Los seis magistrados del Tribunal Constitucional que participaron en la reunión del pasado 12 de junio en el despacho de la presidenta María Emilia Casas, y en la que, según una información de El Mundo, tres de ellos se habrían mostrado favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), han remitido una carta al presidente en funciones del pleno, Vicente Conde Martín de Hijas, en la que desmienten esta versión, que sirvió al PP para sustentar la recusación contra tres jueces progresistas.

Entre los firmantes de la carta se encuentran el vicepresidente Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas, ambos del sector conservador, presentes en dicha reunión y que junto a los demás aseguran que la información de El Mundo no se corresponde con la realidad.

El texto de la carta es breve, de una decena de líneas, y pretende poner en conocimiento del presidente en funciones, Vicente Conde, que las recusaciones del PP contra los jueces del sector progresista Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps se sustentan sobre la falsa premisa de que estos magistrados habrían dado muestras de apoyo a la reforma de la LOTC y, en particular, a la prórroga de la presenta María Emilia Casas al frente del tribunal. Tales muestras de apoyo son las que, según el PP, les invalidarían para enjuiciar la reforma.

La carta dirigida a Conde asegura, por el contrario, que ninguno de los reunidos se pronunció sobre el fondo de la ley, sino que se dieron por enterados de que con la entrada en vigor de la reforma a finales de mayo, y coincidiendo con que el 16 de junio finalizaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente, quedaba automáticamente prorrogado el mandato de ambos, en aplicación del nuevo artículo 16.3 de la LOTC.

El 12 de junio, la presidenta citó en su despacho a los magistrados por tercios, según el orden de menor a mayor antigüedad en el tribunal. Lo hizo así para no tener que convocar el pleno y que los magistrados tuvieran que pronunciarse formalmente. En esa fecha faltaban cuatro días para que expirase el mandato de Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez. A la primera reunión asistieron los magistrados más modernos: los progresistas Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón y el conservador Ramón Rodríguez Arribas, además de la presidenta Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez.

Fue en esa reunión en la que, según la versión recogida por El Mundo, los tres progresistas se habrían mostrado "favorables a la reforma de la ley" y habrían "anticipado su acuerdo" con la prórroga del mandato de Casas.

Según las fuentes consultadas por este periódico, en realidad fue la presidenta la que comunicó a los magistrados su intención de seguir al frente del tribunal, y evocó los precedentes de Francisco Tomás y Valiente -cuyo mandato fue prorrogado por el pleno- y Álvaro Rodríguez Bereijo, prorrogado automáticamente sin que ni siquiera el pleno se reuniese. Así, les comunicó su decisión de que en aplicación de la reciente reforma de la LOTC, iba a seguir ejerciendo el cargo de presidenta. El conservador Rodríguez Arribas fue el único que reaccionó. Pidió a la presidenta que dimitiese, para que fuese el pleno el que procediese a su elección, en vez de utilizar la prórroga del mandato que introdujo el artículo 16.3 de la LOTC.

A la segunda reunión asistieron los magistrados progresistas Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera y el conservador Javier Delgado Barrio. Tenía que haber asistido también Roberto García-Calvo, pero ese día no se encontraba en el tribunal. Los asistentes a esa segunda reunión asintieron a que la presidenta siguiera y nadie pidió su dimisión ni denunció nada.

Al enterarse García-Calvo de la tanda de reuniones, acudió al día siguiente, 13 de junio, al despacho de la presidenta, acompañado de Jorge Rodríguez-Zapata. Ambos magistrados, los más conservadores del tribunal, protagonizaron un duro encuentro con Casas, en el que exigieron a la presidenta que dimitiese para que fuera el pleno el que la nombrase. La conversación se desarrolló por los mismos cauces que recoge la carta que ambos dirigieron a la presidenta el 22 de junio: profunda discrepancia con la reforma, ilegitimidad de Casas para seguir en el cargo, falta de cobertura legal para la prórroga del mandato, etcétera.

