08 Jul 2008
EpC a la CV. 06/07/2008.
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Se busca "docente itinerante" para dar Ciudadanía en inglés
NEUS CABALLER
La opción objetora trastoca el horario de varias materias
La falta de especialistas cualificados para poder impartir íntegramente en inglés la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía fuerza a la Generalitat valenciana a recuperar la extinta figura del "profesor/itinerante" o "visitador" (más propio del pasado, cuando el déficit de maestros y colegios obligaba a idear un sistema de desplazamientos diarios para combatir el analfabetismo rampante). El departamento que dirige Alejandro Font de Mora ha redactado una orden de Instrucciones de inicio de curso que recupera la "itinerancia" para satisfacer la apuesta "personal" del presidente Francisco Camps de que la materia se dé en inglés y se oferte, para más inri, en su opción curricular y en versión sesgada para familias que objetan el temario de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno: que es común para todas las autonomías, menos la valenciana.
Para cumplir el guión, según cálculos oficiales, se requieren al menos "124 profesores de Filosofía y Geografía capacitados en inglés". Lo que supone para la consejería un problema doble: uno, encontrar los efectivos dispuestos a la itinerancia; y, dos, desembolsar "4 millones de euros más" el mismo curso en que la ley educativa dice que se debería de iniciar a los alumnos de 3, 4 y 5 años en el inglés para revertir en dos legislaturas el retraso histórico de España en el dominio de lenguas extranjeras.
Respecto al primer asunto, la batida iniciada en mayo por los inspectores en todos los institutos públicos en busca de "voluntarios" ha sido un fracaso. "Según datos oficiales, solo se ofrecieron 19 voluntarios", apunta CC OO. El STEPV coincide en que "el fracaso se ha extendido ahora también a las dos bolsas abiertas para reclutar interinos, que se han cerrado con menos de 70 personas inscritas".
Un extremo que confirma la dirección general de Personal, en su resolución del pasado 4 de julio, donde se publican los nombres de los 69 aspirantes. "Y, no 124, como informaba ese mismo día la secretaria Autonómica", subrayan ambos sindicatos. "Y no está claro que los 69 acepten", añade CC OO, "ya que el docente tendrá que cubrir 3 o 4 centros para completar su horario de 12 horas lectivas, sin saber aún cuántos kilómetros tendrá que recorrer". Anpe cree que "se beneficia particularmente a los docentes de Ciudadanía itinerantes, respecto del resto de profesores con itinerancias" y se vulnera "la normativa actual de interinos, que no permite que docentes sin servicios elijan plaza en julio". Esta "singular" forma de "desdoblar en dos opciones la materia" trastoca, además, las horas de Música, Tecnología o Electrónica y "supone una injerencia en la autonomía organizativa de los centros", remata el STEPV. UGT ya ha adelantado que rechaza de plano las instrucciones.
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"Por registro de entrada no nos ha llegado nada", informaron ayer fuentes del departamento del conseller Alejandro Font de Mora.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) anunció la semana pasada que ya se han presentado por registro de entrada en los Institutos de Educación Secundaria (IES) más de 5.000 solicitudes de padres de escolares de segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que rechazan EpC en inglés.
Ni una sola de esas peticiones, según conselleria, ha llegado hasta la avenida de Campanar, ni falta que hace, porque las mismas fuentes señalaron que conforme lleguen "se archivarán". Es decir, que, por si Educación fuera, los institutos podrían ahorrarse el dinero que cuesta remitir esas miles de solicitudes a Valencia ya que, añaden, "no hay nada que hacer con ellas, pues la orden del Gobierno valenciano de que Ciudadanía se imparta en lengua extranjera sigue en vigor y, por tanto, serán archivadas".
Los objetores si que podrán elegir
Por si hubiera alguna duda de que al Consell le puede temblar la mano en su pulso contra el Gobierno de Zapatero, Educación presentó ayer a los sindicatos las instrucciones que ha dictado para el inicio del próximo curso en las que no deja ningún resquicio a su EpC en inglés. Así pues, los alumnos de 2º de ESO recibirán a partir de septiembre una hora lectiva semanal de Ciudadanía en lengua extranjera en dos modalidades: La opción A, en la que se les impartirá, según un director de instituto, "un currículum descafeinado, puesto que de la norma básica estatal se han eliminado temas delicados para la moral católica"; o la B, con la que el Consell, según UGT, "dará cobertura a las familias objetoras".
