06 Jul 2008
04 Jul 2008
CV. 04/07/2008.
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"Vivimos en un país donde 43 muertos no significan nada"
Las familias de las víctimas del metro evocan la tragedia dos años después
"Vivimos en un país donde 43 muertos no significan nada. No existían las medidas de seguridad más básicas y siguen sin existir y no pasa nada ¿De qué sirve vivir en una Valencia cosmopolita si puedes morir cuando te vas a las rebajas en metro?" Han pasado dos años desde el mayor accidente de metro registrado en España -que el 3 de julio de 2006 dejó 43 víctimas mortales y 47 heridos en la línea 1-, y Beatriz Garrote, familiar de uno de los fallecidos resumió ayer con ese "no pasa nada" la soledad con la que arrostra su dolor.
Los familiares e integrantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Julio recordaron ayer el segundo aniversario de la tragedia condenadas al ostracismo por las principales autoridades políticas y eclesiásticas y con los principales responsables políticos del metro en sus puestos. Mientras los familiares recorrían en metro el trayecto que no pudieron completar las víctimas y realizaban una ofrenda floral, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, participaba en un acto de regatas en Alicante. Camps, que sigue sin recibir a los familiares desde el accidente, aprovechó su asistencia al acto deportivo para decir que "siempre" llevará "en el corazón" el recuerdo de las víctimas del metro. La alcaldesa de Valencia se limitó a aceptar participar en una concentración de recuerdo frente al Consistorio a petición de los socialistas. Y el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, optó por contraprogramar la misa prevista en la catedral de Valencia por la asociación de familiares con otro servicio religioso en Torrent.
En este clima tuvo lugar ayer el homenaje de la Asociación de Víctimas del 3 de Julio. Fue en el parque situado sobre la curva donde el convoy de la línea 1 descarriló. "¡Qué vergüenza ser valenciano, los políticos se venden por barcos de vela y coches de carreras!" Francisco Hernández se quejaba a viva voz, ayer que se cumplían dos años de la muerte de su mujer. Las camisetas negras diferenciaban a los familiares. El estampado era sobrio: una foto del familiar perdido y, en letras doradas, la leyenda 43 muertos + 47 heridos = 0 responsables. Enric Chulio, presidente de la asociación de familiares, insistió en que "los homenajes son un reto personal, no actos reivindicativos", aunque en el sentimiento se entremezclan ambos.
Al acto acudieron concejales y diputados socialistas y representantes de otras formaciones de izquierda. El PP no se asomó, se conformó con el minuto de silencio en el Ayuntamiento. Sin aplausos. La ofrenda floral tuvo lugar tras "completar el recorrido que ellos no pudieron hacer", dijo Chulio. Los familiares recorrieron las 10 estaciones de la línea 1 y guardaron un minuto de silencio en cada parada entre las estaciones de plaza de España y de Torrent-Avinguda. Los maquinistas detuvieron durante tres minutos todos los convoyes de la línea 1 justo a las 13 horas. En ese momento en el que, hace dos años, 43 relojes se pararon y los móviles enmudecieron.
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La luz mortecina de la estación del metro de Jesús en Valencia no pudo ocultar ayer el dolor de los familares de las víctimas del mayor accidente registrado en un suburbano. El descarrilameinto ocurrido hace dos años en la fatídica curva que une las estaciones de plaza de España y de Jesús de la línea 1 se cobró 43 muertos y 47 heridos. Los miembros de la Asociación de Víctimas 3 de Julio se concentraron en recuerdo de los muertos y realizaron el recorrido que no pudieron concluir sus familiares para depositar varias ofrendas florales. Dos años después del siniestro, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sigue sin recibir a los familiares aunque asegura tener a las víctimas en su corazón, la alcaldesa Rita Barberá los evita y el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, prefiere celebrar una misa en Torrent para no coincidir con ellos en la catedral de Valencia. La investigación judicial ha sido archivada y nadie ha dimitido.
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Viaje en metro contra el olvido de las víctimas
Las familias reviven el itinerario que no finalizaron sus familiares hace dos años desde Plaza deEspaña hasta Torrent. La asociación denuncia que "todo sigue igual en la Línea 1"
L. Ballester Beneyto, Valencia
Aquel viaje que nunca completaron Maria José, Laura, Maribel, Rosa, Hipólito o al que Maika apenas sobrevivió 72 horas lo recorrieron ayer de nuevo sus familiares, en el segundo aniversario del accidente del metro. Son sólo seis nombres de los 43 fallecidos en el siniestro de la estación de Jesús que ayer recibieron, junto a los 47 heridos y el resto de supervivientes, el homenaje de sus familiares, amigos y "ciudadanos sin más", como los definió ayer una vecina de Patraix que acudió a la estación de Jesús para acompañar a las familias.
La dura jornada empezó ayer con el viaje en la Línea 1 de Metrovalencia. Desde Jesús a Plaza de España y, desde esta última estación, hasta Torrent para completar uno de los trayectos que las víctimas (19 eran de esta ciudad) deberían haber realizado. El fatídico trayecto entre Plaza de España y Jesús se cubre en silencio. Las familias se ensimisman en su dolor y los periodistas no hacen preguntas en ese corto pero intenso trayecto. El tren traquetea lento. El destino ha querido que este primer viaje se haga en el mismo tipo de de tren (las UTA 3700, con más de veinte años a sus espaldas) que el 3 de julio de 2006 descarriló a más 80 kilómetros por hora en la curva anterior a la estación de Jesús. La UTA 3736, que circulaba primero y donde viajaban la mayoría de las víctimas mortales, está inutilizada en los talleres de FGV. La UTA 3714, que viajaba enganchada a la anterior y no descarriló, aún circula por la Línea 1, aunque ayer no coincidió con el vía crucis en memoria de las víctimas.
En Jesús se realiza el primer minuto de silencio de un total de diez que se harán en la decena de estaciones del trayecto Plaza de España-Torrent. Quizá por la cercanía a la curva, la tristeza es mayor. Las familias se concentran en silencio y en la estación sólo se oye el obturador de las cámaras de los fotógrafos de prensa mezclado con los sollozos de algunos familiares. Ya en las estaciones en superficie, tras los sesenta segundos de recuerdo y mientras esperan el tren que les llevará a la siguiente estación, las familias explican y comentan a los periodistas los estigmas que sufren por ser víctimas del metro. Como el incidente en el Ayuntamiento de Valencia, donde se les prohibió acceder con las camisetas inscritas con su lema: "43 muertos + 47 heridos= 0 responsables". "Los policías nos dijeron que tenían órdenes de quitárnoslas", comentaba el padre de una fallecida. "Si llego a ir y me la quitan, entro en sujetador", advertía otra familiar de una víctima. En Torrent, de dónde eran 19 de las 43 víctimas mortales y muchos de los heridos, el minuto de silencio es aún más emotivo. Pero mientras esperan al tren que les llevará a la estación de Torrent Avinguda, queda espacio para la ironía. Para el humor negro con el que las víctimas combaten el dolor y el ninguneo. "¡Mira! En ese letrero pone que todos los trenes pararán tres minutos por las víctimas", indicaba un familiar. "Sí. Y después Marisa Gracia (gerente de FGV) presentará su dimisión", apunta otro, "y García Antón (el ex conseller de Infraestructuras) plantará 43 árboles en memoria de las víctimas", asesta un tercero. Aunque también hay espacio para la indignación. El tío de otra de las fallecidas asegura a Levante-EMV: "¿Tendré que enrollar el ataúd de mi sobrina en la bandera de España para que Camps nos reciba a las familias como hizo con los futbolistas?", se pregunta, mientras lamenta la actitud del arzobispo de Valencia que por la tarde ha organizado un acto paralelo en Torrent a la misma hora que la mayoría de las familias homenajean a las víctimas en Valencia. "Se equivocan si creen que van a callarnos. Cada vez somos más".
