó el cierre, mediante dos decretos firmados el 8 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, cuando el concejal tenía delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana y Policía. El concejal de Urbanismo justifica la permisividad del Consistorio porque se trata de una ilegalidad habitual en el municipio.

"En Benidorm todos tienen familia, y eso no nos invalida como políticos"

"Es un cerramiento bonito que sigue la estética marcada por Urbanismo"

Las oficinas del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, situadas en la calle de Severo Ochoa, permanecían ayer abiertas a pesar de no tener licencia. El cuñado de González, Jorge Juan García Carpio, era entonces el administrador único del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, una sociedad dedicada a la "explotación y venta de materiales para la decoración; compraventa, explotación, construcción y promoción de inmuebles rústicos, urbanos o urbanizables; y la parcelación, urbanización o permuta de estos por obra terminada" según los datos que figuran en el registro mercantil. Jorge Juan García es pareja de la hermana del edil popular, con quien convive y ha tenido descendencia, si bien no han formalizado matrimonio. En la actualidad Jorge Juan García figura como trabajador de la sociedad y ha cedido la titularidad a su hermano Ángel.

El Consistorio concedió permiso para abrir un local en un espacio de 11 metros cuadrados el 8 de febrero de 2006, tres semanas después de constituirse la sociedad, pero una inspección municipal detectó el 3 de abril que el familiar del concejal había realizado el cerramiento de una zona libre de parcela en retranqueos y ocupaba 180 metros cuadrados, es decir, 16 veces el espacio permitido. El Consistorio incoó un expediente de infracción y otorgó un plazo de 15 días para corregir la infracción con la amenaza de cerrarle el local. El familiar del concejal no lo hizo, y la entonces edil de Aperturas, M.ª Carmen González, firmó por delegación de alcaldía el decreto 4.109 de 21 de agosto de 2006 por el que revocaba la licencia y procedía al cierre del establecimiento. Tres días más tarde, Ángel García, en representación de la sociedad, presentó un recurso de reposición contra la revocación, que fue desestimado el 15 de septiembre de 2006 con los informes técnicos aportados por el arquitecto técnico. El decreto 4.841 firmado por M.ª Carmen González desestima la petición y ratifica la revocación y el cierre dictados el 8 de agosto.

José Ramón González de Zárate reconoce que el establecimiento "funciona sin licencia", y añade: "Como todos en Benidorm. Hay 1.500 locales en esta misma situación". "Se han seguido los tres procedimientos del expediente de infracción urbanística, e incluso han pagado sanción. No como otros", añade. Aunque la normativa obliga a demoler la estructura que está fuera de ordenación y en Benidorm se ha llegado a decretar en varios casos, "nunca se lleva a término", apunta. Tampoco en este caso. El concejal destacó como atenuante que el local que sirve de oficinas de Decotec es "de un familiar de su pareja", no de su cuñado, y que los metros que ocupa de forma ilegal son "de uso y disfrute del local, no de la comunidad de vecinos". También subrayó que a diferencia de muchos de los retranqueos de los que existen en el municipio "es un cerramiento bonito" que sigue las directrices estéticas marcadas por el departamento de Urbanismo. González de Zárate incidió en que este es "un caso más", y apuntó que "todos en Benidorm tienen familiares", y que no por eso "estamos invalidados para trabajar en política".

El concejal de Urbanismo de Benidorm deberá declarar en los próximos días ante el juzgado de instrucción número 5 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación, por ordenar el cierre de un cámping que según el Consistorio no se adapta a la normativa.

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La Síndic considera "lamentable" el balance de la gestión de la Dependencia

Cotino dice que se atienden a 149.000 personas con necesidad de atención.

JAIME PRATS - Valencia - 21/05/2008

Los resultados de la gestión de la ley de la Dependencia llevada a cabo por parte de la Generalitat son "lamentables", según el informe elaborado de oficio por la Sindicatura de Greuges sobre la implantación de esta norma en la Comunidad Valenciana.

La Síndic hilvana el documento con una sucesión de críticas que se centran en la organización y la estructura diseñada por la Administración valenciana para la puesta en marcha de las ayudas. Sin olvidar la gestión de las mismas, aspecto al que se refiere como "uno de los problemas más graves detectados".

"El número de profesionales que están aplicando [la ley] es insuficiente y con formación y experiencia dudosa", destaca la responsable de la institución, Emilia Caballero. Pero además, subraya "irregularidades" tanto debido al "incumplimiento de los plazos legalmente establecidos", como en la "deficiente instrucción del procedimiento" de muchos de los peticionarios de subvenciones. Esta última cuestión la ilustra con el hecho de que meses después de haber sido presentadas las solicitudes "se requiere a los interesados a subsanarlas mediante la aportación de nuevos documentos, y no solo una vez, sino varias veces el mismo".

Además, el documento censura que se haya "ignorado absolutamente" la participación de los servicios sociales municipales, lo que "infringe" tanto la Ley de Servicios Sociales valenciana como la propia ley de la Dependencia al no dar participación a las entidades locales en la gestión del servicio.Pese a haber encargado a la empresa pública Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) el desarrollo, puesta en marcha, y ejecución de las medidas destinadas a extender los beneficios de la ley, para la Sindicatura "no existe como tal un sistema valenciano de atención a la autonomía personal y a la Dependencia".

Es necesario que se defina "con mayor claridad" el papel de Avapsa "del que desconocemos los términos de la encomienda de gestión que se le ha hecho", expone. Uno de los graves problemas identificados es que la firma funciona como ente separado, al margen de la red de servicios sociales de la Consejería de Bienestar Social.

Precisamente, la falta de relación entre estas dos estructuras "hace que no haya un verdadero catálogo de recursos" para los beneficiarios, "existiendo duplicidades, exclusiones y confusión", como cuando aparecen las plazas para maltratadas entre las actuaciones relacionadas con la dependencia.

La Síndic alude a la necesidad de una estructura provincial que acerque la gestión a los municipios y de potenciar la red local existente para dar coherencia y crear una verdadera estructura valenciana.

El documento concluye con el reconocimiento de que algunos de los déficits apuntados "no solo se dan en la Comunidad Valenciana", acompañado de una lista final de recomendaciones: regulación del procedimiento de urgencia, definición de perfiles profesionales o incremento de plazas residenciales y en centros de día para discapacitados físicos, entre otras.

Por otra parte, un centenar de colectivos alzaron ayer la voz en contra de la maniobra impulsada por el PP para relevar a Emilia Caballero. La medida es "absurda" y "un fraude de ley", en opinión de Jaume Esteban García, presidente de Acció i Reflexió Ciutadana per València y coordinador de la campaña.

El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, destacó ayer que el Consell atiende a 149.000 personas a través de distintos recursos sociales incluidos en la ley de Dependencia. Tras reunirse con organizaciones que representan a discapacitados en Castellón les transmitió la necesidad de obtener del Estado financiación suficiente para garantizar las ayudas.
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Un año esperando las ayudas de la ley
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El Gobierno valenciano no ampará a los objetores a EpC

Los alumnos podrán sustituir las clases presenciales por un trabajo y la asignatura se impartirá en inglés

EFE - Valencia - 21/05/2008

El conseller valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, ha anunciado durante la presentación de la orden sobre Educación que para la Ciudadanía (EpC) que los alumnos de segundo de secundaria podrán estudiarla con asistencia a clases semanales impartidas por profesores o bien acogerse a la realización de un trabajo de periodicidad trimestral en esa misma lengua.

Font de Mora ha recordado que esta asignatura se impartirá en inglés en la Comunitat Valenciana. Respecto a los profesores encargados de impartir esta materia, el conseller ha asegurado que "en estos momentos ya hay 63 inscritos en las bolsas de Geografía e Historia y Filosofía que han presentado titulación en inglés con un grado intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas o superior.

Font de Mora ha destacado que en la actualidad se necesitan 124 profesores para impartir la materia, por lo que a partir de hoy "se vuelven a abrir las bolsas para que se inscriban más docentes y si aún

así no hay suficientes, después de verano se volverá a abrir el periodo de inscripción".

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Educación presenta la orden de Ciudadanía, que será en inglés y podrá aprobarse con un trabajo

13:02 Los alumnos de segundo de secundaria podrán estudiarla o bien con asistencia a clases semanales impartidas por profesores o podrán acogerse a la realización de un trabajo de periodicidad trimestral en esa misma lengua.
EUROPA PRESS/M. DUCAJÚ, VALENCIA El conseller valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció hoy, durante la presentación de la orden sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), que esta asignatura se impartirá en inglés en la Comunitat Valenciana y que los alumnos de segundo de secundaria podrán estudiarla o bien con asistencia a clases semanales impartidas por profesores o podrán acogerse a la realización de un trabajo de periodicidad trimestral en esa misma lengua. Respecto a los profesores encargados de impartir esta materia, el conseller aseguró que "en estos momentos ya hay 63 inscritos en las bolsas de Geografía e Historia y Filosofía que han presentado titulación en inglés --un grado intermedio de la escuela oficial de idiomas o superior-- para impartir esta asignatura". Asimismo, Font de Mora destacó que en la actualidad se necesitan 124 profesores para impartir la materia, por lo que "hoy se vuelven a abrir las bolsas para que se inscriban más docentes y si aún así no hay suficientes, después de verano se volverá a abrir el periodo de inscripción".
No obstante, la misma dirección nacional del Partido Popular esta semana pedía a las comunidades gobernadas bajo sus siglas que rebajaran la tensión con la asignatura obligatoria y se mostraba en desacuerdo con que se imparta en inglés en la Comunitat Valenciana, Mientras, la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, insistía en que la objeción es ilegal y supondrá no tener el certificado de ESO.
Así las cosas, aunque la conselleria insiste en mantener la asignatura en inglés, la orden podría tener novedades sobre el proyecto inicial, como la supresión del trabajo trimestral.
Por su parte, la Confederación Gonzalo Anaya de Padres de Alumnos mostró ayer su apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos contra varias medidas de la Conselleria de Educación, que esta tarde se concentran en varios puntos, ante el "fracaso" de las clases en julio, las "imposiciones" en inglés de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y por "priorizar la Religión en el currículo de bachillerato en detrimento de otras materias".
Representantes de la confederación Gonzalo Anaya de APA de la Comunidad Valenciana, asistirán a las concentraciones convocadas en las capitales de provincias por los sindicatos docentes. Sin embargo, la presidenta de la Federación de padres y madres de alumnos de Valencia, Gemma Piqué, lamentó, por su parte, que los sindicatos docentes no les haya convocado a la concentración que se celebrará a las 18 horas ante el Palau de la Generalitat. En su opinión "se nos ha dejado a los padres al margen de la convocatoria".
Por su parte, la diputada autonómica de EUPV, Glòria Marcos, afirmó en un comunicado que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, "hace un ridículo espantoso en la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía", y que sus "ocurrencias y genialidades están lejos de la realidad".

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Las aulas de infantil del CP Blasco Ibáñez, en peligro de desprendimiento

12:41 La asociación de padres informó asimismo de que por la "antigüedad" del centro y su falta de "acondicionamiento", en "numerosas" ocasiones "se encuentran cucarachas y ratones".

EUROPA PRESS El AMPA del Colegio Público Blasco Ibáñez de Valencia denunció hoy a través de un comunicado un "deterioro importante" del aulario destinado a los alumnos de infantil de 3, 4 y 5 años, construido en el año 1978 y que, tras las recientes lluvias, "sin haber sido alarmantes", ha sufrido filtraciones de agua por el techo, que inundaron tanto el hall de acceso a las clases como los baños y el aula destinada a los más pequeños.

Asimismo, aseguró que el techo del aulario sufre "serio peligro de desprendimiento así como grietas en paredes y uralita", lo que supone un riesgo para los alumnos. De acuerdo con el AMPA, el aulario también incumple la actual normativa de construcción de centros de enseñanza infantil, ya que hace 30 años "infantil comprendía a los niños de 4 y 5 años".

Por este motivo, los alumnos de 3 años "están situados en el antiguo almacén que, al no reunir los metros necesarios, reduce el número de alumnos a 20 niños". Según la organización, las aulas también carecen de espacio suficiente para el desarrollo de las actividades mientras que la destinada a los alumnos de 3 años carece de baño interior (W.C y lavabo) lo que impide que la maestra "pueda controlar tanto a los niños que necesitan ir al baño al tiempo del control de los que se quedan en el aula".

La asociación de padres informó asimismo de que por la "antigüedad" del centro y su falta de "acondicionamiento", en "numerosas" ocasiones "se encuentran cucarachas y ratones", ya que no es suficiente la desratización puntual que el Ayuntamiento hace para paliar" la existencia de estos animales.

El AMPA aseguró que tanto la administración como el centro "son conscientes de la necesidad de construir un nuevo aulario para infantil", cuyos trámites se iniciaron en el año 2005 aunque finalmente fue en febrero de 2008 cuando el Ayuntamiento de Valencia remitió toda la documentación y licencias de construcción a la empresa Ciegsa.

La asociación indicó que en "numerosas" ocasiones "se ha acudido a la administración con el fin de agilizar dicha construcción que hasta la fecha sigue paralizado en la Unidad Técnica, en el gabinete de arquitectos de la empresa Ciegsa".

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Rambla pide tiempo para contestar cuánto costó y quién pagó el viaje a París para premiar a Sarkozy

02:23 El PSPV preguntó hace más de un mes sobre los gastos del desplazamiento para imponerle el premio Convivencia

Julia Ruiz, Valencia
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha solicitado una prórroga de 15 días a la Mesa de las Corts para contestar varias preguntas formuladas por el PSPV sobre el coste del viaje que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, realizó a París el 7 de abril para entregar al presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, el premio Convivencia Manuel Broseta 2008. Dos días después de este acto, el diputado socialista José Camarasa firmó varias preguntas parlamentarias dirigidas a Presidencia de la Generalitat para conocer el gasto total del desplazamiento y si la Generalitat había asumido la totalidad del gasto. El parlamentario solicitaba una lista de personas del Consell o de otras entidades oficiales que componían la comitiva oficial que acompañó al jefe del Ejecutivo valenciano. La entrega del premio Convivencia Manuel Broseta 2008 al presidente Sarkozy brindó a Camps un magnífico escaparate para proyectar su imagen en el ámbito internacional. El acto, celebrado en el Palacio del Elíseo, tuvo un interés mediático añadido por la presencia de la primera dama francesa, Carla Bruni. El jefe del Consell también viajó acompañado de su esposa, Isabel Bas. La delegación valenciana fue mucho más amplia, ya que la práctica totalidad del patronato de la Fundación Manuel Broseta, que concedió el galardón a Sarkozy por su contribución a la lucha contra el terrorismo, se desplazó a París. También tuvo un papel protagonista la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidenta del jurado.
Prácticamente un mes después del viaje, el conseller de Presidencia, Vicente Rambla, ha hecho llegar un escrito a la Mesa de las Corts en el que solicita prórroga de 15 días para responder a Camarasa, dado que se le había agotado el tiempo que el reglamento estipula para contestar a las preguntas. Camarasa y Rambla mantienen un conflicto por la negativa del segundo a dejar al diputado que acceda a documentos de la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunitat. Camarasa logró el amparo de la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero el Consell no atendió la petición. La situación llevó al PSPV a bloquear el relevo del Síndic de Greuges.
Difícil solución
Camarasa advirtió ayer a Rambla que difícilmente el calendario le resolverá su problema y que "cuánto más tarde más excitará la curiosidad de su grupo". El diputado socialista se preguntó cómo con las decenas de asesores en Presidencia de la Generalitat se necesita más de mes y medio para contestar preguntas tan sencillas. Lo lógico, añadió, es que el personal de protocolo tenga identificado el gasto y la lista de personas que viajaron con el presidente. Para Camarasa la dilación del Ejecutivo "es una muestra adicional del ninguneo a la oposición en el que se ha instalado el PP y la oposición" y que, subrayó, afecta "no sólo a la labor de los diputados, sino a todos los ciudadanos, a los que han votado al PP y los que no, y que tienen todo el derecho del mundo a saber en qué el Consell se gasta sus impuestos".

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Los discapacitados convocarán movilizaciones si el Consell no agiliza la Ley de Dependencia

Levante-EMV, Castelló
El Comité Español de Minusválidos (Cermi) en la Comunitat Valenciana convocará movilizaciones en el caso de que el Consell no agilice la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, y podría recurrir a la vía judicial para denunciar las deficiencias en su aplicación.
Así lo anunció ayer en Castelló Carlos Laguna, presidente de esta entidad que agrupa al 95% de los discapacitados, antes de reunirse con el vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, para hablar, entre otras cuestiones, de la aplicación de la Ley de Dependencia.
El presidente del Cermi en la Comunitat no ha precisado el tipo de movilizaciones que prevé la entidad ni cuándo se llevarán a cabo, y asegura que "no descartan recurrir a la vía judicial" para denunciar la situación pese a que "supone un costo que no todo el mundo puede soportar".
Cotino ha asegurado que la Ley de Dependencia "se está aplicando", porque 611 personas en Castelló y 3.996 en la Comunitat Valenciana han ingresado en residencias de ancianos o discapacitados desde la puesta en marcha de la ley.

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UGT denuncia un déficit en el Ivadis de nueve millones por la falta de fondos del Consell

Levante-EMV, Valencia
El Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis) acumula una deuda de nueve millones de euros, lo que supone más del 40% de su presupuesto, según la Federación de Servicios Públicos de UGT. Según el sindicato., el organismo público de la Generalitat lleva cuatro años sin recibir el presupuesto del Consell, lo que le lleva a acumular una deuda de dos millones anuales.
Según explican, la Conselleria de Bienestar Social dispuso hace cuatro años la apertura de las residencias los 365 días del año sin ampliar el presupuesto y sólo en el capitulo de personal "hay un desfase de un millón de euros de gasto real que la Generalitat no aporta", según UGT. Además, la conselleria creó el bono de atención domiciliaria denominado Ivadis contigo, cuyo coste se acerca al millón de euros anual aumenta la deuda, ya que se paga mensualmente a la UTE que lo gestiona 60.000 euros mensuales, "lo que parece sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha publicado la adjudicación a esta unión temporal de empresas", según la portavoz de la FSP, Isabel Vicent.
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20 May 2008

CV. 20/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 20 May 2008 - URL Permanente

CV. 19/05/2008.

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El PP violenta la legislación para desactivar a la Síndic de Greuges

Las Cortes inician un trámite inédito para desplazar a Caballero

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 20/05/2008

La Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas acordó ayer con el único voto favorable del PP el inicio de un trámite inédito que persigue desactivar a Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde hace dos años, a través de una reforma del reglamento de la institución que es la equivalente al Defensor del Pueblo.

Macià: "La iniciativa es una burla y un atropello al espíritu de la ley"

Morera: "Lanza un misil contra la línea de flotación de la Sindicatura

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La Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas acordó ayer con el único voto favorable del PP el inicio de un trámite inédito que persigue desactivar a Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde hace dos años, a través de una reforma del reglamento de la institución que es la equivalente al Defensor del Pueblo. La ley que rige la Sindicatura de Greuges establece que una vez que expire el mandato del Síndic nombrado por mayoría de tres quintos de los diputados de las Cortes, que renuncie al cargo o que fallezca, entre otras posibilidades, y "en tanto no se haga efectiva la toma de posesión del nuevo Síndic, desempeñarán el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden". El actual reglamento remite a la ley en todo lo relativo a la remoción del Síndic.

La iniciativa del PP pretende modificar la ley a través de cambios en el reglamento para establecer que cuando los adjuntos desempeñen el cargo de forma interina se relevarán cada seis meses al frente de la institución. Además, como Caballero lleva dos años ejerciendo como Síndic en funciones desde que expiró el mandato de Bernardo del Rosal, una disposición transitoria del reglamento establecerá que el actual adjunto segundo, Carlos Morenilla, permanecerá al frente de la institución durante los dos próximos años si no se desbloquea el nombramiento del nuevo Síndic.

Ricardo Costa, portavoz del PP, argumentó que la iniciativa pretende resolver "una incongruencia legal". Diego Macià, por el PSPV, replicó que la propuesta es "una burla" que "pretende modificar la ley a través de un cambio del reglamento", que es de rango menor. Enric Morera, por Compromís, afirmó: "El PP humilla a las instituciones".La decisión del PP de modificar la ley a través del reglamento provocó que los portavoces del PSPV y de Compromís, Ángel Luna y Enric Morera, respectivamente, adelantaran su decisión de recurrir la reforma ante los tribunales sin descartar acudir al Constitucional en última instancia.

Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y de la Comisión de Peticiones, el órgano parlamentario que debe recibir cada año el informe del Síndic de Greuges, asumió un protagonismo incómodo a lo largo de la escueta sesión parlamentaria de ayer. La reunión de la comisión se celebró en un salón noble. Ricardo Costa, por el PP, Ángel Luna y Diego Macià, por el PSPV, y Enric Morera, por Compromís, se sentaron frente a los cinco miembros de la Mesa de las Cortes.

Martínez abrió la sesión e invitó a los portavoces a votar la iniciativa del PP para explicar el sentido de su voto en una única intervención de dos minutos.

Luna esgrimió el reglamento para recordar a la presidenta que en todo debate debe haber turnos a favor y en contra.

Martínez invocó su condición de presidenta para ordenar el debate pero, finalmente, consintió un escuálido debate.

Ricardo Costa, por el PP, intentó destapar una "incongruencia" legal entre la ley y el reglamento que rigen la Sindicatura de Greuges argumentando que la ley prevé la interinidad de los adjuntos mientras que el reglamento establece que el Síndic cesante permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado su sucesor. Costa obvió que Bernardo del Rosal, nombrado Síndic a propuesta del PP en 2001, fue invitado a dejar el cargo cuando culminó su mandato porque actuó con un rigor e independencia incómodos para el Consell. Pero el grueso de su intervención se centró en un ataque frontal hacia los socialistas. "Una burla y un atropello es la toma de la Sindicatura de Greuges por la puerta de atrás y a la bayoneta para usar la institución como arma arrojadiza", espetó, "nos preocupa la intención torticera del partido socialista de convertir la Sindicatura en su corralito particular de crítica política".

Diego Macià, por el PSPV, denunció que la iniciativa es una "burla" a las Cortes y un "atropello" al "espíritu de la ley" que rige la Sindicatura de Greuges. Invitó a Costa a defender su propuesta ante el pleno de las Cortes, atribuyó al carácter "intolerante" y "antidemocrático" del PP el intento de "silenciar una voz independiente" y preguntó: "¿Modificarán todas las leyes para resolver los problemas puntuales que puedan surgir?"

Enric Morera, por Compromís, acusó al PP de "no soportar las voces discrepantes", calificó la modificación como "peligrosísima" y afirmó que la iniciativa supone "un misil contra la línea de flotación de la Sindicatura". "Si los parlamentarios no respetamos la Sindicatura, ¿cómo se la van a tomar en serio los ciudadanos?", se preguntó.

"La mayoría ponderada está a favor de iniciar el procedimiento", sentenció Martínez sin siquiera proceder a la votación.

"La presidenta tiene mala conciencia", comentó el portavoz socialista Ángel Luna, "y la exhibe tratando de que el trámite sea lo más rápido y silencioso posible". Efectivamente, el detonante de la iniciativa del PP radica en la decisión de Martínez de conceder amparo al diputado socialista José Camarasa cuando el Consell le negó acceso a las actas de los consejos de dos empresas públicas. Los socialistas optaron entonces por "suspender" el acuerdo alcanzado con el PP en noviembre pasado para nombrar Síndic a José Cholbi, vicepresidente de las Cortes, hasta que la presidenta de las Cortes hiciera efectivo su amparo y exigiera al Consell que permitiera a Camarasa acceso a los documentos que había requerido.

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"¿Qué información no quieren que se conozca?"

