Ara » Corrupció

CV. 04/09/2008.

2008-09-04T17:27:06+02:00

EpC a la CV o la desmesurada desvergonya d'un President. 04/09/2008.

Cas Fabra: la novena substitució de jutge apesta. 03/09/2008.

CV. 03/09/2008.

Quince nuevos barrios de Valencia se quedan sin colegio pese a la inversión de 384 millones

El grupo socialista critica que la falta de previsión de la conselleria afecta a 6.500 niños

El fracaso escolar en secundaria afecta a cuatro de cada diez alumnos valencianos

El abandono de los estudios en la Comunitat se ha incrementado 14,4 puntos en los últimos seis años

Sólo el 60,3% de los estudiantes acaba la ESO a la edad debida

Informe de 2008

La sanidad valenciana es la peor valorada de España por tercer año

Un informe destaca el bajo número de camas y de médicos

"Llama la atención que no haya esfuerzos por mejorar"

En septiembre se dará a conocer el adjudicatario de las resonancias

Levante-EMV, Valencia
El plazo para presentar ofertas al concurso para la gestión de los servicios de resonancia de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana por parte de una empresa externa durante los próximos diez años concluye hoy....

Las víctimas del metro recuerdan a las de Barajas

Las víctimas del accidente del metro recordaron ayer, en su concentración mensual, a los 154 fallecidos en el accidente de Barajas. "Nos unimos a los familiares de los fallecidos en su dolor y les deseamos que no tengan que pasar por el sufrimiento...

la remodelación

Camps estudia fusionar Cultura y Turismo como apuesta económica

La unión permitiría ofrecer imagen de austeridad en la Administración

Costa evita de nuevo reprobar a Fabra y reitera que el insulto a Colomer "no se ha producido"

El secretario general del PP valenciano dice que el único que recibe insultos es Fabra.

polémica

Calatrava culpa ahora de la inundación del Palau al movimiento de tierras por la visita del Papa

El arquitecto, que en inicio apuntó al ayuntamiento, dice que la Administración no posee sus obras

La Inspección de Trabajo requiere a Justicia para que retire los expedientes que se acumulan en los juzgados

CC OO presentó una denuncia y la conselleria no ha cumplido con el requerimiento

El Consell se olvida de las obras por la riada en La Marina

ARTURO RUIZ

Los afectados por las inundaciones denuncian retraso en las subvenciones

Sanidad eleva a 19 el número de afectados por legionela en La Ribera

XAVIER ESPANYA / JAIME PRATS

Detectado un caso más en Carcaixent y otros cuatro en Alzira

Camps arropa en Dénia al edil tránsfuga que dio la alcaldía al PP

A. RUIZ / C. MEDINA

El presidente completa el desfile de cargos populares que han visitado a Kringe

CV. 31/08/2008.

2008-08-31T22:03:50+02:00

El PP ha arruïnat la CV i encara demanen més diners a Zapatero. 31/08/2008.

Empresarios y PSPV urgen al fin del pleito urbanístico con Europa

EL PAÍS

Luxemburgo tardará dos años en emitir un fallo

Pese a que varios expertos estiman que el Tribunal de Luxemburgo podría resolver el proceso judicial abierto sobre el urbanismo valenciano en un plazo aproximado de dos años, ayer arreciaron las peticiones de una solución rápida al conflicto. El portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV, Francesc Signes, reclamó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "que no alargue el pleito con Europa".

Signes defiende que el "sector inmobiliario valenciano no puede soportar otros dos años de recursos y pleitos del Consell con Europa". El socialista considera que el Consell debe reconocer "que la regulación actual de la actividad urbanística no funciona y hay que cambiarla". Asimismo, reiteró la necesidad de que el Consell escuche a la oposición y a los promotores y abra un proceso de negociación que se traduzca en un pacto urbanístico.

La misma demanda pero apoyada en argumentos distintos planteó la Asociación de Promotores de la provincia de Alicante (Provia), que en línea con lo defendido desde la patronal autonómica, exigió "una solución rápida y útil" a este contencioso judicial. Provia expresó su apoyo a la Generalitat "en defensa del urbanismo valenciano y de su legislación" y calificó este modelo de "pionero e innovador".

El presidente de Provia, Francisco Murcia Puchades, defendió que los empresarios necesitan un "marco estable" y pidió "sentido común" a las altas instancias europeas. Puchades considera que la LUV está siendo analizada por matices "de escasa relevancia" y la defiende como una norma "muy exigente que salvaguarda y protege los derechos del consumidor".

El contencioso abierto por el Tribunal de Luxemburgo analiza la legalidad de la forma de adjudicación de los PAI (Programa de Actuación Integrada) y si está garantizada la libre concurrencia. Por otra parte, el portavoz adjunto del grupo Compromís en las Cortes, Enric Morera, anunció ayer que pedirá la comparecencia urgente en la Cámara del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, para que informe sobre la denuncia.

La caída del gasto por turista y del 'ladrillo' amenaza La Marina Alta

A. RUIZ

Los empresarios temen que la crisis general se acentúe en esta comarca

"El problema ya no es que el verano haya sido malo. Lo inquietante es el otoño que se nos viene encima". El presidente del Círculo de Empresarios de La Marina Alta, Miguel Agulles, calibró así la incertidumbre económica que atemoriza a esta comarca y a todos los territorios que durante años han basado su prosperidad en un binomio muy simple: construir durante el invierno apartamentos de segunda residencia y vivir en verano de los ingresos que en el comercio o en la hostelería dejaban los turistas que alquilaban o compraban esos apartamentos.

El verano se ha superado, pero los empresarios temen un otoño negro

Simple pero muy rentable: en la última década, La Marina Alta se situó a la cabeza del crecimiento económico de la Comunidad, evolucionó hacia el pleno empleo y logró un aumento demográfico sin precedentes: en 1995, tenía 127.000 habitantes frente a los 136.000 de La Safor; en 2006, 190.000 frente a los 179.000 de la comarca vecina. Pero el monocultivo en que se basaba ese modelo está en crisis: el gasto por turista durante este verano ha bajado entre un 10% y un 15% y, en el último año, la construcción de viviendas se ha desplomado en un 75%.