De vuelta a Jesús, en el parque que hay en el cruce de las calles Sant Vicent y Roïs de Corella, justo donde está la curva de la muerte, las familias rinden homenaje "a las víctimas y a los supervivientes". Y depositan fotos y ramos de flores en una palmera. "La vida se nos paró aquel 3 de julio", aseguran en un manifiesto leído por Rosa, que perdió a su hermana aquel fatídico día, al leer un corto escrito. "Han transcurrido ya dos años sin vosotros, volvemos aquí, a esta fatídica curva de entrada a la estación de Jesús, con el corazón vacío, para deciros que os queremos y no os olvidamos. El recuerdo de todos los momentos vividos junto a vosotros, es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Esos recuerdos son lo que nos empuja a seguir viviendo, para no defraudaros".
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El fiscal dice que el fraude al fisco en la Sociedad Parque Temático es distinto del de Terra Mítica
Solicita ante el Tribunal Superior que se investigue por separado
R. Laguna, Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decidirá si la denuncia por fraude fiscal en las obras de Terra Mítica que implica a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) -empresa pública de la Generalitat- es la misma que se investiga en Valencia y debe acumularse a esta causa. La Fiscalía y cinco de los imputados defendieron ayer sus posturas en la Sala de lo Civil y Penal, quedando en un empate técnico que se dirimirá en breve.
Así, el fiscal y dos de los imputados manifestaron que son causas distintas porque no hay relación entre los delitos ni entre los denunciados. Mientras que la acusación popular representada por tres diputados socialistas y otros dos imputados defendieron que ambas denuncias se deben acumular en una misma causa.
El fiscal puso en duda que la mecánica operativa de la trama de facturas falsas que se investiga en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia tuviera algo que ver con la duplicidad de facturas en SPTA. Esta segunda denuncia ya fue rechazada por el juzgado de Alicante al considerar que era el mismo fraude por obras en el parque.
En el mismo sentido se pronunciaron el abogado de José María Arraiz, director técnico en la SPTA, y el de Miguel Navarro, entonces director general de Terra Mítica. Así, el letrado Javier Boix negó la posibilidad procesal de conexión entre ambas denuncias. Además, apeló a la "agilidad" del proceso, ya que la acumulación podría "perjudicar indebidamente" a los imputados. Incluso amenazó con pedir "el archivo, si se acumula".
Por la acumulación
En el otro lado, el abogado de la acusación popular, Virgilio Latorre, defendió vehemente la acumulación de ambas denuncias en Valencia, explicando que los sobrecostes por las obras de Terra Mítica que se investigan en Valencia se pagaron en la SPTA con la duplicidad de facturas que se investiga en Alicante. Latorre explicó que se trata de una misma estafa en la que "Terra Mítica es la perjudicada".
Otro de los imputados defendió la acumulación, al igual que el principal imputado, Vicente Conesa, aunque su abogado, Vicente Grima, terminó dejando la decisión en manos del tribunal.
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Desbandada de médicos valencianos
Una condiciones laborales excepcionales y un trato personal exquisito ha abierto la compuerta del trasvase imparable de médicos de atención continuada de primaria de la Comunitat Valenciana a Cuenca.
Pilar G. del Burgo, Valencia
Médicos del departamento 7, que abarca localidades como Buñol y Turís, aseguran que ya son "muchísimos" facultativos de atención continuada (autodenominados contratos basura) los que han apostado por ir a trabajar a Cuenca o están a punto de dar el sí a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. "La noticia de que necesitan médicos ha corrido como la pólvora en el último mes y medio", expresó a Levante-EMV una facultativa que a finales de mes cambiará el contrato por horas que tiene desde hace cuatro años en un centro de salud de la Comunitat Valenciana por uno estable, de interinidad, para atender a los habitantes de la localidad de Honrubia.
Las diferencias son abismales. Como médica de atención continuada en un centro de la Comunitat Valenciana hace entre diez y doce guardias al mes que le pagan por horas: 20 euros en días laborales y 22 en festivos.
En Cuenca trabajará dos fines de semana y ganará 42.000 euros, un sueldo similar al que percibe un médico de primaria de plantilla, y si hace alguna que otra guardia cobrará la hora a 26 euros, lo que le permitirá acabar el año con unos 60.000 euros.
La diferencia de trato
"Pero además del salario y la posibilidad de tener un contrato, se valora la diferencia de trato personal que hay entre la Administración de aquí y la de allí. En cuatro años no he conseguido hablar con el director del departamento y allí negocias directamente con la subdirectora médica de la gerencia de Cuenca", declaró la facultativa que definió a la sanidad pública valenciana como, "un edificio que se está derrumbando", para agregar acto seguido: "y yo no quiero que me pille".
Solo en el departamento 7 son ya cuatro médicos de diez los que se van a trabajar a diferentes municipios de Cuenca, como Mota del Cuervo y Las Pedroñeras, aunque Albacete y las comunidades de Murcia y Madrid también ofrecen unas buenas condiciones para captar a los médicos valencianos.
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"Preguntan dónde vives para darte la localidad más próxima"
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El PP de Alicante rechaza condenar la moción de Dènia
El PSPV habla de "golferío político"
Levante-EMV, Alicante
El pleno de la Diputación de Alicante rechazó ayer, con los votos del PP, una iniciativa del grupo socialista en la que se pedía la "condena" de la Corporación provincial a la moción de censura contra el Gobierno municipal de Dénia, integrado por el PSPV-PSOE y el Bloc. Los socialistas aducen que la moción de censura, que se debatirá el próximo día 8 en un pleno municipal, vulnera "el código ético contra el transfuguismo" al estar apoyada por un concejal tránsfuga del PSPV-PSOE.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Dénia (PP, Centro Unificado, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata) junto a ese edil socialista tránsfuga presentaron el pasado jueves la moción al entender que la gestión municipal es "nula" y apuntar presuntas irregularidades en la misma.
En el pleno de la Diputación de Alicante celebrado ayer, el portavoz socialista, Antonio Amorós, afirmó que esa moción conculca "la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Dénia" e implica "un verdadero golpe de estado a la democracia".
Amorós acusó a los populares de respaldar "sin tapujos la golfería política" al no condenar la situación política creada por el tránsfuga socialista y "olvidar" el Pacto Antitransfuguismo firmado por los partidos políticos en 2001.
Por su parte, la diputada del grupo popular y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, replicó que los socialistas no han sabido "solventar a tiempo sus propios problemas" y aseguró que en la actualidad hay un "desgobierno absoluto" en Dénia.
Lorente señaló que el grupo popular apoyó al PSPV-PSOE en "todos los proyectos que interesan a la ciudadanía" de Dénia y pidió a los socialistas que no les den "lecciones de antitransfuguismo".
De otro lado, unas 1.200 personas reivindicaron ayer por la tarde el valor de sus votos en la concentración que se ha celebrado en la plaza del Consell de Dénia en contra de la moción de censura presentada por la oposición contra el actual equipo de Gobierno, formado por el PSPV y el Bloc.