Esta última opción permitirá que los 5.000 padres de la C. Valenciana que, según el Foro de la Familia han objetado a EpC, más otros 1.629 de la asociación Valencia Educa en Libertad, vean contempladas sus demandas ya que podrán escoger que sus hijos hagan trabajos sobre temas elegidos por ellos.
Otro sindicato, CC OO, criticó que el Consell "se preocupe por impartir EpC en inglés, contraviniendo el marco legal, y en cambio todavía no haya emitido la orden para introducir este idioma en Infantil el próximo curso tal y como exige la Ley Orgánica de Educación (LOE)". Desde Educación, respondieron que dicha resolución sobre el Inglés desde los tres años "saldrá en breve".
CV. 08/07/2008.
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Defensores del ladrillo
Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores"
Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores". Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.
Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.
Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.
El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".
El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".
Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones con las empresas Realia y Conca"·, mercantiles que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.
Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.
Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.
La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.
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Un tránsfuga da al PP la alcaldía de Dénia entre acusaciones de manejos urbanísticos
La ex alcaldesa afirma que el nuevo gobierno busca controlar el PGOU por «intereses particulares». Kringe justifica la censura tras las «denuncias por irregularidades»
M. J. Mascarell Pastor, Dénia
Las previsiones se cumplieron y ayer la popular Ana Kringe se convirtió en la nueva alcaldesa de Dénia con el apoyo del tránsfuga del PSPV, Juan Collado, y otros cuatro partidos políticos: PP, PSD, Centre Unificat y Gent de Dénia. La moción de censura estaba blindada a pesar de que los socialistas intentaron por todos los medios frenarla a través de Collado. Sabían que el PP no iba a respetar el pacto antitransfuguismo y por eso su hombre era el que hasta hace unos meses formaba parte del equipo de gobierno de socialistas y nacionalistas. Nada pudieron hacer. La confrontación entre Viciano y Collado había llegado a un punto irreconciliable. Por pura aritmética, los once votos a favor de alzar a la alcaldía a Kringe (5 del PP, 2 de CU, 2 de GD, uno del PSD y el del tránsfuga) sirvieron para desbancar a Paqui Viciano, con diez votos en contra (8 del PSPV y 2 del Bloc) en un pleno extraordinario, no exento de tensión, que duró dos horas.
La sesión estuvo marcada por la crispación entre los concejales del nuevo gobierno local y los más de 300 vecinos -la gran mayoría apoyaba a la socialista Paqui Viciano- que abarrotaron el salón de plenos y los bajos del ayuntamiento, donde siguieron los acontecimientos desde dos pantallas. Las intervenciones de los portavoces del nuevo ejecutivo local y de la primera edil del PP fueron interrumpidas por los vecinos presentes en el salón con gritos de "especuladores", "usurpadores", "Kringe, el pueblo no te admite", "mafiosos", "golfos", "os habéis reído del pueblo" y "fascistas", entre otros calificativos y continuos abucheos.
En los discursos, las acusaciones mutuas de intereses urbanísticos fueron las protagonistas. La nueva alcaldesa, Ana Kringe, reiteró la "necesidad" de la moción de censura debido a la "ingobernabilidad" del ayuntamiento, "la falta de transparencia, la falta de talante dialogante con la oposición y las denuncias presentadas contra el consistorio por irregularidades urbanísticas". La popular afirmó que con su gobierno "empieza una nueva etapa política llena de diálogo y transparencia, en la que la oposición también tendrá algo que decir".
La alcaldesa saliente, Paqui Viciano, vestida de riguroso rojo y con la dureza en sus rasgos y sus palabras -más tarde no pudo contener las lágrimas- comenzó su discurso afirmando que "este 7 de julio de 2008 pasará a la historia como uno de los días más tristes de la democracia en Dénia" ante "el atraco a la voluntad popular que algunos de ustedes están a punto de perpetrar, que es un atentado a la voluntad soberana del pueblo".