"En cuanto al balance turístico, en realidad este año, ha venido muy poca gente menos que el pasado, pero hemos vuelto a sufrir la lacra de la estacionalización, con lo que la afluencia de turistas se concentra en muy pocos días", indicó Agulles. Entre el 2 y el 16 de agosto, el índice de ocupación fue bueno, cercano al 97%. La siguiente semana aún se mantuvo en el 90%, pero durante estos últimos días de mes ya se ha reducido al 55% y en septiembre las previsiones apuntan a un pírrico 40%.

Para el Círculo, organismo que agrupa a 14 sectores económicos de la comarca, estas cifras de ocupación, pese a reflejar un descenso del 8% respecto a 2007, no son malas del todo. "Lo que más nos preocupa es que el cliente gasta menos, tanto en restaurantes y tiendas como en servicios hoteleros y de ocio, y eso repercute en los índices de empleo", añade Agulles.

Y aunque más mal que bien, el verano se ha superado. El problema vendrá en otoño. Puede ser negro. "Nuestra comarca se basa en una actividad económica ligada al sector inmobiliario-turístico que se halla paralizada y eso también afecta a pequeñas empresas de carpintería, fontanería, servicios o comercios. Estamos muy preocupados porque la crisis que tiene lugar a nivel general se puede acentuar en lugares como La Marina Alta".

Fernando Tejada, un trabajador de Dénia de origen ecuatoriano, es consciente de eso: "Antes no había problema para trabajar en la obra. Ahora te puede pasar que la empresa que antes te contrataba simplemente ya no exista". El frenazo a la construcción afecta sobre todo a los núcleos turísticos. En Xàbia, la edificación ha caído un 75%, en Dénia, un 63%, en Benitatxell un 54% y en Calp un 23%.

Agulles cree complicada la solución. "Pasaría por fomentar actividades económicas desligadas del sector de la construcción". Los expertos aluden a cambiar el modelo turístico (apostar por hoteles en vez de apartamentos e insistir en nuevos modelos de ocio) y en diversificar, pero el problema, admite Aguelles, "es que eso no se hace de la noche a la mañana, con lo que tendremos que aguantar como podamos este año y el de 2009 hasta que la crisis general remita a partir de 2010".

Casualment des de l'any en què una tràsfuga del PSOE donà l'alcaldia a Zaplana.

Benidorm cedió 16 años sin contrato el alumbrado público

SERGI CASTILLO

El Ayuntamiento regulariza una situación atípica desde 1992

Una empresa privada ha gestionado desde 1992 y hasta la actualidad el alumbrado público y la red semafórica de Benidorm de forma irregular y sin mediar contrato alguno con el Ayuntamiento. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (SICE) fue la adjudicataria del servicio en 1988 por una duración de cuatro años. Desde entonces y sin mediar documento de prórroga alguno la misma empresa ha prestado los servicios de forma irregular y con continuas deficiencias, según ha denunciado de forma reiterada el PSPV, que ha pedido la convocatoria de un nuevo concurso.

El Consistorio cede gratis una parcela deportiva a un colegio privado

El pleno municipal de Benidorm, celebrado el viernes, adjudicó de nuevo a esta mercantil el servicio con los votos favorables del PP. El concejal socialista Jaime Llinares criticó que se le entregue de nuevo el servicio a la empresa "responsable de los apagones y los cables sueltos" que han dejado la ciudad "a la altura de la época del imperio romano".

El concejal de Urbanismo, José Ramón González, a quien Llinares acusó de parecer un "agente comercial" de SICE, defendió que "por fin" se "regule" la situación y criticó que los socialistas votaran en contra. El PP culpó al gobierno socialista de "privatizar -en los ochenta- todos los servicios públicos" y justificó que su partido hubiera "dado continuidad".

Además de SICE se han presentado al concurso otras dos empresas, Indra Sistemas SA y una unión temporal de empresas formada por Aeronaval de Construcciones e Instalaciones y Aplitec. La mesa de contratación otorgó la máxima puntuación a SICE, que desarrollará el servicio al ofrecer una mejora del 25% sobre los 625.000 euros anuales del precio de licitación. La empresa se compromete a realizar mejoras en el tráfico y ahorro energético por valor de más de un millón de euros.

El orden del día del pleno contempla también la adjudicación a Impursa SA del contrato de gestión del servicio, conservación y mantenimiento de mobiliario urbano de Benidorm, por el que el Consistorio recibirá 203.000 euros anuales. La empresa está obligada a la rotulación del nombre de todas las vías, la numeración o identificación de todas las fincas adyacentes a dichas vías; así como la rotulación de edificios, recintos públicos, vehículos del parque móvil municipal, equipos e instalaciones, y puntos de interés. Impursa deberá colocar las nuevas marquesinas de autobuses y taxis, pantallas electrónicas y de información institucional.

A cambio, la citada empresa, que desde Alicante se ha expandido a Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, gestionará toda la publicidad de los soportes señaléticos de Benidorm.

El PP aprobó en solitario la información pública de un convenio con la empresa que gestiona el centro educativo privado Lope de Vega para cederle "indefinidamente" y sin pagar canon alguno una parcela deportiva de 10.159 metros cuadrados de titularidad municipal. El PSPV se opuso, y el secretario municipal defendió que se articulara una fórmula de arrendamiento en lugar de un convenio para "no condicionar a futuras corporaciones".

Aprofitant vacances perquè ningú es rebel.li.

Educación dicta 10 órdenes para regular el curso unos días antes de que empiece

La resoluciones afectan a la formación infantil, Secundaria, escuela de idiomas y conservatorios