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La presidenta de las Corts da sólo 7 minutos a cada grupo para debatir el relevo de Caballero

01:48 El PP aprueba el inicio del trámite para echar a la Síndica. La oposición lo califica de atropello y los populares defienden que el marido de una consellera asuma la Defensoría

Juanjo García Gómez, Valencia
"Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos". La célebre frase de Romanones dirigida a las Cortes fue evocada ayer por la diputada de EU Glòria Marcos no de forma caprichosa. Y es que los usos de la política decimonónica parecen estar en boga en las Corts. El grupo popular aprobó en solitario en la comisión de Peticiones el inicio del trámite para reformar el reglamento de la institución del Síndic de Greuges con el fin de que la interinidad en el cargo, en caso de cese del titular, sea rotatoria entre los adjuntos primero y segundo por periodos de seis meses. Ahora el puesto lo ocupa el primero y, en caso de nuevo cese, el segundo, tal como se ha procedido en 15 años, en todas las autonomías y en el Defensor del Pueblo. La modificación reinterpreta la ley de creación del organismo -que el PP no puede cambiar directamente porque el Estatuto exige mayoría de tres quintos- para apartar del puesto a la Adjunta primera, Emilia Caballero, Síndica en funciones desde abril de 2006. La comisión arrancó con sorpresa ante la intención de la presidenta, Milagrosa Martínez, quien dirige este órgano, de que la iniciativa del PP se tramitara sin debate.
La titular de la Cámara anunció que los grupos sólo tendrían dos minutos para explicación de voto. Sin debate. El socialista Diego Macià reaccionó indignado pidiéndole explicaciones y Martínez le contestó que "no hay ninguna regulación" al respecto y el reglamento le da "potestad" para ordenar la sesión. Macià invocó entonces el reglamento, que establece que, en caso de inexistencia de precepto, hay un turno a favor y otro en contra y los grupos dispondrán de un máximo de 10 minutos. La pretensión de Martínez ahorraba al PP el compromiso de defender una iniciativa que, como subrayó el portavoz adjunto de Compromís y líder del Bloc, Enric Morera, "no se ha producido en ninguna autonomía", pese a que, al igual que en el Defensor del Pueblo, ha habido periodos extensos de interinidad sin que nadie haya reformado el reglamento para echar al titular. En este caso, sustituiría a Caballero -designada en su día a propuesta del PSPV- el Adjunto segundo, Carlos Morenilla, nombrado a propuesta de los populares. Pero Morenilla es además esposo de la consellera de Turismo, Angélica Such. El PP impone también que, inicialmente, Morenilla esté dos años en funciones, como lleva Caballero.
Con posterioridad, el portavoz socialista, Ángel Luna, vio "grave" y "lamentable" que sea "precisamente la presidenta la que ponga trabas al debate", y atribuyó a la "mala conciencia" de ésta el que intentara que el asunto pase "lo más rápida y silenciosamente posible".
Morenilla y Caballero "son válidos"
En la comisión, cuando el asunto se calentaba (el PSPV llegó incluso a barajar el abandonar la reunión), el portavoz del PP, Ricardo Costa, se brindó a explicar su propuesta "si el grupo socialista tiene problemas". La presidenta rectificó entonces, pero dio a los grupos sólo 5 minutos, dos para la réplica. En el segundo turno incluso llamó al orden a Macià por extenderse en exceso. Y eso que se discutía la modificación, sin precedentes en las Corts y en España, para apartar a la Defensora valenciano.
Costa vendió como una "aclaración de la ley" la reforma, pero defendió el cambio por el bloqueo impuesto por el PSPV a la elección del vicepresidente primero de las Corts, José Cholbi, presente en el debate, al entender que los socialistas están haciendo una "utilización partidista" de la Sindicatura como "arma arrojadiza" contra las políticas del Consell. A su juicio, la permanencia de Caballero supone "la toma a la bayoneta" del organismo por el PSPV. En cambio, Macià y Morera hablaron de "atropello y burla" a la institución y al Parlamento, y de decisión "manifiestamente ilegal".Mació instó al PP a dar los papeles de dos empresas, que han motivado el bloqueo.
"Les molesta la Sindicatura y la Síndica. Quieren silenciar una institución y terminar como sea con una voz independiente", asestó Macià. "¿Me quiere decir que la institución es buena si el síndic es Caballero y no lo es si es Morenilla? Para nosotros los dos son válidos", replicó Costa, quien dijo desconocer el caso de los otros defensores del pueblo. La oposición tiene 15 días para presentar enmiendas antes del debate final el 16 de junio.

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La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión de Cartagena

El indulto no ha llegado para el ex alcalde de Orihuela, acusado de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil

EFE - Alicante - 20/05/2008

La Fiscalía de Elche solicitará a partir de mañana la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Alicante que condenó al ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público ha tomado esta decisión después de que haya finalizado el plazo solicitado para que se informase sobre el estado de la petición de indulto.

La Audiencia de Alicante impuso a Cartagena en marzo de 2002 una pena de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación, además de una multa de 5.400 euros.

Apropiación de cerca de 50.000 euros

El Tribunal considera que "hizo suyos con intención de propio beneficio" 49.000 euros procedentes del superávit de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, gestionado por las Hermanas Carmelitas. Una cantidad que recibió en 1993 y que, de acuerdo con el fallo, no ingresó en las arcas municipales.

El Tribunal también condenó a Cartagena a indemnizar al Consistorio con la cantidad que recibió, a la vez que impuso una pena de un año de cárcel a otro procesado en esta causa, el empresario Angel Fenoll. En abril de 2004, un mes después de haber sido ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo, el ex alcalde de Orihuela presentó una solicitud de indulto. El Consejo de Ministros todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión.

No obstante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sala VII de la Audiencia, que fue la que condenó a Cartagena, no tiene previsto de momento ordenar su ingreso en prisión porque considera que el plazo para ello concluye en 2009, cinco años después de que el fallo fuera ratificado por el Tribunal Supremo.

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Protesta educativa contra el Consell

La Ciudadanía en inglés ideada por Camps es "ilegal", según los sindicatos

NEUS CABALLER - Valencia - 20/05/2008

"El Consell ha entrado en barrena. De publicar la orden para impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, habrá implantado un título propio sui géneris sin valor académico ni a nivel estatal, ni en ningún otro territorio. Y esto es un acto de ilegalidad", sentenció ayer Miguel Ángel Vera, de CC OO, en una rueda de prensa -calificada de "insólita" por los cuatro sindicatos convocantes- en la que se denunció "la descabellada política educativa de Camps" en todos los frentes de la enseñanza. "La prueba", remató Miguel del Pino, del CSIF, "es que estoy aquí por primera vez con los compañeros de UGT, CC OO y el STEPV".

"Esta es la autonomía que ha ido más lejos de todas las gobernadas por el PP", coincidió Jaume Llopis, del STEPV. La consideración de que la Generalitat valenciana "ha traspasado el límite" se basa, según explicaron uno a uno, en la fórmula ideada por propio el presidente Francisco Camps para "devaluar" la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, ordenando que se imparta en inglés a sabiendas de que "es un idioma que no está reconocido como lengua vehicular en el sistema educativo español". Además de que facilita a los padres y alumnos que se declaran objetores de esta materia -que es puntuable tanto para la obtención del título de ESO como para acceder a la Universidad- "saltarse el currículo básico" y "reducirlo al temita que quieran".

"¿Se imaginan ustedes que a mí no me gusta Darwin y estudio solo un temita en vez de todo el currículo? ¿Es que en Matemáticas se permite esa licencia al alumno? No vamos a permitir recortes en una materia que no se permiten en ninguna", remató Vera, al advertir: "Quien se atreva a firmar la orden con la redacción actual será responsable de este desaguisado ante los tribunales, con nombre y apellidos". En esa dirección, Gerardo Fernández, de UGT, adelantó que su "ejecutiva federal ya ha acordado recurrirla".

Pero esta orden es solo la "penúltima idea descabellada" de una larga lista. El "improvisado" plan Éxit para combatir el fracaso escolar "con nueve horas lectivas de clase en julio" (la mayoría de autonomías lo aplican desde el segundo trimestre del curso) y el hecho de "pagar las horas extra con créditos de formación"; la deuda acumulada en la nómina docente; los decretos que "recortan" la Ley de Ordenación Educativa (LOE) o "el concierto del Bachillerato para vaciar los institutos públicos" son solo un enunciado de las múltiples quejas que precipitan a partir de mañana, con una concentración ante la Generalitat, la movilización de docentes, padres y alumnos.

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Profesores de educación especial protestarán ante la Generalitat para lograr más medios

C. Alós, Valencia
Profesores de educación especial infantil y fisioterapeutas que trabajan con menores discapacitados están llamados hoy a una manifestación en las tres capitales de provincia para exigir a la Conselleria de Educación que destine más medios para apoyar la labor que realizan en los centros docentes. La concentración, que en Valencia ha sido convocada en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, a las 18 horas, se exigirá la mejora de las condiciones laborales del personal educador y fisioterapeuta ya que ello incide en la atención a los menores.
Entre las reclamaciones, apoyadas por los sindicatos UGT y CC OO, figura el pleno reconocimiento del carácter educativo del personal, la equiparación del calendario docente y la adscripción orgánica a la conselleria de Educación. Además, el sindicato de trabajadores de la administración valenciana (Stapv), denunció ayer la opacidad de la conselleria de Educación en la gestión de la bolsa de sustituciones de educadores de centros especiales.

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El pacto urbanístico, en el aire

01:32 Francesc Signes (PSPV) advierte al Consell que con la aprobación de PAI como el de Catarroja o el "Manhattan" de Cullera la negociación entre ambos partidos no fructificará
L. Ballester/L. Sena, Valencia/Catarroja
Populares y socialistas negocian desde hace meses un acercamiento de posturas en materia urbanística, un pacto que permita absolver de todos sus pecados al maltrecho urbanismo valenciano. El Consell quiere ahora consensuar un texto legal que refunda en una ley todas las normativas urbanísticas que ha aprobado en solitario (Lotpp, LUV, LSNU y dos reglamentos). Este texto refundido debería haberse aprobado, "como máximo", en febrero de 2007, tal como preveía la disposición final tercera de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). A pesar de este flagrante ilegalidad que comete el Consell, el texto refundido se ha vendido en los últimos días como el gran fruto que alumbrará el futuro pacto urbanístico. Un consenso que, tal vez, llegará tarde porque el conseller busca el acuerdo con una mano mientras da vía libre con la otra a los proyectos más polémicos que se arrastran de anteriores legislaturas: el Manhattan de Cullera y Nou Mil·lenni de Catarroja.
El PSPV admite contactos "técnicos" con la Conselleria de Urbanismo que, "en ningún caso, pueden dar cobertura para que mientras se negocia se dé luz verde a los proyectos más conflictivos como el Manhattan de Cullera o Nou Mil·lenni de Catarroja", asegura a Levante-EMV el diputado portavoz de Medio Ambiente y Urbanismo en las Corts, Francesc Signes.
"El conseller García Antón no puede aprovechar el tiempo de la negociación para aprobar los proyectos más conflictivos que carecen, por ejemplo, de los informes pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar", señala el diputado.
Con estos mimbres, advierte Signes, el pacto no puede fructificar porque "a este ritmo, si se llegara a un acuerdo, el Consell habría dado vía libre a todos los PAI más cuestionados". Por ello, el PSPV plantea la posibilidad de "pactar unas medidas transitorias que rijan el urbanismo mientras se intenta el pacto" y que den "vía libre" a los 130 millones de metros cuadrados de planes urbanísticos incluidos en los planes generales que la conselleria "tiene en el cajón y que tiene parados mientras se dedica a dar vía libre a los más rechazo provocan".
Acciones en Albal
El alcalde de Albal, Ramón Marí (PSPV), anunció ayer que encargará un informe jurídico, cuando la aprobación del PAI se publique en los diarios oficiales, para saber si puede emprender acciones contra la macrourbanización. Marí encargó hace dos años un estudio en el que se concluía que la empresa creada por el Ivvsa y Llanera era "nula de pleno derecho". El regidor indica que "ahora estudiaremos si se subsanaron aquellas ilegalidades y pediremos un informe para ver en qué medida podemos actuar". En cualquier caso, Ramón Marí explicó que la "amenaza" de tener una nueva ciudad pegada en su término "ya no se ve tan grave" actualmente porque "con la crisis inmobiliaria y la situación en la que está Llanera, difícilmente se construirán los pisos y se culminará el proyecto".

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Las empresas mixtas en la picota europea
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La playas de Devesa y Saler necesitan al año 90.000 m3 de arena para no desaparecer

La Politécnica alerta de los riesgos de la ampliación del puerto y el campo de golf
Levante-EMV, Valencia
Un informe de la Universitat Politècnica de Valencia apunta que la playa de la Devesa de la Albufera está "insuficientemente alimentada", lo que le confiere un carácter regresivo. "La aparente estabilidad" de la playa podrá mantenerse, según los expertos, "mientras se garantice una alimentación desde Pinedo y El Saler, apoyada en regeneraciones basadas en alimentación artificial y recargas". Esta alimentación pasa por una aportación de arenas de 40.000 metros cúbicos al año, que ascienden a 50.000 en el caso de El Saler.
El catedrático de la UPV José Serra Peris ha coordinado en las dos últimas décadas estudios detallados sobre la evolución de la playa sumergida de La Devesa y del Saler, incidiendo en aspectos como el análisis de riesgo de regresión, entre otros. En las conclusiones de este informe se asegura que en la playa de La Devesa -que abarca desde la Gola de El Pujol hasta la Gola de El Perellonet- si bien aparentemente es estable, se observa cierta tendencia a la regresión.
Según destaca el propio profesor Serra, parece que la propia playa se "esté acomodando y buscando un equilibrio". Las formas naturales de la costa se conservan, lo que le permite responder y defenderse de la acción de los temporales y de los procesos recesivos generados "a barlomar" de la playa, pero para los técnicos es evidente el riesgo que existe de desestabilización del medio costero, principalmente asociado al campo de golf dada la fijación de los sedimentos provocados por la instalación existente. En opinión del catedrático de la UPV, es necesario garantizar una alimentación continua de la playa para hacer frente a la carencia de arena procedente de los ríos.
"La arena de las playas viene de los ríos y estos no llevan nada, debido tanto a la sequía, como a la influencia de los embalses, que se queda el agua, pero también la arena. Ésta no llega a la playa y ello incide directamente en la regresión. Soluciones definitivas no hay, pero el aporte de arena es muy importante", explica el coordinador del estudio.
Entre las recomendaciones relacionadas con las obras de ampliación del Puerto se aboga por el vertido de arenas procedentes de las obras de dragado e incluso añadir una propuesta de recuperación de sedimentos que puedan quedar atrapados bajos las obras previstas. La declaración de impacto ambiental de la expansión portuaria ya preveía aportes de 185.000 m3 de arena en Malva-rosa y 59.000 en Pinedo.
José Serra está analizando el impacto de la ampliación del puerto sobre las playas del norte y el sur por encargo de la APV.

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Un experto en infraestructuras advierte que el túnel puerto-Saler no puede convivir con la marina lúdica

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19 May 2008

CV. 19/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 19 May 2008 - URL Permanente

La mediocritat del PSPV. 18/05/2008.

CV. 18/05/2008.

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Europa fuerza la revisión de la ley urbanística

La Generalitat anuncia una reforma global en unos meses

C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ - Valencia / Alicante - 19/05/2008

Las denuncias de los ciudadanos continuan llegando a Europa

La presión no cesa. El Comité de Peticiones prepara otra resolución

El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.

La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.

El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.

Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.

Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.

Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.

Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.

Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.

"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.

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Un plan urbanístico destruirá valiosos murales en Castellón

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El reglamento contra la institución

El PP aspira a desbancar en un mes a la Síndic de Greuges en funciones.

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 19/05/2008

La Comisión de Peticiones de las Cortes debe reunirse una vez al año para recibir el informe del Síndic de Greuges - el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo- y atender las quejas de los valencianos cuyos derechos hayan sido atropellados por las administraciones. Hoy está convocada una reunión de la comisión que preside Milagrosa Martínez, presidenta, a su vez, de las Cortes. Pero no para recibir el informe elaborado por Emilia Caballero, Síndic en funciones desde abril de 2006. Sino para poner en marcha un procedimiento que pretende desbancar a Caballero de su responsabilidad a través de unos retoques en el reglamento de la Sindicatura de Greuges.

Caballero no ha logrado defender ante los parlamentarios ninguno de los informes que se han elaborado bajo su responsabilidad, los que recojen las quiejas ciudadanas de los años 2005, 2006 y 2007. Las Cortes nunca la han convocado. El PP, asentado sobre su mayoría absoluta, tacha a Caballero de partidista, pero no puede desplazarla de la Sindicatura de Greuges sin acuerdo con el PSPV, porque cualquier cambio en la institución requiere una mayoría de tres quintos de la Cortes.

Caballero ejerce como adjunta primera al Síndic desde 1999, cuando fue elegido Luis Fernando Saura a propuesta del PP. Saura falleció en octubre de 2000. Caballero ejerció como Síndic en funciones hasta que fue elegido Bernardo del Rosal, en abril de 2001. Caballero siguió como adjunta primera.

Del Rosal, elegido a propuesta del PP cumplió su misión. Incomodó al poder. El PP decidió retirarle su confianza para un segundo mandato y desde abril de 2006, Caballero ejerce como Síndic en funciones. Y hace su trabajo, incomoda al poder.

En noviembre de 2007, PP y PSPV acordaron nombrar Síndic a José Cholbi, militante de AP y del PP y actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes. Pero los socialistas atribuyeron al PP un incumplimiento del reglamento de las Cortes y bloquearon su elección. Desde entonces, es el PP el que reitera que la institución está bloqueada. Y para desbloquearla, en vez de pactar con el PSPV, plantea que el adjunto segundo al Síndic, asuma toda la responsabilidad. Un caso único en la España autonómica.Los defensores del pueblo autonómicos empezaron a insituirse a finales de los años ochenta. En todas las comunidades autónomas son nombrados por una mayoría de tres quintos de cada parlamento. Y se han producido algunos casos de bloqueo institucional. El más prolongado, en el País Vasco, en un parlamento con seis fuerzas políticas. Mercedes Agúndez ejerció como Ararteko durante tres años y medio, entre 2000 y 2004, porque el PSE se negó a revalidar el segundo mandato de Xabier Markiegi.

También estuvo bloqueado el nombramiento del último Síndic de Greuges en Catalunya durante un año. Finalemente, todos los grupos apoyaron a Rafael Ribó, histórico dirigente de Iniciativa per Catalunya, que ejerce desde julio de 2004 y ya es reconocido por incómodo.

Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta de Galicia con mayoría absoluta, decidió proponer como primer Valedor do Pobo a José Cora en 1990. Cora ya había sido el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Prestigió la institución a costa de sonrojar a la Xunta de Galicia y fue unánimemente aclamado para un segundo mandato. Dejó el cargo en 2000 por razones de edad.

El nombramiento de Benigno López González, actual Valedor do Pobo, también se retrasó durante cerca de un año, pero finalmente logró la unanimidad de PP, PSdG y BNG.

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, es un caso singular. Es sacerdote y licenciado en Historia por las universidades de Roma y Granada. Se dedicó a combatir la marginación y la droga en la comarca del Campo de Gibraltar y cobró tal relevancia que recibió la Medalla de Andalucía en 1994. Fue elegido primer defensor del pueblo andaluz en 1996 y el Parlamento andaluz le ha renovado la confianza en 2001 y 2007.

Ningún parlamento autonómico ha modificado un reglamento para destituir a un defensor del pueblo. Los socialistas valencianos afirman, además, que el reglamento no puede modificar la ley, que establece el orden de prelación para el ejercicio en funciones, y que una mayoría simple no puede atentar contra una ley que requiere mayoría cualificada. Pero el PP defiende que si las Cortes tiene la potestad de legislar, mucho más la de reglamentar.

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El PP aprueba en Les Corts cambiar el reglamento del Síndic de Greuges

12:52 La Corts acordó hoy iniciar, con el único apoyo del PP, los trámites de la propuesta de reforma del reglamento de Organización y Funcionamiento del Síndic de Greuges presentada por el grupo parlamentario popular en la comisión encargada de la materia. Así, la mesa de la Comisión fijó para el próximo 16 de junio la continuación de la sesión con el fin de debatir y votar las enmiendas que se presenten al texto de la propuesta de reforma del reglamento.

EUROPA PRESS Antes de iniciar el debate, se produjo una discusión entre los grupos y la mesa por el orden y las intervenciones en el mismo. Tras esto, el portavoz del PP en las Corts, Ricardo Costa, explicó que los motivos para cambiar el reglamento son el "uso partidista" de esta institución y el "incumplimiento de un acuerdo" por parte del PSPV que deja en la interinidad en el cargo a Emilia Caballero -síndica de Greuges--.

En este sentido, Costa explicó que la reforma que su grupo plantea del Reglamento apuesta por que "mientras no se haga efectiva la posesión del nuevo síndic de Greuges", desempeñarán el cargo "los adjuntos por su orden y de forma rotatoria y por un periodo de seis meses cada uno". Pero, como además, la actual síndica de Gregues, Emilia Caballero, lleva más de dos años en el cargo de manera interina, propone que el plazo de los seis meses "empiece a partir de una interinidad de dos" por parte del síndic de Greuges Segundo, Carlos Morenilla.

Así, subrayó que los motivos del cambio son por una cuestión "legal" y también para "poner de manifiesto" que para el PSPV el Síndic de Greuges "sólo les sirve si hacen lo que quieren", para criticar la gestión del Consell. En cambio, Costa aseguró que al PP "no nos preocupan las críticas", sino la "intención torticera del PSPV para convertir la Sindicatura en su corralito particular de crítica política".

Por su parte, el diputado socialista en la Cámara Diego Maciá calificó la propuesta del PP de "burla y atropello", y dudó de que los motivos del PP para realizar esta reforma sean "sinceros". En este sentido, consideró que el objetivo de los populares es "pasar por el rodillo" y "silenciar" esta institución "independiente".

Asimismo, señaló que la propuesta es "ilegal" y se preguntó cómo puede "pretender modificar el contenido de la ley" de creación del Síndic de Greuges a través de "modificar un artículo de su reglamento". Costa, no obstante, manifestó que "no queremos modificar la Ley" sino realizar una "aclaración" sobre la sustitución del síndic de Greuges.

Maciá apuntó que esta iniciativa "no viene a mejorar el texto de la Ley", que "ya tenía prevista" la situación de interinidad, para lo cual establece un orden en los adjuntos y "deja claro" ese mismo orden para los supuestos de interinidad o sustitución. Por tanto, "no se puede argumentar que la Ley -ni el reglamento-- no hubiese considerado la importancia de poner un orden a los adjuntos", apostilló.

Del mismo modo, Maciá criticó que la propuesta del PP pretende "burlar el espíritu y la letra de la Ley", así como "eludir" la mayoría cualificada para poder cambiar esta norma en el pleno de las Corts. Sin embargo, Costa dijo que la "burla" es la paralización del acuerdo para elegir al nuevo síndic.

Para los socialistas, los motivos "últimos" de los populares para realizar la reforma del reglamento "para modificar la ley -reiteró--" son que les "preocupa" las críticas de la Sindicatura de Greuges en sus informes anuales y "no creen" en la institución, ni en su "autonomía ni independencia". "Les molesta" y lo que pretenden es "acabar con una voz independiente y cualificada", aseveró.

Maciá, que acusó a los populares de "paralizar" la elección del nuevo síndic por no entregar la información solicitada sobre la gestión en la Sociedad Gestora para la Imagen Promocional de la Comunitat y la Sociedad de Proyectos temáticos, manifestó que al PP "les incomoda" cualquier institución que pueda "fiscalizar su gestión".

"MISIL EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN"

Por su parte, el diputado de Compromís Enric Morera criticó primero que el acuerdo de elección del nuevo síndic "excluye" a su grupo y también que la propuesta del PP es un "misil a la línea de flotación" de la Sindicatura. Además, apuntó que jurídicamente "no se aguanta". Para Morera, el cambio de reglamento "para sustituir" a la síndica Emilia Caballero es "peligrosísimo" porque "nos jugamos el prestigio" de la institución. Por eso, propuso un acuerdo entre los tres grupos para "desbloquear" la elección del nuevo síndic.

Asimismo, subrayó que las Corts pueden modificar un reglamento, pero "no una ley", para lo que se requiere una mayoría cualificada, y advirtió de que si se saca adelante esta reforma "estudiaremos si jurídicamente nos interesa acudir al TC".

CRÍTICAS A MILAGROSA MARTÍNEZ

Por otro lado, el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, que compareció en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión, lamentó la "falta de talante" de la presidenta de la Mesa, Milagrosa Martínez, para conducir el debate y consideró "grave que sea precisamente la presidenta de la institución la que esté poniendo trabas a un debate".

"Sin duda -añadió-- tiene muy mala conciencia ante este debate y exhibe su mala conciencia tratando de que el trámite sea lo más rápido y lo más silencioso posible", aseveró.