La socialista destacó que el nuevo gobierno "sólo busca intereses partidistas y particulares". Especial hincapié hizo al preguntar al ex presidente de los promotores y edil del PSD, Juan Sancho, "qué papel jugará en la política local precisamente en el mandato en el que se va a redactar el Plan General de Ordenación Urbana" (PGOU). Tampoco olvidó que CU ha pactado con el PP a pesar de que los centristas abandonaron a los populares por discrepancias con la ejecutiva que preside Ana Kringe. La ex alcaldesa cuestionó que "esta amalgama de partidos, sin ningún programa en común y con más discrepancias que coincidencias, ¿conseguirá la estabilidad del gobierno?" Viciano cerró su discurso asegurando que el PSPV no llevará a cabo una oposición vengativa, "pero sí responsable y contundente, defendiendo siempre los intereses generales y no los de unos pocos".
Auditoría económica y urbanística
El portavoz del Bloc y hasta ayer primer teniente de alcalde, Pau Reig, aseguró que el pentapartito "políticamente son lo mismo, la derecha que usurpa el poder a la izquierda". Al terminar las intervenciones, la nueva alcaldesa recibió de manos de Horst Glöde -edil de mayor edad- la vara de mando y, tras jurar el cargo, pasó a ocupar el sillón de la presidencia de la corporación dianense. La moción de censura con el apoyo de un tránsfuga se había consumado. El público gritaba "¡igual que Zaplana!". Posteriormente, Kringe anunció en rueda de prensa (tras semana y media sin atender a los medios) que solicitará dos auditorías, una económica y otra urbanística.
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El hospital La Fe cerrará 283 de sus 1.321 camas en agosto por vacaciones
J. P.
SATSE dice que serán 347 y que sólo se sustituye al 44% de enfermeras
El hospital La Fe de Valencia, el mayor de toda la Comunidad Valenciana, cerrará en agosto 238 de sus 1.321 camas (el 21%) debido al descenso de la presión asistencial por las vacaciones de verano y las bajas del personal, según la Consejería de Sanidad, que indicó que se aprovecharán estos cierres temporales para trabajos de mantenimiento y renovación de instalaciones. En la segunda quincena de julio estarán fuera de servicio otras 204 camas y la primera de septiembre una cantidad muy similar: 207.
El sindicato de enfermería SATSE elevó estas cifras ayer a 347 en agosto, 199 en septiembre y 196 en julio. Además, denunció que algunas de estas camas estarán cerradas los tres meses, y la mayoría del 1 de julio al 15 de septiembre, algo "incomprensible teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana es una zona eminentemente turística". Esta organización hizo alusión a casos como el de la planta de ginecología del hospital maternal, que cerrará sus 32 camas, por lo que las pacientes serán trasladadas a la décima planta (oncología), lo que llevará consigo "enfermos con distintos procesos en un mismo servicio, con estados de gravedad diversos y tratamientos dispares".
Además, SATSE apunta que de las 1.747 enfermeras, sólo se sustituirán 771, el 44%.
El consejero de Sanidad, Manuel Cervera, anunció a principios de verano la contratación de 6.054 profesionales para reforzar la asistencia en la costa. Ayer, Cervera indicó que los 31 consultorios de verano para población desplazada en las localidades turísticas están abiertos y que hay "menos presión" asistencial que la registrada durante el pasado año por estas fechas.
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Sanidad cerrará este verano 780 camas en La Fe para ahorrar en personal y espacio y hacer obras
La Conselleria de Sanidad cerrará 780 camas en total en el hospital La Fe durante este verano para economizar gasto de personal y espacio en las diferentes salas.
Pilar G. del Burgo, Valencia
De este modo, lo se pretende es agrupar a los pacientes en las salas para realizar obras como las revisiones de los falsos techos y de las instalaciones de aire acondicionado.