La protesta, organizada por la Plataforma Ciudadana contra la Moción de Censura, contó con la participación, entre otros, del líder del PSPV-PSOE, Joan Lerma.
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S'entén el 52% al PP:
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La C. Valenciana fue la segunda con mayor número de denuncias por homofobia, según un estudio
15:42 El Observatorio de la Diversidad de Orientación Sexual e Identidad de género (ODOS) recibió un total de 361 denuncias por homofobia en la Comunitat Valenciana, con lo que la región "es la segunda, a nivel nacional, con mayor número de denuncias ante casos de homofobia, pero esto no significa necesariamente que sea más homófoba, sino que hay mayor visibilidad para las denuncias", precisó el secretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud.
EUROPA PRESS Calatayud se pronunció en estos términos durante la presentación del informe de ODOS sobre el primer semestre de 2008, elaborado por Colega Valencia y Colega Jove, acto que corrió a cargo del presidente de esta plataforma, Jonathan Girón, y de la coordinadora de proyectos de la misma, Ángela María Díaz.
Del total de denuncias, el 45 por ciento están relacionadas con episodios de discriminación, bullying y moobing por homofobia, otro 34 por ciento hacen referencia a contenidos homófobos en medios de comunicación y el 21 por ciento restante responden a algún tipo de agresión física. En cuanto a su procedencia, 169 se plantearon en Valencia, 123 en Alicante y 69 en Castellón.
El estudio indica que el perfil del agresor/discriminador es el de un hombre de entre 17 y 30 años de edad, que actúa en grupo fundamentalmente, en zonas de ocio y sus proximidades, en centros educativos de enseñanzas medias y en el ámbito laboral, mientras que quienes más denuncian son jóvenes varones entre 16 y 30 años, aunque existe también un alto porcentaje de población entre 30 y 40 años que utilizó el Observatorio aunque sin denunciar directamente.
Señala que un 66 por ciento de las denuncias proceden del ámbito urbano y el 34 por ciento restante del rural, por lo que desde Colega y Bienestar Social remarcaron la necesidad de incrementar las campañas de sensibilización contra la homofobia y la discriminación sexual en las zonas rurales "porque, a mayor sensibilización, mayor es el número de denuncias planteadas sobre estas cuestiones", destacó Calatayud, quien agregó que el estudio "deja claro que las zonas de costa tienen una mayor aceptación y permiten una mejor permeabilidad", mientras que las rurales "necesitan un mayor impulso de sensibilización".
Ante esta situación, abogaron por la "educación y sensibilización continua", desde la etapa escolar, para "educar en la diversidad" y "romper con los estereotipos y mitos negativos sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales", dada la importancia de que "todos los jóvenes conozcan lo que pueden llegar a sufrir compañeros suyos" por situaciones que deberían "trasladarse con absoluta normalidad", subrayó Calatayud.
"MITIGAR LA DISCRIMINACIÓN".
Aseveró además que existe una "perfecta relación" entre la Conselleria de Educación y la de Bienestar Social "para intentar mitigar al máximo estas situaciones de discriminación que se producen en el ámbito escolar, a través de presiones y a veces disputas, insultos y discriminaciones de unos compañeros a otros, pero también en otros como el laboral, con personas adultas", dijo.
El informe, elaborado a través de 4.100 encuestas realizadas en las sedes de Colega Valencia, en centros de educación media y universitaria en la provincia de Valencia y a través del portal www.stophomofobia.com, y que recoge las conclusiones de las denuncias presentadas ante el ODOS, señala que un 76 por ciento de los encuestados tiene entre sus amigos a alguna persona de este colectivo y un 62 por ciento cree que estas personas "tienen algún tipo de traba para participar en la sociedad".
Asimismo, concluye que, "aunque una persona lesbiana, gay, bisexual o transexual puede desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad, los jóvenes encuentran diversas barreras para el reconocimiento de su orientación afectivo-sexual", ya que "la educación tanto familiar como escolar, dentro de las perspectivas de la heteronormatividad, limitan la libertad de quienes se sienten fuera de una mal entendida 'normalidad'", explicó Ángela María Díaz.
Recoge además que un 48 por ciento de las personas que acudieron al observatorio considera posible ser lesbiana, gay, transexual o bisexual "visible" en la Comunitat, mientras que casi la mitad de los jóvenes encuestados en los centros de estudios "ocultaría su orientación afectivo-sexual".
Por otra parte, un 53 por ciento de los encuestados piensa que estas personas son más propensas a contraer VIH o enfermedades de transmisión sexual, de modo que "queda patente que se siguen transmitiendo estereotipos negativos en torno al colectivo y por ello, es necesario continuar el trabajo educativo", sostuvo Díaz.
"MUCHO TRABAJO POR HACER".
Por su parte, el presidente de Colega Valencia hizo hincapié en que "aún queda mucho trabajo por hacer" para lograr "mayor visibilidad sobre todo en el ámbito rural" e "informar, porque realmente la homofobia es un rechazo a lo desconocido", apuntó.
Así, realizó un llamamiento al tejido asociativo y al conjunto de ciudadanos de la Comunitat Valenciana "a participar en las campañas de sensibilización" que realiza Colega para "promover igualitarismo" y mostrar que no son "una comunidad aislada" ni "diferentes al resto de personas".
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03 Jul 2008
CV. 03/07/2008.
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Las víctimas del metro acusan al cardenal de "oficiar un acto para su propio lucimiento"
La asociación organiza una misa en la Catedral y García-Gasco se traslada a Torrent a oficiar otra
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La Vila exigirá responsabilidad patrimonial al Consell por la anulación de la multa del Atrium
El promotor invita al ayuntamiento a acabar el hotel y emplear a mil personas
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El litoral de los excesos
Sólo dos empleados de 13 dicen ante el juez que trabajaron para Terra Mítica
Las declaraciones refuerzan la idea de que los trabajos no corresponden a las facturas
El PSPV compara el caso Fabra con Berlusconi al quedar el juzgado sin titular
Europa Press, Valencia
El diputado autonómico en las Corts Valencianes del PSPV-PSOE Antoni Such aseguró ayer que "la ausencia de juez titular en el caso Fabra muestra la impunidad en la que se siente el presidente de la Diputación de Castelló,...
Morenilla reúne asesores y personal en su primer día como Síndic de Greuges
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El Consell desafía al Gobierno al tramitar que la Católica imparta Medicina
El Consell de Francisco Camps ha abierto un nuevo frente en la batalla que que mantiene contra las decisiones del Gobierno central al comenzar a tramitar la autorización para que la Universidad Católica imparta el próximo curso tres nuevas titulaciones -Medicina, Odontología y Podología- rechazadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad.
02 Jul 2008
CV. 02/07/2008.
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Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias, las comunidades que más "maltratan" su litoral
Greenpeace denuncia que el "urbanismo salvaje" continúa destruyendo la costa
Greenpeace ha presentado hoy la nueva edición de su informe anual Destrucción a toda costa, que pone de relieve que Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias son las autonomías que más "maltratan" su litoral. La organización ecologista denuncia que el "urbanismo salvaje" sigue siendo el principal culpable de la degradación de la costa española: a los tres millones de viviendas proyectadas en 2007, ya aprobadas por los correspondientes ayuntamientos, se han sumado 137 nuevas actuaciones en infraestructuras, principalmente puertos deportivos e industriales, que van ganando terreno al mar. Además, los casos de corrupción urbanística en el litoral en el último año ascienden a 67. En ellos están implicadas medio millar de personas, un 37% de ellas son cargos públicos.