A la última reunión con Casas y Jiménez asistió sólo Vicente Conde, puesto que Rodríguez-Zapata ya había expresado su parecer el día anterior. Casas dio cuenta a Conde de su intención de seguir al frente del tribunal y el magistrado no dijo nada.

Las reuniones del 12 de junio y los días siguientes tuvieron su antecedente en una reunión de todos los magistrados del tribunal en el parador de Sigüenza a finales de mayo, a la que también asistieron algunos letrados. Sin embargo, allí nadie habló de la prórroga del mandato de la presidenta ni del nuevo sistema de nombramiento de los magistrados del Senado. De alguna forma, flotaba en el ambiente un previsible recurso contra la reforma de la ley por parte del PP, por lo que se eludieron los aspectos más polémicos de la norma.

El PP recusó ayer a tres magistrados progresistas del Tribunal Constitucional usando como única prueba informaciones publicadas en periódicos. En ellas se indicaba que los tres magistrados progresistas, en una conversación de la que no existen actas ni grabaciones, se manifestaron a favor de la Ley del Gobierno que prorrogaba el mandato del Tribunal Constitucional.

Texto íntegro de las recusaciones

DOCUMENTO (DOC - 75Kb) - 26-10-2007

En base a esas supuestas conversaciones, los populares entienden que tienen "interés directo o indirecto en el pleito" y no pueden intervenir en las deliberaciones.
62 diputados del PP, entre los que no se encuentran ni su presidente, Mariano Rajoy, ni su portavoz, Eduardo Zaplana, firmaron y entregaron ayer en el Constitucional el escrito de recusación de los magistrados Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala.
Tras aludir en su escrito a las informaciones de prensa, el PP aclara que lo hacen "sin pretender convertir en fuente del Derecho la invocación de algún diario de la mañana".
El recurso que presentó el Gobierno contra dos magistrados conservadores esgrimía un escrito firmado por ambos y presentado a la presidenta del Tribunal Constitucional en el que manifestaban su oposición a la Ley del Gobierno.

Réplica al Gobierno

Pese a que la recusación del PP se basa en recortes de prensa, los populares mezclan la contundencia -"se debe concluir que los señores magistrados recusados tomaron postura de forma inequívoca, radical y decidida"- con el condicional -"de ser cierta esta información..."-. El PP insiste en que formular esta recusación les resulta "penoso", pero que está "incitada" por la precedente recusación de dos magistrados del Constitucional por parte del Gobierno y piden que se acumulen para que se tramiten de forma conjunta, lo que deja al pleno del Constitucional sin quórum para tomar decisión alguna ya que de los 10 magistrados que lo componen ahora, hay cinco recusados que no podrían intervenir. El pleno no se puede reunir si tiene menos de ocho miembros.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, declaró ayer: "En nuestro sistema constitucional la paralización de la jurisdicción constitucional equivale a un incumplimiento de la Constitución y supone una quiebra grave del modelo de Estado que ésta consagra. Los ciudadanos tienen que tener la conciencia y la seguridad de que el Constitucional resolverá la situación. No podría ser de otra manera", informa Efe.
El PP solicita como "prueba testifical" la declaración de Casas para que confirme si la supuesta reunión transcurrió como decían las informaciones de prensa. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, juzgó ayer en Lanzarote la decisión del PP como una "completa irresponsabilidad", que se une a la estrategia de no renovar el Consejo del Poder Judicial con el fin de "arrasar" las instituciones.

El Estado Constitucional es el principio de legitimación democrática. Toda la vida del Estado en sus diversas manifestaciones es y no puede no ser expresiones diversas de dicho principio. La Constitución no hace más que canalizar jurídicamente de manera directa las más importantes de dichas expresiones y sentar las bases para que las demás normas del ordenamiento jurídico canalicen las demás.