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El Consell pide dinero al Gobierno para servicios básicos pero inyectará 191 millones en ocio

La Generalitat no consigue frenar las pérdidas millonarias de Cacsa y Proyectos Temáticos.
Víctor Romero, Valencia
¿Está la Generalitat forzando al máximo la maquinaria de las finanzas públicas? El Consell de Francisco Camps ha convertido la reivindicación de un nuevo modelo de financiación en uno de sus caballos de batalla frente al Gobierno central. El Ejecutivo popular esgrime para la negociación de un nuevo reparto de fondos del Estado el incremento poblacional registrado por la Comunitat Valenciana en los últimos años y la necesidad de prestar a los ciudadanos servicios básicos con calidad -educación y sanidad, principalmente-. Que la Administración autonómica sufre tensiones presupuestarias es algo que no esconde ninguno de sus responsables, incluido Gerardo Camps, el responsable de Economía. Camps ha cifrado en 500 millones de euros anuales el dinero necesario para mantener el nivel de prestaciones del sistema público de bienestar.
Pero mientras se denuncian frente a Madrid insuficiencias financieras que afectan a los servicios públicos, el Consell del Partido Popular no ha dejado de inyectar sumas millonarias en sus empresas dedicadas a promover actividades de ocio, construir iconos arquitectónicos o directamente a sostener proyectos cuya rentabilidad directa sigue sin aparecer por ninguno de sus balances.
Recurso al endeudamiento al margen, la Generalitat ha presupuestado para este año un total de 191 millones de euros en inyecciones de capital social o trasferencias corrientes para su holding de mercantiles de ocio. La que recibirá una mayor suma será la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que cuenta para este año con un partida de 119 millones de euros para incrementar su capital social. La inyección de dinero público se producirá para sostener los balances de una empresa que no consigue remontar la acumulación de pérdidas. Si el año pasado la previsión de desfase entre ingresos y gastos recogida en los presupuestos era de 65 millones de euros, este año los números rojos ascenderán a 55 millones de euros. A mayor abundamiento esto es así pese a que el pago del principal proyecto en construcción, el Ágora diseñada por Santiago Calatrava y que impulsa Francisco Camps, se ha aplazado durante cinco años, tal como publicó Levante-EMV la semana pasada. La razón de la necesidad de fondos es que Cacsa sigue registrando pérdidas en su modelo de explotación. Los ingresos que generan sus actividades no logran compensar sus gastos de mantenimiento. Los cambios en el modelo de gestión desde la llegada de Jorge Vela a la dirección general de la Ciudad de las Ciencias no dan frutos.
La Ciudad de la Luz no tira
Un caso similar se produce en la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). La mercantil recibirá este año una inyección de capital de 60 millones de euros, según figura en los presupuestos para 2008, destinados a equilibrar su situación patrimonial por la acumulación de pérdidas. La mercantil tendrá en el ejercicio de 2008 unos números rojos de 77 millones de euros, recoge la previsión de Economía. SPTCV aglutina empresas como la Ciudad de la Luz, el complejo cinematográfico de Alicante que la Generalitat tampoco consigue rentabilizar. Este año perderá 30 millones de euros.
El Circuito de Cheste recibirá una inyección de 7 millones aunque tendrá 1,3 millones de beneficios. Proyecto Cultural de Castelló contará con 5 millones.

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El circuito de Fórmula 1 se paga con deuda
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Canal 9 emite menos programas propios y en valenciano y retrocede en audiencia

Más producción externa, más plantilla y menos programación en valenciano. El panorama en Canal 9 dista mucho de los cimientos sobre los que se edificó la Ley de Creación de RTVV hace veinte años. Y pese a ello, el éxodo del público es una constante. El informe externo recogido por este diario certifica que, pese a contar con más trabajadores y sacrificar las emisiones en lengua propia, la audiencia vive un descenso continuo.
R. Rodríguez/J. R. Seguí, Valencia
Los presupuestos sobre los que se fundó RTVV sufren un retroceso básico. El Ente público, creado para promocionar el uso del valenciano como lengua principal, viene sufriendo un retroceso de la lengua vernácula en sus emisiones que queda reflejado en el Informe de situación que la consultora Ernst & Young elaboró a petición de la conselleria de Economia, y que refleja un descenso de los contenidos en valenciano, al tiempo que crecen los que se emiten en castellano.
No sólo eso. Según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, la producción propia y los ingresos publicitarios también sufrieron un descenso, al tiempo que aumentaban la plantilla de la cadena y los gastos, principalmente los asociados a la deuda. Más trabajadores y más recursos tampoco aseguran más audiencia, ya que ésta viene cayendo significativamente desde hace varios años.
El propio director de RTVV, Pedro García, reconocía en su comparecencia del pasado día 8 de mayo ante la comisión de control que las cifras de audiencia han sufrido un retroceso, que atribuyó a que "la mitad de los audímetros instalados en la Comunitat Valenciana no funcionan, por lo que los datos no son fiables". Sea por lo que sea, lo cierto es que el informe de situación de Ernst & Young no deja lugar a dudas: en 2004 Canal 9 acumulaba un 17 por ciento del total de espectadores. Un año después, había descendido al 16,3, y en 2006, pese al amplio despliegue dedicado a la visita de Benedicto XVI a Valencia, por el que se pagaron 12 millones de euros, la audiencia se estancó alrededor del 14 por ciento. Las cosas no mejoraron un año después, sino que empeoraron nuevamente hasta llegar al 11 por ciento, marcando una tendencia en la que Canal 9 se ha dejado, en cuatro años, más de un tercio de sus espectadores. Los datos son mucho más estables en Punt 2, pero sus registros, alrededor del 2 por ciento, se pueden considerar testimoniales.
Y todo ello dentro de un contexto en el que se apela cada vez más a la producción externa, pese al significativo aumento de la plantilla. El documento de Ernst&Young analiza las horas dedicadas a cada tipo de producción y su variación interanual. Por lo que se refiere a las emisiones generadas desde el propio Canal 9, descendieron de las 4.270 horas de 2005 a las 3.838 de 2006. Las ajenas, por el contrario, aumentaron de 3.332 a 3.803. En Punt 2, por el contrario, la tendencia fue a la inversa. Lo propio pasó de 4.684 horas en 2005 a 5.008 en 2006, mientras que los productos ajenos descendieron de 2.655 horas a 2.308.
El valenciano retrocede
Pero más significativo aún es el descenso de las horas de emisión en valenciano. La Ley de Creación de RTVV establece la obligación de promocionar el uso de la lengua propia, pero pese a ello el retroceso es manifiesto. En Canal 9 se emitieron 4.343 horas en valenciano en 2005, y sólo 3.794 un año después. Una variación negativa del 13%, que contrasta con las emisiones en castellano, que crecieron un 14%, pasando de 3.218 horas a 3.655.
Ante esta situación, el informe no duda, a la hora de definir las estrategias de futuro, en recomendar a RTVV "aumentar las horas totales de emisión y de la programación en valenciano", para cumplir con uno de los objetivos capitales del Ente público, que es el de "estar al servicio de los intereses generales de todas las valencianas y valencianos", dentro de un contexto en el que, como señala el documento destaca que, durante todo el año analizado "no se hayan producido emisiones de servicio público". Finalmente, el informe considera "recomendable fomentar en el departamento de marketing la venta a terceros de los productos propios, estableciendo un plan de ventas más agresivo".

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El PSPV pide la destitución de todo el equipo directivo y un plan urgente de reconversión
EU denuncia el gasto en producción externa
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Sólo hay 20 profesores en la Comunitat con el nivel necesario para impartir Ciudadanía en inglés

14:20 Los sindicatos FETE-UGT PV, STEPV-Iv, FE-CCOO-PV y CSI-CSIF afirmaron hoy que de 600 profesores interinos de Secundaria de filosofía y geografía e historia que existen en la Comunitat, sólo alrededor de 20 tendrían el nivel de inglés necesario para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en este idioma.

EUROPA PRESS Asimismo, el secretario general de FETE-UGT PV, Gerardo Fernández, el de STEPV-Iv, Jaume Llopis, el de FE-CCOO-PV, Miguel Ángel Vera y un representante de CSI-CSIF, Miguel del Pino, instaron, en una rueda de prensa celebrada hoy, a que el profesorado se movilice el próximo miércoles a las 18.00 horas ante "los disparates e imposiciones de la Conselleria de Educación" en aspectos como el Plan Èxit, la orden de EpC y el desarrollo de la LOE, entre otras materias.

"La Conselleria debe acabar con las tensiones que provocan estas nuevas medidas educativas, ya que son acciones que se encuentran fuera de toda razón", afirmó Gerardo Fernández, encargado de exponer las quejas contra el Plan Èxit.

En este sentido, declaró que "este plan sufre de una improvisación evidente". "El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, pretende reducir a la mitad el fracaso escolar de la Comunitat --que se sitúa en un 30 por ciento-- y con clases en verano no creemos que esto se vaya a solucionar", añadió el secretario general de FETE-UGT PV.

Gerardo Fernández explicó también que los 'Programas Éxito' desarrollados en otras autonomías "son mejores que el de la Comunitat, ya que aquí falta soporte económico". En este sentido, afirmó que "al profesorado que imparta estas clases durante julio se le quiere dar sólo una certificación de 100 horas de formación, algo que demuestra que el conseller precisa de un ataque urgente de cordura".

Respecto al desarrollo de la LOE, Jaume Llopis, criticó que en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) "ha habido un recorte absoluto en la optatividad, ya que se han reducido clases" y que en Bachillerato "se prima la religión y se reducen las horas de otras asignaturas como la de filosofía".

Por su parte, Miguel Ángel Vera calificó de "disparate" que la asignatura de EpC se imparta en inglés ya que, "en Primaria no hay profesorado suficiente para dar esta materia en el caso de que se produzcan bajas", y en el caso de Secundaria "de 600 profesores interinos de filosofía y geografía e historia que hay en la Comunitat, sólo 20 tendrían el nivel de inglés necesario para impartirla en los 350 centros que existen".

"El conseller Alejandro Font de Mora intenta vendernos la moto diciéndonos que con una hora más de inglés --la correspondiente a la clase de EpC si se impartiera en este idioma-- se reducirá el fracaso escolar en esta lengua", afirmó Vera.

"ILEGAL".

Además, el secretario general de FE-CCOO-PV calificó de "ilegal" que "pese que no ha sido publicada la orden, los inspectores de educación estén acudiendo en estos momentos a los Institutos de Educación Secundaria para preguntar si hay voluntarios para dar clases Èxit y para ver si hay alguien en los departamentos de filosofía o geografía e historia que esté dispuesto a impartir EpC y qué nivel de inglés tienen".

En referencia a las acusaciones realizadas por padres sobre que los profesores "parece que no quieren trabajar en verano", explicó que "en vez de dar tres semanas de recuperación en julio, proponemos que en el primer trimestre se evalúe en profundidad al alumnado y que a partir del segundo trimestre tengamos más horas para que así de enero a junio los profesores ayudemos a los alumnos con dificultades".

Por último, Miguel Pino reivindicó cuestiones como el cobro de los trienios de los interinos, el retraso en los pagos de los nuevos complementos de los equipos directivos o la falta de Servicios Psicopedagógicos Escolares, entre otras.

Además, también criticó el tema de la "falta de personal administrativo en los centros donde no se cubren las bajas que hay" y las licencias por estudios, ya que "nuestra comunidad lleva 11 años sin convocar estas licencias para que los profesores puedan pedirse tres meses con una cierta remuneración para conseguir sacarte un doctorado o una segunda carrera".

Estos cuatro sindicatos de educación convocaron asimismo a todo el personal docente para las movilizaciones que se producirán el próximo miércoles en las tres provincias de la Comunitat para "intentar que la Conselleria interrumpa estas acciones y solucione los conflictos".

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Satse entrega más de 6.000 firmas ante Sanidad para pedir más plantillas y mejora de condiciones para Enfermería

13:54 El Sindicato de Enfermería SATSE presentó hoy 6.200 firmas de profesionales de enfermería de toda la Comunitat Valenciana en las que se pide una ampliación de la plantilla de enfermería y una mejora de las condiciones laborales y profesionales, según informaron hoy en un comunicado.

EUROPA PRESS En concreto, solicita la adecuación de las plantillas de enfermería en los centros sanitarios públicos, la exención de noches para los mayores de 55 años sin pérdida de poder adquisitivo y el prorrateo de la Atención Continuada por enfermedad común y por maternidad.

Asimismo, se pide la aplicación del cupo de Enfermería y del Complemento Específico C, como sucede en la mayor parte de las Comunidades Autónomas y la equiparación de sueldos entre los profesionales de enfermería de Atención Primaria y Especializada.

El Sindicato de Enfermería ha iniciado esta campaña después de que la Conselleria firmara un 'Acuerdo de implementación de medidas para la consecución de un empleo público de calidad' que, en su opinión, "no recogía ninguna mejora significativa en las condiciones de trabajo y dejaba a la Enfermería valenciana por detrás de la de otras Comunidades Autónomas".

Por ello, mostró su satisfacción por que más de la mitad de las enfermeras que prestan servicios para la Conselleria de Sanidad -de un total de 10.000- han apoyado esta campaña iniciada el pasado mes de abril. Asimismo, anuncia que "continuará recogiendo firmas hasta que la Conselleria escuche las reivindicaciones de sus profesionales de enfermería y se comprometa a negociar estas y otras mejoras".

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Camps quiere reunirse ahora con Montilla tras 5 años de desencuentros con Cataluña

El jefe del Consell pide al Gobierno catalán que evite injerencias en temas de identidad.

Levante-EMV, Valencia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha mostrado dispuesto ahora a reunirse con su homónimo catalán, José Montilla, para abordar temas comunes después de que no se haya producido ningún encuentro en profundidad en sus cinco años al frente del Consell valenciano.
Camps ha reconocido la situación de anormalidad de las relaciones instituciones entre Cataluña y Valencia y ha abogado por reconstruir los puentes políticos tras un lustro de constantes desencuentros.
En una entrevista publicada ayer por La Vanguardia, el jefe del Consell deseó "una colaboración larga y profunda" con el vecino del norte, y se mostró "encantado" de mantener una entrevista con Montilla. "Tengo muchas cosas que proponer a Cataluña y creo que podemos hacer juntos muchas cosas".
En la entrevista, el político valenciano no se olvidó del eterno conflicto sobre la unidad lingüística, usado como principal argumento para la ausencia de relaciones institucionales con Cataluña: "Todo catalán y valenciano es consciente de que alguna cosa ha impedido que nos pusiéramos tranquilamente a trabajar juntos", y pidió al Gobierno de Montilla que, en aras de un restablecimiento de relaciones normales, "en los temas culturales y de identidad, cada uno hable de sí mismo, respete al vecino y se organice como quiera, sin injerencias".
Cuarenta reuniones con Murcia
Las declaraciones del jefe del Consell valenciano llegan después de que se haya aireado que en sus cinco años de gestión haya mantenido cerca de cuarenta reuniones políticas con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y ninguna con su homónimo catalán.
Entre las materias a tratar con Cataluña, Camps se refirió a las infraestructuras, un aspecto en el que, según reconoció, "llevamos cuarenta años de retraso". El jefe del Consell citó la necesidad de abordar el AVE Valencia-Barcelona y un corredor ferroviario de ancho europeo, reivindicaciones que se consideran estratégicas para el desarrollo regional, del conjunto de España, y de la Unión Europea.
Respecto a su posición ante la crisis del PP, Camps ratifica su apoyo absoluto a Mariano Rajoy porque "hay motivos suficientes para que siga al frente del partido", y señala que no espera contrapartidas en beneficio propio: "Mi ambición termina en la Comunitat Valenciana".

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"En financiación no quitamos un euro a nadie"

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18 May 2008

CV. 18/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 18 May 2008 - URL Permanente

CV. 16/05/2008.

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La distancia entre Fabra y Camps

La crisis del PP revela el desencuentro del líder de Castellón con el jefe del Consell

MARÍA FABRA - Castellón - 18/05/2008

Los últimos alardes del presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, sobre su apoyo, o no, al actual presidente nacional, Mariano Rajoy, son sólo una "anécdota", según algún dirigente de su propio partido. En realidad, este periodo precongresual está destapando la distancia o "desencuentro" que existe entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el propio Fabra, que comienza a verse acorralado por la desatención a sus reivindicaciones.

"Estoy hasta el 'pirri' de que no aprueben los campos" de golf

Colomer: "Está cayendo su fama de conseguidor"

Carlos Fabra lleva meses reclamando al Consell que apruebe decenas de programas urbanísticos pendientes del visto bueno de la administración autonómica. Son desarrollos que conllevan, en su mayor parte, la creación de campos de golf, en la que fue una apuesta casi personal de Fabra que lleva estancada varios años pese a que hay más de una docena de proyectos de este tipo. Esta misma semana, dijo sentirse "molesto" con el Consell por su lentitud y manifestó su esperanza en la "aceleración de estos proyectos". "Estoy hasta el pirri de que no me aprueben los campos", dijo hace un par de meses en un pleno de la Diputación en el que amenazó con que "si no me hacen caso, tomaré otras medidas".

Sin embargo, los reclamos han caído, hasta ahora, en saco roto o, al menos, la premura que exige el líder del PP de Castellón ha sido obviada por un gobierno valenciano al que la mayoría de los populares castellonenses se refiere como el clan valenciano. Pero, en ese clan no todos son valencianos, sino que algunos populares surgidos de las filas del PP de Castellón han pasado a formar parte de él, en una línea diferente a la mantenida por Carlos Fabra, quien está imputado ante la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal. Ese mismo clan fue el que "acabó" con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien se vio atrapado entre sus compañeros de Valencia y su lealtad hacia el propio Fabra. Es el clan del que forman parte el actual vicepresidente del Consell, el castellonense Vicente Rambla, y al que se ha "apuntado" el alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, candidato natural a suceder al presidente de la Diputación.

Fabra no se ha caracterizado por su delicadeza a la hora de reclamar celeridad al Consell y, en especial, para el parque temático de Mundo Ilusión, una iniciativa que presentó hace diez años y que incluye una macrourbanización de 18 millones de metros cuadrados. El viernes, tras el pleno del Consell, sus maneras fueron abordadas por el propio Rambla: "Forman parte del estilo y la manera de hacer las cosas de Carlos Fabra, que es más que conocida". Al margen de la ironía sobre las formas, el portavoz del Consell lanzó un mensaje rotundo y advirtió que el proyecto para Mundo Ilusión concluirá "cuando tenga que concluir" y de acuerdo con la legalidad "que tiene que imponerse a cualquier otra presión".

Fabra ya no maneja los tiempos de lo que ocurre en la provincia. Sabe que Castellón no cuenta con muchos más atractivos que hace unos años con lo que el futuro aeropuerto, otra de sus apuestas personales, puede fracasar aunque vaya a ser la Generalitat la que haya de indemnizar al concesionario si no se cumplen las expectativas.

Mientras en Valencia y Alicante se levantan complejos de ocio y se celebran pruebas deportivas internacionales, de momento, lo único que recibirá Castellón serán los 1,2 millones de euros que el Consell ha comprometido para celebrar un campeonato de golf... en el club que preside el propio Fabra.

"Está cayendo su fama de conseguidor", le ha espetado ya el portavoz del grupo socialista en la diputación, Francesc Colomer.

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Valencia arroja su sombra sobre la huerta

El nuevo plan general suscita opiniones enfrentadas de la expansión de la ciudad

SARA VELERT - Valencia - 18/05/2008

Valencia se prepara para crecer. Su futuro se dibuja sobre decenas de mapas y cientos de folios que describen las líneas básicas de su expansión en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estará en exposición pública hasta final de mes. El gobierno de Rita Barberá afirma que surgirá un modelo de crecimiento "sostenible", respetuoso con la huerta, con buenas conexiones entre barrios y el área metropolitana, y con un 50% de nuevas viviendas protegidas en los sectores urbanizables.

El PP defiende que el crecimiento es moderado y respeta el medio ambiente

Estos nuevos barrios se asentarán sobre huerta degradada, según el PP. Esta visión global cosecha opiniones contrapuestas en expertos, la oposición y colectivos sociales que han comenzado a desgranar la información. La federación vecinal se pronunciará a través de las alegaciones que aún prepara. Estos son algunos puntos destacados del debate, un primer análisis de las propuestas que marcarán el desarrollo de Valencia en los próximos 15 años.

- Balance del PGOU vigente. El documento de síntesis del Ayuntamiento considera que el PGOU aprobado en 1988 "está prácticamente agotado". Hay que pasar página y prever el futuro, afirma el PP. Pero no así, opina Josep Sorribes, profesor de Economía Urbana de la Universitat de València: "No explican por qué está agotado y es necesaria la revisión. Hay que justificarla. Además, quedan muchas cosas por resolver en la ciudad". El grupo socialista ha hecho su propio repaso, y defiende que con el plan actual Valencia tiene pendientes 221 jardines, 145 equipamientos públicos y 92 colegios.

- El modelo no cambia. El plan no pretende revisar "de forma integral" el desarrollo de la ciudad, sino "adaptarlo y actualizarlo a la situación actual". En ese sentido, "es un plan continuista, sin alteración profunda del modelo de ciudad", coincide el arquitecto Alejandro Escribano, uno de los autores del plan vigente. Romper la configuración actual implicaría asaltar más huerta. Para el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, se trata de conjugar las dimensiones "de una gran urbe, pero con dimensiones humanas".

- Crecer a costa de la huerta. La alcaldesa, Rita Barberá, desveló en 2004, cuando el plan apenas echaba a andar, qué zonas de huerta creía perdidas, entre ellas en La Punta frente a L'Oceanogràfic, en Campanar, Benimàmet y varias pedanías. El suelo agrícola que sacrifica el plan para la expansión de Valencia coincide con esa previsión y el que así lo certifique un estudio posterior despierta suspicacias entre quienes no ven justificada esa urbanización. La destrucción de 4 millones de metros cuadrados (ver gráfico) para reconvertirlos en suelo residencial, industrial, terciario y escolar (para la Universidad Politécnica), suscita los mayores rechazos y discusiones. El PP replica que los estudios de paisaje y sostenibilidad del plan "prueban la firme apuesta" por el medio ambiente, y subraya que quedarán protegidos 8.000 millones de metros cuadrados.

Pero no es sólo una cuestión de cantidad. Para Carles Dolç, arquitecto y urbanista, el plan sostiene que la huerta está muy antropizada y a partir de ahí se limita a extender una especie de certificado de defunción sobre las zonas a reclasificar. "No hay que ver sólo a dónde ha llegado, sino hasta qué punto se puede revertir la situación y recuperar la huerta. Eso ni se contempla", critica. Con esta marcha, un próximo plan "seguirá recortando huerta, como ocurre desde el plan de 1946". "El tema es complicado, pero no se puede dejar así. Hay que hacer un plan de uso o la huerta acabará urbanizada", abunda Sorribes. Las fórmulas para preservarla son variadas, pero un paso previo "imprescindible", opinan ambos expertos, es la aprobación del plan territorial de la huerta que anunció el Consell en la pasada legislatura. Una protección supramunicipal que preserve el paisaje que identifica a Valencia y la comarca. Y eso debe ocurrir antes de que la ciudad apruebe su plan, denuncian colectivos como Per L'Horta, que exigen parar el proceso. También ha expresado reparos la Consejería de Medio Ambiente, que en un informe reprocha al Ayuntamiento que no haya justificado la necesidad del suelo que restará a la huerta. Advierte, además, que la ocupación de ese suelo generará "presión urbanística" sobre áreas bien conservadas. El Consell Valencià de Cultura destaca, asimismo, su "preocupación" por el futuro de la huerta.

Escribano ve discutible la dimensión de algunos sectores urbanizables en las pedanías, mientras que en otros ve la solución para cerrar bordes urbanos y resolver conexiones con Alboraia y Tavernes, por ejemplo, sobre un suelo que en esos casos ve de "escaso valor". "Lo importante es que lo que se proteja sea lo que se cultiva", ya que la "huerta, sin hortelanos, no se conserva", apuntó en esa línea en unas jornadas sobre el plan el sociólogo José Miguel Iribas.

- ¿Hacen falta más viviendas?El gobierno municipal parte de la premisa de que Valencia necesitará cubrir en 15 años una demanda de vivienda de 124.000 unidades, de ellas cerca de 54.000 de nueva construcción y el resto rehabilitadas y de segunda mano. La ciudad alojará así 890.000 habitantes, un 11% más que ahora, un "crecimiento moderado", dice el PP. El estudio de vivienda en que se basan estas cifras suscita críticas. El grupo socialista destaca que en el suelo urbano y urbanizable pendiente de desarrollo se levantarán aún 43.240 pisos, y hay 65.000 vacíos. "Hay suelo para otros 20 años sin tocar la huerta" en la que el PP pretende construir 24.710 pisos, asegura.

Sorribes añade la necesidad de analizar la demanda "teniendo en cuenta lo que se construirá en el área metropolitana" y más allá, dado que Valencia no es una isla. "No se puede analizar la vivienda o demografía de forma aislada", coincide Dolç. También a Joan Olmos, profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica, le plantea "serias dudas" que se reclasifique huerta sin ajustar la previsión con el resto de municipios metropolitanos y "sin agotar las posibilidades" pendientes. Para Escribano, los estudios de vivienda en este caso "no son el mecanismo adecuado para dimensionar un crecimiento", porque en Valencia, como capital, "los pisos que se hagan se venderán". "El criterio debe ser territorial, de calidad de vida o para resolver bordes urbanos".

- Vocación metropolitana. El documento asegura que pretende "acentuar la dimensión metropolitana del planeamiento municipal". Un objetivo "inexistente", dice taxativo Carles Dolç, que considera que el documento parte de un punto de vista "restrictivo, puramente municipalista". "Para empezar, debería haber un área metropolitana que funcionara como tal, y no la hay", añade. "No hay visión metropolitana", opina también Josep Sorribes. Ni en el tratamiento de la huerta ni la vivienda, y las infraestructuras viarias que se dibujan también exigen un consenso con el resto de municipios, señala. "En parte hay una falta de voluntad de planificar metropolitanamente, y es culpa de la Generalitat, que debería hacer política territorial" y tratar con una visión amplia asuntos como el aeropuerto o los corredores viarios, apunta Escribano.

La concejalía de Urbanismo discrepa y resalta que la dimensión metropolitana se refleja "claramente" en las conexiones viarias y cierre de rondas con municipios como Tavernes o las futuras líneas de Metro de la Generalitat y que "se están pactando" con otras poblaciones.