El podio de las comunidades que menos cuidan su costa lo encabezarían las cuatro autonomías citadas junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; en el segundo escalón estarían Cataluña, Baleares y Galicia "por seguir produciendo daños al medio ambiente"; y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias por estar imitando el modelo "devastador" del Mediterráneo.
Las zonas más amenazadas por el ladrillo
La organización ecologista cita además cuáles son, a su juicio, los diez puntos negros del mapa del ladrillo en España: El Algarrobico (Almería), el puerto de Tarifa (Cádiz), el Polo Químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or (Castellón), el Manhattan de Cullera, el puerto deportivo de Pasajes (Guipúzcoa), la ría de Vigo (Pontevedra), el puerto de Granadilla (Tenerife) y Marina de Cope, en Águilas (Murcia).
El documento de Greenpeace cita hasta cien puntos negros del litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado -señala el informe- en la construcción ilimitada a costa de la degradación del patrimonio natural español.
De los cien puntos más amenazados, 37 lo son por afecciones a la calidad de las aguas, de los cuales destacan el Polo Químico de Huelva, la zona más contaminada de Europa y en riesgo de "catástrofe ambiental", y la bahía de Algeciras, ambos en Andalucía. También la costa de Tarragona, la ría de Vigo, la ría de O Burgo y Corcubión, ambas en A Coruña, la bahía de Santander, Guardamar del Segura (Alicante), la bahía de Palma de Mallorca y la bahía de Portman (Murcia) registran una contaminación "severa".
Galicia es la comunidad con más puntos negros, ya que acumula 19 de los cien, seguida de Andalucía, con 18; Comunidad Valenciana (11), Cataluña y Canarias, ambas con 10; Baleares y Murcia (7 en cada una de ellas); Asturias (6); Cantabria (5); y Ceuta y Melilla (uno en cada caso).
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Greenpeace señala a la Comunitat entre las que más maltratan su litoral
16:31 La organización ecologista cita el 'Manhattan' de Cullera entre lo diez "puntos negros" más amenazados por el ladrillo.
EFE
Las provincias de Alicante y Castellón cuentan con la mayoría de los once "puntos negros" señalados por Greenpeace en cuanto a destrucción por urbanismo, infraestructuras y contaminación en la Comunitat Valenciana, que es la tercera autonomía con más puntos amenazados, tras Galicia y Andalucía.
Greenpeace ha hecho hoy pública una nueva edición de su informe anual "Destrucción a toda costa", en el que afirma que la tarea de reducir en la Comunitat Valenciana "a tan sólo once puntos" los lugares donde la destrucción del litoral ha alcanzado "su máximo exponente" ha sido "ardua".
Además, según este informe, en la Comunitat Valenciana -la segunda autonomía que más "maltrata" su litoral- se sitúan dos de los diez "puntos negros" de España más amenazados por el ladrillo o la contaminación, como son Marina d'Or (Castellón) y el "Manhattan" de Cullera.
Greenpeace sitúa en la provincia de Alicante seis de los once "puntos negros" de la Comunitat Valenciana, como son Xàbia (por la ampliación del puerto deportivo), Altea (por las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes) y El Campello (por la "avalancha" de proyectos urbanísticos).
También cita Sant Joan d'Alcant (por tener el 90% del suelo urbanizable), Elche (por la urbanización "desmedida") y Guardamar del Segura (por la "contaminación severa" por vertidos industriales y urbanos).
En la provincia de Castellón, Greenpeace sitúa cuatro "puntos negros", que son la costa de Castellón en Vinarós, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre por la "contaminación severa" por vertidos urbanos, y la costa de Castellón en Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Oropesa, Alcossebre, Castellón y Burriana, por los nuevos puertos deportivos.
Completan la relación el Polígono del Serrallo de Castellón y Vila-real por contaminación industrial "severa", y Oropesa y Cabanes por la urbanización de 18 millones de metros cuadrados.
En la provincia de Valencia, Greenpeace ubica un único "punto negro", que es Cullera por la urbanización de las márgenes de la desembocadura del Júcar, ya que la localidad está "dispuesta a 'enladrillar' la desembocadura del Júcar con 20.000 nuevas viviendas", con planes como el "Manhattan".
Greenpeace indica que las sucesivas visitas de comisiones enviadas por el Parlamento Europeo para investigar las numerosas denuncias derivadas de la normativa urbanística valenciana "se han topado con el más absoluto desprecio del Gobierno valenciano", que prefiere "rechazar las advertencias europeas" y seguir con una política que daña el patrimonio valenciano.
"Parece que en esta región nadie quiere tomar nota de que es necesario realizar cambios", indica la organización ecologista, que explica que un buen ejemplo es Alicante, donde el Ayuntamiento mantiene "sus desmedidas previsiones de crecimiento urbanístico, a pesar de la caída de las ventas".
Además, explica que varios Consistorios se enfrentan a investigaciones del Ministerio Fiscal, como Alicante, Orxeta, Castellón, Torreblanca u Oropesa, donde alcaldes y funcionarios públicos "acumulan investigaciones por la comisión de delitos relacionados con distintas tramas de corrupción urbanística".
También destaca la sentencia que ha legalizado un proyecto urbanístico en una zona protegida de Elche debido a que la mayor parte estaba ya construida, lo que "refuerza la sensación de impunidad".
En el capítulo de infraestructuras, el informe cita la "avalancha de proyectos de nuevos amarres justificados por la Copa América 2009", con planes para incrementarlos un "80%".
Respecto a la contaminación del litoral, Greenpeace afirma que es "preocupante" en la Comunitat, y que el entorno de Valencia y Castellón son "puntos negros en el Mediterráneo debido a los vertidos industriales y de aguas residuales urbanas. Resulta muy difícil entender cómo una región que basa su economía en el turismo no se preocupa porque sus aguas presenten un buen estado de conservación".
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Las víctimas del metro acusan a García-Gasco de darles la espalda
18:59 Expresan su malestar porque el cardenal celebre mañana en Torrent una misa casi a la misma hora que la convocada en la catedral de Valencia por los familiares.
EFE La Asociación de Víctimas del Metro de 3 Julio han acusado hoy al cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, de dar "la espalda" a las familias de las víctimas por convocar una "misa paralela" a la organizada por la asociación con motivo del segundo aniversario del accidente en que murieron 43 personas.
El presidente de la asociación, Enric Chulio, ha remitido una carta de protesta al Arzobispado, donde expresa el malestar de esta organización por el hecho de que García-Gasco celebre mañana en Torrent una misa por las víctimas "casi a la misma hora" que la convocada en la catedral de Valencia por los familiares.
Esta iniciativa "nos ha desconcertado enormemente, y especialmente entre las familias católicas practicantes, que son muy numerosas, dado que lo esperable y deseable por nuestra parte hubiese sido la celebración de dicha misa todos juntos en unión en la sede que las propias familias de las víctimas han elegido: la catedral", afirma la carta.
La asociación recuerda que García-Gasco no asistió a la misa que se celebró el año pasado en la catedral, aunque sí lo hizo a un acto del Ayuntamiento en que se descubrió un monolito por las víctimas, con lo que se constató que "le interesaba mucho más retratarse en actos públicos" que acompañar a las familias de las víctimas, lo que hizo que "la decepción" por su ausencia "se tornara protesta airada".