En nuestro ordenamiento las dos máximas expresiones del principio de legitimidad democrática son la reforma de la Constitución y la reforma de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 CE. Son las dos únicas en las que se combina la exigencia de mayorías cualificadas con la participación directa de los ciudadanos mediante referéndum.
Entre ambas hay, pues, similitudes, pero hay también diferencias. Una fundamental: la manifestación de voluntad en el caso de la reforma de la Constitución es exclusivamente estatal. La voluntad la constituyen exclusivamente las Cortes Generales por mayoría de tres quintos, siendo el referéndum potestativo (art. 167 CE) o por mayoría de dos tercios en dos legislaturas consecutivas con referéndum obligatorio (art. 168 CE). Es una decisión estatal de principio a fin. Las Cortes Generales que "representan al pueblo español" (art. 66.1 CE) manifiestan la voluntad del Estado y el pueblo español directamente en referéndum ratifica o no dicha manifestación de voluntad parlamentaria.
En el caso de la reforma de los estatutos de autonomía del artículo 151 CE, la formación de la voluntad de reforma es exclusivamente autonómica en su origen. Únicamente el Parlamento de la comunidad autónoma puede expresar esa voluntad de reforma. Para ello, el Estatuto de Autonomía de Cataluña exige una mayoría de dos tercios mientras que el de Andalucía exige una mayoría de tres quintos. Así se constituye la voluntad de reforma estatutaria coherentemente con el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 CE.
Ahora bien, la voluntad de reforma constituida a través de esta mayoría cualificada, tiene que ser revisada por las Cortes, a fin de comprobar que el ejercicio del derecho a la autonomía no es incompatible con el principio de unidad política del Estado, en el que el propio derecho a la autonomía encuentra su fundamento y límite. Para esta revisión, la Constitución exige una mayoría cualificada, la mayoría absoluta que tiene que tener el Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, dado su carácter de Ley Orgánica (art. 81 CE). Pero no exige la mayoría cualificada de la reforma de la Constitución. Es lógico que así sea. Si se exigiera la mayoría cualificada de la reforma constitucional, el ejercicio del derecho a la autonomía en el proceso de reforma estatutaria quedaría vaciado de contenido.
Este procedimiento de reforma estatutaria se ha respetado escrupulosamente tanto en la reforma del estatuto catalán como en la del andaluz. Las manifestaciones de voluntad de reforma del los Parlamentos catalán y andaluz han sido revisadas, y revisadas profundamente, por las Cortes Generales. Y el resultado de esas revisiones ha sido ratificado en referéndum. Sin brillantez, pero con mayorías aplastantes.
El PP no ha aceptado estos procesos de reforma. Y no los ha aceptado porque no disponía en los Parlamentos catalán y andaluz de parlamentarios suficientes para contribuir decisivamente a la formación de la voluntad reformadora. En lugar de aceptar la decisión de los ciudadanos de Cataluña y Andalucía que no han querido que el PP fuera el árbitro de la reforma de sus estatutos y que, por eso, le han dado la representación que le han dado, el PP se ha empeñado en argumentar que las reformas estatutarias son realmente reformas constitucionales y que se debería exigir en las Cortes Generales la mayoría cualificada de la reforma constitucional.
Esta posición carece constitucionalmente de toda justificación. Pero al PP le ha dado igual. Una vez que no ha podido impedir las reformas estatutarias en los Parlamentos autónomos y estatal, ha decidido acabar con ellas en el Tribunal Constitucional. Y como se temía que el Tribunal en su composición actual no le iba a dar la razón, ha puesto en marcha un mecanismo diabólico de manipulación política del mismo para conseguir su objetivo.
En el fondo lo que hay en todo este proceso es una pretensión por parte del PP de quebrar el principio de legitimación democrática. El PP únicamente está dispuesto a aceptar el resultado del principio de legitimación democrática cuando tal resultado coincide básicamente con su posición política. No exige que coincida al cien por cien, pero sí en un porcentaje muy alto. Si no es así, no le importa romper las reglas del juego. Es lo que está ocurriendo.
El principio de legitimidad democrática es lo que da racionalidad a la vida política. Si se lo pone en cuestión, es imposible que se desarrolle con un mínimo de orden.