J. T. /Efe, Valencia
La Conselleria de Educación ha publicado durante el mes de agosto diez órdenes o resoluciones que deberán aplicarse en el curso escolar que arranca el próximo día 8 de septiembre en primaria y el 15 para los estudiantes de secundaria y bachillerato, según denuncia UGT. Un retraso denunciado ayer tanto la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT como por el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv-Iv). Entre las órdenes publicadas en agosto y que deberán aplicarse en unos días, fuentes de UGT citan el programa de educación plurilingüe en educación infantil o los criterios para el programa experimental para prevenir y reducir el absentismo y el fracaso escolar en secundaria.
En el Diari Oficial del a Generalitat Valenciana del mes de agosto se han publicado también las instrucciones sobre incorporación y matrícula del alumnado de programas de cualificación profesional, las instrucciones de conservatorios y escuelas de idiomas o bien la regulación de los centros integrados de FP.
En un comunicado UGT criticó "el retraso en el desarrollo de la normativa de la LOE" para añadir que "lo peor, sobre todo en Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, es la sensación de desconcierto a la hora de planificar". Señalan fuentes de este sindicato que se han publicado "órdenes cuando el profesorado no estaba en los centros o cuando no estaban ya ni los equipos directivos". Y citan hasta diez órdenes publicadas en agosto que afectan a la educación secundaria, primaria, a los programas de cualificación profesional o a los conservatorios y escuelas oficiales de idiomas.
En julio se publicaron las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de educación infantil o la ordenación académica de los centros de secundaria. También en julio se publicó la orden sobre evaluación infantil.
El portavoz del Stepv, Vicent Mauri, señaló que este retraso obligará a "rehacer horarios" o a revisar la planificación. La cercanía entre la publicación de las órdenes y el inicio del curso escolar provocará que "en muchos casos sea imposible cumplir la norma", apuntó y que "si fuera por la administración no abriríamos en septiembre". El responsable vinculó el retraso en la publicación de la normativa con que el Consell "no está de acuerdo con la LOE". Mauri reclamó de nuevo "un cambio en el fondo y la forma de la política educativa".

Gómez afirma que 18.000 alumnos tendrán nuevas aulas

Vindran nazis, analfabets i fallers, valguin les redundàncies, de tota la CV, Balears i Aragó. Només falta que l'inaugurin polítics com Camps, González Pons o Rosa Díez. O intel.lectuals com Savater o Íker Casillas.

Valencia acogerá la primera cumbre de entidades anticatalanistas

La reunión se celebrará el próximo fin de semana

Levante-EMV, Valencia
Valencia acoge el próximo fin de semana el I Encuentro de Entidades de la Antigua Corona de Aragón cuyo eje principal será el análisis del proyecto de la ley de lenguas que pretende llevar a las Cortes autonómicas en otoño el Gobierno de Aragón. El objetivo es, según publica el Periódico de Catalunya, organizarse para poder combatir "el genocidio lingüístico" de sus pueblos provocado por la "amenaza" y la "imposición" del catalanismo. Así, entidades de Aragón, Baleares y la Comunitat Valenciana se reunirán para luchar contra la denominación común de catalán para las lenguas que se hablan en sus respectivos territorios. Entidades valencianas como Valenciafreedom o la Asociación Cultural Valencianista ya han aceptado la invitación para hablar sobre la batalla por los nombres de las lenguas oficiales.

CV. 30/08/2008.

2008-08-30T16:04:12+02:00

CV. Educació. 30/08/2008.

I el 54% dels valencians ha votat aquesta banda! En democràcia es té el que es mereix perquè es vota. I si els valencians fóssim negres està clar que votaríem Ku Klux Klan!

El caso urbanístico valenciano en la UE no comportará una sanción económica

EZEQUIEL MOLTÓ

El recurso contra España se demoró más de un año, el triple de lo normal

El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell.

"No se discute la propiedad privada, sino la adjudicación de los PAI"

Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados. "En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria". La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.

Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles. "Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen. Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".

No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto. Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008. "En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.

Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica. En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista. Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.

Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.

Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas. La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat. En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.

Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas. "Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica. Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.

El Consell pide a través del letrado del Estado retrasar un mes la respuesta al Tribunal Europeo

El Consell ha pedido al Tribunal de Justicia Europeo la ampliación del plazo para responder a la demanda presentada contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por la Comisión Europea. La nueva fecha límite será el 22 de septiembre, lo que da un pequeño respiro al equipo de juristas que prepara el recurso.

L. Ballester Beneyto, Valencia
El procedimiento habitual en estos casos es que cuando se presenta una denuncia, la parte demandada ha de responder en un plazo de 30 días, ampliable con otros diez como una fórmula de cortesía, lo que amplía a 40 días la posibilidad de presentar alegaciones.
La fecha en que llegó la denuncia, que es lo que inicia la cuenta atrás, difiere según la institución a la que se pregunte. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores (que actúa como buzón en este asunto y se limita a tramitar los escritos) "el comunicado de la Comisión llegó el 28 de julio", según explicaron fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos. Formalmente, el ejecutivo comunitario presentó la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo el 9 de julio, según consta en el recurso en poder de este periódico. Por el contrario, según la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el escrito que comunicaba la demanda llegó el 21 de julio.
Ante estas divergencias irreconciliables (no puede haber llegado antes el recurso a la Generalitat que al Gobierno), el primer plazo para responder a la demanda judicial en Europa se cumpliría mañana mismo (según la fecha de la conselleria) o el 7 de septiembre (según, Exteriores).
Sea cual sea la fecha, fuentes de la Conselleria de Urbanismo confían en que no se vuelva a producir el incidente que se produjo con las anteriores alegaciones remitidas por la Generalitat a la Comisión Europea.
En enero de 2007, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, montó en cólera cuando la secretaría de Estado de Relaciones con la Unión Europea, que depende de Exteriores, mutiló el escrito de alegaciones presentado por la Generalitat. Según González Pons la supresión de veinte folios fue "por razones políticas".
En la parte eliminada, el Consell aludía a la legislación urbanística de otras 13 comunidades para plantear a la Comisión Europea que las "pegas" que plantea a la legislación urbanística valenciana también puede encontrarla en otras legislaciones autonómicas.
El Consell anunció que intentaría evitar la mediación del Gobierno central para defender sus propias alegaciones ante la Comisión Europea en el procedimiento de infracción abierto contra la LUV. Esteban González Pons incluso anunció que solicitaría por carta una entrevista al comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, -responsable del procedimiento de infracción iniciado en 2005 con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que continuó con la LUV- "sin la presencia del Gobierno de Zapatero" al que acusó de "no ser el abogado defensor sino el fiscal de la Comunitat Valenciana". Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se consideró desleal que la Generalitat pretendiera aludir a otras trece comunidades autónomas que no son parte interesada en el procedimiento de infracción, "sin su previa consulta y conocimiento" porque "es necesario preservar la aplicación del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas" y porque la alusión a las respectivas leyes de las trece comunidades implicadas "podría afectar a sus intereses legítimos y nada aporta en defensa de la C.t Valenciana".