La conclusión de la asociación al sumar la negativa de García-Gasco a asistir a la misa de la catedral del año pasado y la convocatoria de una misa "paralela" este año en Torrent, pese a conocer el deseo de las familias de estar en la catedral, es que "ha decidido dejar de lado a las familias de las víctimas para oficiar un acto para su propio lucimiento".
Por eso, en el escrito dejan constancia de su "enérgica protesta por este tipo de gestos y maniobras que en tan mal lugar dejan" a García-Gasco "en la memoria de las propias familias de las víctimas", y expresan "la profunda decepción de los miembros de las familias, en particular de los numerosos cristianos que la conforman".
La asociación recuerda en un comunicado que la misa en memoria de los fallecidos organizada por las familias de las víctimas será mañana a las siete de la tarde en la Catedral de Valencia, y la oficiará, al igual que la del año pasado, el deán.
En su opinión, la misa convocada a las ocho de la tarde en una parroquia de Torrent por el cardenal arzobispo se ha hecho "sin tener en cuenta para nada a las familias", y con intención "muy poco sana, pretendiendo figurar como protagonista él mismo, cuando lo correcto y esperable por todos hubiese sido presidir la misa de la catedral".
Para la asociación, gestos como estos, "sin venir a cuento, nos indignan y ofenden".
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Dos de los doce trabajadores llamados a declarar hoy por Terra Mítica reconocen obras en el parque
15:25
Dos de los doce trabajadores de cuatro empresas citados hoy a declarar en el juzgado de de instrucción número 3 de Valencia, encargado de investigar a Terra Mítica y a una veintena de firmas más por un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros, reconocieron que efectuaron obras en el parque temático de Benidorm.
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El marido de la consellera de Turismo se proclama Síndic sin notificación de las Corts
"Ante el interés suscitado por algunos medios de comunicación en conocer la situación actual del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, tras la publicación en el día de ayer en el DOGV y en el BOCV del cambio del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Institución, D. Carlos Morenilla Jiménez comunica que: A fecha de hoy, 1 de julio de 2008, asume el desempeño, en funciones, del cargo de Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana con plenitud de facultades". Con esta insólita nota de prensa, Carlos Morenilla, hasta hace dos días Adjunto segundo a la institución y marido de la consellera de Turismo, Angélica Such, se autoproclamó ayer nuevo Síndic en funciones en sustitución de Emilia Caballero. Morenilla ha optado por consumar la operación promovida por el PP para relevar a Caballero, muy crítica en sus informes con la gestión del Consell, sin esperar siquiera una comunicación oficial de las Corts, como había solicitado por escrito Caballero a la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez.
Tal como publicó ayer este diario, la todavía Defensora del pueblo en funciones, ha remitido un escrito a Martínez en el que le solicita que dicte una resolución de declaración de vacante en el desempeño del cargo y nombramiento para su desempeño interino del Adjunto segundo. Este fue el trámite seguido en el relevo hace dos años de Bernardo del Rosal. Con su petición, Caballero busca que Martínez se defina después de que el Diario Oficial de la Comunitat y el Boletín Oficial de las Corts publicaran la reforma del reglamento que desarrolla la ley del Síndic de Greuges aprobada en solitario por el PP para forzar el cambio en la Sindicatura. El nuevo reglamento estipula que en caso de vacante lo sustituyan los adjuntos de manera rotatoria cada seis meses. Una transitoria da un primer plazo de dos años al Adjunto segundo.
Sin embargo, Morenilla no ha esperado a que exista un nombramiento como pretendía Caballero. Fuentes de la Presidencia de las Corts, por su parte, no pudieron precisar ayer si habrá resolución oficial e indicaron que los servicios jurídicos de la Cámara estudiarán la solicitud de Caballero.
La junta de coordinación de la Sindicatura, el máximo órgano de gobierno de la institución, se reunió a mediodía de ayer con la presencia de Morenilla, Caballero y la secretaria general de la Sindicatura para abordar la nueva situación. Tras el encuentro, la institución emitió el citado comunicado de prensa en el que el propio Morenilla informa de su ascenso a Síndic en funciones. El mismo en declaraciones a una emisora de radio precisó que había ratificado a todo el personal de la casa. Caballero, que ayer rehusó hacer declaraciones, pasa en teoría a ocupar de nuevo el puesto de adjunta, si bien tampoco existe nombramiento formal.
Morenilla asume la Sindicatura de Greuges sin que Caballero se resista
Ángel Luna considera insólito el acceso al cargo sin un nombramiento
La indefinición de presidenta de la Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, sobre el relevo del Síndic de Greuges tuvo su réplica ayer en una reunión entre la titular del cargo, Emilia Caballero, y el segundo adjunto de la institución, Carlos Morenilla, en presencia de la secretaria general de la institución. Tras el encuentro, Morenilla accedió al cargo de defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, con plenitud de facultades. El traspaso de poderes se conoció a través de un comunicado.
Caballero, que ha ocupado el cargo en funciones desde abril de 2006, cedió sin resistencia a la presión del PP para que abandonara el puesto. Ni la ya ex Síndic ni su sucesor accedieron a hacer declaraciones y se limitaron a emitir un escueto comunicado de la institución: "Ante el interés suscitado por algunos medios de comunicación en conocer la actual situación actual del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, tras la publicación en el día de ayer en el DOGV y en el BOCV del cambio de reglamento de organización y funcionamiento de esta institución, Don Carlos Morenilla Jiménez comunica que: a fecha de hoy, 1 de julio de 2008, asume el desempeño, en funciones, del cargo de Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana con plenitud de facultades".
La sucesión del puesto se comunica 24 horas después de la publicación en el DOCV y el BOCV (Boletín Oficial de las Cortes Valencianas) de la nueva reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Síndic de Greuges, que estipula que los adjuntos ejercerán como titulares de forma rotativa por períodos máximos de seis meses. No obstante, según el nuevo reglamento, el primer relevo, que corresponde al recién llegado al puesto, Carlos Morenilla, tendrá una vigencia de dos años. El PP pretende compensar así el tiempo que Caballero ha ocupado el cargo.
Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, sugirió que Caballero debería haberse resistido a dejar el cargo, pero recordó que "en un Estado de derecho los cargos políticos o administrativos se ocupan en virtud de un nombramiento, al presidente del Gobierno lo nombra el Rey, a los diputados, la Junta Electoral, etcétera. Los únicos que asumen los cargos en virtud de una decisión propia son los golpistas. ¿Quién firmará el nombramiento de Morenilla en el DOCV o el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas? ¿Nadie?"
Cuando expiró el mandato de Bernardo del Rosal en abril de 2006, Caballero envió un escrito a la Presidencia de las Cortes para comunicar que, en virtud de la ley del Síndic, una vez vacante el cargo, le correspondía asumir el puesto de forma interina. Tanto la Mesa de las Cortes como la Comisión de Peticiones asumieron la situación.
La situación actual es otra, puesto que el cargo no está vacante. Por eso, Caballero requirió a Milagrosa Martínez que dictara algún tipo de resolución para declarar vacante el Síndic de Greuges y nombrar a Carlos Morenilla.
Una portavoz de la presidenta de las Cortes aseguró que los letrados de la Cámara no consideraron necesaria esa resolución. La mera publicación del cambio de reglamento y su entrada en vigor avalarían al nuevo Síndic.
Ricardo Costa, portavoz del PP, asumió el mismo argumento y aseguró que una vez publicado el nuevo reglamento, el relevo de Caballero "es automático".