Más carreteras y una gran marina

La revisión del plan general aborda la movilidad de Valencia por dos vías: asume propuestas del plan de carreteras de la Generalitat para el área metropolitana y propone actuaciones por definir o consensuar con otras administraciones. Se "resucitan" proyectos como el corredor comarcal, y se insiste en el acceso norte al puerto, también polémico, por poner algunos ejemplos, indica el urbanista Joan Olmos. "Se plantea descongestionar la ciudad con la misma medicina de los últimos 30 años. Es decir, más viario, y sabemos que esa estrategia atrae más tráfico y a la larga más carreteras", alerta Olmos, quien echa en falta "criterios de movilidad sostenible".

José Vicente Colomer, director del Instituto de Transporte de la Universidad Politécnica, en cambio, considera que las propuestas mejorarán "la conectividad entre las diferentes zonas del área metropolitana, entre éstas y la ciudad de Valencia". El plan, aunque es un avance en plena discusión, recoge "básicamente" las cuestiones que afectan a infraestructuras existentes y pendientes. Colomer, no obstante, cree necesario "un amplio estudio de movilidad" de Valencia y su área metropolitana, que a su juicio sobrepasa el ámbito de esta revisión.

El desarrollo pormenorizado de los sectores urbanizables y urbanos de Valencia por desarrollar se abordará en una segunda fase del plan. Dos actuaciones serán determinantes para la imagen de Valencia, destaca Alejandro Escribano: la concreción del Parque Central, y la conexión del sector de El Grau y el Jardín del Turia con el puerto. Ahí nacerá una gran marina urbana que se ha dibujado mayor de lo previsto, "con una línea más clara" que, no obstante, exigirá consenso con el Estado y el propio puerto.

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El 80% de los inmigrantes estudia en la escuela pública

Denuncias por la segregación escolar de los extranjeros

EL PAÍS - Valencia - 18/05/2008

El debate desatado en Cataluña en torno a la desproporción de alumnos inmigrantes escolarizados en la red educativa pública respecto a la privada concertada, desencadenó ayer las reacciones del socialista Adolf Sanmartín y de los sindicatos STEPV y CAT, que alertaron sobre "la brecha escolar en la Comunidad Valenciana" y sobre el escaso eco del problema. Sanmartín recordó que en la Comunidad Valenciana hay escolarizados 82.000 extranjeros, un 11% del total y un 13% más que el curso pasado; y que el 80% de los extranjeros estudian en la red pública. "La actual administración ha optado por crear dos redes educativas diferentes", denunció el socialista, quien citó dos ordenes de marzo y abril que, una vez más, evitan establecer comisiones de escolarización en cada distrito municipal que garanticen una distribución equitativa de los extranjeros entre centros públicos y centro privados concertados, es decir, financiados con fondos públicos.

Los centros concertados completan la admisión de alumnos para el curso siguiente con meses de antelación. La ley concede un margen de un 10% sobre el número de alumnos por aula para poder escolarizar a alumnos de "incorporación tardía", recién llegados, que suelen hijos de inmigrantes. Pero, según Sanmartín, los colegios privados concertados usan ese margen para desbordar el número de alumnos por aula con escolares nacionales previamente seleccionados.

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A la espera de la nueva Fe

Expectación y reservas en el barrio valenciano de Malilla ante el futuro hospital

XAVIER ALIAGA - Valencia - 18/05/2008

El nuevo hospital La Fe ya deja ver su contorno. Sin embargo, el futuro centro sanitario de referencia todavía habrá de esperar para entrar en funcionamiento, el primer trimestre de 2010 según la última previsión facilitada por el consejero de Sanidad Manuel Cervera. Mientras, los vecinos de Malilla, el barrio de acogida, esperan ese momento con una mezcla de expectación por el impacto económico y de prevención ante las posibles molestias de ruido y delincuencia derivadas de la convivencia con la nueva Fe.

"Por la noche todos los gatos son pardos y aquello será una auténtica ciudad"

En lo que todos coinciden es en las buenas perspectivas de un barrio con cerca ya de 30.000 habitantes, censo engordado por la inmigración, que los vecinos definen como "tranquilo" y que presenta numerosas carencias urbanísticas, de servicios y de comunicaciones. Malilla nació como barriada de inmigrantes al albur del Plan Sur y ha sido una zona aislada y encajonada por el triángulo formado entre las vías del tren, el cauce del río Turia y la avenida de Ausiàs March. Pero ahora comienza a abrirse a la ciudad con la apertura del Bulevar Sur y con la propia construcción de la Fe.

La primera expectativa tiene que ver con el trajín y el movimiento de personas. Santos Torres, dueño de un bar a punto de jubilarse, dice que económicamente "la construcción del hospital se tiene que notar". "Aunque yo no lo veré, aquí va a venir muchísima gente", añade, y comenta que el primer síntoma fue la llegada de obreros para la construcción de la estructura del edificio. Torres destaca que la apertura de vías de comunicación "dará fácil acceso al barrio". Cristina, su hija, no se hace grandes planteamientos: "Malo no va a ser. Todo lo que sea construir un hospital y mejorar el servicio sanitaria es bueno".

A otro nivel, la puesta en marcha de La Fe se espera que dinamice el mercado inmobiliario. Julia Carrillo, propietaria de una inmobiliaria "de barrio", ratifica que el futuro hospital "ha revalorizado la zona" y recuerda que desde que se anunció "los precios de los pisos han subido en proporción más que en otros barrios: estaba por debajo de la media, hace cuatro o cinco años, y ahora está un poco por encima". Carrillo espera que el hospital atraiga compradores e inquilinos. Pero todavía no hay movimiento. "Actualmente no tenemos demandas del futuro personal sanitario, pero es pronto. Al hospital todavía le falta un poquito", dice esperanzada.

Antes de La Fe, la fisonomía de Malilla ya estaba en proceso de transformación. "Este era un barrio mal considerado, hubo épocas muy malas, pero ahora viene gente a vivir aquí. De hecho, éste era un barrio obrero en el que los hijos nos hemos quedado a vivir", apunta Pepa Mocholí, empleada de la inmobiliaria que tiene a gala ser "hija de ferroviarios". Y quizá porque el barrio está cobrando vida propia al margen de La Fe, se mira con reservas al coloso. "El hospital también tiene la contrapartida de los ruidos, las ambulancias, los helicópteros... Para mí que la opinión del barrio está dividida a la mitad", apunta. De hecho, no es difícil encontrar personas que se expresen en ese sentido. Vicenta García, propietaria de un estanco, dice que "seguro que habrá movimiento" y espera que el hospital sirva para mejorar las comunicaciones del barrio -la parada de metro más cercana está en Jesús-, pero también muestra sus reservas por el hecho de que Malilla pueda ser zona de paso de ambulancias e incide en la posible inseguridad generada por el hospital, que en su opinión atraerá problemas de prostitución y de delincuencia: "Por la noche todos los gatos son pardos y aquello será una auténtica ciudad".

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Malilla, Melania Castelló, ordena la cuestión. "Al principio estábamos un poco a la expectativa, porque un hospital podía comportar problemas de ruidos, pero nos dimos cuenta de que la gente, casi sin excepción, estaba contenta", explica sobre el inicio del proyecto. A propósito del impacto acústico, Castelló dice que la administración "ha dado garantías de que Malilla no será zona de paso, sino que el tránsito de las ambulancias será por el Bulevar y por Ausiàs March". "La Fe, en definitiva, traerá cosas buenas y malas", resume. A la dirigente vecinal le preocupan más las carencias actuales y espera que mejore la comunicación con autobús, que se solucione la precaria situación de alcantarillado y que se ejecute un centro polideportivo, una promesa largamente aplazada y que los vecinos reprocharon a Rita Barberá en una reciente visita a Malilla de la alcaldesa. Castelló piensa que no sólo La Fe cambiará la fisonomía del barrio, "sino también otras actuaciones como el soterramiento de las vías del AVE y la construcción del Parque Central". "El barrio estaba abandonado, pero parece que ya se está haciendo algo", concluye.

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Un informe encargado por el Consell desvela el descontrol de los gastos en Canal 9

¿Qué hacer con RTVV? Debió cuestionarse el conseller de Economía, Gerardo Camps, cuando encargó a una empresa externa un estudio detallado del presente real del grupo RTVV y preguntó por posibles soluciones. La respuesta no pudo ser más demoledora. RTVV descontrola sus gastos, aumenta sin justificación su plantilla, no existen controles internos, compra mucha producción y cada vez produce menos. Su futuro es más que negro si no cambia su modelo de gestión.
R. Rodríguez/J. R. Seguí, Valencia
La situación de quiebra técnica que atraviesa desde hace años Radio Televisió Valenciana (RTVV) no sólo es un hecho objetivo, a tenor del balance anual de resultados del grupo o como así se demuestra en el último cierre económico, que estimaba en más de 1.200 millones de euros la deuda que arrastra el Ente. RTVV se podría decir que pertenece orgánicamente a la Generalitat pero en realidad, debido a su situación financiera, también se podría afirmar que es propiedad de los bancos.
Seguramente, esa preocupación existente en la propia administración autonómica, que ve cada año cómo la cadena se convierte en un pozo sin fondo y es incapaz de levantar cabeza, llevó en 2007 a la Conselleria de Economía y Hacienda, a cuyo frente se encuentra Gerardo Camps, a encargar un informe de situación a la consultora Ernst & Young, cuya conclusión dibuja un panorama preocupante. El informe, al que ha tenido acceso este diario no se trata de una auditoría, sino de un estudio de la realidad económica, estructural y de funcionamiento del grupo, pero al mismo tiempo ofrece planes de actuación concretos para revertir la situación, que pasan por un reajuste de gastos, plantilla, organigrama, marketing, financiación...
Patrimonio a la baja
El informe alerta de la "drástica y continuada disminución del Patrimonio de RTVV, que se encuentra en valores negativos", como consecuencia del modelo de financiación adoptado por el Ente público. El documento, referido a los ejercicios de 2005 y 2006, advierte de que "es necesaria la ejecución de un profundo y amplio estudio de las necesidades de financiación a corto y medio plazo para restablecer la situación patrimonial a niveles adecuados".
En los años estudiados por el informe, la deuda reconocida por RTVV había pasado de los 82 millones de euros de 2000 a los 188 millones de 2007, año especialmente reseñable, ya que el endeudamiento aumento en 50 millones con respecto a 2006, gracias principalmente al proceso de amortización de la deuda existente. Debido a la carga asumida, los encargados de analizar las cuentas instan a RTVV y la Generalitat Valenciana a "tomar medidas", ya que en 2006 "sus fondos propios eran sensiblemente inferiores a la mitad del capital social".
En la actualidad, la deuda de 1.200 millones de euros, sumando la de corto y largo plazo, obliga a la cadena a pagar 45 millones anuales sólo en concepto de intereses por el dinero prestado. El pasado mes de enero el consejo de administración acordó solicitar un nuevo crédito, de 194 millones de euros, de los cuales 166 irán destinados a enjugar las pérdidas de las diferentes empresas que componen el grupo.
El informe no deja bien parada la forma de gestionar RTVV. Además, no sólo aborda temas macroeconómicos, sino que baja a la arena, hasta el punto de analizar temas como la productividad, las colaboraciones externas, el rendimiento publicitario o las dietas, hasta el extremo de llegar a afirmar que "es obvio que los mecanismos de control interno en RTVV, RAV y TVV no se encuentran formalizados", y ofrece diferentes ejemplos y planes de acción, llegando a proponer que alguien controle y actualice las firmas autorizadas en las cuentas bancarias. Como ejemplo pone el de un directivo que dos años después de abandonar el Ente aún seguía figurando como firma autorizada en una de las cuentas de RTVV.
Dietas sin control
Por no hablar del tema de las dietas, uno de los que genera mayor falta de control. Según el informe, se conceden por un importe fijo, sin que el empleado tenga la obligación de "justificar el gasto realmente incurrido en su desplazamiento". Por ello, advierte de que "en el caso de la Dirección plantease una política estricta de contención del gasto, sería recomendable instaurar un régimen de dietas que funcionase con límites máximos para cada concepto. De esta forma, las dietas dejarían de ser una remuneración adicional para el empleado". Al mismo tiempo, apunta que debería formalizarse también un verdadero "control y seguimiento de los gastos por dietas, locomoción y alojamiento, con el objeto de hacer compatible la gestión económica con las necesidades técnicas de la actividad". Además reclama fijar una política concreta de dietas y establecer un sistema de liquidación en el que se adjunten tickets y justificantes de gastos, un aspecto poco justificable cuando se trata de dinero público.
Un caso similar es el detectado en las colaboraciones ajenas a la cadena. Desde hace años son muchas las voces que alertan de la creciente externalización del Ente Público, en el que muchos programas se nutren, casi exclusivamente, de colaboradores ajenos a la estructura de la empresa, y están realizados desde productoras de fuera de la Comunitat Valenciana. Tras confirmar que muchas de esas colaboraciones se realizan sin que medie contrato alguno, el informe pide "el establecimiento de una norma interna que estipulara el precio a pagar por crónica o colaboración, así como los conceptos por los que RAV y TVV pueden acudir a un corresponsal".

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El PP nacional presiona a Camps para que retire su propuesta de Ciudadanía en inglés

La dirección quiere que los libros estén en castellano y que la materia sea igual en sus autonomías.
Victoria Bueno, Alicante
Los responsables de Educación en la Comunitat Valenciana han recibido una llamada de atención desde la dirección nacional del PP, desde donde se quiere que todas las autonomías gobernadas por este partido sigan un mismo modelo a la hora de impartir Educación para la Ciudadanía el curso que viene en segundo de ESO.
A la espera de recibir las instrucciones políticas pertinentes, el Consell retrasa la publicación de la normativa oficial sobre la asignatura y todo apunta, según indican fuentes bien informadas, a que el elemento más discordante ahora mismo es que se vaya a impartir en inglés en la Comunitat Valenciana y que, por tanto, se deba dar marcha atrás.
Aun en el caso de que finalmente no fuera así y Camps mantuviera su postura, la realidad se impone por la ausencia de docentes voluntarios para impartir las clases de refuerzo en julio: en Educación para la Ciudadanía ni hay libros de texto en inglés, ni hay profesores de Filosofía o de Historia que estén dispuestos a dar la asignatura en inglés en los excepcionales casos en los que se conjuguen ambas circunstancias: que el docente domine la lengua extranjera y la materia a impartir. Además, la totalidad de las muestras de los nuevos libros de texto de Educación para la Ciudadanía para segundo curso de ESO que están llegando a los institutos de toda la Comunidad están en lengua castellana. Ninguna editorial se ha lanzado todavía a elaborar la materia en inglés pese a que así es como contempla la Conselleria de Educación que se debe impartir en las aulas de los institutos a partir de septiembre. Y como tampoco se puede imponer al profesorado a que imparta cualquier asignatura en una lengua determinada que no sea la oficial -como sería el castellano o el valenciano-, las actas que ha recogido la inspección de su paso por los institutos para saber con qué profesores se cuenta, apenas tienen voluntarios de Educación para la Ciudadanía en inglés. A las preguntas de los directores los inspectores han contestado: "Se tendrá que dar en castellano".
El borrador sobre la organización pedagógica de la asignatura que Educación entregó a los representantes sindicales hace unos meses y el reciente rechazo de la mayoría del PP en el parlamento valenciano a una moción que presentó el PSPV para instar a que la asignatura se imparta en castellano o en valenciano, inciden en que "el inglés fomenta el aprendizaje de otros idiomas".

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El Defensor del Pueblo investiga la falta de protección a las maltratadas en la C. Valenciana

La Comunitat figura entre las que dedica un menor número de agentes

Europa Press, Madrid
El Defensor del Pueblo acaba de abrir una investigación de oficio ante la dirección general de la Policía y la Guardia Civil sobre la falta de efectivos para la protección de las víctimas de la violencia machista, según informó ayer esta institución. Según datos revelados por la oficina que dirige Enrique Múgica, se ha denunciado "escasez de medios materiales para proteger a las víctimas, tales como vehículos para poder acompañar a las mujeres maltratadas a los juzgados" en la Comunitat Valenciana y Galicia, dos comunidades autónomas que aparecen "entre las que menos agentes dedica a la atención de mujeres con órdenes de alejamiento" a pesar de la enorme sensibilización social que existe respecto a los casos de violencia machista contra las mujeres.
Enrique Múgica quiere conocer el número total de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dedican a la protección de mujeres maltratadas o amenazadas y el ratio de agentes por orden de alejamiento en cada una de las provincias de las que ha ido recabando información.
Según denuncia el Defensor del Pueblo, en Cádiz "se carece de suficientes números de la Guardia Civil para cumplir estas funciones", mientras en la Comunidad de Madrid "hay una considerable escasez de funcionarios de Policía asignados a las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección".

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17 May 2008

CV. 16/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 17 May 2008 - URL Permanente

CV. 15/05/2008.

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El fiscal pide multas de dos millones, embargo y cárcel para Cartagena por las primas únicas

El juzgado que instruye el caso tiene dificultad en encontrar patrimonio a nombre del ex conseller de Obras Públicas de la Generalitat que garantice el pago de la cantidad exigida

José Antonio Martínez, Alicante
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido tres años de prisión y una multa de dos millones de euros al ex conseller del PP Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según el escrito de acusación hecho público ayer. Para garantizar el pago de estas cantidades, el fiscal había reclamado el embargo preventivo de los bienes del ex dirigente popular de la Vega Baja.
El juzgado de Orihuela que ha terminado la instrucción del caso ha estado investigando el patrimonio del ex conseller de Obras Públicas entre 1995 y 1998 y ex alcalde de Orihuela para aplicar la medida económica. Fuentes cercanas al caso indicaron que están teniendo dificultades para localizar bienes a nombre del imputado. Durante este último año se ha consultado en el Registro de la Propiedad, en Tráfico y en otros organismos pero no se había podido localizar nada. De no encontrarse bienes a su nombre, debería firmarse un documento de insolvencia. El fraude a Hacienda cometido por el ex conseller es de 83,6 millones de las antiguas pesetas, más de medio millón de euros, según el escrito del fiscal.
Veinte años después
Los hechos denunciados se remontan al año 1988 y ahora están entrando en su recta final veinte años después, aunque la investigación comenzó en el año 1992. El ex conseller tuvo que dimitir por este caso hace diez años y desde entonces se encuentra retirado de la vida política.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, hizo público ayer el escrito de acusación presentado hace más de un año y medio en el juzgado de Instrucción cuatro de Orihuela, una vez que la magistrada ha dictado la apertura del juicio oral.
El caso arranca de la comercialización por parte del Banco de Santander entre el año 1988 y el 1991 de un producto financiero, las cesiones de crédito de nuda propiedad, con el reclamo de que eran opacos a Hacienda. Según el escrito de fiscal, «el contrato de la nuda propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas». Un decreto ley del año 1989 impidió que estos productos siguieran ofreciéndose como opacos y los bancos tuvieron la obligación de enviar a Hacienda los titulares de estos productos.
La investigación reveló que uno de los titulares de estos productos financieros era el ex conseller Cartagena. Las cuentas estaba a nombre de un empresario ilicitano en la actualidad fallecido, F. M. S. I., que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa. La Fiscalía sostiene que el estudio de la documentació contable y los estudios de Robótica de la Universidad de Valencia avalan que Cartagena era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones. Cartagena siempre ha negado que el dinero sea suyo. Las operaciones financieras realizadas entre 1988 y 1989 ascendieron a 300 millones de pesetas.
Incremento no justificado
El fiscal recuerda que Luis Fernando Cartagena declaró en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, aunque según los informes de los peritos judiciales, el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones de las antiguas pesetas.
Por tanto, según la acusación presentada por Anticorrupción, el dinero defraudado a Hacienda asciende a 83 millones de pesetas (medio millón de euros). Por este motivo, reclama una pena de tres años de prisión más una multa de un millón y medio de euros, que equivale al triple de la cantidad defraudada. Asimismo, se pide el pago de medio de euros más a la Agencia Tributaria por el dinero presuntamente defraudado.
Luis Fernando Cartagena está pendiente de cumplir otra condena judicial de cuatro años de prisión por apropiación indebida, para la que ha solicitado el indulto.

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Fabra: "Ni me alejo ni me acerco de Rajoy y Camps, estoy en el mismo sitio"

16:48 El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha pedido hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, que la candidatura que presente en el próximo congreso partido "contenga todos los pensamientos que hay dentro del Partido Popular" y ha remarcado que "no necesariamente todos tenemos que pensar igual".

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Camps culpa a la informática del retraso en la dependencia y el PSPV le recuerda los muertos

NEUS CABALLER - Valencia - 16/05/2008

El Presupuesto de la Generalitat valenciana para construcciones escolares en 2008 asciende a 128,13 millones de euros (lo que supone un recorte de 5,7 millones respecto al ejercicio anterior). Aunque, con precisión, el subtotal de gastos para la construcción, reforma o ampliación -es decir, el gasto puro y duro para obras educativas- asciende a 70,7 millones; lo que supone sólo el 55% del volumen total presupuestado para renovar el parque valenciano de colegios e institutos públicos.

Las direcciones territoriales piden un 30% más de administrativos

Pese a que este año hay l.146 profesores más, se recortan 37 plazas no docentes

Del análisis de la financiación del plan de construcciones CreaEscola ideado por Francisco Camps hace dos legislaturas -que va ya por su tercera versión desde 2001- se observa que su "peso" presupuestario recae básicamente sobre dos pilares: la empresa pública de construcciones educativas Ciegsa y, en menor medida, "convenios con ayuntamientos a través del IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda), con un presupuesto de 12 millones.

Tras revisar a conciencia los números oficiales de la educación en la Comunidad Valenciana contenidos en la Ley de Presupuestos para 2008, el portavoz parlamentario de Educación del Grupo Socialista, Adolf Sanmartín, ha llegado a la conclusión de que "sobran campañas propagandísticas; sobran los excesivos 'gastos de gestión' de Ciegsa y 'faltan más ladrillos'. Es evidente que de cada 100 euros de dotación presupuestaria: 19 son para deuda, 26 para gastos de gestión y sólo 55 para la ejecución de la construcción, reforma y ampliación de centros".

Del análisis de las cuentas públicas de la enseñanza valenciana, Sanmartín destaca que se produce una "potenciación de la educación privada" con un incremento neto de las aportaciones en los presupuestos de este año.

Las cuentas públicas de la educación valenciana arrojan resultados diversos -e, incluso, contradictorios- según la óptica o la variable con que se miren. Por ejemplo, el análisis comparativo por ejercicios pone de manifiesto la inyección de dinero que va a la red educativa concertada, cuyas transferencias (sumando las diferentes líneas de gasto) ascienden a 635,3 millones de euros en 2008. Una cifra que representa un incremento neto de 61,5 millones más respecto al ejercicio anterior.

"El tratamiento presupuestario de años anteriores potenciador de la enseñanza privada se mantiene en todos los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria", sostiene el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Adolf Sanmartín, "sin que obedezca a un aumento significativo del alumnado en dichos centros".

Pero además, añade, un tercio de este incremento anual en conciertos presupuestado para 2008 "viene dado por el empecinamiento en la concertación del nivel no obligatorio de Bachillerato, con una línea de gasto dotada con 20,8 millones", aunque solo para los 13.275 alumnos matriculados en este tramo.

Sanmartín aclara: "Una subvención consolidada 'vía convenio' tiene sentido solo cuando se trata de niveles obligatorios de enseñanza". O, en el supuesto de falta de plazas. Cosa que no ocurre en una autonomía, como la valenciana, donde la matrícula de bachilleres cae a un ritmo del 0,6% en el último curso.

¿Cómo se explican estos incrementos y cuentas en un solo ejercicio? ¿Qué factores sostienen la disparidad de 360º que hay, según la caja a la que va destinada el dinero sea pública o privada? Tras revisar cada una de las partidas que gestiona la Consejería de Educación -"con los números oficiales en la mano. Sin maquillajes"- el diputado Sanmartín llega a varias conclusiones. Por ejemplo, las "contradicciones presupuestarias" que vuelven a aflorar si se observa la reducción de laborales y administrativos para 2008: una plantilla de personal no docente que prácticamente se mantiene con el mismo peso específico que tenía en 1996, pese a que hoy gestiona una consejería que ha triplicado su plantilla docente en el mismo periodo hasta tener 53.702 profesores.

"Analizando el número de personal no docente clasificado por altos cargos, categorías y grupos en los dos últimos ejercicios" -cuya financiación sale del Capítulo 1 de Gastos de Personal- Sanmartín aprecia otra paradoja más. Que mientras el incremento de la nómina de maestros y profesores ha crecido en 1.146 en 2008, la de personal laboral no docente se ha recortado en 37 puestos. Con lo que se queda en 4.456 personas (incluidos altos cargos, el consejero y su gabinete).

El recorte se ceba en los grupos E y D de subalternos: con 101 nóminas menos que en 2007. Mientras la pirámide crece hacia arriba en los grupos C, B y altos cargos con 1 más.

"Y con particularidades", añade Sanmartín, "como el hecho de que el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales se dota de presupuesto, pero sólo se le adscribe un funcionario del grupo A para llevar el peso de la formación profesional".