"Canal 9 oculta la denuncia"

"Canal 9 ha ocultado las novedades recientes sobre la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana", según denunció ayer la sección sindical de UGT en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). "Desde el pasado miércoles, cuando se hizo público la tramitación de la denuncia por parte del Tribunal de Justicia Europeo, Canal 9 no ha dado ninguna información sobre la cuestión que sí ha sido noticia en el resto de medios valencianos y estatales". Y añaden que la trascendencia de la materia ocultada es tal que, además de tener ocupado al Consell en la preparación de recursos sobre la cuestión, ha suscitado la intervención pública del secretario de la Federación de Promotores, Benjamín Muñoz, ha llegado a pedir al consell que se modifique la normativa valenciana". Frente a una situación de enorme trascendencia la dirección de RTVV ha optado por lo que considera mejor para el PP: "ocultar la información". Se trata, según UGT, de un "nuevo caso de manipulación de Pedro García".

Compromís pide que se paralicen los PAI recurridos

El IVVSA privatiza los servicios de las agencias de alquiler de las tres provincias

La portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Oltra, criticó ayer que el Consell haya privatizado la gestión pública de alquiler de viviendas por un millón de euros, lo que calificó de "despropósito injustificable, ya que la Generalitat dispone del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) y de una agencia de alquiler creadas específicamente para esto".

Levante-EMV, Valencia
Oltra destacó, a través de un comunicado, que el 26 de agosto se publicó en el DOCV la convocatoria para la adjudicación del servicio de gestión integral de la oficina de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler de Vivienda en las tres provincias por un importe de un millón de euros, lo que constituye "un despropósito absoluto pues esas funciones deben ser asumidas por la propia administración"" sobre todo "cuando disponemos de una empresa pública como es el IVVSA y, dentro de ella, de la Agencia Valenciana de Alquileres".
La síndica de Compromís remarcó que el Consell "se dedica a duplicar los servicios innecesariamente, externalizando todas las prestaciones que deben ser facilitadas por la propia administración con la dotación de medios, recursos económicos y el personal propio de que dispone la Conselleria o el IVVSA". "Si va haber empresas externas que presten ese servicio de mediación me pregunto a que se dedicará la Agencia Valenciana de Alquiler", apuntó Oltra.
También se preguntó "dónde desarrollarán su actividad los trabajadores de las empresas contratadas, ya que si la desarrollan en las oficinas de la agencia o del IVVSA, estaremos en una situación de ilegalidad manifiesta pues, según la Ley de Contratos, estas empresas deben disponer de todos los medios para prestar el servicio contratado por su cuenta y riesgo, e incluso puede darse el caso de incurrir en cesión ilegal de trabajadores, tal y como sucede en Tragsa y la Conselleria competente en medio ambiente", aseveró la parlamentaria.
La diputada incidió en que las empresas contratadas "van a tener acceso a información relevante respecto de ciudadanos que soliciten u ofrezcan alquiler de viviendas, algo que incumple la ley de protección de datos de carácter personal". Asimismo, "las empresas adjudicatarias estarán relacionadas con el sector inmobiliario" ya que, "aunque en el pliego se señala que no podrán presentarse empresas vinculadas con este sector, en la convocatoria de licitación se les exige solvencia técnica y profesional".
"Ya tenemos la experiencia de la contratación de la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Alquiler Infovivienda del IVVSA, que costó 600.000 euros para una asistencia técnica externa al año desde 2003".
Como ya informó este periódico, una firma ha gestionado la Agencia Valenciana de Alquiler desde 2003 hasta ahora, cuando la adjudicación sólo era de un año. Dervec Gestión Integral del Habitat SL ha prorrogado el contrato hasta ahora de forma "irregular" según la sindicatura, de forma "legal", según la conselleria.

El Consell ha ejecutado siete de las 85 obras contra riadas desde 2003

El PSPV denunciará al Constitucional la falta de más información sobre actuaciones pendientes.

Levante-EMV, Valencia
El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts Valencianes, Francesc Signes, advirtió ayer que el Consell sólo ha realizado 7 de las 85 actuaciones contra inundaciones contempladas en el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación (Patricova) aprobado en 2003.
Signes, quien ha criticado a través de un comunicado de prensa la "ineficacia del Consell" en esta materia, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional para exigir "su derecho a la fiscalización" del Gobierno valenciano ya que "se niega a ofrecer información sobre el estado de ejecución de las obras pendientes".
El socialista ha atribuido la existencia de municipios valencianos con alto riesgo de inundación y sin Plan Local de Emergencia a "la ineficacia del Consell ya que sigue sin ejecutar 78 actuaciones de un total de 85".
Esta cifra indica, según el portavoz socialista, que el porcentaje de ejecución de las obras "no supera el 30 por ciento y que de los 270 millones de euros que el Consell debería haber invertido, sólo ha gastado 81 millones".
Signes ha recordado que el Patricova se aprobó en enero de 2003 y que de las 153 actuaciones de restauración hidrológica-forestal, planeamiento urbanístico y reducción del riesgo de incendios que contemplaba, "85 eran competencia de la Generalitat". Entre las obras que están pendientes de ejecutar en la provincia de Alicante se encuentran, entre otras, el encauzamiento de la desembocadura del río Girona, el encauzamiento del barranco del Altet o el encauzamiento urbano de Denia.
En la provincia de Castelló destacan, entre las obras sin realizar, el encauzamiento del barranco de Fraga y la prolongación del encauzamiento urbano en Viver mientras que en la de Valencia están pendientes el encauzamiento del barranco de Barxeta, el de Tramusser o el de Silla. "Este incumplimiento de obligaciones comporta un gran peligro para las personas y sus bienes", ha advertido Signes.