Fuentes oficiales informaron que durante la segunda quincena del mes de julio se claurarán 204 camas; durante todo el mes de agosto permanecerán fuera de uso un total de 283 plazas de hospitalización; en la primera quincena de septiembre se cerrarán un total de 207 camas y la segunda de septiembre, 86 plazas para que en el mes de octubre el centro hospitalario pueda funcionar al cien por cien de su actividad, lo que supone disponer de un total de 1.321 camas, incluidas las de UCI y Reanimación.
Por otra parte, el Sindicato de Enfermería Satse informó ayer el hospital La Fe cerrará este verano 740 camas del Pabellón Central, en el hospital de Rehabilitación y en el Materno-Infantil. La organización sindical ha destacado que algunas camas, como las de traumatología, permanecerán cerradas de julio a septiembre, "aunque la mayoría: cirugía digestiva, cardiología, neumología... permanecerán fuera de uso del 1 de julio al 15 de septiembre".
Satse ha denunciado que la planta de ginecología del hospital maternal clausurará la totalidad de sus plazas (32 en total) durante el verano, "por lo que las enfermas serán trasladadas a la décima planta, que es la de oncología".
El sindicato ha apuntado que la consecuencia más relevante de este cierre masivo de camas es "la mezcla de patologías en las salas abiertas", es decir que en un mismo servicio hay pacientes con diferentes enfermedades, en situaciones más o menos graves y con diferentes tratamientos.
Esta situación provoca una "mayor carga asistencial al personal sanitario a la hora de atender a los pacientes".
92 plazas cerradas en el Infantil
El cierre de camas afectará también este verano a los niños, ya que en el hospital Infantil se clausurarán 92 camas. El cierre afecta tanto a las salas de lactantes (niños recién nacidos hasta 5 años), como a las de escolares (entre 5 y16 años).
El sindicato de enfermería ha destacado que además este verano en La Fe, de las 1.747 enfermeras solo serán sustituidas 771, lo que representa el 44% de la plantilla.
Satse ha calificado de "incomprensible" el cierre de camas y la escasa sustitución de enfermeras, si se considera que la Comunitat Valenciana es una zona eminentemente turística y que La Fe es el hospital de rerefencia.
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Denuncian recortes de personal y refrigeración en centros de discapacitados
IVADI reduce lassalidas de ocio por falta de fondos
P. G. B., Valencia
La FSP-UGT ha denunciado la gravedad en la que se encuentran los centros de atención a las personas discapacitadas de IVADIS ante la falta de respuesta de la Conselleria de Bienestar Social. Además del recorte de material básico para los discapacitados y de la falta de profesionales para atenderlos se suma ahora los fallos de los sistemas de aire acondicionado de los centros que obliga a los usuarios a estar a más de 35º en algunas ocasiones.
El sindicato informa que estos sistemas no pueden repararse por la falta de recursos en el IVADIS que sigue sin recibir el dinero adecuado para su adecuado funcionamiento.
"Nuestros usuarios son especialmente sensibles al calor, pero esto parece que al President de la Generalitat no le importa", agrega la FSP-UGT en un comunicado en el que critica el "despilfarro" de 6 millones de la Expo de Zaragoza.
Otro de los problemas de este verano será la falta de personal en los centros que se producirá por "el recorte de contratación de personal por la falta de presupuesto".
Asimismo, el sindicato ha indicado que el servicio de transporte del IVADIS carece de las mínimas condiciones de seguridad, "ya que hay un autobús que supera los 16 años y con goteras, además de carecer de sujecciones suficientes para el tipo de usuario que transporta". El resto de vehículos carece de aire acondicionado.
Este verano y por la falta de recursos, el IVADIS tendrá que recortar "ostensiblemente" las salidas de ocio de los usuarios.
La UGT ha manifestado su extrañeza ante la continua apertura de centros del IVADIS que realiza el conseller sin dotarlos presupuestariamente.
La Fórmula 1 será vigilada por 6.000 policías y obligará a desviar vuelos de Manises
Las administraciones central, autonómica y local aprobaron ayer por unanimidad el Plan Integral de Seguridad del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en Valencia entre los días 22 y 24 de agosto. Serán cerca de 6.000 policías y guardias civiles los que garantizarán por tierra, mar y aire que este evento deportivo y las 200.000 personas que se moverán en torno al mismo, gozan de total seguridad, que este espectáculo, al que están "invitados" 500.000 televidentes posibles, se desarrolla de forma "impecable".