En este punto de la reflexión es donde cobran más peso las palabras del director territorial de Alicante, Valero Alías Tuduría que, nada más tomar posesión de su cargo en noviembre pasado, denunció: "Me falta gente en Educación, y no sé a quién presionar. Hay que aumentar la plantilla en un 30% o 40% sólo en los servicios territoriales de Alicante, para poder desatascar la aglomeración".

Este repaso por los presupuestos de la enseñanza valenciana quizá explique por qué "la Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en inversión por alumno", según los últimos datos del Ministerio de Educación; mientras su resultado académico ha pasado en una década de liderar el sexto puesto por arriba, a caer al quinto por la cola.

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El alcalde de Finestrat contrata a 25 militantes del PP en puestos municipales -
SERGI CASTILLO - Benidorm - 16/05/2008

El PSPV de Finestrat ha denunciado la contratación "masiva e irregular" por parte del alcalde de la localidad, Honorato Algado, de más de 25 trabajadores municipales que son "militantes, apoderados e interventores" del Partido Popular, según el portavoz del grupo, Vicente Martínez. Entre ellos figuran cuatro miembros de la candidatura popular que no salieron elegidos concejales en los comicios del año pasado, así como varios familiares de éstos. El número siete de la lista, Tomás Sellés, ocupa el cargo de coordinador de deportes, y su esposa, Lynda Owen, trabaja en el servicio de atención a residentes extranjeros. La candidata número ocho, Teresa Palomero, ha sido destinada a un centro social, y su hermano a servicios técnicos. El número nueve, Juan Carlos Arijón, forma parte de una extensión administrativa del consistorio; y una de las suplentes, María Elvira Lloret, familiar del alcalde, está en el departamento de información municipal.

Los socialistas piden la dimisión de Algado por convertir el consistorio en "su oficina personal de empleo", según Martínez. Estas nuevas incorporaciones son un "hecho gravísimo", ya que "no han superado ningún tipo de examen", lo que supone "una discriminación y una falta de respeto hacia los propios funcionarios", y vulnera el derecho a obtener una plaza en igualdad de oportunidades.

El portavoz del PP, Juan Francisco Pérez, replicó que la mayoría de puestos son cargos de confianza nombrados "por decreto de alcaldía", y "sustituciones de personas que estaban de baja". En todos los casos, el consistorio ha actuado "dentro de la legalidad". "Es algo lógico y normal que cuando hay un relevo en el gobierno los nuevos responsables se rodeen en los puestos de más importancia de personas con mayor confianza", argumentó. Los socialistas "tratan de desgastar al alcalde utilizando políticamente algo que es normal y hace meses que ha sucedido". El portavoz del PP añadió que Finestrat "debe de ser uno de los pocos municipios de España en los que cuando ha llegado un nuevo partido al poder ha respetado en parte a los cargos de confianza del anterior alcalde".

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15 May 2008

CV. 15/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 15 May 2008 - URL Permanente

CV. 14/05/2008.

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El PP veta una interpelación sobre la corrupción en la C. Valenciana alegando que no existe

02:13 Albiol (EU) sostiene que la censura "es un síntoma de la complicidad con los imputados"

J. G. G., Valencia
Las Corts no podrán debatir sobre los casos de supuesta corrupción en la Comunitat, con varios cargos del PP imputados en procesos judiciales, porque, en opinión de los populares, no hay tal corrupción. Los representantes del PP en la Mesa de la Cámara vetaron en la reunión del martes una interpelación formulada por la diputada de Esquerra Unida en el grupo de Compromís Marina Albiol al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, sobre la política general del Consell en materia de corrupción.
Según fuentes de la reunión, la secretaria primera de las Corts, Mª Fernanda Vidal (PP), justificó la negativa a tramitar la interpelación -que habría obligado a De Rosa a explicarse en el pleno de la próxima semana-, invocando el artículo del reglamento que permite no admitir preguntas si incluyen valoraciones que se consideren ofensivas. Vidal dijo que la iniciativa contenía un juicio de valor, ya que, aseguró, aquí no han corrupción, según las fuentes citadas.
Marina Albiol denunció ayer la "censura" sufrida, consideró que "la corrupción afecta al PP de norte a sur del País Valenciano" y subrayó que con su interpelación quería "poner de manifiesto que la Generalitat no está poniendo los medios adecuados para que se haga justicia". "El hecho de que el conseller de Justicia no quiera comparecer en las Corts para hablar de los numerosos casos de corrupción que asolan el País Valenciano es un claro síntoma de la complicidad de todo el PP con los imputados por corrupción. Todo el PP, incluido el presidente de la Generalitat y los consellers que apoyan a personajes como Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, imputado por diversos delitos contra la Administración y un presunto delito fiscal", sentenció. A su juicio, el PP tiene "secuestrado el legislativo" y ha decidido que la corrupción es "tabú".
El incidente en el pleno
El veto se produce tras el incidente de hace meses, cuando en un debate Albiol aludió a la situación judicial del también diputado autonómico y alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), y éste luego la instó a callar o se vería obligado a "decirle que era una de esas personas a las que se conoce por la profesión de su madre". La presidenta no ha querido reunir a la comisión del Estatuto para enjuiciar esta actitud. "No me harán callar", dijo ayer Albiol, tras aludir a otro diputado con problemas, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante. Además, instó a De Rosa a aclarar qué medidas ha tomado para evitar el problema del juzgado de Nules que tramita el caso Fabra, tras cuatro años y nueve jueces.

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CON UN PAR, EL EMBUSTERO.

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Camps culpa a los fallos informáticos de los retrasos de las ayudas a la Dependencia

El presidente de la Comunidad dice que se atienden a 85.000 personas más con el Gobierno del PP.

EFE - Valencia - 15/05/2008

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha justificado el retraso de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia en los fallos del sistema informático para su tramitación, pese a lo cual la Generalitat atiende a 100.000 dependientes, 85.000 más que cuando gobernaban los socialistas, según el líder valenciano.

Camps ha respondido así en el pleno de Las Cortes Valencianas a una pregunta del portavoz del PSPV-PSOE, Angel Luna, sobre las medidas que piensa adoptar para que los valencianos "puedan acceder, de forma satisfactoria, a recibir las ayudas a que les da derecho" la norma estatal.

Al respecto, el presidente ha afirmado que el Gobierno socialista "no ha sabido organizar" el procedimiento para tramitar las ayudas a la Dependencia, de modo que, "por culpa del sistema informático", la gestión de las prestaciones "no está funcionando como tenía que funcionar".

"La misma circunstancia crítica se está viendo en todas las comunidades autónomas", ha dicho Camps, quien ha resaltado que, no obstante, la Comunidad Valenciana "está por encima" del resto de autonomías en la aplicación de la norma.

Desde el inicio de la aplicación de la ley en la Comunidad, la Generalitat ha remitido a cerca de 4.000 personas a residencias o centros de día. Por contra, Luna ha acusado a los populares de estar "priorizando" la valoración de los dependientes ya residentes en la Comunidad y que, por tanto, ya estaban recibiendo prestaciones de la Generalitat, con lo que "se está defraudando" la ley de Dependencia.

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sesión de control en las corts
EFE

Camps achaca a fallos informáticos el retraso en las ayudas a la Dependencia

16:33 El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha justificado el retraso de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia en los fallos del sistema informático para su tramitación, pese a lo cual la Generalitat atiende a 100.000 dependientes, 85.000 más que cuando gobernaban los socialistas.

EFE Camps ha respondido así en el pleno de Les Corts a una pregunta del portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, sobre las medidas que piensa adoptar para que los valencianos puedan acceder a las ayudas a que les da derecho la norma estatal.

El president ha afirmado que el Gobierno socialista "no ha sabido organizar" el procedimiento para tramitar las ayudas a la Dependencia, de modo que, "por culpa del sistema informático", la gestión de las prestaciones "no está funcionando como tenía que funcionar".

"La misma circunstancia crítica se está viendo en todas las Comunidades autónomas", ha dicho Camps, quien ha resaltado que, no obstante, la Comunitat Valenciana "está por encima" del resto de autonomías en la aplicación de la norma.

Además, el president ha recordado al portavoz socialista que cuando su partido gobernaba la Generalitat, unas 15.000 personas dependientes eran atendidas en la Comunitat, mientras que ahora "son 100.000", y ha dicho que desde el inicio de la aplicación de la ley la Generalitat ha remitido a cerca de 4.000 personas a residencias o centros de día.

Por contra, Luna ha acusado a los populares de "priorizar" la valoración de los dependientes ya residentes en la Comunitat y que, por tanto, ya estaban recibiendo prestaciones de la Generalitat, con lo que "se está defraudando" la ley de Dependencia.

"Con el dinero que les da el Estado están financiando servicios que corresponden a la Generalitat" cuando, ha agregado, a la financiación que destina el Ejecutivo central a estas ayudas, el Consell "tiene que aportar algo nuevo".

Según Luna, hay "un clamor en la calle" que denuncia la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de la Generalitat, hasta el punto de que "no hay organización ni institución pública o privada que no se haya quejado de lo que están haciendo".

Por otra parte, Camps ha reclamado el trasvase del Ebro como medida de "descontaminación" frente a las desalinizadoras, así como inversión para construir un eje ferroviario en el corredor mediterráneo que evite la contaminación del transporte de mercancías por carretera.

Camps ha respondido así a una pregunta de la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, sobre las medidas que el Gobierno valenciano ha adoptado en materia medioambiental para combatir la contaminación.

El president ha asegurado que el trasvase del agua del Ebro a la Comunitat "sería una medida de descontaminación en relación a lo que significaría la contaminación del medio marino de las desalinizadoras que propone el Gobierno socialista".

Igualmente, ha recalcado que la inversión en infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías en el corredor mediterráneo "también sería uno de los grandes impactos que beneficiaría la atmósfera de la Comunitat y de España", al evitar así "el paso de miles y miles de camiones para transportar mercancías" a lo largo de ese eje.

Oltra ha resumido el "triste balance" de la lucha contra la contaminación del Consell en "más contaminación atmosférica, menos reciclaje de residuos, falta de normativa en materia de contaminación lumínica, inaplicación de la Ley del Ruido, acuíferos contaminados de nitratos y sales, y construcción deficiente de emisarios submarinos".

Finalmente, Camps ha destacado el esfuerzo inversor del Consell en aquellos servicios que dan "seguridad y confianza" a las familias, y ha reclamado al Gobierno central que ajuste las transferencias estatales a la población real de la Comunitat.

Camps ha respondido así a la pregunta del portavoz del grupo popular, Ricardo Costa, sobre las medidas del Consell de apoyo a las familias para que mejoren su bienestar.

Ha valorado las más de 400 iniciativas puestas en marcha "por pequeñas que sean", así como la importante rebaja de impuestos que el Consell ha desarrollado en los últimos años que, según ha dicho, ha permitido que las familias dispongan de más de 1.000 millones de euros.

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Bienestar Social reclama a Cabrera 3.500 millones para la aplicación de la ley
La Dependencia paga el bono del Consell
Camps destaca el esfuerzo a favor de las familias y pide que se reconozca el aumento de población

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Fabra se muestra "molesto"con el Consell por paralizar campos de golf en Castelló

15:14 El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha manifestado hoy que está "molesto" con el Consell por la "paralización y la lentitud de muchos proyectos y de iniciativas de golf que hay en la provincia" y ha dicho que, "con todo respeto", espera la "aceleración de estos proyectos, que son más que de inversión, de gestión".
EFE Fabra ha asegurado que la puesta en marcha de esos proyectos son "absolutamente indispensables para que el aeropuerto sea una realidad", aunque ha matizado que no se "atrevería a decir que la provincia de Castellón está discriminada por la Generalitat".

"Decir que la provincia está discriminada sería tanto como no conocer la realidad de lo que la Generalitat está haciendo en la provincia", ha declarado Fabra después de citar la inversión de 50.000 millones de euros en el aeropuerto o la construcción de carreteras como la CV-10 hasta Vilanova d'Alcolea o el proyecto de duplicación de la carretera desde esta localidad hasta Torreblanca.

"Todos queremos más, y yo el primero, pero especialmente creo que hay temas de gestión que se debían haber agilizado más de lo que se ha agilizado, y por lo tanto, yo espero que el Gobierno valenciano sea sensible a esta necesidad", ha reclamado, al tiempo que ha reivindicado al Gobierno central más inversiones para Castellón.

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"Di mi aval a Rajoy hace 25 días"
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Oropesa acusa al Consell de "pitorrearse" de Mundo Ilusión
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Emilio Barberá dimite al hacerse públicos sus negocios

Barberá, impulsor de la VIU, acusó a los rectores de "ahogarse en dinero"

IGNACIO ZAFRA - Valencia - 15/05/2008

La Consejería de Educación anunció ayer la dimisión de Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidad y Ciencia y ex secretario autonómico de Empresa. Su retirada se produjo tras la publicación en EL PAÍS de que ha simultaneado su cargo con distintas responsabilidades en dos empresas biotecnológicas, sector directamente relacionado con su puesto. Barberá fundó la última compañía, Celartia Europe Sociedad Limitada, de la que es administrador y socio único, hace tres meses.

El ex secretario autonómico ocultó su actividad privada al Consell, admitió ayer el vicepresidente primero, Vicente Rambla, por cuya oficina debería haber pasado, en todo caso, su petición de compatibilidad.

La ley que regula los conflictos de intereses del personal de las administraciones públicas deja, sin embargo, poco margen para la duda: Prohíbe "la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas, o entidades privadas siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado".

Barberá deja el cargo tras una turbulenta relación con los universitarios (a quienes acusó de poder trabajar más por lo que cobraban), y tras haber centrado sus energías en el polémico proyecto de la VIU. Será sustituido por María Amparo Camarero, directora de departamento en la Universidad Jaume I de Castellón.

Emilio Barberá empezó con mal pie en el Gobierno valenciano. Pocas semanas después de ser nombrado secretario autonómico de Empresa, en marzo de 2006, este periódico publicó su tormentosa salida del rectorado de la Universidad del País Vasco a principios de los años noventa. El Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad autónoma, que llegó a dictar una orden de busca y captura contra él, acabo sentenciando en 1999 que Barberá se había apropiado indebidamente de 34.900 euros de los fondos de la institución, y le ordenó restituirlos.

La Consejería de Educación anunció ayer la dimisión de Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidad y Ciencia y ex secretario autonómico de Empresa. Su retirada se produjo tras la publicación en EL PAÍS de haber simultaneado su cargo con distintas responsabilidades en dos empresas biotecnológicas, sector directamente relacionado con su puesto. Barberá fundó la última compañía, Celartia Europe Sociedad Limitada, de la que es administrador y socio único, hace tres meses.

El ex secretario autonómico ocultó su actividad privada al Consell, admitió ayer el vicepresidente primero, Vicente Rambla, por cuya oficina debería haber pasado, en todo caso, su petición de compatibilidad.

La ley que regula los conflictos de intereses del personal de las administraciones públicas deja, sin embargo, poco margen para la duda: Prohíbe "la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas, o entidades privadas siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado".

Barberá deja el cargo tras una turbulenta relación con los universitarios (a quienes acusó de poder trabajar más por lo que cobraban), y tras haber centrado sus energías en el polémico proyecto de la VIU. Será sustituido por María Amparo Camarero, directora de departamento en la Universidad Jaume I de Castellón.El ya dimitido alto cargo llegó al Consell de la mano de Justo Nieto, pero le sobrevivió. Cuando, tras las elecciones autonómicas del año pasado, Nieto fue apartado del Gobierno valenciano, Barberá volvió a ser nombrado secretario autonómico, esta vez de Universidad y Ciencia, en la reunificada Consejería de Educación dirigida por Alejandro Font de Mora.

Lo que comenzó con roces (iniciados con su discurso en la apertura de curso de la Universitat de València, donde dijo que otras instituciones conseguían mejores resultados con presupuestos menores) acabó en un enfrentamiento abierto con los rectores.

Uno de ellos llegó a calificarle de "enemigo número uno de las universidades". Otro afirmó que lo único bueno de su mandato era que había generado una cohesión nunca vista en las cinco universidades públicas.

Pero Barberá no es del tipo de los que se arredran. Aseguraba a quien quisiera oírle que el único problema de las universidades era que se ahogaban en dinero (cuando la deuda de la Generalitat con los campus alcanzaba los 717 millones de euros); que como gestores, los rectores eran unos aficionados; y que en las cuentas universitarias reinaba el desconcierto: parecía que cualquiera podía meter la mano en la caja.

El consejero de Educación le encargó que se dedicara sobre todo a la creación de la VIU (siglas en inglés de la Universidad Internacional Valenciana), una plataforma virtual, privada pero financiada con dinero público, que ya había empezado a ser diseñada en la etapa como consejero de Justo Nieto. Font de Mora y Barberá instaron a las universidades a sumarse a un proyecto que, les aseguraron, les haría ganar dinero. Ningún rector creyó aquello, a la vista de otras experiencias parecidas, como la de la Universitat Oberta de Catalunya. Pero se declararon dispuestos a integrarse con unas condiciones mínimas que, a tenor de los acontecimientos, no se han cumplido: a estas horas, ningún campus público se ha adherido a la VIU, algo que sí que han hecho las dos universidades privadas valencianas.

La diputada socialista Ana Noguera relacionó ayer las actividades privadas del ex secretario autonómico con la misma concepción de la Valencian International University. "Barberá ha querido trasladar a la VIU su experiencia en los negocios: montar una universidad privada sostenida con fondos públicos. Algo que como mínimo bordea el fraude de ley".

En una conferencia impartida en el Parque Tecnológico de Paterna, antes de acceder al Consell, Barberá aseguró que para que una "pequeña empresa de biotecnología" (como la suya) sobreviviera era necesario que recibiera al mismo tiempo financiación privada y financiación pública. Más adelante, Barberá tuvo la llave de esta última al mismo tiempo que continuaba haciendo negocios.

En ese momento, sin que nadie lo supiera, Barberá estaba violando la ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El artículo 3 establece que el desempeño de funciones públicas como la suya "será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia".

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El TSJ desestima el recurso del Gobierno contra el decreto antitabaco valenciano
La obligación de crear zonas para fumadores
El tribunal de La Rioja anuló seis artículos por no ajustarse al contenido legal
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La Confederación del Júcar prohibió en 2005 aumentar las extracciones de agua en Villena

02:04 La multinacional Danone podría acogerse a la Ley de Minas para que dependa de la Generalitat el permiso para embotellar agua
J. S., Valencia
La Confederación Hidrográfica del Júcar acordó en 2005 restringir las extracciones de agua del acuífero de Villena cuando la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante pretendió aumentar la concesión que posee. Los recortes afectaron a las dotaciones para el abastecimiento urbano de Alicante pese a que según la Ley de Aguas de 1985 son prioritarias.
La práctica imposibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorice el cambio de titularidad o de uso del que disfrutan los regantes de Villena en beneficio de Danone, ha llevado a esta empresa a buscar un "rodeo" legal adquiriendo los terrenos en los que se ubican los pozos para acogerse a la Ley de Minas, que regula las aguas minerales-medicinales y que está transferida a la Generalitat.
Danone y sus socios villeneros pretenden evitar que la CHJ pueda paralizar el proceso o dictar que existen beneficiaros mejores en derecho -todos los ayuntamientos que se abastecen del acuífero sobreexplotado- para disfrutar del agua que supuestamente se ahorrará gracias al acuerdo con la multinacional. Si finalmente Danone adquiere los predios en los que se encuentra los sondeos y obtiene de la Generalitat (Industria) la declaración de agua minero-medicinal, la CHJ apenas tendría margen de actuación.
Sin embargo, esta maniobra, desvelada en las páginas de Levante-EMV, coloca en un aprieto al Consell, que ha intentado remarcar que es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quien tiene la responsabilidad de autorizar o no la explotación que pretende Danone del acuífero de Villena. Si acepta, libera a la Generalitat de cualquier "contradicción" en su política trasvasista -es el Estado quien da el visto bueno a la operación- y, si la rechaza, el PSPV podría encontrarse ante un nuevo caso "Porxinos", con todo el PP denunciando una discriminación del Gobierno -Narbona ya se ha ido- contra el pueblo de Villena y el desarrollo de los valencianos.
Por si acaso, el Consell busca posibles escapatorias a esta dicotomía y el lunes constituía la Comisión Mixta de Seguimiento con el Ayuntamiento de Villena para la realización del parque empresarial y la plataforma logística en el municipio alicantino.
Esta comisión estará integrada por el director general de Transportes y Logística, Vicente Dómine, la directora de Sepiva, Inmaculada García y la alcaldesa de Villena, Celia Lledó. La nueva área abarcará, según la Generalitat, 1,5 millones de metros cuadrados y creará 2.000 empleos.
No más extracciones
En enero de 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar dictó una resolución en la que condicionó la amplitud y duración de la concesión de aguas subterráneas de Villena con la que se abastecen los municipios de l'Alacantí, a la generación de nuevos caudales provenientes de la desalación o la depuración de aguas residuales, comúnmente llamadas "aguas regeneradas".
La empresa de Aguas Municipalizadas de Alicante pretendía inicialmente incrementar de 32 a 45 los hectómetros cúbicos que extrae oficialmente de los acuíferos sobreexplotados de Villena y el Vinalopó- el Gobierno cree posible la venta ocasional de caudales por parte de algunas comunidades- con destino al abastecimiento de Alicante, Petrer, Monforte de Cid, Villena, Novelda, Cañada, San Vicente del Raspeig San Joan de Alacant.
Aguas de Alicante obtuvo del anterior equipo de la CHJ, en manos del PP, una autorización provisional para extraer hasta 45,09 Hectómetros cúbicos de agua subterránea frente a los 32.01que obtiene actualmente. la mercantil argumentaba que las nuevas captaciones, con una concesión de 25 años-no suponían menoscabo para el acuífero y se compensaban con los caudales que iban a llegar del Júcar-Vinalopó y del Ebro.
Finalmente la CHJ rebajó la concesión solicitada e introdujo una advertencia para salvaguardar los acuíferos del Vinalopó: la Confederación podrá sustituir en cualquier momento las aguas subterráneas extraídas en el Vinalopó por caudales de la desalación.
Ya entonces, los regantes del Vinalopó, que lidera Andrés Martínez, renunciaron a presentar alegaciones contra las pretensiones de Aguas de Alicante pese a que consagraban y prolongaban durante 25 años más la explotación masiva del acuífero que lo ha llevado a perder casi dos metros de nivel al año en los últimos 25 años.

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El PP pide el trasvase por quinta vez en 6 meses
Cataluña planea mantener las restricciones para regar jardines y llenar piscinas
Castilla-La Mancha anuncia demandas judiciales contra la planta embotelladora
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Educación actualizará este mes los salarios de 14.000 profesores

Levante-EMV, Valencia
La Conselleria de Educación ha confirmado, mediante un fax, al sindicato FSIE que en el mes de mayo actualizará los salarios a los más de 14.000 docentes de la enseñanza concertada de toda la Comunitat Valenciana, según...

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Educación avala la cesión de terreno a centros de élite
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El contrato irrita a los inmigrantes

01:49 La Mesa de Entidades advierte que recurrirán al Constitucional y anuncian manifestaciones
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Compromís pregunta sise exigirá el compromiso alos futbolistas
Blasco: "Decenas de asociaciones han dado su conformidad"
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García Antón niega que exista un pacto con los promotores para encarecer la VPO

Levante-EMV, Valencia
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda José Ramón García Antón aseguró ayer que el aumento del precio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) es "imprescindible" para permitir que se cubran los...

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14 May 2008

CV. 14/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 14 May 2008 - URL Permanente

CV. 13/05/2008.

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Entidades de inmigrantes amenazan con recurrir al TC por el contrato de integración

13:29 Entidades sociales de la Comunitat Valenciana han convocado hoy una concentración para el próximo 25 de mayo contra el contrato de integración promovido por el conseller de Inmigración, Rafael Blasco.

EFE Los portavoces de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Red Sahel para la Inmigración anunciaron hoy que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente se redacta el 'contrato de integración' anunciado por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y éste contempla "visos de inconstitucionalidad".

Así lo indicaron hoy en una rueda de prensa el portavoz de la Red Sahel, Luis Poveda; de Foro Alternativo, Luis Cerrillo; y de la Mesa de Entidades, Lola Duato, quienes lamentaron que el 'contrato de integración' supone "exclusión, fomenta la xenofobia, la discriminación y la criminalización del colectivo" y reclamaron una "verdadera política" de integración.

Al respecto, Luis Poveda indicó que en la actualidad no existe "ninguna" propuesta redactada, pero que en el momento se tenga constancia de la redacción de ese contrato, si contempla algún "viso" de inconstitucionalidad, lo recurrirán. También, en ese caso, pedirán al Gobierno central que ordene a la Fiscalía General del Estado que estudie de oficio los supuestos puntos de inconstitucionalidad.

No obstante, hasta que llegue ese momento, desde las tres organizaciones han iniciado una campaña de recogida de firmas para mostrar su rechazo a la iniciativa, que entregarán a Blasco a finales del mes de junio. También tienen previsto concentrarse a las 12.30 horas del 25 de mayo en el Parque Manuel Granero, en Ruzafa (Valencia), en el marco de una jornadas interculturales.