El Ayuntamiento de Benicàssim reprueba la actitud de Fabra

El consistorio exige una rectificación por los insultos a Colomer

Jordi Ruiz, Castelló
El pleno del ayuntamiento de Benicàssim aprobó el jueves por la noche una moción para reprobar la actitud del presidente de la diputación, Carlos Fabra, por insultar al alcalde de la localidad y portavoz en la institución provincial, Francesc Colomer. El consistorio benicense pide a Fabra una rectificación "inmediata".
La propuesta de acuerdo plenario la presentó el edil de EU Sebastián Esparducer y tuvo el respaldo del PSOE y Bloc (los tres partidos que gobiernan el municipio). ARB votó a favor de la urgencia pero luego se abstuvo, mientras que el PP se posicionó en contra. La moción, que se ha remitido a la diputación, surge como respuesta a "los insultos lanzados por el presidente de la diputación al alcalde de nuestro municipio", según consta en el texto. De ahí que se censure a Carlos Fabra y se le exija una disculpa pública.
Una grabación en video del último pleno de la diputación ha revelado recientemente que, al finalizar la sesión, el presidente llamó "hijo de puta" a Francesc Colomer. Fue después de un rifirrafe dialéctico entre el socialista y el popular en el turno de ruegos y preguntas. Colomer insistió en sus preguntas sobras las causas judiciales que afectan a Fabra, mientras que éste se negó a contestarlas de forma verbal. Al levantar la sesión, con el micrófono todavía abierto, profirió el exabrupto.
La portavoz socialista, Susana Ros, justificó ayer que se trata de una "moción necesaria". "La diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos y el presidente representa a todos los alcaldes. La actitud de Fabra denota falta de educación, chulería y prepotencia", reseñó Ros, quien añadió que "lo que más me indignó fue ver en la bancada popular las risas y burlas de los diputados". "Fabra no sólo insultó y humilló a una persona, sino a una opción política, a muchos votantes y ciudadanos", sentenció.
El portavoz de ARB, Mauro Soliva, dijo compartir el fondo de la moción, pero no el debate que surgió tras su presentación. "El alcalde merece el máximo respeto y Fabra debería reconocer el error que cometió por llevarse por sus impulsos. Lo que no compartimos es que el ayuntamiento se convierta en un segundo campo de batalla para debatir cuestiones que deben abordarse en la diputación", dijo.
Desde el PP han evitado pronunciarse sobre el tema, escudándose en que no han escuchado la grabación, pese a que ha sido reproducida en los medios.

El AMPA de Tomás de Montañana denuncia las obras de las nuevas aulas

Efe, Valencia
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Tomás de Montañana de Valencia ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que la instalación de aulas prefabricadas en un solar anexo por parte de la Conselleria de .Educación "vulneran la salud y la seguridad". La AMPA ya denunció a principios de agosto a la conselleria por instalar estas aulas prefabricadas en un solar de propiedad municipal sin haber solicitado la preceptiva licencia y con el objetivo de ampliar las aulas después de que, "unilateralmente", decidiera doblar el número de plazas de Educación Infantil.
Según han explicado desde la AMPA, la denuncia aún no ha recibido respuesta al considerar el órgano judicial de guardia que no se trata de un "asunto urgente". Entre las deficiencias se incluye la falta de carteles informativos que prohíban el acceso a la obra y la instalación de un "vallado perimetral deficiente".

La F1 daña el arbolado protegido

Las ramas de un ombús fueron seccionadas durante el montaje

suprime la gerencia

El nuevo gobierno de Dénia deja el urbanismo en manos de los técnicos ligados a promotoras

La oposición critica que Medio Ambiente y Disciplina Urbanística no estén la nueva comisión

V.X.C.R., Dénia
La Gerencia de Urbanismo ha dejado de existir y de momento el departamento municipal más importante del Ayuntamiento de Dénia sólo tiene dos personas al frente, el Jefe de Ordenación Urbanística y el jefe de proyectos de obra, ambos vinculados a la empresa privada mediante sociedades o mercantiles con amplia trayectoria en el sector de la construcción de Dénia.
El jueves, el pleno ordinario sirvió para finiquitar el área con los votos en contra de PSPV y Bloc y a favor del pentapartito. La edil de Urbanismo, Pepa Font, explicó que era un compromiso de las diferentes fuerzas políticas del gobierno local acabar con la gerencia y respecto al nombramiento de los funcionarios ligados a las promotoras explicó que llevaban trabajando en el consistorio varias décadas con alcaldes de todos los colores, entre ellos del PSOE y del Bloc. Para Font era una "obligación moral" y una cuestión de "eficacia y ahorro" contar con ellos. Pese a todo la ahora concejal del Centre Unificat -antes lo fue del PP- remarcó que se había pedido un informe al secretario para con conocer si era compatible el trabajo privado del arquitecto y el ingeniero municipales elegidos para liderar el área de urbanismo.
El portavoz del Bloc, Pau Reig, recordó que en enero todos los partidos se opusieron a la desaparición de la gerencia y se preguntó si tras el desmantelamiento se había hecho el estudio sobre las necesidades del departamento de urbanismo, su organigrama y las competencias reales que tiene. Reig se dirigió especialmente a Miguel Llobell y JuanCollado puesto que la nueva comisión informativa de Urbanismo no recoge las áreas de Medio Ambiente (Collado) y Disciplina Urbanística (Llobell). "Es un paso atrás en el urbanismo democrático y consensuado. Volver a la gestión de 1999 no es bueno para la ciudad" afirmó el edil nacionalista quien reiteró que desconocía el nuevo organigrama del departamento urbanístico.
La ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, repasó las declaraciones a los medios de hace escasos seis meses en las que tanto el PP, como CU y Gent de Dénia manifestaron su voluntad de no suprimir la gerencia. Sin embargo, la edil socialista, quiso enfatizar que no se sabía el contenido de lo que se estaba votando e insistió en que el compromiso del nuevo gobierno era aportar un organigrama del área de urbanismo -que no habían llevado al pleno- y señaló que estaban "pasando por encima de lo que es una buena coordinación" para decir que "todo está definido por compartimentos estancos que sólo representan el reparto partidista". Viciano explicó que lo único que querían era "coger el poder y no apostar por una planificación con transparencia y participación".

La oposición critica el ocultismo sobre la legionela

XAVIER ESPANYA

Exige un estudio epidemiológico rápido en Alzira

El foco de legionela de Alzira sigue sin ser detectado y ha disparado la inquietud en al capital de La Ribera Alta. Sobre todo, después de que la ciudad haya sabido que, además de los dos casos reconocidos oficialmente en Alzira, existen otros cuatro vecinos cuyo contagio ha sido atribuido por la Consejería de Sanidad al foco de Carcaixent, que se registró el pasado día 20. La consejería, sin embargo, ocultó este dato que debería haber puesto desde el principio el objetivo en la existencia de dos focos distintos. Además, ha insistido en desvincular los últimos dos casos de los anteriores Las reacciones al respecto no se han hecho esperar. Ayer, el responsable de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, exigió a la Generalitat que lleve a cabo un estudio epidemiológico "rápido para la detección del foco de legionela en Alzira porque se pueden producir más casos".