Este fue precisamente el término que utilizó el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, para explicar los objetivos del plan en una rueda de prensa junto al conseller de Gobernación, Serafín Castellano; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez; y los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En su desglose de medios, Peralta explicó que en el dispositivo especial participarán 1.072 policías nacionales pertenecientes a prácticamente todas las brigadas (Seguridad Ciudadana, Información, Policía Científica, Documentación etc.); 3.000 guardias civiles de los que 600 estarán vinculados directamente, dijo, al desarrollo de la prueba; 1.700 policías locales; un centenar de policías autonómicos y hasta 1.500 personas asignadas por la empresa organizadora, Valmor Sport, que también estaba presente en la reunión y ha participado en la elaboración del plan.
Estos agentes contarán con hasta siete helicópteros de apoyo, un número de embarcaciones aún no determinado y medidas habituales en estos casos como el cierre del espacio aéreo.
Al respecto, Peralta explicó que en la zona donde se celebrarán las carreras sólo podrán volar los aparatos que trasladen personalidades desde el aeropuerto de Manises hasta el circuito, habilitando un pasillo especial para la salida de las aeronaves comerciales. Por lo pronto, dijo, no se ha determinado si intervendrá en el control del espacio aéreo los aviones del Ejército.
Todo este dispositivo será convenientemente testado en la prueba de Fórmula 3000 que se disputará el 26 y 27 de julio.
07 Jul 2008
CV. 07/07/2008.
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Moción con urbanismo al fondo
El PP asume hoy la alcaldía de Dénia con apoyo de un tránsfuga
La edil popular Ana Kringe se convertirá hoy en la segunda alcaldesa de la historia de Dénia si prospera la moción de censura presentada por el PP, el edil tránsfuga ex socialista Juan Collado y otros tres partidos políticos. La moción, que se debatirá en un pleno a mediodía, está avalada por 11 concejales y derrocará después de cinco años de gestión al gobierno presidido por la alcaldesa del PSPV Paqui Viciano, apoyada por ocho ediles socialistas y dos del Bloc. La sesión se prevé tumultuosa. La crisis municipal ha provocado una honda fractura social en la ciudad, que vive las horas previas al pleno en un clima de gran tensión.
La inminente redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Dénia y la paralización de dos grandes proyectos urbanísticos desde la alcaldía presidida por Viciano componen el telón de fondo del asalto al gobierno municipal de la capital comarcal de La Marina Alta.
En las elecciones municipales de 2007, PSPV y Bloc obtuvieron el apoyo de 7.743 votantes. El PP y los otros tres partidos que apoyan el voto de censura (Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD) fueron respaldados por 8.337 vecinos. Esta igualdad de fuerzas y las especiales características de una moción que ha violado el pacto contra el transfuguismo firmado en su día por socialistas y populares han generado un tenso clima entre los vecinos.
Un portavoz de la organización regional del PP sostiene que el acuerdo para desplazar a Viciano es fruto de "las negociaciones entre tres partidos políticos y un militante expulsado del PSPV hace nueve meses, no un tránsfuga". También apunta a las diferencias entre los socialistas de La Marina Alta como origen del problema municipal.
Viciano siempre se ha considerado apoyada por la organización y todavía se aferra a una última esperanza. Collado prometió hace unos meses que nunca entregaría la alcaldía de Dénia al PP. Ahora el secretario comarcal de los socialistas, Paco Carrió, la diputada autonómica Consuelo Catalá y la propia Viciano le reclaman que cumpla su palabra.Hasta el momento, el ex socialista Juan Collado ha rechazado todas las ofertas del PSPV y el Bloc y parece firme en su decisión de apoyar a Kringe.
Si el PP logra formar un gobierno municipal encabezado por Kringe se enfrentará a un reto fundamental a partir de hoy: diseñar, en plena crisis de la construcción, un Plan General de Ordenación Urbana para las próximas décadas.