Caballero, por su parte, anticipó el lunes que no tenía la menor intención de trasladar a la institución del Síndic de Greuges una batalla política que debe resolverse en las Cortes.
El Observatorio de la Dependencia denuncia el "trato preferente" a una asociación por parte de la Generalitat
Conselleria de Bienestar niega que vaya a dar preferencia a nadie en la aplicación de la ley
El TSJ anula la sanción urbanística más alta de la historia por caducidad del expediente
Atrium Beach no tendrá que abonar a los 12 millones impuestos por el Consell en 2004
Ninguno de los 90 jueces de la última promoción se atreve a asumir el caso Fabra
El Poder Judicial insta al TSJ a que le dé una solución y éste responde que tratará el asunto
Ninguno de los 90 jueces de la última promoción ha solicitado hacerse cargo de la plaza vacante en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que investiga el caso Fabra y que lleva desierta desde el pasado mes de diciembre, cuando la última titular, Lourdes Noverques, decidió pedir el traslado voluntario.
El caso Fabra salpica desde finales del año 2003 al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y a otros seis ex altos cargos de los gobiernos de Aznar, a los que la Fiscalía Anticorrupción investiga por delitos contra la Administración Pública. Fabra está siendo investigado además por fraude fiscal.
En la actualidad, una juez sustituta dirige este juzgado pero no ha ordenado ninguna diligencia importante para el desarrollo del caso desde hace más de seis meses. Fuentes judiciales aseguran que los jueces jóvenes recién salidos de la carrera rehuyen el destino de Nules porque el caso Fabra es un procedimiento complicado, que acumula ya más de 20.000 folios, y por la propia saturación de este partido judicial, que carece de medios humanos y materiales para hacer frente al volumen de causas que entran en el registro cada día.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explicaron ayer que el problema para encontrar un juez que tome las rienda del caso de supuesta corrupción más importante de Castelló se produce porque al final del curso judicial han quedado más plazas vacantes que jueces y "no se puede forzar a ninguno a ir a Nules".
Las mismas fuentes del CGPJ señalaron que al no haber sido cubiertas todas las plazas, "el mecanismo normal" a seguir es que la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) le ofrezca una "alternativa" o bien proponga una "solución", como el nombramiento de "jueces sustitutos o de una comisión de servicios". El CGPJ insiste en que de él depende "la formalización del acuerdo", pero la propuesta tiene que provenir de la sala de Gobierno del TSJCV porque es este órgano jurisdiccional el que tiene que valorar las "necesidades reales de los juzgados", así que "desde la Comunitat Valenciana propondrán lo más oportuno". La solución podría pasar por asignar la instrucción a un juez de una población castellonense cercana o por el nombramiento de un magistrado de refuerzo, como se hizo en Málaga con el caso Malaya, una medida que rechazó de plano el conseller de Justicia de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa, en una reciente comparecencia en las Corts a petición de la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol.
Precisamente fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano aseguraron ayer que la Sala de Gobierno de este órgano podría tratar el caso del juzgado de Nules y otros en su reunión semanal prevista para hoy -en la que no figura en el orden del día- o en posteriores reuniones. El objetivo sería idear una propuesta de solución que se elevaría después al CGPJ. Además, el TSJ recuerda que 21 de las 170 plazas vacantes que hay en España están en juzgados valencianos, de las cuales se cubrirán sólo 9, mientras que 12 seguirán libres hasta el próximo año, entre ellas la de Nules. Las mismas fuentes han indicado que es "normal" que los jueces elijan los juzgados que más les conviene por proximidad a sus hogares. Y añadieron: "De cualquier modo el caso Fabra es uno más y será tratado junto a los demás por la sala de Gobierno".
El procedimiento permanece abierto a la espera de que los peritos de Anticorrupción -el mismo grupo de expertos fiscales que trabajó en el caso Malaya-, reciba los datos bancarios de Fabra y su familia. Algunos bancos aún no han aportado esta información un año después de pedirlo la juez. A fecha de hoy toda la causa se asienta sobre esta prueba y el informe de los peritos de la Fiscalía Anticorrupción que debe determinar si Fabra dejó de declarar 600.000 euros en su declaración de la renta de 1999.
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26 Jun 2008
CV. 26/06/2008.
EpC a la CV. Generalitat prevadicadora? Matonisme conseller? 26/06/2008.
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Protestas sindicales al confirmarse el relevo de director del colegio de Almoines
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RTVV calla sobre un nuevo modelo de financiación
LYDIA GARRIDO
El presidente del consejo desconoce el contrato programa
Ni la presión de la oposición en el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ni la de los sindicatos consiguen romper el silencio del ente público sobre la posibilidad de trabajar en un contrato programa o de modificar el actual sistema de financiación. Emilio Fernández, presidente del órgano colegiado, recibió ayer a la plataforma sindical (CC OO, Intersindical, UGT y CGT) y, por separado, a la representante de USO. A ellos, les aseguró que no habrá expediente de regulación de empleo. Y les dijo que Hacienda trabaja en un contrato programa (compromiso institucional que funciona en las televisiones de Cataluña, Madrid y Euskadi y que se estudia para Televisión Española, por el que la Administración asume la deuda histórica y asigna en los presupuestos una cantidad anual a cambio de un servicio público definido) pero del que desconocía detalle alguno. Pedro García, director general, dejó claro en el consejo, según Miguel Mazón, consejero a propuesta del PSPV, "que el anuncio de un contrato programa por parte del presidente Camps ha sido humo, no se está trabajando en nada, el señor García espera, como cada año, qué le da Hacienda, ni plan de viabilidad ni nada de nada".
García también dijo ayer que no está firmado acuerdo alguno para la retransmisión de la F1.
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Figueres dice que el Consell no ha negado la unidad de la lengua
Critica las "malas excusas" del arzobispado al rechazar el misal
Levante-EMV, Valencia
La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ascensió Figueres, asegura que aunque el Consell "tiene claro" que en la Comunitat Valenciana "se habla valenciano", el cual debe "reivindicar", no ha dicho que no exista la unidad de la lengua. En concreto, en una entrevista concedida al diario catalán Avui, publicada ayer, Figueres responde al ser preguntada sobre la postura del Gobierno valenciano al negarse a reconocer la unidad de la lengua: "Tampoco ha dicho lo contrario, que no existiera esta unidad".
La frase que encabezaba la entrevista a partir de esta respuesta ("El Gobierno valenciano nunca ha negado la unidad de la lengua") fue recogida ayer por medios de comunicación valencianos y provocó la reacción de la presidenta. La AVL emitía en la tarde de ayer un comunicado en el que Figueres precisaba que la mencionada oración "ni se ajusta a la literalidad de su respuesta ni a la intención que se puede desprender de las declaraciones realizadas".
Un portavoz de la institución normativa subrayó que la presidenta hizo hincapié en sus manifestaciones en el impulso a las formas genuinas valencianas y en la defensa del nombre valenciano.
Figueres sí que habla sin problemas en la entrevista de "lengua compartida". "Nosotros queremos que se consideren nuestras formas dentro de esa concepción de lengua compartida", afirma al ser preguntada sobre las formas genuinas.
"Compartida quiere decir -añade- que nuestras modalidades son tan buenas como las de otros lugares, que no aceptamos un estándar impuesto". Por otra parte, la presidenta de la Acadèmia critica al Arzobispado de Valencia por haber dado desde 2002 "malas excusas" para no aceptar los textos litúrgicos en valenciano aprobados por la AVL. Se ha tenido "mucha paciencia" con este órgano religioso, agrega, y recuerda, tal como publicó Levante-EMV, que la institución normativa editará y distribuirá los misales aunque no tenga el visto bueno de la entidad que preside el cardenal Agustín García-Gasco.