Sanidad vincula seis afectados de Alzira al foco de Carcaixent

Subías se mostró partidario, tras la aparición de un primer brote en Carcaixent, de "dar explicaciones a la gente", por ello reclama a Sanidad que "proporcione un informe correcto y adecuado" y que se tomen las medidas pertinentes para detectar el nuevo foco de contagio.

Por su parte, el portavoz del Bloc de Alzira Carles Aranda reclamó al gobierno local "transparencia y más información".

La Consejería de Sanidad retiró el pasado lunes el protocolo antilegionela que activó en Carcaixent y que sirvió para detectar la aparición de esta bacteria en una empresa ubicada en el polígono industrial de esta población. Hasta la fecha se han producido 12 casos de neumonía de los que seis residen en Carcaixent y los otros seis en Alzira. Los dos últimos afectados ingresaron el pasado miércoles en el hospital de la Ribera. Las encuestas epidemiológicas realizadas a ambos pacientes por los especialistas de la Generalitat determinaron de la existencia de otro foco de contagio en Alzira, distinto del detectado la pasada semana en Carcaixent

Sanidad ha revisado las torres de refrigeración pertenecientes a diversas empresas ubicadas en el polígono industrial número 1 de Alzira, que se encuentra en una zona próxima al barrio donde residen los enfermos de neumonía hospitalizados y que se encuentran en la confluencia de la avenida Luis Suñer.

Las fuentes públicas, las instalaciones de riego y de aire acondicionado, e incluso los grifos de las viviendas pueden albergar la bacteria.

La tasa de titulados de ESO a los 15 años es la más baja de España

NEUS CABALLER

UGT denuncia que el curso inicia con problemas estructurales de fondo

"Si en 11 meses somos capaces de hacer un circuito de Fórmula 1, como dijo [Francisco] Camps, ¿por qué no somos capaces de quitar los 1.300 barracones en el mismo tiempo récord?", se preguntó ayer Guillermo Martí, secretario general de la federación de enseñanza de UGT en la primera conferencia de prensa para analizar el inicio de curso 2008-2009, que arranca el 8 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria y el 15 para los de enseñanzas medias. El resultado de las "políticas virtuales", "autoritarias" y de "despropósitos" -como el reguero de planes Éxit, Integra o Plurilingües sacados a vuela pluma sin recursos y experimentales en un puñado de centros- es una "insuficiente planificación" del sistema educativo valenciano que incopora al mercado laboral europeo "casi un 40% de población que no ha completado los estudios de Secundaria".

"Cerca del 45% de los alumnos de 15 años de la Comunidad no se encuentra en el curso que debería, mientras que la tasa bruta de población que acaba la ESO es un 60,3%, la más baja de España, excepto Ceuta", remató.

"El curso, por tanto, va a comenzar con las mismas tensiones y problemáticas del año pasado", añadió Martí en referencia a los 25.000 alumnos que estudiarán en 1.300 barracones, más los 200 aularios colchón puestos para cubrir la falta de plazas de Infantil de 3 a 5 años y los otros casi 100 para cuadrar la matrícula de Primaria; la alta rotación y provisionalidad de las plantillas docentes con 11.857 profesores (de 53.000) que no conocieron su destino hasta el 31 de julio pasado; y 27.000 entre funcionarios interinos y equipos directivos y profesores contratados de la red privado concertado a los que se adeudan 40 millones de euros, "es decir, una nómina de medio millón de pesetas por cada uno", remató.

En este contexto, "el crecimiento sostenido de la natalidad y de los escolares inmigrantes hace que el curso pasado termináramos con 24.341 alumnos más. Sólo para cubrir ese incremento necesitaríamos otros 48 colegios más a parte de los que 42 que anuncia el consejero para este curso", remató Martí, antes de advertir de que: "Si Camps no toma cartas en el asunto, la UGT anuncia movilizaciones en la primera quincena de octubre".

Desde el STEPV y CC OO confirmaron las críticas vertidas por Martí a través de sendos comunicados con la misma "radiografía" de problemas estructurales en el inicio de curso. El STEPV criticó, además, la escalada de conciertos educativos y exigió "un cambio de rumbo en la política educativa del Gobierno valenciano." Mientras, CC OO subrayó la judicialización del sistema educativo derivada de "la política de confrontación de la consejería con el Ministerio de Educación a propósito del desarrollo y aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación".

Cifras de la "planificación insuficiente" del curso 2008-2009

- 40 millones de deuda al profesorado. Se trata de 10 millones en trienios reconocidos a los funcionarios interinos, 15 de deuda a los equipos directivos y 15 al profesorado de la concertada, lo que afecta a 27.000 docentes del sistema educativo.

- 25.000 alumnos en barracones. Entre los escolarizados en 1.300 barracones mientras construyen su centro o se resuelve la cesión de suelo, y las cerca de 300 aularios colchón para atender en septiembre el incremento de matrícula de Infantil y Primaria.

- 33% de rotación de plantillas. Casi 12.000 docentes empiezan el curso cambiando de centro. La rotación se ceba en Alicante con centros donde el 80% del profesorado es nuevo.

- Más de 100.000 inmigrantes. EL curso cerró en junio con 91.295, por lo que la previsión es superar la barrera de los 100.000, de los cuales la media que estudian en la red pública es del 86%: el 92% en Castellón; 77,4% en Valencia y el 93,8% en Alicante.

- 20.000 alumnos más por curso. El curso cerró con 24.341 alumnos más, lo que supone que se necesitaría 48 colegios por año sólo para cubrir este crecimiento.

Sólo 1 de cada 10 municipios tiene guardería pública

N. C.

"En Valencia, la ciudad más poblada de toda la Comunidad, sólo existe una guardería infantil pública gestionada por la Generalitat; en cambio hay 72 centros privados que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil", denunció ayer la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Carmen Ninet. Ninet recordó que "el presidente Francisco Camps anunció en su programa electoral de 2003 -con gran despliegue propagandístico de vallas- la creación de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y el resultado ha sido que sólo 1 de cada 10 municipios dispone de guardería pública, que, además, costea el ayuntamiento".

Ninet destacó que frente a la "virtualidad" de Camps que anunció 45.000 plazas en vallas publicitarias y ha terminado por eliminar las ayudas a los ayuntamientos, el Gobierno autorizó ayer 1.000 millones de euros para la creación de 300.000 plazas de infantil de 0 a 3 años en esta legislatura.