Entre 1999 y 2003, tanto el PP como Centre Unificat -cuya portavoz, Pepa Font, estaba entonces en el Grupo Popular- apostaron desde el gobierno por un plan que preveía más de 20.000 viviendas en la costa de Les Marines. El proyecto fue anulado por Viciano en 2003. El problema actual es que otros partidos del futuro gobierno, como Gent de Dénia, PSD o incluso el propio Collado, se han manifestado en contra de un proyecto tan ambicioso.
Encontrar un consenso entre las fuerzas políticas con intereses muy diversos que formarán el nuevo ejecutivo será la principal dificultad de la nueva alcaldesa de Dénia. En su gabinete, junto al PP (integrado por zaplanistas) estarán los antiguos militantes campistas (agrupados ahora en Centre Unificat), los regionalistas de Gent de Dénia y el PSD, nutrido de descontentos de PSPV y PP. Y, por si fuera poco, la llave de la gobernabilidad dependerá del propio Collado.
Por lo pronto, todos los partidos tendrán poder de decisión sobre el urbanismo, cuya gestión ya se han repartido. El nuevo gobierno se propone además impulsar otros dos grandes proyectos, la ampliación del puerto y la construcción de un centro de ocio en la ladera del castillo. También deberá decidir sobre los dos planes parciales inacabados que deja Viciano: el de Torrecremada, que preveía la construcción de otro centro de ocio y un teatro y ha sido temporalmente anulado por el Consell; y el del Bisserot, con más de 1.000 viviendas junto al Montgó.
Kringe se ha comprometido además a exigir a la Generalitat más inversiones para mejorar las devaluadas dotaciones educativas y sanitarias de la capital comarcal de La Marina Alta.
La crisis también ha provocado la judicialización de la vida política local. El viernes, Viciano se querelló contra los portavoces del PP, Gent de Dénia y PSD por un presunto delito de calumnias, cuando estos tres ediles la acusaron de vender en condiciones irregulares un camino catastral.
PSPV y Bloc presumen de haber ganado todos los litigios judiciales que han tenido lugar hasta ahora, especialmente en lo que se refiere a la planificación urbanística. Por su parte, los partidos firmantes de la moción de censura creen que serán precisamente los tribunales los que demostrarán que Viciano habría cometido graves irregularidades en el área de Urbanismo. En este sentido, Juan Collado ya ha anunciado que abrirá varias investigaciones, convencido de las "ilegalidades" cometidas por sus antiguos compañeros de gobierno.
En las últimas horas, socialistas y nacionalistas, con cierta resignación, se han dedicado a explicar su herencia política con la inauguración en una carrera frenética de varias de las obras ejecutadas bajo su mandato. La última, la peatonalización de la plaza de Mariana Pineda, junto al puerto, tuvo lugar ayer por la mañana. Viciano la presentó a modo de testamento. "Esta ha sido nuestra forma de gobernar: con una obra concebida a petición de la ciudadanía y sufragada con presupuestos participativos", dijo en su discurso la aún alcaldesa.
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Los apoyos mutuos de Juares y el PP
MIQUEL ALBEROLA
El presidente de Ruralcaja atrajo a las cajas rurales a Terra Mítica
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Morenilla no comunica su proclamación como Síndic
M. O.
Carlos Morenilla, autoproclamado Síndic de Greuges el pasado martes en virtud de una modificación del reglamento de la institución que fue publicada el lunes en el DOCV, ni siquiera ha comunicado su toma de posesión a las Cortes Valencianas.
El segundo adjunto a Bernardo del Rosal, designado Síndic de Greuges por las Cortes en abril de 2001, desplazó el martes a Emilia Caballero, adjunta primera, que ejercía el cargo en funciones desde que la institución quedó vacante en abril de 2006.
Caballero comunicó en abril de 2006 a la Mesa de las Cortes y a la Comisión de Peticiones que asumiría el cargo con plenitud de funciones ante la renuncia de Del Rosal y en virtud de la ley que rige el Síndic de Greuges. Morenilla no se ha molestado en emular esa formalidad.
"¿En virtud de qué va a requerir el Síndic de Greuges información a ninguna institución?", se preguntó el socialista Ángel Luna, "¿por qué va a tener que reconocer nadie su autoridad?"