Obligados a dialogar con el IEC
Figueres, quien rechaza opinar sobre el cierre de los repetidores de TV3 en la Comunitat, se felicita de que la AVL haya conseguido reducir el conflicto lingüístico al haber tratado de "contentar" a los dos sectores implicado. Sólo quedan, dice, "unos reductos minoritarios y muy radicalizados por los dos lados, los absolutamente catalanistas y los secesionistas lingüísticos cada vez más extremados". Figueres se muestra convencida de que la Acadèmia y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) están "obligados" a dialogar y "entenderse".
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La Síndica difunde una revista resumen del informe que el PP no le deja explicar a las Corts
J. G. G., Valencia
La Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, ha comenzado la distribución de una "revista resumen" sobre el informe anual 2007 de las quejas de los ciudadanos a la Generalitat y a los ayuntamientos. La intención es difundir una memoria que el PP de las Corts no permite presentar en el Parlamento a la Defensora del Pueblo valenciano. Los diputados han recibido en la Cámara ejemplares de la revista, que contiene un CD con el informe íntegro. El PP aprobó el 16 una reforma del reglamento para reinterpretar la ley (que la blinda con mayoría cualificada de acuerdo con el Estatuto) para apartarla del cargo y colocar al marido de una consellera.
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Cartagena solicita conmutar uno de los 4 años de cárcel por "conducta intachable"
M. Alarcón, Valencia
El ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a tres años de cárcel por malversación de caudales públicos y a un año más por falsificación de documento, ha solicitado a la sección VII de la Audiencia que se le conmute la segunda pena por una multa al amparo del artículo 88.1 del Código Penal. El diario ya anunció esta posibilidad cuando el Ministerio de Justicia denegó el indulto, que era la última posibilidad que tenía para eludir la prisión. El ex alcalde de Orihuela reúne los requisitos legales para obtener este beneficio aunque la concesión es potestativa de la sala y previamente debe oírse la opinión del Ministerio Fiscal.
Entre los argumentos de Cartagena está lo que considera una "conducta intachable" desde que ocurrieron los hechos. Igualmente alega la "naturaleza del hecho por el que se pretende sustituir la pena", que es un delito de falsedad documental. Añade además que ha procedido a la reparación del daño, lo que supuso la devolución del dinero a las arcas locales (49.000 euros) y que le había entregado una orden religiosa para obras sociales por su condición de alcalde.
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El fiscal pide que se acumule la trama de los cuños falsos al sumario del caso Fabra
Luis Pastor considera que existen elementos de conexión entre ambas causas que se están instruyendo por separado
. Antequera, Castelló
El fiscal Anticorrupción del caso Fabra, Luis Pastor, ha solicitado la acumulación de los dos grandes procedimientos que se instruyen en la actualidad, por separado, en dos juzgados de Nules, según informaron fuentes judiciales.
En un informe que ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de esta localidad, el que se encarga de investigar la trama de los cuños falsos del caso Fabra, Pastor informa a la juez de que existen elementos de conectividad suficientes que aconsejan la acumulación de esta causa al sumario principal, que se sigue en el Juzgado Número 1 por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros seis ex altos cargos de los gobiernos de Aznar.
El escándalo se destapó a finales del año 2003, cuando el empresario fitosanitario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra el líder provincial del PP, en las que le acusaba de cobrar comisiones millonarias por favores políticos, tales como mediar ante organismos autonómicos y estatales con el fin de agilizar las licencias de comercialización de una larga lista de productos fitosanitarios fabricados por la empresa de Artana.
Dos juzgados diferentes
Desde el principio el caso Fabra se fraccionó en dos juzgados diferentes, el número 1, que se hizo cargo de la parte principal y que investiga si el presidente de la diputación y los demás imputados cometieron delitos contra la Administración Pública -entre ellos el cohecho y la prevaricación-, y el número 2, que indaga si hubo falsificación de documentos oficiales, lo que se conoce como trama de los cuños falsos. Esta ramificación secundaria del caso Fabra estaba en vía muerta desde hace meses y la decisión del fiscal de acumularla al sumario principal se interpreta en medios judiciales como un intento de reactivarla. Según el empresario Vilar, Fabra estaba al corriente de que centenares de cuños y documentos públicos fueron falsificados y presentados ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para eludir los controles de toxicidad de las sustancias con las que se fabricaban los productos plaguicidas para el campo. La juez que se encarga de las diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 2 emitió ayer una providencia en la que constata que ha recibido el informe del fiscal que pide la fusión de ambas causas en un mismo procedimiento. Además, la juez ha dado un plazo de cinco días a las partes para que hagan las alegaciones que estimen oportunas. Pasado este plazo, emitirá un auto en el que con toda probabilidad acordará la acumulación. La instrucción del caso Fabra arrastra una lentitud considerable debido a que ocho juezas y cuatro fiscales han ido pasando por los juzgados de Nules desde el año 2003.94
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25 Jun 2008
CV. 25/06/2008.
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Cartagena pide sustituir un año de prisión por multa pero la Fiscalía se opone
12:41 La Audiencia de Alicante condenó al ex conseller en marzo de 2002 a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, además de una multa de 5.400 euros.
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Casi la quinta parte de la deuda del conjunto de España es valenciana
El endeudamiento del sector público ensombrece el descenso del primer trimestre de 2008
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El Parlamento Europeo aplaza el debate sobre el urbanismo valenciano
Las denuncias estaban avaladas por 15.000 firmas
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Los inmigrantes van menos al médico, según un estudio de la Fundación de Ciencias de la Salud
El único servicio que utilizan más que la población autóctona es el de urgencias
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Huelga de metro total para la F1
El sindicato SIF anuncia un paro completo durante el fin de semana del 24 de agosto
La Fiscalía investigará por la vía penal 16 edificaciones en el paraje protegido del Millars
Todas las construcciones se levantaron después de 2003, según informe de Medio Ambiente. En otro centenar de viviendas ya ha prescrito el presunto delito.
El Consell no cree vinculante el informe hídrico y tramitará los PAI con el aval de empresas privadas
Castilla-La Mancha recurre la venta de agua del Tajo a agricultores de Murcia y Alicante
Casi dos meses después de que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, autorizara la venta de agua del canal de Estremera (Madrid), que se nutre del Tajo, al Sindicato de regantes del Tajo-Segura en...
17 Jun 2008
El mapa de la corrupció urbanística. 17/06/2008.
Corrupció Fabra PPilotades Urbanisme depredador. Zaplana
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El mapa de la corrupción urbanística
Principales operaciones contra ayuntamientos corruptos desde Julián Muñoz a Paco el Pocero
Operación Malaya -
Supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora. Cerca de un centenar de personas están procesadas por este caso -entre ellas, el ex alcalde Julián Muñoz y el cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca-, más de mil cuentas fueron bloqueadas e intervenidos bienes por un valor de 3.000 millones de euros.
Operación Troya -
A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la Operación Troya, por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacioados con asuntos urbanísticos.
'Caso Andratx' -
Fuera de Andalucía, uno de los casos más significativos se desarrolló en el municipio de Andratx (Mallorca), la primera gran causa de corrupción urbanística detectada en Baleares. El pasado mayo fueron condenados el ex alcalde de esta localidad, Eugenio Hidalgo, el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Juame Massot, a sendas penas de cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente.