FERNANDO GAREA - madrid - 26/10/2007 19:15

El escrito de recusación que el PP presentó ayer en el Constitucional tiene un desfase temporal evidente en su argumentación y se apoya en algo que ocurrió después de decidir presentarlo. Dicho de otra forma, el Grupo Popular empezó a preparar la recusación y a recoger firmas para ponerla en marcha antes de que se produjera el hecho que la motiva.


El escrito se apoya y cita expresamente una información del diario El Mundo que aseguraba que, en una reunión privada el pasado 12 de junio, los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala se pronunciaron a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Ese hecho sirve para intentar demostrar que los tres magistrados objeto de la recusación emitieron un juicio previo al recurso del PP contra esa ley y que, por tanto, están inmersos en la misma contaminación que el Gobierno atribuye a otros dos conservadores.

El problema es que esa noticia se publicó el jueves 25 de octubre y el PP decidió la recusación y puso en marcha la recogida de firmas entre sus diputados un día antes. Es más, Público informó ese mismo día de la triple recusación.

La decisión se tomó el miércoles a mediodía en una reunión presidida por Rajoy en las inmediaciones del Congreso, con presencia de dirigentes del PP. No sólo no hubo unanimidad, sino que se escucharon voces en contra de presentar la recusación, por entender que se caía parte del discurso de los últimos días en contra de la decisión del Gobierno de intentar apartar a dos magistrados, según ha sabido este periódico.

Obviamente, los dirigentes del PP tenían conocimiento ya en ese momento, al menos, de que hubo una reunión en junio en la que tres magistrados del llamado bloque progresista mostraron su conformidad con la reforma de la Ley.

Sobre las 17 horas del miércoles se puso en marcha en el Congreso el mecanismo para recoger las firmas entre los diputados para avalar el escrito. Hasta unas horas después no se conoció públicamente la información de la reunión. Por si había duda, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, admitió ayer en rueda de prensa que las firmas se recogieron el miércoles, un día antes de la información que motiva las recusaciones.

Rechazada por extemporánea

El escrito se ve obligado a citar la noticia de la reunión, porque en caso contrario no tendría sentido plantear una recusación más de cuatro meses después de producirse el acontecimiento que lo motiva. Es decir, la recusación podría ser rechazada por extemporánea, salvo que se basara en una información nueva.

De hecho, fuentes del sector progresista del TC aseguran que estudian inadmitir de plano la recusación, por estar fuera de plazo. Además, sin esa información, el PP tendría que explicar cómo conocido esa reunión en la que sólo había siete magistrados.

En la reunión de junio estaban presentes los tres magistrados que quiere apartar el PP; la presidenta María Emilia Casas; el vicepresidente Guillermo Jiménez y los conservadores Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García-Calvo.

Obviamente, el PP pudo conocer a través de alguno de ellos el contenido de la reunión. García-Calvo es uno de los magistrados conservadores que el Gobierno ha recusado y que el Grupo Popular quiere salvar. El texto de la recusación ha sido redactado por el ex ministro y diputado Federico Trillo, amigo del magistrado Rodríguez Zapata, impugnado por el Gobierno. El escrito se cuida de pedir la acumulación de las recusaciones para bloquear el TC y evitar que se vean antes las del Ejecutivo.

La recusación del Gobierno está basada en una carta que firmaron García-Calvo y Rodríguez-Zapata en la que se pronuncian en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal, cuando aún no había recurrida por el PP. La recusación presentada por el Grupo Popular se fundamenta en la celebración de esa reunión privada y, por la ausencia de pruebas documentales, el PP pide en su escrito que declare la presidenta, que estaba presente.

Fuentes del TC aseguran que Rajoy pidió disculpas personalmente a Casas por haber planteado hace un año su recusación por actividades de su marido. Esa recusación fue rechazada de plano.