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Satse denuncia que La Fe cierra 742 camas en verano y sólo sustituirá al 44% de las enfermeras
13:11 Según el sindicato, la mayoría de las camas permanecerán cerradas del 1 de julio al 15 de septiembr,e como cirugía digestiva, cardiología, neumología.
EUROPA PRESS Satse Valencia denunció hoy que el Hospital La Fe cerrará durante el verano 742 camas en el Pabellón Central, en el Hospital de Rehabilitación y en el pabellón Materno-infantil. Según afirmó el sindicato en un comunicado, algunas camas estarán cerradas de julio a septiembre --como en el caso de Traumatología--, aunque la mayoría permanecerán cerradas del 1 de julio al 15 de septiembre como cirugía digestiva, cardiología, neumología.
Así, la planta de Ginecología del Hospital maternal cerrará el 100% de sus camas (32 en total) durante el verano, por lo que las enfermas serán trasladas a la 10 planta, destinada a Oncología. La principal consecuencia de este cierre es "la mezcla de patologías en las salas abiertas, es decir, que en un mismo Servicio hay enfermas con diferentes enfermedades, en estados más o menos graves y con diferentes tratamientos", según aseguró Satse, que agregó que esta situación "provoca una mayor carga asistencial al personal sanitario a la hora de atender a los pacientes".
Asimismo, añadió que el cierre de camas" también afectará este verano a los niños que ingresen en La Fe, ya que el Hospital Infantil tendrá un total de 92 cerradas". Los cierres afectan "tanto a las salas de lactantes (niños recién nacidos hasta 5 años) como a las de escolares (niños de entre 5 y 16 años)", indicó.
Satse subrayó que a este cierre de camas "se une el hecho de que de las 1.747 enfermeras de La Fe solo serán sustituidas 771 (44% de sustituciones), siendo las propias compañeras las que asumen el trabajo de las que se han ido de vacaciones".
Para Satse Valencia, es "incomprensible el cierre de camas y la poca sustitución de enfermeras, teniendo en cuenta que la Comunidtat es una zona eminentemente turística, y que La Fe es su hospital de referencia, donde se desvían pacientes de toda la Comunidad, de otras comunidades colindantes e, incluso de otros países, como en el caso de trasplantes".
Según el sindicato, el cierre de camas será "aprovechado para realizar reparaciones en los 'patinillos' -huecos verticales en la estructura de los edificios por donde pasan las tuberías, los desagües y el cableado eléctrico- de algunas plantas del Pabellón Central de La Fe".
El PPCV denuncia la "campaña del Gobierno contra la religión"
Sagrario Sánchez critica el "enturbiamiento" del Ejecutivo de Zapatero
La secretaria ejecutiva de comunicación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Sagrario Sánchez, aseguró ayer que "la defensa de nuestras tradiciones culturales religiosas va a ser un deber constante por el que el Consell va a velar frente al enturbiamiento constante que hace el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra nuestras creencias y tradiciones religiosas culturales".
Sagrario Sánchez se expresó en estos términos en un comunicado en referencia a la regulación por ley, impulsada por la Generalitat que anunció el sábado el Consell, de la defensa de las tradiciones culturales religiosas de la Comunitat Valenciana para protegerlas del "movimiento laicista por el que aboga Rodríguez Zapatero, que pretende eliminar rasgos de nuestra tradición religiosa que se refleja en todos los ámbitos culturales, artísticos y sociales de nuestra tierra y sus gentes", aseveró Sánchez.
La "ola" de la "moda" socialista
Para la dirigente popular, "la defensa de lo nuestro va a ser la batalla constante del Consell, que no se va a dejar llevar por una ola que quiere poner de moda el Ejecutivo socialista", que, a su juicio, "está empezando a llevar a cabo una campaña contra la religión al favorecer la progresiva desaparición de símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en actos oficiales".
"No nos vamos a dejar llevar por este movimiento socialista de confrontación religiosa y desde la Comunitat Valenciana vamos a apoyar esta ley del Consell que protegerá tradiciones tan importantes como la Romería de la Santa Faz, el Corpus o la muixeranga, entre otras, que podrán ser declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial a través de una ley", concluyó la secretaria ejecutiva de comunicación del PPCV.