Las entidades entienden que la propuesta de la conselleria concibe un modelo de "asimilación" y "no un modelo social de integración y convivencia". A su juicio, que las personas extranjeras extracomunitarias deban firmar un contrato para respetar las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas para "no perder la cohesión social" promueve la "estigmatización" del colectivo en la sociedad.

Expusieron, en este sentido, que el cumplimiento de la ley es "exigible" a cualquier ciudadano, por lo que no consideraron "necesaria" ninguna firma de un contrato "especial" si realmente hay un verdadero estado social de derecho. Además, aseveraron desconocer cuáles son las "costumbres y tradiciones regionales" y cuál será el procedimiento que velaría por su cumplimiento.

Por todo, las tres organizaciones reclamaron al Gobierno valenciano que promueva una "verdadera" política de integración social para toda la ciudadanía, "sin discriminación alguna", puntualizaron, y que "cese en sus intentos de estigmatizar al colectivo de inmigrantes extracomunitarios en el País Valencià".

"JUGAR DE ARIETE"

En opinión de Luis Poveda, el conseller Blasco, con el 'contrato de integración', que "sigue" el programa electoral del PP a nivel nacional, pretende "jugar de ariete" en el ámbito autonómico y, sin embargo, subrayó, es una propuesta que "ya ha sido rechazada por la inmensa sociedad, partidos políticos e incluso por el clero", recordó.

Lamentó que Blasco "primero dijo que iba a extender papeles para todos los inmigrantes, luego, cuando le llamaron la atención desde su partido, rectificó, y ahora otra vez pone todo patas arriba y sale con la propuesta del 'contrato de integración'". Indicó que, de esta forma, desconocía lo que quería el conseller.

Por su parte, Luis Cerrillo instó al Consell a hacer firmar un 'contrato de integración' a las personas "ricas" de pueblos de Alicante que "si no sabes alemán, inglés o francés, no te ponen ni una cerveza", ejemplificó. Ellos, aseveró, "si que no intentan integrarse en la sociedad", y "no los que vienen en busca de una oportunidad o de una vida mejor".

Asimismo, Lola Duato abogó por el "mestizaje cultural", y no por "llegar a un país para quitarte la camisa que llevas y ponerte otra". A su juicio, cuando una persona acude a otro país, "asimila su cultura, se empapa de ella y luego muestra la suya". De lo contrario, "no es el camino a seguir", dijo.

CENTRO DE ACOGIDA

Las tres entidades anunciaron otra concentración-acampada en la puerta del Ayuntamiento de Valencia en torno a la primera quincena de junio si no se ejecuta el centro de acogida para inmigrantes "prometido" por la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, para antes del mes de abril.

Poveda afirmó, en este sentido, que desde la Generalitat, que aporta el 60 por ciento del gasto, se les ha transmitido que están pendientes de que se apruebe en el pleno del Consell esta modificación presupuestaria, y que también, por su parte, lo tendrá que aprobar el del Ayuntamiento.

Por último, indicó que esta mañana recibieron una llamada por parte de la Dirección General de Inmigración en la que les instaba a reunirse para que explicaran su posición respecto al 'contrato de integración'. Poveda aseveró que aceptarán el encuentro pero que, paralelamente, se seguirá con la campaña de firmas y con la concentración para el día 25 de mayo.

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Cotino pide incluir la Dependencia en el pacto de financiación autonómica

13:32 El vicepresidente de Bienestar Social de la Generalitat se reúne esta tarde con la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera.

EUROPA PRESS El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino planteará a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en la reunión que mantendrán esta tarde para tratar la aplicación de la Ley de Dependencia que "en el pacto de la financiaciones autonómicas se prevea, igual como se va a prever la sanidad", la dependencia, porque se trata de "una necesidad económica que todas las comunidades autonomas tenemos".

Cotino agradeció, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, la actitud de la nueva ministra, que ha accedido a recibirle y la contrapuso con la que mantuvo el anterior titular de estas competencias, Jesús Caldera, que "no nos recibió, y por lo tanto, no le pudimos explicar los problemas que podemos encontrar y que, de hecho, encontramos, en la aplicación y la financiación" de la ley de Autonomía Personal y de la Dependencia.

Así, calificó de "positiva" la reunión que mantendrán esta tarde, para que "podamos hablar abiertamente, de un tema básico, que es la financiación", aspecto que calificó de "núcleo gordiano" de la aplicación de la ley, además del planteamiento burocrático.

Cotino indicó que haciendo una proyección a 2015 la ley tiene un coste de 7.000 millones de euros, "y por tanto, o hay un cambio en la refinanciación de las comunidades autónomas" o habrá que "replantearse" esta "cifra importantísima", también, especificó, "en la reunión que el conseller de Hacienda tendrá con la política económica y financiera".

Así, manifestó que habrá que reformular "cómo esta ley, que en el fondo yo he dicho y sigo diciendo, que es una ley social buena" va "acompañada de los recursos". A su juicio, hay que hacer un replanteamiento financiero de la ley y de la financiación de las autonomías.

Por otro lado, indicó que ha apostado por, "a las personas que ya estaban en residencias, aunque no fueran dependientes, asegurarles que podían seguir estando en una residencia", porque era "de justicia", mientras que a los que "habían solicitado una residencia y, al hacerles la valoración eran dependientes, llevarlos a la residencia".

Cotino indicó que desde la puesta en marcha de la ley de dependencia, un total de 3.996 personas mayores y discapacitados "que estaban en su casa" que han accedido a residencias, y ello, a cargo de la Generalitat porque "el convenio este año aún no está firmado".

El vicepresidente afirmó que quieren que la ley se aplique, garantizó que están avanzando en la misma, pero puso de manifiesto que hay dos problemas: uno, que el sistema administrativo informático que tenía que proporcionar el gobierno para dotar a esta cuestión de agilidad "no está", algo que provoca que se demore "muchísimo" la tramitación de los expedientes y el otro, reiteró, la financiación.

A su juicio, los gobernantes "tienen que planificar los temas, no en campaña electoral, sino para dar respuesta a la gente todo el tiempo que haga falta".

Preguntado por la concentración convocada por la Plataforma Acción y Reacción, aglutinada por asociaciones y entidades cívicas, sociales, de afectados y de familiares de discapacitados, en señal de protesta ante el "boicot" de la Generalitat Valenciana, Cotino admitió el derecho de las personas de manifestar su disconformidad "con cualquier tema".

No obstante, el Consell no hace, garantizó, "ningún boicot" a esta ley, y aseguró que hay 400 personas dedicadas a las valoraciones, "el ratio más alto que hay en ninguna Comunidad Autónoma" y defendió que "estamos haciendo las tramitaciones" a pesar de que son "lentas y complejas" y garantizó que "todas las personas que sean dependientes tendrán su atención desde el momento que lógicamente se ratifique la dependencia" y defendió que "en justicia" creen que "a los primeros que tenemos que atender es a los que estamos atendiendo".

El conseller resaltó que de lo que se trata es de "personas" e instó a que todos trabajen "para que esto funcione y que el Gobierno Central ponga los recursos necesarios para que esto sea para siempre".

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El PP inicia la reforma para echar a la síndica tras difundirse su último informe

La presidenta de las Corts convoca para el lunes la comisión de Peticiones para debatir la propuesta de los populares y no para que la defensora explique las memorias de 2005, 2006 y 2007.
Juanjo García Gómez, Valencia
No se han esperado ni un día. La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, convocó ayer para el lunes a las 10 de la mañana a la comisión de Peticiones con un único punto, el debate de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la institución del síndic de greuges. El objetivo de los populares es cambiar el reglamento -para lo que les basta con la mayoría- con el fin de reinterpretar la ley de creación del organismo y así poder apartar del cargo a la síndica en funciones, Emilia Caballero, Adjunta primera designada en su día a propuesta del PSPV que asumió las riendas de la institución en abril de 2006 tras el cese por extinción del mandato del alto comisionado que puso el PP en la etapa de Zaplana, Bernardo del Rosal, y al que no se quiso renovar por sus informes críticos. La convocatoria se produce tras la publicación por Levante-EMV, en su edición de ayer, del último informe correspondiente a 2007, en el que la síndica mantiene las críticas a la gestión del Consell en áreas como el urbanismo o la aplicación de ley de la Dependencia.
Martínez, a la que el grupo popular solicitó la semana pasada la reunión «urgente», es también presidenta de la comisión de Peticiones. La titular de la Cámara comunicó a la junta de portavoces su decisión, algo que no hizo en la reunión previa de la Mesa de las Corts. En caso de lograr el relevo de Caballero, asumiría la Sindicatura el Adjunto segundo propuesto en su día por el PP, Carlos Morenilla, quien se da la circunstancia de que es el esposo de la actual consellera de Turismo, Angélica Such. El grupo mayoritario quiere que la interinidad sea rotatoria, por periodos de seis meses, pero una transitoria daría a Morenilla un primer mandato de dos años, el mismo tiempo que lleva Caballero al frente. Esta interpretación chocha con la que se ha hecho desde 1993 y la que se ha aplicado en el Defensor del Pueblo y otras defensorías autonómicas. El debate del lunes dará pie a un periodo de 15 días para que los grupos formulen enmiendas antes de la aprobación definitiva, que el PP prevé para junio.
La titular de las Corts ha optado por convocar la comisión con este fin, cuando este órgano no ha citado todavía a la síndica para que explique oficialmente al Parlamento los informes anuales de 2005 -el último que elaboró Del Rosal-, 2006 y 2007, una situación impensable en el Defensor del Pueblo. Las memorias recogen el balance de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos frente a abusos de la Administración.
Preguntada sobre por qué ha convocado para un asunto y no para el otro indicó que «de momento» lo que ha considerado «importante» es la reforma del reglamento y las comparecencias «las haremos», indicó sin concretar cuándo. También aseguró que habría recibido y recibiría a la síndica personalmente si le trajera la memoria, negando que se le hubiera dicho lo contrario. «Si se recibe al síndic de comptes, cómo no se la va a recibir a ella», dijo. La Defensora, al igual que pasó con el informe de 2006, tuvo que entregar el documento por registro de entrada al no dársele cita para el acto formal de presentación del informe.
Situación de anormalidad
El guiño conciliador de la síndica en cuanto a las relaciones institucionales con el Consell al suavizar el criterio para declarar instituciones hostiles -dejando fuera a las que no aceptan sus resoluciones pero lo motivan- e incluyendo el cuadro de las entidades colaboradoras (el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Blasco) no le servirá de mucho. El portavoz del PP, Ricardo Costa, a preguntas de los periodistas, dijo «esperar» e incluso mostró su «preocupación» por que los informes de Caballero no vengan «marcados» en su «dureza o suavidad» hacia el Consell «en función de si va a seguir estando o no de síndica, sino en función de la defensa de los intereses de los valencianos». Costa enfatizó que la situación de anormalidad es la de la propia síndica.

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Los directores de los institutos reclaman que Ciudadanía se imparta en valenciano

La Associació de Directors d'Instituts de Secundària del Pais Valencià se cuestionó ayer por qué la nueva asignatura de Ciudadanía se ha de impartir en inglés y no en una de las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Los responsables han analizado también el programa Èxit del que han dicho que el refuerzo que la conselleria propone será "insuficiente" para reforzar al alumno con fracaso.
Maite Ducajú, Valencia
Los directores de instituto de Secundaria se han mostrado en desacuerdo con las novedades que la Conselleria de Educación prepara para el nuevo curso, como son la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, de cuya orden han pedido su "retirada inmediata", o el programa de refuerzo Èxit en julio. Tras la asamblea de la asociación, celebrada en Castelló su portavoz, Vicent Baggetto, indicó a Levante-EMV sobre la nueva materia que la decisión de la Generalitat de impartirla en una lengua extranjera "es improcedente y vulnera el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua vehicular".
En opinión del colectivo, la impartición de asignaturas en una lengua diferente de las oficiales de la Comunitat "debe obedecer a una seria planificación dentro de los llamados programas de educación bilingüe".
Asimismo, los directores cuestionan la "pretensión" de Educación de determinar los instrumentos de evaluación que ha de utilizar el profesorado porque, aseguran, "va en contra de la autonomía docente reconocida en las disposiciones legales actualmente vigentes en la LOE". En esta línea, el lunes se pronunciaron tanto profesores de institutos como de la Facultad de Filosofía de la Universitat.
"El hecho de que para aprobar la Educación para la Ciudadanía no sea necesario seguir todo el curriculum oficial ordinario y se pueda superar mediante una mera presentación de trabajos, sin que eso obedezca a la decisión del profesorado o del departamento didáctico, podría vulnerar la legalidad vigente" afirman los directores, quienes añaden que "de igual forma que amparar una posible objeción a la materia provocaría la indefensión del alumnado ya que el abandono o el hecho de no cursar una materia curricular implicaría la imposibilidad de obtener la titulación correspondiente. Por todos estos motivos, solicitamos su retirada inmediata".
Sobre el Plan Èxit, para que recuperen en julio alumnos que suspendan materias instrumentales, los directores afirman que, "aunque cualquier medida para combatir el fracaso escolar es positiva", las de la resolución de la conselleria "no son ninguna solución puesto que nueve horas de clases por materia en julio son absolutamente insuficientes para aprobar en septiembre. Sería mejor una atención continuada a lo largo del curso en horario no lectivo y con su remuneración económica".

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Fabra: "Yo soy de Fabra y haré lo que crea que es mejor para la provincia y el partido"

El líder de Castelló evita apoyar a Rajoy pese a haberle dado su aval
Jordi Ruiz, Castelló
Definitivamente, Carlos Fabra va por libre. Ayer, en su enésimo vaivén, el presidente del PP en Castelló volvió a salirse del guión dictado por Valencia y evitó explicitar su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso de junio. "Soy de Fabra", proclamó el líder provincial, defendiendo su autonomía y jugando a la ambigüedad, pese a que ya ha dado su aval a la candidatura de Rajoy.
El entorno de Carlos Fabra alimentó hace unas semanas la idea de que éste vería con agrado una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy encabezada por Esperanza Aguirre. Unos días después, Fabra negó la mayor y acató la directriz de la cúpula regional de apoyar a Rajoy. Posteriormente, supeditó este respaldo a la composición de la nueva ejecutiva. En el acto de Onda, volvió a brindar su apoyo incondicional y ayer se salió por la tangente y manifestó que sólo se debe a sí mismo y a la provincia.
El presidente de la Diputación se pronunció sobre la decisión de María San Gil de no suscribir la ponencia política que se debatirá en el congreso del PP de Valencia. Según dijo, "no tendrá ninguna consecuencia y me parece bien que tome la decisión que quiera". Y añadió: "El otro día me preguntaron de quién era y yo respondí que soy de Fabra. Haré lo que crea en beneficio del partido y de la provincia. Cualquier militante debe hacer lo que crea conveniente dentro del estatuto del partido". Unas declaraciones que en apariencia suponen un desmarque respecto a la tesis de la dirección regional que preside Francisco Camps, que ha dado un cheque en blanco a Rajoy. Fabra, sin embargo, ha avalado ya la candidatura del líder nacional para el cónclave de junio. En el entorno del presidente matizaron que sus declaraciones fueron en tono "jocoso", en un acto de presentación de los mojones del Camino de Santiago desde Castelló.
Como viene explicando este diario, Fabra ha decidido tensar la cuerda con Valencia, cansado de que sus demandas caigan en saco roto y consciente de que cada vez cuenta menos en el partido en ámbito autonómico. Prueba de esta estrategia de confrontación es el desplante que hizo a Camps en el acto del agua de Orihuela de la semana pasada. Se borró de la cita y prefirió viajar a la ciudad francesa de Nimes para presenciar una novillada.
Esquivo con Castelló
Asimismo, al líder provincial del PP le disgusta que Mariano Rajoy se muestre esquivo con Castelló. De los tres actos programados en la Comunitat para homenajear a las bases del partido, el presidente nacional del PP sólo faltó al de Onda. Rajoy tampoco visitó Castelló en la campaña electoral de las pasadas generales, mientras que sí que acudió a Valencia y Alicante.
Por otra parte, el presidente provincial del PP rechazó la celebración de primarias, tal y como propone un sector del PP. Fabra recordó que este mecanismo corresponde al funcionamiento interno del PSOE. "Ellos lo empezaron una vez y ya no han vuelto a hacerlo nunca más. Yo no recuerdo que hayan tenido primarias para elegir al señor Zapatero ahora, ni han tenido primarias para elegir a la señora Fernández de la Vega por Valencia, ni al señor Sevilla por Castelló, ni al señor Bernat Soria por Alicante", apuntó. "De hecho -añadió- quieren buscar la misma estructura provincial del PP y mi partido no debe de funcionar tan mal cuando hemos ganado en Castelló 18 veces consecutivas".

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Castilla-La Mancha bloqueará el Júcar-Vinalopó si no se aclara la venta de agua en Villena

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.
Agencias, Toledo/Valencia

Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.
También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie "urgentemente las investigaciones" y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.
Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".
El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".
Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

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La conselleria rechaza fondos para proteger la seguridad del paciente

El ministerio transfirió 2 millones de euros.
Pilar G. del Burgo, Valencia
La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, han sido las únicas autonomías que han rechazado fondos del Ministerio de Sanidad para poner en marcha programas destinados a incrementar la seguridad del paciente en los centros sanitarios, según informaron a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige el ministro Bernat Soria.
Concretamente, los gobiernos de Francisco Camps y Esperanza Aguirre se negaron a firmar los convenidos de 2006 y 2007 para desarrollar programas de higiene de manos, que es una de las medidas contempladas para reducir los contagios sanitarios a los pacientes.
El ministerio ha destinado 15 millones para implantar esta medida en las autonomías durante el bienio 2006-07 y para crear un programa específico de prevención de infección nosocomial en las UCIs en 2008.
Por su parte, un portavoz oficial de la Conselleria de Sanidad ha manifestado que ese convenio, que contemplaba la puesta en marcha del programa de higiene de manos, no se firmó porque se trataba de una iniciativa que ya se aplicaba en la Comunitat Valenciana.
"No firmamos ni el convenio de uso de guantes ni el de higiene de manos porque ambos ya estaban implantados en la conselleria y si ya lo has desarrollado no te puedes comprometer otra vez a ponerlo en marcha", aclaró un portavoz oficial del departamento que dirige Manuel Cervera.
Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no pudo rechazar las transferencias de fondos para políticas de cohesión territorial del Ministerio de Sanidad para desarrollar acciones específicas en seguridad del paciente, fundamentalmente para prevenir la infección nosocomial que es la que se contrae en los centros hospitalarios. Y no pudo rechazarlos porque estos fondos se transfieren automáticamente a la Comunitat Valenciana desde 2004. Hasta la actualidad, el ministerio ha ingresado 2.203.712 euros para prevenir infecciones.

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Varias asociaciones protestan por el "boicot" del Consell a la Ley de Dependencia

Critican la "falta de dotación y medios" y los "complicados trámites" para conseguir las ayudas

EUROPA PRESS - Valencia - 14/05/2008

La coordinadora 'Acció i Reflexió Ciutadana per Valencia', integrada por diversos colectivos cívicos y entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana ha convocado una concentración que se celebrará hoy en la plaza Manises, ante el Palau de la Generalitat, para protestar por el "boicot" del Consell a la aplicación de la Ley de Dependencia. A la protesta se ha sumado también Intersindical Valenciana.

La protesta, que se iniciará sobre las 19.00, se convoca "porque la Ley de Dependencia ampara, defiende y reconoce los derechos que les corresponden a las personas dependientes y a sus familias, y el retraso en su aplicación quiebra el Estado de derecho y atenta contra la dignidad y seguridad de las valencianos dependientes y sus familias", han apuntado los convocantes.

Por su parte, desde Intersindical Valenciana han lamentado que, a pesar de la cantidad de solicitudes presentadas desde abril de 2007 (un total de 61.000) "la demora del desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno central en 2004, ha ocasionado que sólo siete personas hayan podido acceder a la prestación que les corresponde como cuidadores de un familiar de dependiente, de las casi 6.000 que lo han hecho en el resto del Estado".

Asimismo, han criticado la "falta de dotación y medios" por parte del Gobierno valenciano por medio del Departamento de Bienestar Social que "no está destinando presupuesto para desarrollar la ley".

Complicados trámites

Desde Intersindical Valenciana han destacado que "la dificultad para la aplicación de la ley se agrava por los complicados trámites a la hora de presentar solicitudes de ayuda y por la insuficiente dotación de personal para su tramitación".

En esta línea, han señalado que el Departamento "continúa en su línea de privatizar los servicios públicos (como centros de menores, de tercera edad, centros de diagnóstico, y orientación terapéutica)" y "ahora prefiere dar una subvención a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FEMPV) para que contrate personal de refuerzo para la tramitación de los expedientes de ayudas, cuando hay una red de Ayuntamientos que cuenta con cerca de 700 funcionarios para hacerlo".

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La VPO será más cara y las ayudas menores con el decreto de vivienda

UGT y CC OO han pedido al Consell un plan autonómico aparte del estatal

EL PAÍS - Valencia - 14/05/2008

El futuro decreto de vivienda de la Generalitat encarecerá el precio de los pisos de protección pública y reducirá las subvenciones a la compra, según denunciaron ayer los sindicatos UGT y CC OO del País Valenciano. Estas organizaciones expresaron su rechazo al texto -que traspone el real decreto aprobado por Consejo de Ministros el pasado mes de enero-, porque eleva el precio de los pisos protegidos entre 121 euros y 409 euros por metro cuadrado en municipios como Valencia. "Con estos módulos, alguna vivienda protegida vale en Valencia más que en Madrid", denunció Eva Hernández, de CC OO. Este sindicato rechazó también el Real Decreto del ministerio porque da vía libre a las comunidades autónomas para subir los precios de los módulos y porque facilita la conversión de una vivienda libre en protegida.

Los dos sindicatos se quejaron de que el decreto, que está previsto que pase por Consell este mes, a quienes beneficia es a los "promotores inmobiliarios". "Planteamos a la Generalitat que el contenido de la norma se consensuara en las mesas de concertación social, pero no ha sido posible", dijo Elvira Sancho, de UGT-PV. Estas organizaciones piden a la Generalitat un plan de vivienda específico valenciano, al margen del plan que cofinancian las administraciones central y autonómica.

El proyecto de decreto divide a los municipios valencianos en cuatro grupos, de forma que ciudades como Elche, Sagunto o Vila-real suben dos escalones, incrementándose el coste del metro cuadrado de vivienda de protección especial en 260 euros. El suelo, que suponía un 15% del valor de la vivienda, pasa ahora a representar, según los sindicatos, un 20% y hasta un 25%, depende de los casos. Además, aunque el ministerio amplía el colectivo de ciudadanos que pueden solicitar estos pisos, el Consell reduce la lista de posibles beneficiarios de estas subvenciones. Estas ayudas, que ahora pasan a ser lineales, oscilarán a partir de ahora de los 1.500 euros a los 10.000.

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Generalitat negaron que las ayudas se reduzcan. "Lo que sí establece el decreto es un reajuste de las subvenciones con el propósito de que lleguen a más gente", dijo una portavoz.

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13 May 2008

CV. 13/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 13 May 2008 - URL Permanente

CV: L'estratègia de confrontació de Camps des de la seva Satrapia. 12/05/2008.

C9 Català Catalunya Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Ecologia conomia

Educació Estatuts F1 Fabra Finançament Immigració Metro Mitjans Negocis PPCV PPilotades Sanitat Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana

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El Consell debe a docentes de la concertada e interinos 21 millones

No ha pagado la homologación de la privada ni los trienios de antigüedad

NEUS CABALLER - Valencia - 13/05/2008

Las cuentas públicas de la Generalitat valenciana hacen aguas por varios sitios. Uno es el sector de la enseñanza. En la nómina de los profesores interinos, como en la del profesorado contratado de la red de centros privados concertados en las últimas tres legislaturas, la Generalitat, a través de la Consejería de Hacienda, debe unos 21 millones de euros a más de 35.000 docentes.

STEPV: "A los interinos les deben los trienios de toda su vida laboral"

CCOO y FSIE activan las denuncias de sus afiliados de la privada por impago

En el paquete de deuda que acumula el Consell están los 3,2 millones que como mínimo debe a los 11.023 funcionarios interinos de la red pública (reconocidos por la propia Dirección General de Personal de la Consejería de Educación), así como el flamante incremento salarial de los equipos directivos (directores, jefes de estudio o secretarios) de la escuela pública, a los que el próximo 1 de junio se deberá más de 6 millones de euros del total de 15 millones de incremento firmado en la mesa sectorial en febrero. A esto se suma la deuda por el impago de complementos autonómicos y del incremento para la "homologación salarial" de los profesores contratados por la red privada concertada que, por diversos conceptos, asciende en 2008 a 12,7 millones.

Este volumen de números rojos que ya fue denunciado por los sindicatos durante la aprobación de los Presupuestos de 2008 -ya que desde hace años el Consell aprueba las partidas educativas, por ejemplo los conciertos, por debajo de su coste real- rebasó ayer la gota que colmaba el vaso de los incumplimientos entre los tres grandes sindicatos docentes. El STEPV, CC OO y UGT y la FSIE (representante mayoritario entre los docentes de la concertada) salieron en tromba.