Varios puestos en lugares estratégicos, en las calles aledañas a la plaza de Colón, vendían enormes banderas, a 10 y 15 euros, que unos metros más adelante, agitaban a duras penas niños del tamaño del palo. En las vallas dispuestas para ver el desfile había todas las posibilidades posibles: unos la llevaban a modo de capa, otros de delantal, enrollada a modo de cinturón o de pañuelo alrededor del cuello. Después de la bandera (con toro, sin toro, con escudo, con corona...) el producto más solicitado era una bufanda en la que se leía: "Raza española, orgullo nacional". El paseo de la Castellana estaba de banderas hasta la bandera.

La mayoría acudió en familia por eso a primera hora de la mañana, frustrados ante la imposibilidad de encontrar un buen sitio, en una y otra esquina se repetían las peleas entre padres e hijos: "Si te hubieras levantado antes de la cama, no hubiera pasado esto...". Pero sonó el himno, se oyó el primer ¡Viva España! y se calmaron los ánimos. Hasta que apareció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y empezaron los abucheos.
La mayoría no alcanzaba a verlo pero los pitidos corrieron como una ola por el paseo de la Castellana: "¡Za-pa-te-ro, di-mi-sión! En ese momento, el Rey, acompañado por el presidente del Gobierno, el del Congreso y el del Senado, llevaba una corona de flores en honor de los militares muertos en misiones en el extranjero. La bronca rompía el silencio debido al homenaje a los caídos por España.
"Es la primera vez que vengo al desfile. Tenía muchas ganas porque he estado viendo la guerra de las banderas y lo que hacen con las fotografías del Rey y no me ha gustado nada", explicaba Paula. "Yo no suelo venir, pero esta vez había que estar porque Zapatero nos quiere llevar a la tercera República y no se lo podemos permitir", añadía otra mujer.
Sin gritos ni pitidos, pero de manera muy evidente, los espectadores volvieron a demostrar su malestar con el presidente del Gobierno recibiendo con frialdad a la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada con la única finalidad de atender a los ciudadanos afectados por desastres y, durante el desfile, de asegurar las transmisiones y el servicio de megafonía. "Ésos son los que ha creado Zapatero a su imagen y semejanza", comentó un hombre con desprecio mientras pasaban varios camiones de bomberos.
Nada que ver con la euforia que despertaron a su paso la Guardia Civil y los legionarios, tradicionalmente los más vitoreados en los desfiles: "¡Viva la madre que os parió!", gritaba el público apasionado. La cabra de la Legión causó furor en los niños, aunque inquietó a los más pequeños: "¿Papá, se la llevan para comérsela?", preguntó uno.
Mientras, turistas despistados peleaban por levantar sus cámaras por encima de las cabezas y fotografiar una escena con la que no contaban. Otros se hacían fotos con los escasos militares de uniforme que había al otro lado de las vallas. También había muchos inmigrantes, como Norberta, una monja peruana que aseguró que acude al desfile todos los años desde que se vino a España, hace tres: "Me ha parecido maravilloso. Me encanta verlos desfilar, lo único que me da rabia es no haber cogido un buen sitio", lamentaba.
Familiares de soldados de España de origen ecuatoriano o colombianos paseaban orgullosos la bandera española, mientras jaleaban a los suyos. Al final del desfile se les veía pasear ufanos por la calle de Serrano, en grupos familiares. "Vamos todos a celebrarlo a casa, porque ha sido muy emocionante", comentaba la ecuatoriana Ludivina, con la boina negra de su hijo apretada al pecho. Él sonreía con un niño cogido de cada mano.
"Yo tampoco he visto casi nada, y eso que he venido toda la noche conduciendo desde Sevilla", añadía otro de los espectadores muy enfadado con un militar retirado que desde la tribuna, se había pasado todo el desfile peleándose con los niños por la primera fila. O aquel otro, al que una enorme bandera le tapaba la vista.