El turismo rural agudiza su declive al caer la ocupación al 17% en julio

IGNACIO ZAFRA

La patronal acusa al Consell de "olvidar" el interior e "hinchar las cifras"

El turismo rural valenciano descendió en julio a una cota difícil de empeorar: la ocupación se situó en un 17% para una modesta oferta de 8.356 camas, un 3% menos que en el mismo mes de 2007. Y fue el mejor mes del año: en enero, se quedó en el 5,2%; en junio, en el 13%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la comunidad autónoma se sitúa a la cola de España sólo por delante de Castilla-La Mancha (15%). Desde 2004, la Comunidad Valenciana ha perdido 10 puntos de ocupación en ese mes.

La patronal del sector, Fevaltur, acusó al Consell de "olvidar" el interior ("para las promociones sólo existe la costa, el sol y playa, Benidorm y Valencia", dijo su presidenta, Pilar Vaquer), y de "hinchar las cifras" ("cuando la consejera de Turismo habla de un 60% de ocupación, en realidad estamos al 30%", añadió). Agustín Grao, director general de Turismo de Interior, atribuyó el descenso a la "coyuntura económica" y al "extraordinario aumento de oferta" registrado en los últimos años. Grao restó también importancia a las palabras de Vaquer porque, dijo, su patronal es hoy escasamente representativa del sector. La secuencia histórica acumulada por el INE no permite, sin embargo, explicar el declive sólo por el aumento de establecimientos. En cuatro años, los alojamientos turísticos valencianos han perdido medio millar de turistas y 11.000 pernoctaciones (siempre para el mes de julio). Y en ese mismo periodo, el conjunto del sector en España ha ganado casi 100.000 turistas y 315.000 pernoctaciones. El retroceso de julio de 2008, con 1.500 clientes menos que el año anterior, también indica que los alojamientos valencianos han resistido peor la crisis que los del resto de España, que globalmente vieron aumentar su clientela en 5.000 personas. El director general de Turismo admitió la mayor intensidad del impacto, y apuntó a la "menor tradición" que la Comunidad Valenciana en este campo. "Somos una comunidad eminentemente turística en costa. En el interior, el paso del tiempo nos dará la profesionalización". Mientras la presidenta de Fevaltur afirmaba que muchos establecimientos "están cerrando", y que no se combaten los alojamientos "ilegales", la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció "el abandono en materia de inversiones, infraestructuras y promoción de las zonas rurales".

Autobuses e "ideas peregrinas"

"Hace falta gente muy seria para solucionar los serios problemas que afrontamos", decía ayer Tomás Mazón, profesor de Sociología del Turismo de la Universidad de Alicante a la vista de los datos de ocupación rural. Una de las primeras medidas que citaba la Consejería de Turismo como muestra de su apoyo al sector eran los recorridos de autobuses promocionales que informan sobre la oferta de interior en centros costeros como Benidorm y Gandia. Una idea que Mazón calificaba de "idea peregrina" sin necesidad de preguntarle por ella. "Es alarmante no ser capaz de llenar ni el 20% de una oferta de 8.500 camas. Son necesarias acciones de marketing, equipaciones, e infraestructuras, porque las inversiones siempre han ido a la costa", añadía el profesor, quien repartía, no obstante, la responsabilidad entre los gestores públicos ("no hay política al respecto"), y el sector ("falta profesionalización y unos empresarios lo bastante decididos como para conseguir que las Administraciones les hagan caso"). El director general Agustín Grao declaraba, por su parte, que nunca se había hecho tanto por el interior. Enumeraba cursos de formación, promociones, ayudas a los Ayuntamientos, subvenciones a fondo perdido a empresas dedicadas a las actividades de ocio y aventura, e iniciativas para potenciar las pernoctaciones entre semana, que considera la gran laguna del alojamiento rural. El INE revelaba, sin embargo, que durante los fines de semana de julio, la ocupación en la Comunidad Valenciana (22%) fue la peor de España, a ocho puntos de la de Castilla-La Mancha, y a 42 de la primera, Baleares.

PP Vice. 30/08/2008.

2008-08-30T12:29:00+02:00

Castilla y León Vice. 25/08/2008.

Mallorca Vice. 25/08/2008.

Genoveses SA. 26/08/2008.

La revisió salarial d'Aznar segons IPC. 26/08/2008.

Los socialistas piden al presidente Herrera “que dé la cara, como en su día lo hiciera Demetrio Madrid”

“Las dimisiones en Castilla y León por el caso Lasarte son la punta del iceberg”

JESÚS CASCÓN MURILLO

El próximo día 29 de octubre se cumplirán veintidós años de la dimisión del entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid. La prensa de entonces, una prensa muy conservadora, aprovechaba unas presuntas irregularidades cometidas en una empresa familiar del entonces presidente para arremeter contra el máximo dirigente socialista en esa comunidad. Alentado por el “presunto escándalo”, el entonces líder de la oposición, un jovencísimo José María Aznar, no dudaba en pedir la dimisión de Demetrio Madrid: “Le doy 24 horas para que dimita”, le dijo en una sesión para el recuerdo. Unas palabras que aún deben retumbar en los oídos de los militantes y dirigentes socialistas de la época, que asistían impotentes un día después de pronunciada la frase, a la dimisión irrevocable de su presidente.

Tres años después, la Justicia absolvía de todos los cargos a Demetrio Madrid. Pero para entonces la opinión pública, alentada por la prensa y las maniobras de la oposición ya habían decidido castigar al PSOE y darle su confianza a AP, quien con la ayuda del CDS lograba la presidencia de la Junta. Tras el pronunciamiento, no hubo ni una palabra de disculpas por parte de AP, lo que hizo que desde el PSOE más de uno se la tuviera guardada al partido de Aznar. Y ese momento parece que ha llegado con el caso “Lasarte”. Un asunto que hasta el momento se ha saldado con la dimisión de seis altos cargos de la Junta de Castilla y León, pero que seguro que a poco que se investigue podría poner en cuestión la credibilidad del actual presidente.

Herrera no es Demetrio Madrid
Un presidente que hasta momento no ha dado señales de vida y que se muestra reacio a cualquier comparecencia en las Cortes. Una postura que nada tiene que ver con la adoptada en su momento por Demetrio Madrid, quien a la más mínima insinuación tuvo la gallardía de presentar su dimisión para, entre otras razones, no hacer daño a la institución que presidía. Entre los que así opinan se encuentra el procurador por Salamanca, Emilio Melero. Melero es en la actualidad Secretario General de los socialistas salmantinos, y procurador en las Cortes de Castilla y León.