"Precisamente el 13 de mayo", subraya Vicent Mauri del STEPV, "se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto Básico del Empleado Público que reconoce el derecho del cobro de trienios al profesorado interino". Pese a la "histórica" legislación estatal -y pese a los acuerdos retributivos firmados el 8 de mayo de 2007 en la mesa sectorial de Educación, incluyendo el pago de trienios- "a fecha de hoy a los profesores interinos se les deben todos los trienios acumulados en su vida laboral". El saldo asciende, según el "cálculo de una media de 40 euros por trienio", a 3,2 millones, y afecta al 20% de una plantilla total de 49.760 funcionarios, según reconoció al inicio de este curso la Consejería de Educación. Aunque la deuda por este mismo concepto podría ser, incluso, "el doble", según otro estudio realizado por Inma Sánchez "basado en los años de servicio y las bolsas extraordinarias de cada uno de los interinos que han accedido al cuerpo autonómico de docentes desde las oposiciones de 1999".

"Ante falta de respuesta de Educación, y el hecho de que sigue sin computar el abono de trienios al profesorado interino en prácticas", Fete-UGT "trasladó ayer una denuncia formal a la Sindicatura de Greuges para exigir una solución rápida".

En el sector de la enseñanza privada concertada, la situación ha rebasado, para las organizaciones sindicales, todos los límites de la paciencia. Pepa Ramis, responsable del área de privada de CC OO denunció ayer en otro extenso informe que, "pese a que Hacienda ingresará 130 euros en la nómina de junio" en concepto de atrasos y parte del pago del complemento autonómico, aún seguirá debiendo "15 euros de 2007 y otros 700 por persona para hacer efectiva la homologación salarial firmada hace un año". Así que, multiplicando por 14 pagas y 14.000 profesores, faltan 13 millones en los presupuestos.

En paralelo, Moisés Casa, de FSIE, reiteró su "desconfianza" en el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y amenazó con activar las denuncias judiciales de sus afiliados, que mantenía congeladas desde finales del año pasado.

Lo que debe la Generalitat en la nómina de los profesores

- Al menos 3,2 millones por impago de trienios a los profesores interinos de la pública. Un total de 11.023 profesores interinos con servicios reconocidos por la Consejería de Educación a fecha del 21 de diciembre de 2007 desde hace un año no han cobrado aún el pago de sus trienios. Teniendo en cuenta que los interinos del grupo A deberían haber cobrado 43 euros más en su nómina desde junio de 2007 y los del grupo B, 40 euros, Hacienda ha dejado de pagar mensualmente, en un cálculo modesto, 266.000 euros, lo que deja un saldo negativo de 3,2 millones. La cifra que se dispara a más de 6 millones si se atienden las singularidades de cada interino.

- Unos 6 millones a los equipos directivos. El Aauerdo de la mesa sectorial de febrero fijó un incremento anual de 15 millones de euros para distribuir entre los equipos directivos (directores, jefes de estudio, secretarias). En la próxima nómina del 1 de junio, Hacienda deberá 6 millones.

-9,8 millones por la homologación salarial del prefesorado de la red concertada en 2008 y 2,94 millones de deuda de 2007. El impago del complemento específico acordado el 8 de mayo de 2007 hace que el Consell deba 700 euros a cada uno de los 14.000 docentes de la concertada. Además, sigue debiendo 15 euros por 14 pagas del complemento impagado en 2007. Es decir, 2,94 millones más.

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Ninguna empresa tiene el menor interés en construir Mundo Ilusión

El Consell reconoce oficialmente la ausencia de ofertas privadas

MARÍA FABRA - Castellón - 13/05/2008

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya.

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya. Así lo reconoce el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, en una respuesta parlamentaria al PSPV. "No ha existido ninguna oferta privada para su construcción y su posterior gestión", admite Camps en un escrito fechado en diciembre y publicado ayer.

El proyecto, según el vicepresidente, está pendiente de los resultados de un estudio de viabilidad cuyas conclusiones, como destaca el diputado socialista José Camarasa, siguen sin conocerse. Hace dos meses el Consell insistió en sacarlo adelante. Eso sí, a través de la iniciativa privada y sin que la Administración autonómica aporte nada más que los estudios que recopila desde hace diez años y el lastre de dos sueldos que anualmente suponen un gasto de más de 66.000 euros. Camarasa calcula que, de momento, Mundo Ilusión ha supuesto para las arcas públicas un gasto de 600.000 euros aunque la cantidad exacta no se ha podido determinar ya que el Consell ha aplazado otras respuestas sobre el coste de informes encargados a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, al bufete de abogados Gómez-Acebo y Pombo, a la consultora norteamericana Baker Leisure Group y a otras firmas.

Nacido para compensar a Castellón de inversiones como la Ciudad de las Artes o Terra Mítica, Mundo Ilusión está supeditado a un macroplan urbanístico que ha de aprobar la propia Generalitat para que el grupo Marina d'Or ceda los 800.000 metros cuadrados donde ha de construirse."En su día hubo una toma de contacto para valorar la participación del Circo del Sol en el proyecto, pero no se ha derivado ninguna consecuencia de momento". Ésta es otra de las respuestas que el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha remitido al Grupo Socialista años después de que el impulsor del parque temático Mundo Ilusión, Carlos Fabra, asegurara la existencia de contactos para que esta compañía asumiera el proyecto. El mundo de la magia y el circo fue la temática escogida para este parque del que también se desconoce la inversión que precisará. "El coste estimado de la inversión dependerá del contenido de los estudios y documentos del plan de negocio", señala Gerardo Camps en otra respuesta.

Los estudios pendientes de entregar desvelarán, según Camps, "una estimación del nivel de visitantes previsto, así como la cifra óptima de inversión que asegure la viabilidad económica del proyecto", entre otras cosas, ya que, según la respuesta parlamentaria, "las obligaciones de Baker Leisure Group respecto del proyecto Mundo Ilusión consisten en la realización de un análisis de mercado y estudio de viabilidad que nos permitan conocer una estimación del nivel de visitantes previsto así como la cifra óptima de inversión y establecerá una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo concreto del plan de negocio".

Los primeros estudios sobre la viabilidad del proyecto se realizaron hace casi una década y sus conclusiones han quedado obsoletas. Aún así, y pese a la experiencia que el propio Consell ha tenido en Terra Mítica, con una suspensión de pagos de por medio, la Generalitat, con un coste de unos 30.000 euros, ha buscado a Baker Leisure Group. Como señaló ayer el diputado socialista José Camarasa, esa firma vaticinó más de 2,5 millones de visitantes para el parque de Benidorm cuando el año de mayor afluencia apenas se superaron los 1,2 millones. "Aún así, el Gobierno valenciano ha ido a encargar el estudio a la misma empresa", señaló.

En el último consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión, su presidente, Vicente Rambla, dejó claro que será la iniciativa privada la que habrá de hacerse cargo de la construcción y explotación del parque, aunque, en su respuesta por escrito, Gerardo Camps alega que la decisión sobre el modelo de gestión y financiación, "se ha de tomar tras analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad".

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La Marina tiene los mismos ambulatorios que en 1978

A. RUIZ - Dénia - 13/05/2008

El colapso sanitario en La Marina Alta avanza a marchas agigantadas. El hospital y los centros de salud mantienen los mismos servicios que hace prácticamente tres décadas a pesar de que en este tiempo la población se ha triplicado como consecuencia de la bonanza del turismo y del ritmo de la construcción.

Pacientes que deben recorrer muchos kilómetros hasta encontrar un ambulatorio, como sucede en las poblaciones del interior de la Retoria y de La Vall del Pop. Médicos que durante el verano no quieren acudir a los grandes núcleos turísticos (en especial Dénia, Xàbia y Calp) porque los sueldos son bajos y los alquileres, muy altos. Urgencias saturadas, con camas en los pasillos. Trabajadores en pie de guerra por la falta de recursos. Esperas de dos horas para ver al médico de cabecera. Citas en ginecología que se aplazan durante meses y meses.

La situación es especialmente grave en Dénia. En la actualidad, la ciudad solo dispone de un centro de salud para más de 40.000 habitantes que, en verano, llegan a los 150.000. El segundo ambulatorio, el que se encontraba en la calle del Marqués de Campo, ha sido clausurado porque amenazaba derribo.

Ante el aluvión de quejas de los usuarios y de las asociaciones de vecinos, todas las fuerzas políticas aprobaron en pleno una moción para exigir a la Consejería de Sanidad la construcción de un nuevo centro. Sin embargo, la alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, denuncia que, a pesar de las continuas gestiones, Sanidad sigue sin hacer caso de esta demanda. Es más, la consejería ha advertido de que no abrirá un segundo centro para todo el año y que se limitará a instalar un dispensario para los meses de julio y agosto en la zona de las playas de Les Marines.

También el hospital comarcal de Dénia arrastra graves problemas. En cada periodo turístico -Semana Santa, Navidad o verano- se repite sin tregua la imagen de pacientes hacinados en el departamento de Urgencias, repleto de camas en los pasillos. Faltan además facultativos en todos los departamentos y ya hay médicos que, ante la falta de recursos, han decidido exiliarse a otros centros fuera de La Marina Alta. En concreto, siete en el primer trimestre de 2008.

Esta carencia de especialistas se repite en la atención primaria de la comarca y ha obligado a la Consejería de Sanidad a publicar anuncios en los periódicos ofreciendo plazas de médicos.

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Las enfermeras exigen aumento de plantillas y mayor salario
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Castilla-La Mancha se opondrá a los trasvases si no se aclara la venta de agua de Villena

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13:02 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.
EFE Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas, a las que ha tenido acceso EFE, remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.

También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie urgentemente las investigaciones y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.

Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".

El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".

Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

Sánchez Pingarrón anuncia, además, a Moragues la "rotunda oposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cualquier derivación de recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó", sino se cumplen el plan de cuenca.

En este sentido, el consejero recuerda que el plan establece la prioridad de la cuenca del Júcar y "la satisfacción completa de todas las asignaciones y reservas para Castilla-La Mancha", así como que "se han incumplido los compromisos del Plan Hidrológico del Júcar", entre otros aspectos los de mejorar y modernizar los regadíos tradicionales de esa zona del litoral mediterráneo.

En la carta a la ministra de Medio Ambiente, el consejero da cuenta a Elena Espinosa de la solicitud que le ha hecho a Moragues y reitera los argumentos expresados al presidente de la CHJ, al tiempo que pide colaboración al Ministerio para aclarar esa venta de agua en Villena y le expresa la oposición del Gobierno regional "a cualquier derivación de recursos de la cuenca del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó".

La Comunidad de Regantes de Villena acordó el miércoles pasado ceder entre 0,2 y 0,7 hectómetros de agua al año a la multinacional Danone a cambio de 240.000 euros para una planta que pondrá en marcha en el municipio alicantino la multinacional francesa, que prevé embotellar hasta 700 millones de litros del acuífero.

Los regantes de esa zona han venido reivindicando un trasvase del Júcar al Vinalopó para recargar la sobreexplotada red de acuíferos del municipio.

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Danone comprará suelo a los regantes para tener el derecho sobre el agua
Luna (PSPV): "Empieza a haber deserciones importantes"
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memoria anual 2007

La síndica suaviza el criterio de hostilidad y señala a Blasco y Barberá como los más colaboradores

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01:20 Ofrece un convenio de buen comportamiento a las administraciones para que estén más dispuestas. Cuatro conselleries están en la «lista negra» pero otras tres y 15 municipios salen por el cambio.
J. G. G./V. R., Valencia
El PP ha puesto en marcha en las Corts una reforma del reglamento de la institución del Defensor del Pueblo valenciano con el fin de apartar del cargo -forzando la ley- a Emilia Caballero, la Adjunta primera (designada en su día a propuesta de los socialistas) que ejerce de síndica en funciones desde abril de 2006, cuando los populares rechazaron renovar al alto comisionado colocado en la etapa Zaplana, Bernardo del Rosal, por sus informes críticos. Caballero mantiene la contundencia en su memoria anual sobre la situación del respeto a los derechos de los ciudadanos en la Comunitat pero, en cuanto a la relaciones entre las instituciones, se muestra conciliadora. De este modo, ha optado por suavizar o precisar el concepto de Administración «hostil» con el organismo que defiende a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Recupera con ello una matización que introdujo De Rosal en su primero informe, el de 2001, pero que no se mantuvo en la memoria de Caballero de 2006.
En el informe de 2007, la síndica fija como «hostil» la actitud de no contestar a sus peticiones de información, no contestar a sus resoluciones finales o no aceptarlas de forma inmotivada o no justificada. En cambio, «el hecho de no aceptar justificadamente las recomendaciones, sugerencias o los recordatorios de deberes legales no se considera un comportamiento hostil». Y ello porque admite que puede haber una «discrepancia legítima» con la Sindicatura. Otro guiño es que este año, al referir los organismos hostiles, se indica a continuación el número total de asuntos tramitados que les afectaron «para evitar que la falta de colaboración en una queja puntual nuble, perjudique o distorsione el grado real de colaboración de esas administración con esta institución».
Por último, la gran novedad es la incorporación este año de un nuevo epígrafe para citar a los organismos que «han destacado por su especial colaboración y por el grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas». La Sindicatura explica que «hasta ahora» se había limitado a señalar las entidades que menos colaboraban pero le parece «de justicia» destacar también aquellas «que más y mejor colaboran con la institución».
La nueva «lista blanca» la inauguran la Conselleria de Inmigración, que dirige Rafael Blasco, y el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ésta por partida doble (ver cuadro). Se da la circunstancia que la corporación que dirige Barberá también está en la lista negra por su actitud en una queja, la que le pedía que declarara como bien de relevancia local la cárcel Modelo de Valencia. Barberá fue uno de los populares que impulsó la reprobación de la síndica en 2001, en la anterior etapa de interinidad, por el Plan del Cabanyal.
El cambio de criterio ha supuesto que este año sólo hayan sido declaradas hostiles cuatro conselleries, la de Economía (que dirige Gerardo Camps), Medio Ambiente (García Antón), Infraestructuras (Mario Flores) y Sanidad (Manuel Cervera), así como otros seis ayuntamientos. En cambio, no figuran como hostiles gracias a ello otras tres conselleries: Bienestar Social (Juan Cotino), Industria (Belén Juste) y Justicia (Fernando de Rosa), y 15 ayuntamientos y el servicio tributario de la Diputación de Alicante. En la memoria de 2006, ocho conselleries y 24 ayuntamientos integraban la temida lista.
Otra gran novedad es la oferta de un «convenio marco de colaboración entre la Sindicatura de Greuges y la Administración pública valenciana que quiera suscribirlo». La idea es que se comprometan a colaborar con la Defensoría a cambio del reconocimiento de ésta. La síndica indica que va a iniciar «contactos» para hacer realidad este objetivo. Según la propuesta de convenio, que figura como anexo en la memoria, la entidad firmante se comprometerá a «enviar lo más pronto posible» a la Sindicatura la información que se le requiera y encargar a una oficina o unidad administrativa la centralización de las relaciones de la conselleria con la Sindicatura, al objeto de que exista un «interlocutor» definido.
La Sindicatura, «en justa contraprestación», asume el compromiso de destacar expresamente la positiva colaboración en el informe anual; publicitar en la página web las resoluciones a favor del ciudadano de esa Administración; incluir al firmante como «candidato a la mención especial» como colaboradora en la memoria anual; o realizar una gestión formal previa antes de declararla hostil como signo de «lealtad institucional».

Por su parte, el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, destacó ayer del informe que hay más de 1.800 expedientes realizados a partir de más de 6.000 quejas referidas a urbanismo y medio ambiente. Es más, la cuarta parte de los expedientes están relacionados con estas áreas. Arnal mostró su desacuerdo y preocupación por la «pasividad» del Consell en temas relacionados con la persecución de las ilegalidades urbanísticas y denunció también que se estén autorizando PAI sin tener la garantía de disponibilidad de agua. El ex diputado también criticó al Consell por su actitud ante la contaminación acústica del circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, la ubicación de la subestación de Patraix y la contaminación de los acuíferos por nitratos.

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La síndica critica que los enfermos sean ingresados en camas de pasillos
El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas
Martínez evita de nuevo recibir a Caballero
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Trabajadores del Ivadis denuncian que la falta de liquidez ya afecta a la comida

UGT asegura que algunos proveedores han dejado de suministrar

Carlos Alós, Valencia
La situación financiera del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis), organismo dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, ha sido puesta en entredicho por su propios trabajadores. La Federación de Servicios Públicos de UGT afirma que la falta de liquidez del Consell ha provocado que el Ivadis deje de pagar a los proveedores, quienes se niegan a servir pedidos para tareas básicas de los 25 centros que el Ivadis gestiona en toda la Comunitat, entre residencias y talleres ocupacionales, con unos 1.100 discapacitados, señalaron. Entre estos pedidos que no llegan, UGT asegura que figuran desde bolsas de basura o material de limpieza y de aseo de los internos, la mayoría discapacitados severos y de los que se encargan unos 750 trabajadores.
En ese sentido denuncian también que el déficit económico que arrastra el Ivadis porque no llega dinero del Consell se nota también en la calidad de la alimentación que reciben los internos y que se ha resentido en los últimos tiempos, según la denuncia de UGT. Además, los trabajadores señalan que en las residencias dependientes del Ivadis se acumulan materiales que ya deberían estar en desuso como camillas oxidadas, camas con colchones de más de diez años y sin adecuación para las necesidades ergonómicas de los discapacitados, la inexistencia de material para la rehabilitación física y mental de los usuarios discapacitados. Incluso, aseguran que las actividades lúdicas se han reducido también por falta de presupuesto.
Otro caballo de batalla de los trabajadores del Ivadis es que el afecta a la sustitución del personal de atención directa ya que, según aseguran, no se sustituyen las bajas lo que rebaja la calidad de la atención porque cada trabajador debe atender a mayor número de internos.
El déficit se arrastra cuatro años
La portavoz de UGT, Isabel Vicent, aseguró que la situación se arrastra ya cuatro años, pero que la situación ha derivado a que el Consell de Camps "no atienda a la responsabilidad que tiene con los discapacitados y que prefiere gastar el dinero en circuitos, mientras estos centros carecen de los mínimo para funcionar", asegura.
Mientras, un portavoz de la conselleria de Bienestar Social aseguró que el interés del departamento por atender a los discapacitados "es una prioridad absoluta". De hecho, aseguraron que el presupuesto para el Ivadis creció en un año un 75%, al pasar de 400.000 euros a 700.000

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Terra Mítica debería devolver un máximo de 6,9 millones de fondos europeos

Europa Press, Alicante
El Consell estima en 6,9 millones de euros la cantidad máxima que tendría que reintegrar en caso de que no prosperan los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Terra Mítica por el supuesto incumplimiento de una de las cláusulas de las subvenciones a fondo perdido de la UE para el fomento del empleo, según se asegura en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, de fecha de diciembre de 2007 y publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
Así, Gerardo Camps precisa que los administradores de Terra Mítica han dotado una provisión para riesgos y gastos de 6,9 millones de euros, que es "la cantidad máxima que se estima que se debería reintegrar, en caso de que no prosperen los recursos interpuestos en la vía contencioso-administrativa por la sociedad".
Según la respuesta a una pregunta de la diputada Glòria Marcos de agosto de 2007, la subvención se solicitó en 1999, cuando aún no se había inaugurado el parque. En 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda solicitó el reintegro al Tesoro Público de la subvención de la UE y en ese momento el "número medio de empleados era de 636, tal y como se detalla en la memoria de las cuentas anuales de Terra Mítica".
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por FCC Construcciones, SA, contra la resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que sancionaba a la empresa con una multa de 48.080,97 euros por la comisión de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales que se produjo durante trabajos en Terra Mítica, al considerar que se le notificó pasado el plazo de seis meses que establece la ley. El TSJCV condena a la Conselleria de Economía a devolver a FCC el importe de la sanción que se impuso a esta sociedad tras de una visita de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante a Terra Mítica, donde levantó acta de infracción el 4 de octubre de 1999. Esta sanción se notificó a la empresa el 18 de abril de 2000.
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El PP de Valencia y Murcia pedirán juntos al Gobierno agua, financiación y seguridad

01:36 Los consejos de dirección de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana se reunieron ayer en Murcia para preparar un documento conjunto en el que reclamarán "justicia e igualdad" al Gobierno central en materia de agua, infraestructuras, seguridad y financiación.

Levante-EMV, Valencia

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y su homólogo en las Cortes Valencianas y secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, comparecieron en rueda de prensa para anunciar las medidas que ayer acordaron los consejos de dirección tras la reunión.
En concreto, Ruiz dijo que ambas directivas trabajan en este texto que denominaron "documento para la exigencia de la igualdad", en el que los grupos parlamentarios exigieron "que se nos trate con solidaridad e igualdad".
Al respecto, Ruiz justificó que "tenemos muy claro que las Comunidades Autónomas somos también Estado, y si una parte del Estado no es capaz de asumir su responsabilidad para garantizar la igualdad, nosotros vamos a exigirla como parte del mismo".
Así pues, Ruiz dijo que este documento no es definitivo y su elaboración continuará en una reunión que se producirá en Valencia la semana que viene, de forma que el texto se presentará el lunes. Además, dijo "que el documento tiene vocación de seguir desarrollándose no sólo con Valencia, sino con otros grupos". Aunque no descartó la inclusión de más asuntos, Ruiz especificó que el documento, de momento, aborda cuatro temas principales, como el del agua, con la reivindicación al Gobierno de España por medio de una iniciativa en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Además, Ruiz adelantó que el Grupo Parlamentario Popular también respaldará en la Asamblea regional el informe Camps, como ya se hará el próximo miércoles en las Cortes Valencianas. A su juicio, este informe "quita la mentira que el PSOE repitió tantas veces, que Europa no apoya los trasvases", y se preguntó retóricamente que "si ahora Europa apoya los trasvases porqué no los hay a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia".
Sobre este punto, Costa valoró positivamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional y, del consejo de Dirección, al informe Camps que, explicó, "ha sido apoyado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, y ha sido defendido por el presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, y respaldado por el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel".
Así, especificó que el documento "viene a decir que junto a muchas medidas para todas la regiones de la cuenca mediterránea, el trasvase es una de las más importantes", y aseguró querer que el PSOE en Murcia y en Valencia "digan por qué son los únicos que siguen manteniendo sus tesis antitrasvasistas, cuando en Cataluña, en España, en Aragón el PSOE dice que es posible hacer un trasvase del Ebro y que además existen excedentes en el Ebro para hacerlo".

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12 May 2008

CV: L'estratègia de confrontació de Camps des de la seva Satrapia. 12/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 12 May 2008 - URL Permanente

  • CV. 11/05/2008.
  • L'estratègia del PP, agua para todos i negocis d'aigua mineral Font Vella. 11/05/2008.
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    El mapa de la confrontación de Camps

    Las cuatro reivindicaciones del Consell se multiplican sin fin ante el Gobierno de Zapatero

    JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 12/05/2008

    El Consell de Camps está a punto de cumplir el primer año de su segunda legislatura. Durante este tiempo la gestión ha estado marcada por la confrontación con el Gobierno central que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Camps, su Gobierno y el PP afirman que la Generalitat reivindica pocas cosas (agua, infraestructuras, financiación y mayor seguridad ciudadana) pero con insistencia. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que son más de cuatro los motivos de enfrentamiento con el Gobierno socialista. A continuación se detallan los hitos más significativos del mapa de la reciente confrontación de Camps con Zapatero.

    El agua es el tema estrella y cuenta con el apoyo de la cúpula del PP

    La Generalitat pide poder decidir sobre la puesta en marcha de los juzgados

    Casi todas las consejerías exigen más financiación del Gobierno

    Los conflictos por las competencias afectan a Educación y Gobernación

    - Agua. Es la reivindicación estrella de Francisco Camps. La no inclusión del trasvase del Ebro en el programa electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales hizo que la reivindicación pasara a un segundo plano. La decisión del Gobierno de aprobar un trasvase de urgencia a Barcelona, con agua del Ebro, desde Tarragona, ha vuelto a colocar esta exigencia en el frontispicio del Palau de la Generalitat. El PP y el Consell han retomado las movilizaciones institucionales y cívicas para reclamar que se recupere el trasvase del Ebro derogado hace cuatro años. Tan solo en el último mes, Camps ha mantenido cuatro reuniones con sus homólogos murciano, Ramón Luis Valcárcel, y andaluz, Javier Arenas, además de recabar el apoyo de Mariano Rajoy, la madrileña Esperanza Aguirre y el catalán Daniel Sirera. La pretensión de los regantes de Villena de exigir agua, mientras venden la que tienen ha empañado la posición del PP en este frente.