Sin embargo, pocas veces ha estado tan acertado Zapatero como estos días al lamentar que haya quienes intentan discutir (a gritos) incluso sobre aquello en lo que están de acuerdo. Rajoy se desmarcó ayer de esos gritos y silbidos, pero lo hizo tras varias semanas de acusar al Gobierno de Zapatero de inhibirse a la hora de defender al Rey de los que le atacan y ofenden. Y lo mismo respecto a otros símbolos compartidos, culpando a la política territorial del Gobierno de hechos como el incumplimiento de la ley de banderas. Tiene razón el presidente al decir que sobre la bandera, la Monarquía (y también la defensa de la Constitución respecto a consultas
soberanistas y otras pretensiones nacionalistas) no hay pleito posible entre el Gobierno y su alternativa: sobre esos temas, socialistas y populares están más de acuerdo entre sí que cualquiera de ellos con no importa qué otro partido del arco parlamentario.
El debate es en este sentido artificioso, por más que cada año la fiesta nacional ponga de relieve (por ausencias y presencias, y por las razones con que se las justifica) la desproporción entre el torrente de emociones autonómicas y localistas de distinto signo y lo que Ortega y Gasset consideraba falta de emoción compartida "por la que comuniquen los bandos enemigos". Emoción que en todos los países, incluyendo especialmente a algunos de los de más larga tradición democrática, suele exteriorizarse en torno a los símbolos de la nación. Más de tres décadas después de la desaparición de Franco, resulta ridículo este afán banderizo por patrimonializar los sentimientos nacionales, por una parte, y la patente de demócrata, por otra. De forma que el mensaje dominante en periodo electoral es que si ganan los otros se perderá España o se perderá la democracia. Una dialéctica pueril y perversa.

Rajoy está empeñado en que seamos españoles al modo en que Arzalluz u Otegi son vascos. Lo grave del vídeo con el que el jefe de la oposición se ha convertido en la estrella de YouTube no es que trate de imitar al Rey en su mensaje de Navidad, sino que evoca a Carlos Arias Navarro en otra producción audiovisual de gran éxito también en la historia de este país. No hay más que comparar el tono de ambos y medir la cantidad de toxinas que despiden por fotograma para advertir lo que decimos. Pero, si a alguien le queda alguna duda, que proyecte sobre una sábana las imágenes superpuestas de los dos ayatolás: la sábana deviene, a los 30 segundos, en un sudario. Cine gore, en fin, de una eficacia acojonante.

No es raro que todo esto coincida en el tiempo con la resistencia de los dirigentes del PP al intento de honrar la memoria de las víctimas del franquismo. Donde aseguran que esa ley hurga en heridas antiguas, conviene escuchar que no se les provoque. Conocemos muy bien la clase de patriotismo de los que se niegan a reprobar las dictaduras y sabemos que entre nosotros sólo se grita viva España para liquidar a algún español que se resiste a ser español español a la manera en que otros se niegan a ser vascos vascos. Fusilar españoles en nombre de España es un rasgo de humor muy nuestro. Ahí tienen a los obispos ordenando que se rece por el Rey mientras le aplican la picana en los medios de comunicación de su propiedad.
Las costumbres, por bárbaras que sean, resultan muy difíciles de abolir. Todo esto de lo que hablamos está muy en la tradición de la Iglesia y del patriotismo con halitosis. Torquemada pronunciaba una jaculatoria cada vez que apretaba la tuerca del potro en el que agonizaba un pobre infeliz partidario de la doble circulación de la sangre. Destrozaba fríamente su cuerpo al tiempo que rezaba por su alma sin advertir en ello contradicción alguna (Rouco, seguramente, no entiende de qué se queja el Rey). Ahora mismo acaban de condenar a cadena perpetua en Argentina a un cura que torturaba a los detenidos sin dejar de pedir por su salvación. Quiere decirse que el vídeo de Rajoy, como las humoradas de los obispos, nos harían gracia si no tuviéramos memoria (histórica).