La primera pregunta, Sr. Melero, es inevitable, ud como viejo militante socialista, lo de viejo no lo digo por la edad, sino por su militancia en el partido: ¿cree que si hoy Demetrio Madrid estuviera al frente de la oposición le daría un plazo de 24 horas a Juan Vicente Herrera para que dimitiera por el caso "Lasarte”?

Sin duda Demetrio Madrid pediría como ha hecho el Partido Socialista de Castilla y León la puesta en funcionamiento de las instituciones con que cuenta el Estado de Derecho. En ningún caso dejaría, muy al contrario de lo que Aznar y el PP hicieron injustamente con él, anteponer el Derecho Constitucional a la presunción de inocencia. Ello a pesar de las evidencias que el llamado Caso Lasarte o Caso Junta de Castilla y León van aportando.

¿Cree usted que al igual que entonces la prensa ha tratado por igual ambos casos?, lo digo porque desde fuera parece que a este asunto no se le ha dado en esta región la importancia que tiene, y que sólo ha trascendido la dimisión de cincos altos cargos.

A día de hoy son al menos seis las dimisiones o ceses, y ello parece sólo la punta del iceberg de un asunto de dimensiones no conocidas. La multiplicación de generación de megavatios por este tipo de energía ha pasado de 2’4 hace pocos años a 50 actualmente. En el último año se ha duplicado. Esto no es una apuesta repentina por el desarrollo de energías limpias, parece un fraude organizado y en toda regla.

Injusticia
En ningún caso, sea por el verano, o por la capacidad persuasiva del PP en Castilla y León, está siendo objetivamente valorado este escándalo desde el punto de vista mediático. Lo de aquellos años y el presidente Madrid fue tratado con una injusta e inusitada dureza y nunca reparado a posteriori.

¿No cree que en cualquier otra comunidad un asunto como este, en donde cinco altos cargos se hubieran visto obligados a presentar su dimisión, habría dado muchas portadas y estaríamos ante un escándalo que pondría a ese partido contra las cuerdas?

Desde luego si fuera un gobierno socialista el implicado, el asunto se habría tornado en dramático y la machaconería se hubiera llevado por delante al PSOE de los “últimos 130 años”. No puedo sino lamentar la escasa información con la que cuentan los castellanos y leoneses.

Antes de continuar, y para que los lectores de El Plural sepan de qué estamos hablando: Díganos qué se esconde tras el caso “Lasarte".

Como decía antes, el crecimiento exponencial de esta producción energética no es casual en Castilla y León. Detrás de él hay un auténtico negocio: la consecución de un “régimen especial” que otorga la Junta de Castilla y León. Este régimen te permite ser productor de energía solar y te garantiza que la operadora eléctrica te abone 5’5 veces más el precio del kilovatio/hora.

Mucha especulación
Ha de saberse que el régimen especial es intransferible, no se puede trasmitir a un tercero. Lo que se ha hecho aquí es constituir miles de sociedades, tantas como regímenes especiales se han solicitado. La transmisión se hace a la sociedad propietaria del régimen especial. El negocio es redondo, mucha especulación, mínima tributación: el 18%.

¿Cree usted que los cargos que han dimitido han actuado por propia iniciativa y sin que ningún responsable de la Junta estuviera al tanto de las concesiones?

Esperaremos al funcionamiento de las instituciones, no obstante en Castilla y León hay en torno a cada negocio una misma sospecha, un secreto a voces que espero aflore algún día.

Cuando desde su partido se pide la comparecencia del presidente regional, desde el PP se les acusa de estar actuando en contra del propio reglamento de la cámara. Vamos que son ustedes unos indocumentados...

El PP ha utilizado de forma repugnante el Parlamento. Si algo de vida le quedaba a Montesquieu después de tantos años de gobierno del PP, ha sido aniquilada este agosto de 2008.

Le ruego que se moje en esta pregunta y dígame: ¿quién cree que está detrás de este tema y por tanto debería seguir el camino emprendido por los cinco altos cargos de la Junta?

Insisto tanto en el ejercicio democrático de poner las instituciones al servicio de la verdad y del Derecho, como en que en Castilla y León todo lo “poco claro” los más iniciados saben dónde ubicarlo.

Persuasión ilimitada
La “capacidad de persuasión” del PP es ilimitada. Hace años venimos intentando regular la publicidad institucional, la canalización de recursos destinados al autobombo. Desafortunadamente no hemos tenido éxito en nuestro empeño.

¿Qué sensación tiene un político con su trayectoria cuando asiste al linchamiento de Demetrio Madrid por el PP y ahora ve que este mismo partido es capaz de salir indemne de casos de presunta corrupción, como el caso Zamora, todo un ejemplo de financiación encubierta del PP, y que sólo se saldó con la dimisión del entonces presidente provincial del PP zamorano?

El PSCyL tiene la obligación política y moral de no consentir el cierre en falso de este caso. Lo hacemos convencidos de cumplir con nuestra obligación, de representar a cientos de miles de castellanos y leoneses. También, porque es nuestra obligación luchar en defensa de la honorabilidad de los empresarios de esta región y por los 80.000 funcionarios de la Junta, en los que el gobierno regional se ha parapetado de manera indeseable.

Volviendo al desenlace del caso Zamora, ¿cree usted que al final se va a dar un carpetazo al caso Lasarte y que todo se cerrará con esas cinco dimisiones?

A lo largo de esta entrevista he puesto voz a lo que en despachos y foros se sospecha. No le quepa ninguna duda que no nos temblará la mano política ni la judicial para, si se demostraran ciertas prácticas, llegar hasta el final

Por último, dígame qué plazo le daría usted a Herrera para presentar su dimisión y por qué.

A día de hoy le exigiría que actuara como un demócrata, que vaya al Parlamento, que baje a la calle y que no se esconda en el burladero de los funcionarios, que abra una comisión de investigación presidida por la oposición. Si es el caso, que acuda a las instancias judiciales que la situación pudiera aconsejar.

Es la hora
Pero ahora, es la hora de la política y Herrera ni está, ni se le espera. De no comportarse así, serán los ciudadanos, no nosotros, los que tasarán su tiempo en el Gobierno de Castilla y León.

Jesús Cascón Murillo es director de Béjarnoticias.com, diario digital de Béjar