'Caso Faycán' -
En el archipiélago canario surgió el caso Faycán, en el que se investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales. En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
Ciempozuelos -
Otro caso que cobró notoriedad fue el que afectó a Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid), quienes están en libertad bajo fianza por el supuesto cobro de comisiones para la recalificación de unos terrenos y por haber ingresado elevadas sumas de dinero en un banco de Andorra.
Seseña -
El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, de IU, denunció en 2006 ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto "trato de favor" de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del PAU El Quiñón, Francisco Hernando, alias Paco, el pocero.
Murcia -
En Murcia, el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico. El procedimiento se abrió a raíz de unas querellas presentadas por el PP en 2005, en las que se denunciaba la existencia de empresas vinculadas a algunos de los detenidos y que podrían haber acumulado un importante patrimonio de forma fraudulenta.
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OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cuatro ediles, entre los arrestados junto al alcalde de Estepona
23 personas han sido detenidas en cinco provincias.- El fiscal dice que el Ayuntamiento funcionaba igual que el de Marbella en la época del Gil
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Los socialistas imputados por corrupción se ganan la expulsión inmediata, no así en el PP
V. VADILLO
Nada más conocerse la detención del alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y otros seis ediles de la localidad por un presunto delito de corrupción urbanística, el PSOE ha reaccionado expulsando del partido al mandatario. La inmediatez de esta medida choca con la actitud que viene manteniendo el PP en municipios donde dirigentes de sus filas están también siendo juzgados por asuntos relativos a la corrupción urbanística, algo que ha criticado el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta.
Pocas horas después de que comenzara la investigación policial en Estepona contra su alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y otros seis concejales presuntamente implicados en una trama de corrupción urbanística, la Ejecutiva regional del PSOE ha iniciado los trámites para la expulsión de Barrientos y de cualquier otro implicado en el caso. Así lo ha confirmado el secretario de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, quien apuntó que “el PSOE tiene una doctrina de tolerancia cero contra la corrupción” y que, por ello, “siempre ha actuado y actuará con la misma contundencia en los casos en que se han visto implicados militantes del partido”.
Castigos a los socialistas
Este castigo inmediato se ha repetido en otros municipios en los que ediles socialistas se han visto implicados en delitos relacionados con el urbanismo, como en Ciempozuelos (Madrid), donde se apartó del partido a su alcalde, implicado en un presunto delito de cobro de comisiones ilegales. Lo mismo ocurrió en el caso del alcalde de Carral (Alicante), que fue expulsado de las filas socialistas al saberse que permitió en el municipio la construcción irregular.
La actitud del PP
Sin embargo, tal como destacó Cuesta, la actitud mantenida por el PP en los asuntos relacionados con la corrupción urbanística dista mucho de esta: las filas populares acogen entre sus cargos públicos a decenas de imputados por escándalos urbanísticos en toda España. Uno de los casos más llamativos es, por ejemplo, el de el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra quien hay abiertos varios procesos judiciales.
Fabra, absuelto por las urnas
Pese a estar imputado como presunto autor de delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad documental, mantiene todos sus cargos en el PP de Castellón y ha recibido en todo momento el apoyo de la dirección nacional de la formación, hasta el punto de haber dirigido en las pasadas elecciones la campaña del partido en su provincia. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP castellonense consiguió mejorar sus resultados, el político aseguró que los electores le había "absuelto con sobresaliente cum laude"
El caso de Totana
Además, el PP mantiene al frente de varios Ayuntamientos a dirigentes que, de uno u otro modo, están siendo investigados por la justicia. Así ocurrió recientemente en Totana (Murcia), donde su alcalde, José Martínez Andreo, fue detenido en 2007 por el presunto pago de comisiones millonarias ilegales. El dirigente continúa a día de hoy siendo alcalde con el respaldo de los populares.
Otros Ayuntamientos populares
Esta situación se repite en otros municipios como Telde (Gran Canaria), cuyo alcalde no dimitirá ni será expulsado pese a que varios miembros de su equipo están implicados en una red de cobro de comisiones ilegales. En Orihuela (Alicante), el alcalde popular continúa dirigiendo el Ayuntamiento, aunque reconoció ante el juez que benefició a un promotor, y tiene otras quince denuncias abiertas relacionadas con el urbanismo. Torrevieja (Alicante) es otro ejemplo: su alcalde sigue en su cargo, y se presentó a las municipales de 2007 aunque en ese momento estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Alcaldes imputados
En este sentido, Cuesta exigió “que el Partido Popular explique a todos los ciudadanos por qué no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas”. En los dos últimos años, seis alcaldes populares (los de Telde, Andratx, Alhaurín el Grande, Mogán, Totana y Torre Pacheco) han sido detenidos por casos de corrupción.
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13 Jun 2008
CV. 13/06/2008.
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Camps manda reducir la inversión un 25% en todas las consejerías
JOAQUÍN FERRANDIS
La orden excluye el gasto social y se justifica por el déficit y la crisis
El Consell también se aprieta el cinturón. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha ordenado a todas las consejerías que reduzcan en un 25% la inversión de todos aquellos programas que no tengan carácter social. En la misma orden se advierte a las consejerías de que no podrán comprometer más del 80% de las subvenciones consignadas en los presupuestos de la Generalitat para 2008. La decisión del Consell se produce a instancias del vicepresidente económico, Gerardo Camps.
El importante recorte de las inversiones y de las subvenciones se justifica por tres razones: la necesidad de contener el déficit público y cumplir con el Programa de Estabilidad -pactado con el Gobierno central para reducir el elevado endeudamiento de la Generalitat-; "la ralentización económica que vivimos" y la obligación de "asegurar la cobertura de actuaciones ineludibles, básicamente en materia de sanidad, educación y servicios sociales".
El Consell adoptó formalmente el acuerdo el pasado 25 de abril y se mantuvo en secreto hasta ayer, cuando la diputada de Compromís Mireia Mollà aireó la orden en medio del hemiciclo de las Cortes Valencianas. La publicidad dada a la orden del Consell por la diputada de Compromís congeló la sonrisa de Camps y su Gobierno. Tanto, que el vicepresidente económico sólo pudo argumentar: "No hay limitación a la inversión. Hay limitación a cierto gasto".
Previamente, tanto Francisco Camps como Gerardo Camps habían negado que la deuda y la situación económica estuviesen mermando la capacidad de la Generalitat para hacer frente a la crisis.El acuerdo del Consell para reducir la inversión, aireado por el grupo parlamentario de Compromís justo al final de la sesión de control parlamentario, se llevó por delante todos los esfuerzos del presidente del Consell y su vicepresidente económico por disimular las dificultades financieras de la Generalitat.
Previamente, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, había interpelado a Camps sobre los efectos de la merma de ingresos y el alto endeudamiento de la Generalitat en la capacidad inversora. También el portavoz socialista, Ángel Luna, había preguntado a Camps sobre las actuaciones reales que el Consell va a adoptar para hacer frente a la crisis económica.
Cuestiones que no sirvieron para cambiar el argumentario que Camps y su vicepresidente económico repiten constantemente. El presidente insistió en que la Generalitat tiene 5.000 millones de euros de inversión en infraestructuras en marcha y que la previsión para este año es invertir 3.000 millones. Luego desgranó un rosario de cantidades referidas al gasto en sanidad, educación, y otros secto