    - Justicia. Es el último frente abierto por el Consell. Un frente que dirige el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, que achaca las deficiencias en la Administración de Justicia a la falta de jueces y de juzgados, competencia del Gobierno central. De Rosa niega que la falta de medios humanos y materiales, que son competencia del Consell, tenga nada que ver con el colapso de los juzgados. El PP tiene previsto presentar mociones e iniciativas parlamentarias para reclamar que la Generalitat asuma la competencia de decidir en qué orden y cuándo entran en funcionamiento los nuevos juzgados. De Rosa exige, además, una ley de Modernización de la Administración de Justicia. "No podemos luchar constantemente contra las zancadillas que nos pone el Gobierno para poner en marcha los juzgados", dice el consejero.

    - Policías. La tasa de criminalidad no ha subido, pero la Generalitat mantiene su exigencia al Gobierno para que destine más agentes a la Comunidad Valenciana, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La reivindicación se inició con la demanda de un millar de agentes más. La cifra ya ha aumentado hasta 3.000. El propio Camps reclama, además, que el Gobierno suba el sueldo a los agentes, hasta equiparar sus salarios a los de las policías autonómicas. El PP también exige más medios materiales para las fuerzas de seguridad e insta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a cumplir ya la promesa de rehabilitar el cuartel de Zapadores en Valencia.

    - AVE. Con las obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana en ejecución, las quejas del jefe del Consell se centran ahora en el retraso de la puesta en marcha de esta infraestructura -el Gobierno ha conectado antes Barcelona, Málaga y Valladolid con Madrid- y en la exigencia de que se inicie ya la conexión Valencia-Castellón-Tarragona. Para Mario Flores, consejero de Infraestructuras, el Gobierno propone un AVE "de segunda" que no supere los 300 km/hora.

    - Cercanías. Consell y PP exigen el traspaso de la red de Cercanías de Renfe, pero reclaman que el Gobierno invierta antes 2.500 millones de euros en los próximos 12 años para dejar las instalaciones en perfectas condiciones. Los socialistas valencianos critican que la Generalitat reclame esta competencia cuando, en su opinión, es incapaz de gestionar bien la red de metro.

    - Metro. Camps, a través del consejero de Infraestructuras, reclama que Zapatero pague un tercio de las nuevas líneas de metro y tranvía, o de la prolongación de las ya existentes.

    - Autopista. Aunque el Consell reclama del Gobierno central la duplicación de la N-332 y la N-340 y un buen número de rondas y variantes para evitar las travesías, la última exigencia de Camps a Zapatero ha sido una nueva autopista de peaje que una Madrid y Valencia y que discurra paralela a la actual A-3. Y ello, pese a que ya existe una nueva autopista Madrid-Levante, AP-36, gestionada por Cintra, que discurre paralela a la A-3 entre las localidades de Ocaña y La Roda y que se anuncia con el lema Escápate del gran atasco. Además, hay otras reclamaciones menores ante Fomento, como la ampliación en dos carriles de la V-30 y la construcción de tres puentes nuevos cuyo coste se estima en 256 millones de euros.

    - Aeropuertos. Estas reivindicaciones ahora están en segundo plano, pero Camps reclama una nueva terminal en Manises, la segunda pista en L'Altet y la capacidad de cogestionar los aeropuertos como sucede ahora con los puertos de interés general.

    - Somos cinco millones. Las tensiones presupuestarias de la Generalitat han convertido la exigencia de que el Gobierno transfiera más dinero en una prioridad. Como en las exigencias sobre el agua, Camps ha puesto en marcha la presión institucional y la social. Así, mientras el Consell presiona al Gobierno, el PP ha puesto en marcha la campaña Somos cinco millones -que imita la realizada por Jordi Pujol y CiU a finales de los ochenta en Cataluña con el lema Sóm sis milions-. El objetivo es que Zapatero revise ya la financiación autonómica en base a la población, lo que supondría según la Generalitat una transferencia extra de 500 millones anuales.

    - Más capacidad de endeudamiento. Ante la situación de desaceleración económica y las tensiones presupuestarias existentes, el propio Camps reclama al Ministerio de Economía autorización para romper el límite de endeudamiento, pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante.

    - Mayor inversión estatal. El consejero de Economía, Gerardo Camps, demanda que la inversión anual del Estado sea como mínimo la participación del PIB de la Comunidad Valenciana en el conjunto español.

    - Educación para la Ciudadanía. Camps no pondrá trabas a los padres que decidan objetar y se nieguen a que se imparta esta asignatura a sus hijos. Dado que es decisión del Estado la inclusión de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo, Camps hará uso de sus competencias y la impartirá en inglés. Una decisión que muchos interpretan como un boicot en toda regla a una asignatura rechazada por la Conferencia Episcopal.

    - Contrato de integración para inmigrantes. Las críticas a la política de inmigración de Zapatero han sido continuas por parte de la Generalitat. La última vuelta de tuerca ha sido el anuncio de que el Consell pretende implantar una especie de contrato de integración para inmigrantes. La propuesta, calificada de xenófoba por asociaciones de inmigrantes, no puede tener efectos legales porque excedería las competencias autonómicas. El Consell reclama competencias estatales en inmigración, como la concesión de los "permisos laborales temporales o las reagrupaciones familiares".

    - Ley de Dependencia. "El tema de la financiación tiene que ser equiparable al sistema de pensiones, para que todas las personas dependientes puedan ser igual tratadas, independientemente del lugar donde residan". Con esta argumentación, el Consell, que afirma que asume el 95% del coste, reclama que el Gobierno financie adecuadamente la atención a las personas dependientes.

    - Sanidad. La Generalitat tiene un amplio rosario de quejas hacia Zapatero. El Consell exige mayor financiación estatal para la sanidad valenciana, que el Gobierno pague parte del nuevo hospital La Fe de Valencia y que sufrague un porcentaje de nuevas prestaciones como la vacuna contra el cáncer de útero.

    - Conflicto constitucional. El Ejecutivo que preside Camps ha multiplicado el trabajo de los servicios jurídicos de la Generalitat. La pugna de mayor calado con el Gobierno tiene como transfondo la capacidad o no de la Generalitat para desarrollar el antiguo derecho foral o civil valenciano. El Gobierno tiene recurrida la primera de estas leyes, la del Régimen Económico y Matrimonial. Pero el Consell también ha recurrido las ayudas al alquiler joven del Gobierno y la regulación estatal de empresas de inserción social.

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    planta embotelladora en villena

    El Gobierno financió las mejoras de regadío a los regantes que ahora quieren vender el agua

    01:10 Más allá de la contradicción frente a la petición de trasvases o las razones ecológicas, entre los motivos que pueden justificar un rechazo a la polémica iniciativa de la Comunidad de Regantes de Villena, que pretende vender agua a la multinacional Danone para que la embotelle embotelle, figura el hecho de que el regadío del Alto Vinalopó ha recibido en 4 años 52 millones de euros en obras de modernización para ahorrar agua.

    J. L. García, Valencia
    Un gasto que ha permitido economizar recursos hídricos, aunque esta comunidad de regantes haya decidido incluso dejar de cultivar para hacer viable la operación.
    El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero, no quiso valorar ayer la posibilidad de que se lleve a cabo esta operación, pero sí defendió la gestión estatal en la mejora de las infraestructuras en el regadío valenciano con el fin de ahorrar la máxima cantidad posible de agua.
    Según explicó Rodríguez Mulero a Levante-EMV, la Comunidad General de Regantes del Alto Vinalopó -de la que forman parte los regantes de Villena- ha recibido por parte del Gobierno central la inversión más importante para modernización de regadíos en la Comunitat. Se trata de un convenio que asciende a 52 millones de euros, y que ha contado con el esfuerzo económico de los propios regantes del Alto Vinalopó (unos 15 millones que se corresponden con el 30%); la Unión Europea, con 12,5 aproximadamente (24%) y con el apoyo del Gobierno central, que financió el resto hasta los 52 millones que costaron todas las obras. Los regantes no comenzarán a reintegrar la cantidad aportada por el Estado hasta dentro de varios años y en 25 anualidades sin intereses, explicaron desde Seiasa.
    Según explicó el presidente de la sociedad, las obras del convenio, iniciadas en 2003 y terminadas y en uso desde el año pasado, consisten en 14 embalses de diferentes tamaños, su interconexión, la automatización del sistema de gestión y la distribución del agua hasta las parcelas en algunas comunidades del Alto Vinalopó, la de Villena entre ellas.
    Según indica el presidente de Seiasa, el convenio para modernizar los regadíos del Alto Vinalopó supone la inversión más ambiciosa en la Comunitat, por delante de la de la Comunidad de Riegos de Levante; las distintas comunidades del Medio Vinalopó, la Vega baja o distintas comunidades de la provincia de Valencia.
    En total, el Ministerio de Agricultura (Medio Rural, ahora) ha gastado 345 millones de euros desde 2004; inversión que ha supuesto un ahorro de 126 hectómetros cúbicos. O lo que es lo mismo, un ahorro igual al consumo anual de Valencia y su área metropolitana.
    Almansa ofrece su agua
    Por otro lado, la polémica generada en torno a la posible venta de agua del acuífero de Villena ha hecho que regantes de otros municipios, como el castellanomanchego de Almansa, hayan ofrecido sus recursos a la multinacional Danone en caso de que fracase la negociación con los regantes de Villena.

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    El PSPV exigela dimisión del presidente de los usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez

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    Alperi ignora las ayudas del Gobierno a la participación

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    La ruina acecha a los municipios

    La crisis obliga a los Ayuntamientos a "cortar grasa" de sus ajustadas finanzas

      MIGUEL OLIVARES - Valencia - 12/05/2008

      "Ingresos 20, gastos 19, resultado, la felicidad. Ingresos 20, gastos más de 20, la ruina". Muchos responsables de arcas municipales deberían haber asistido a las mismas clases que David Copperfield para evitar la ruina que les acecha. Los casos de Castellón, de Benidorm o La Vila Joiosa han saltado a la luz pública, pero el problema es de más calado.

      "Tuvimos que vender suelo para construir una escuela infantil"

      El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente.

      Un miembro de la Sindicatura de Comptes alerta: "Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Es el caso del trabajador que está tan acostumbrado a cobrar horas extra que llega a considerar ese ingreso parte de su nómina. ¿Qué pasa cuando vienen mal dadas y el patrón suprime las horas extra?

      "Habrá que cortar grasa", ilustra Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, uno de los varios municipios de más de 10.000 habitantes que no cubrían sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes en 2005.

      Como Castellón, que acaba de aprobar un plan de estabilidad para salvar las arcas municipales. Vicente Moliner, vicealcalde, reparte culpas entre la Generalitat, que debe 6,3 millones de euros al Ayuntamiento, y el Gobierno, que distribuye parte de la recaudación del IRPF y el IVA -ingresos del Estado- entre las Corporaciones atendiendo al número de vecinos. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes, como refleja la última cuenta general de las entidades locales que elabora la Sindicatura.

      Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.

      Ramón Sánchez, teniente de alcalde de Benicàssim, acaba de impulsar un plan económico para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2011. Ha puesto en marcha una campaña de empadronamientos. "Tenemos un censo de 18.000 habitantes, pero hemos comprobado que en enero, uno de los meses de más baja ocupación turística, consumen agua 28.000 vecinos". A partir de 20.000 habitantes, la participación de Benicàssim en los ingresos del Estado daría un salto cualitativo debido a su condición de municipio turístico. En verano, Benicàssim atiende a más de 100.000 vecinos y visitantes.

      Sánchez sostiene que la actividad urbanística no ha sido importante en los últimos años en Benicàssim y no teme un recorte de los ingresos derivados del ICyO. En el capítulo de ingresos, la revisión catastral de 2006 ha elevado la recaudación por el IBI. El Ayuntamiento se ha conectado al registro de notarios y ha descubierto que decenas de operaciones de compra y venta de suelo no se han comunicado al Ayuntamiento. Benicàssim ahora negocia en bloque varios suministros, como la gasolina o los servicios de imprenta. "Obtenemos mejores precios y, sobre todo, sabemos lo que nos va a costar". Y, como muchos Ayuntamientos, sufre el abandono de la Generalitat. "Tuvimos que vender suelo municipal para construir una escuela infantil".

      Alboraia también asumió la construcción de un comedor escolar con la venta de suelo. "La consejería

      no llega y, por la proximidad a los vecinos, hacemos muchas más cosas de las que nos tocaría". Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, asegura que solo una subida de los impuestos municipales permitiría superar el desfase entre gastos e ingresos; sostiene lacónico que "casi todos los Ayuntamientos tienen el mismo problema"; y confiesa: "Hemos sido relativamente felices gracias al ICyO. Ahora, tenemos que cortar grasa y recortar subvenciones".

      El plan general de Alboraia se agotó hace año y medio. "No hemos tenido grandes ingresos urbanísticos desde entonces". Ahora está en revisión, pero Gimeno asume que los tiempos del boom inmobiliario no volverán. Para redondear el problema, explica que las tasas municipales, diseñadas para pagar el coste de servicios como la recogida de basura, por ejemplo, no cubren los costes reales. "¿Alguien se puede creer que con 40 euros al año se paga la recogida de la basura, su traslado al vertedero y su tratamiento posterior?" Gimeno confiesa que los precios públicos no se ajustan a los costes reales por razones políticas. Un proceder que solo hincha la pelota.

      Alberto Fabra, alcalde de Castellón y diputado autonómico del PP, votó en las Cortes contra la constitución de un fondo autonómico de cooperación municipal. Pero dos semanas después, reclamaba ese mismo fondo desde su Ayuntamiento. La batalla por un nuevo modelo de financiación autonómica está abierta. Ahora, los Ayuntamientos amenazan con abrir otro frente.

      Ingresos municipales

      - IBI (Impuesto de bienes inmuebles): grava a los propietarios de bienes en el término municipal en razón del valor catastral del inmueble. Los Ayuntamientos tienen potestad para modificar los coeficientes multiplicadores.

      - IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas): es residual pues solo grava a las personas jurídicas (empresas) cuya actividad supera el millón de euros al año.

      - IVMT (Impuesto sobre vehículos con motores de tracción): grava los automóviles y camiones registrados en cada municipio en razón de la potencia del motor y de acuerdo con ciertos coeficientes que establecen los Ayuntamientos. Los tres anteriores apenas varían de año en año.

      - ICyO (Impuestos sobre Construcción y Obras): gravan la concesión de licencias para nuevas construcciones y todo tipo de obras.

      - Impuestos sobre plusvalías: grava las operaciones de compra y venta de suelo e inmuebles en razón de las plusvalías.

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      Los municipios sufren ya la crisis del ladrillo

      Los ingresos por obras bajan debido al parón de la actividad inmobiliaria

      12/05/2008

      Los Ayuntamientos valencianos sufren ya los efectos de la crisis del ladrillo. El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente. Ahora las finanzas municipales van a notar la bajada de ingresos.

      "Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Son palabras de un miembro de la Sindicatura de Comptes, que en la última cuenta general de las entidades locales que elabora cada año ya alertaba de la difícil situación de algunos Ayuntamientos.

      Entre los municipios cuyos problemas ya han salido a la luz pública se encuentran Castellón, Benidorm y La Vila Joiosa. Pero el problema es de más calado y afectará a muchos otros, que se verán obligados a elaborar planes de estabilidad, a recortar gastos o a poner en marcha medidas para compensar por otras vías la reducción de los ingresos por los impuestos sobre operaciones inmobiliarias. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes.

      Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.

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      Valencia tiene 80.000 viviendas vacías y otras 40.000 por construir

      Los socialistas cuestionan la necesidad de sacrificar 400 hectáreas de huerta.

      . SIMÓN - Valencia - 12/05/2008

      El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia reprueba el proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad elaborado por el PP porque, en su opinión, no se justifica la necesidad de destruir más huerta. Argumentan que la urbe tiene actualmente 80.000 viviendas vacías y que entre el suelo urbano y el urbanizable existentes hay espacio para construir otras 40.000 viviendas.

      En suelo urbano se pueden construir 22.824 casas y en urbanizable, 20.416

      Tres de cada cuatro encuestados no pueden pagar una vivienda protegida

      Los socialistas concluyen que estas 120.000 viviendas son suficientes para atender la demanda de pisos. Se basan en el Estudio de Demanda de Vivienda encargado por el Gobierno local para incluirlo (tal y como ordenan las leyes valencianas) en el expediente para elaborar el nuevo plan general de la ciudad. El documento municipal estima que la demanda de vivienda se cifra en unas 54.264 viviendas, siendo 32.180 de ellas de renta libre y otras 22.084 de protección oficial. También cifra este informe la capacidad del suelo todavía vacante del PGOU de 1988 en 19.335 viviendas (10.869 libres y 8.466 protegidas). Concluye por tanto que la oferta necesaria del nuevo plan deberá afrontar una demanda de 34.929 viviendas, de ellas 21.311 libres y 13.618 protegidas.

      Ateniéndose a estos datos oficiales, los socialistas critican que el documento no aclara en detalle dónde está situado ese suelo vacante. De hecho, el concejal Vicente González Móstoles cifra la potencialidad de viviendas por construir en más del doble. Según sus cuentas, hay sectores donde ni siquiera se ha aprobado la reparcelación, como Benimaclet, Malilla o la Font de Sant Lluís. Y el sector del Grao ni siquiera tiene el planeamiento aprobado. En total, calcula que faltan por construir 20.416 viviendas solo en suelo urbanizable, cifra a la que habría que sumar las viviendas que faltan en suelo urbano consolidado: otras 22.824. Según el PSPV, el Consistorio se empeña reiteradamente en ocultar esas viviendas ya que ni las contabiliza ni les da datos cuando preguntan por las viviendas potenciales del suelo urbano.

      En definitiva, todavía se pueden construir 43.240. Y con estas cifras sustentan las críticas de la portavoz socialista, Carmen Alborch, a la intención de la alcaldesa, Rita Barberá, de pegar otro bocado destructor a la huerta de Valencia mediante la reclasificación de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados).

      El análisis de los socialistas también aborda el problema de las viviendas vacías en Valencia. Explican que según el estudio sobre la vivienda de 2001 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, había 65.434 pisos desocupados en la ciudad. González Móstoles calcula que en estos siete años solo se habrán incorporado al mercado 430 viviendas, ya que la tasa de viviendas que se rehabilitan, según las licencias concedidas, es de apenas 60 al año. Asimismo, el PSPV cifra en otras 17.000 viviendas que se han construido durante el boom inmobiliario sin que se hayan ocupado, ya que se compraron como inversión. Es decir, actualmente hay en Valencia más de 80.000 viviendas vacías que Barberá debería intentar sacar al mercado.

      Para las viviendas nuevas sin ocupar, los socialistas proponen medidas como hacer convenios con los propietarios para que pierdan el miedo a alquilarlas y bonificaciones en el IBI. En cuanto al parque de viviendas antiguas, apuestan por un plan municipal de rehabilitación.

      Se trata de facilitar un hogar a aquellos que no lo tienen. Según las encuestas del Estudio de Demanda de Vivienda, el 75% de los encuestados cree que la oferta de vivienda protegida es muy baja. Y el mismo porcentaje ni siquiera puede gastar los 76.000 euros que cuesta una de 90 metros con garaje. La mitad de los encuestados llegaría a 150.000 euros, y el 20% a 125.000.

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      educación

      El gasto por alumno en la escuela pública valenciana es el tercero más bajo de España

      01:09 El gasto por alumno no universitario escolarizado en centros públicos de la Comunitat Valenciana alcanza los 4.840 euros anuales, por debajo de la media nacional, de 5.299 euros anuales, y el tercero más bajo de España junto con Murcia y Andalucía.

      Levante-EMV/Efe, Valencia/Madrid

      Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2005, que ha publicado el Ministerio de Educación en la actualización estadística de 2008, el gasto por alumno de enseñanza no universitaria pública y privada concertada es en la Comunitat Valenciana de 4.259 euros.
      Esta cifra también está por debajo de la media nacional, de 4.520 euros, y es la tercera más baja de España junto con las comunidades andaluza y murciana.
      A nivel nacional, el gasto por alumno no universitario escolarizado en centros públicos del País Vasco alcanza los 8.858 euros anuales, más del doble que en Andalucía (4.211) y que en Murcia (4.320), las de menor inversión pública por matriculado.
      Además del País Vasco, se sitúan por encima de la media Navarra, con 6.991 euros por estudiante y año, Asturias (6.492), Castilla y León (6.103), Cantabria (6.039), Galicia (5.947), Baleares (5.817), La Rioja (5.791), Aragón (5.486), Cataluña (5.394) y Madrid (5.330).
      Por debajo están Castilla-La Mancha (5.234), Canarias (5.145), Extremadura (5.017) y Comunitat Valenciana (4.840), aparte de Murcia y Andalucía.
      En el curso 2004-2005, el 67,6% de los alumnos no universitarios de régimen general estudiaban en la enseñanza pública; este tipo de escolarización era más frecuente en Castilla-La Mancha (81,9%) y Extremadura (80%) y menos en el País Vasco (48,5%) y Madrid (55,2%).
      Si se consideran los alumnos no universitarios tanto de la enseñanza pública como de la privada concertada, también el País Vasco está a la cabeza en desembolso por matriculado, con 6.070 euros anuales, en tanto que Andalucía (3.841) y Murcia (3.778) permanecen a la cola. La media nacional es de 4.520 euros. Por debajo se colocan Cataluña (4.378), Madrid (4.314) y Comunitat Valenciana (4.259), además de Andalucía y Murcia.

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      congreso en valencia

      El PP dice ahora que la población es un criterio tan importante como otros para la financiación

      01:17 El PP de la Comunitat Valenciana, a través del conseller de Economía, Gerardo Camps, que dirige la ponencia de Economía que se debatirá en el Congreso del PP, se mostró ayer conciliador respecto a su postura en el modelo de financiación autonómica.

      Levante-EMV, Valencia
      Probablemente porque del congreso ha de salir una posición común y en el seno del PP ya ha habido discrepancias territoriales sobre qué criterios deben regir el reparto de fondos. Así, el PP valenciano, defensor a capa y espada del incremento de población como criterio fundamental aseguró ayer, por boca de Camps, que la reforma del sistema "no debe abrir el debate" ni una "guerra" entre las comunidades, como "quieren algunos", sino buscar las igualdad entre las distintas regiones.
      En este sentido, indicó que todos los criterios son "igual de importantes" a la hora de determinar cómo debe ser un sistema de financiación autonómico. Y reconoció que ha habido un aumento importante de la población en España, pero subrayó que no puede haber un sistema que no contemple también, ligado a ello, el reparto de la financiación en aras de la extensión de los territorios o la insularidad.
      El conseller de Economía se refirió así en la presentación de las líneas económicas de la ponencia que debatirá en el congreso nacional, los días 20, 21 y 22 de junio en Valencia, basadas en rebajas fiscales, la estabilidad presupuestaria, y en políticas de cohesión nacional y de igualdad, en especial, en materia de financiación autonómica y agua. En el acto también participaron la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez.
      Tras las declaraciones de Gerardo Camps, la portavoz del PSPV en materia económica, Cristina Moreno, dio la "bienvenida al PP al terreno de la sensatez", ya que estaba "enrocado en el criterio de la población y ahora ha ampliado sus puntos de vista".
      Por lo demás, las líneas apuntadas por el PP en materia económica hablan de "revitalizar" el Pacto de Toledo y prolongar la vida laboral para aumentar la sostenibilidad del sistema de pensiones, al tiempo que destacó la necesidad de seguir aumentando las prestaciones mínimas y de viudedad.
      Camps señaló que la prolongación de la vida laboral no es una propuesta nueva del PP, pero que ha dejado de hacerse en los últimos años por parte del Gobierno socialista, lo que ha provocado que muchas de las personas que se jubilan actualmente en España tengan peores pensiones de las que tendrían si se hubiera aumentado la vida laboral.
      Sistema de pensiones en riesgo
      A su juicio, prolongar la vida laboral no trae consigo, el que haya pensiones menores para los trabajadores que se jubilen dentro de diez, quince o veinte años, sino que, por el contrario, "refuerza muchísimo el sistema y su sostenibilidad a largo plazo". Asimismo, indicó que el actual sistema de pensiones tiene asegurado unos años de superávit, pero advirtió que si continúa la línea de "inacción", conducirá a una situación de "riesgo".
      En política fiscal, explicaron que el PP apostará por la "racionalización del gasto público" y medidas que lo hagan eficiente, al tiempo que abordará la modernización del sistema fiscal español, de tal forma que se mejore la competitividad y se incentive el ahorro y la inversión.
      Entre las medidas que se recogen se encuentran la rebaja del tipo general y el de las pymes en el Impuesto sobre Sociedades, estableciendo incentivos fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la extensión de la desfiscalización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

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      EDITORIAL

      La unificación de las normas urbanísticas

      El Consell acaba de conceder una prórroga a los ayuntamientos de seis meses para que puedan retrasarse en la tramitación de los planes generales urbanísticos. La medida es consecuencia del colapso que sufre la Generalitat debido a la avalancha de...

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      Los trámites urbanísticos bloquean la administración y obligan a dar una prórroga de 6 meses a los PGOU

      En un decreto legislativo no es habitual que varias administraciones reconozcan el colapso burocrático que las llevan de cabeza. Ni que se adopten medidas jurídicas con carácter retroactivo.
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      El ayuntamiento tarda 2 años en dar las licencias de obras y arrastra más de 550 solicitudes desde 2006

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      Jordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.

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