Un cura expulsado del Ejército por acoso logra el título de prelado de honor del Papa
El sacerdote valenciano Francisco Sirvent, que fue expulsado del Ejército en 1995 tras las denuncias de coacciones sexuales formuladas por unos soldados del acuartelamiento de Sa Coma de Eivissa, es en la actualidad prelado de honor del Papa.
El sacerdote valenciano Francisco Sirvent Domínguez figura desde 2006 en el Anuario Pontificio como prelado de honor del Papa, uno de los títulos con los que la Santa Sede reconoce la labor de algunos clérigos de todo el mundo. Lo sorprendente del caso es que este cura fue expulsado del ejército en 1995 al ser acusado de coacciones sexuales por varios soldados del acuartelamiento de Sa Coma, en Eivissa, donde ejercía de capellán castrense. Sirvent, según la anotación del Anuario Pontificio, obtuvo el título de "prelado de honor de Su Santidad" en la diócesis de Mendoza (Argentina) el 31 de marzo de 2005.
Este nombramiento no representa ningún tipo de responsabilidad eclesiástica, aunque otorga el privilegio de vestir la sotana morada propia de los prelados, así como recibir el tratamiento de monseñor. Es usual en Occidente concederlo en la jubilación de aquellos clérigos que han destacado en algún aspecto durante su trayectoria sacerdotal.
Intento de suicidio y amenazas
El nombre del sacerdote valenciano saltó a los medios de comunicación en junio de 1995, cuando a través del Diario de Ibiza -de la misma cadena editorial que Levante-EMV- trascendió a la opinión pública que varios soldados habían denunciado al pater ante sus superiores de coaccionarles para que mantuvieran relaciones sexuales con él.
El caso salió a la luz después de que uno de los jóvenes afectados intentara suicidarse. Este dijo que llegó a ofrecerle dinero y drogas a cambio de sexo. Otro relató a Diario de Ibiza: En una ocasión, "después de salir a tomar unas copas, me llevó a un apartamento que tenía alquilado, donde me sobó y le hice una felación". Añadió que le amenazaba con arrestos y una querella millonaria.
Sirvent, que fue trasladado al día siguiente de la isla, negó entonces todas las acusaciones y calificó al soldado denunciante de drogadicto e inestable emocionalmente.
El Ejército, que inicialmente suspendió al capellán de sus funciones, comunicó en octubre de aquel año la rescisión definitiva de su contrato.
Criado en Alcoi
De la biografía de Francisco Sirvent (criado en Alcoi y con raíces en Almudaina, otro municipio de El Comtat) se sabe que, tras estudiar en Valencia, se ordenó en Puerto Rico, adonde regresó tras los hechos de 1995 en Eivissa.
Fue párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de la diócesis de Ponce (en la citada isla caribeña) y profesor del departamento de filosofía y teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Doctor en Teología
Según el currículum mostrado por esta institución, es doctor en Teología Dogmática por la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia y doctor en Derecho Civil y Canónico por la Pontificia Universidad de Salamanca.
Unos años después, el rastro del sacerdote se puede encontrar en Argentina, donde ejerció de experto en derecho canónico, conocimientos que le valieron para la tramitación del título de prelado de honor del Papa.
Directivo de la fundación de Riutort
A partir de 2006, el clérigo reaparece en la Comunitat Valenciana, donde se involucra en una entidad religiosa de corte nacionalista valenciano (la Fundació Mata de Jonc), en la que en la actualidad ocupa un cargo directivo, según aseguró a Levante-EMV el presidente de la misma, el padre Pere Riutort.
Además de presentarse como prelado de honor, Sirvent ha mostrado a algunas de las personas con las que ha tratado títulos eclesiásticos de mayor rango incluso, como el de protonotario apostólico de la Santa Sede (el reconocimiento honorífico más alto) o archimandrita de la Iglesia de Estonia, donde también habría prestado servicios como canonista antes de volver a Valencia.
El cardenal Cañizares se va a Roma como responsable del Culto y los Sacramentos
El cardenal valenciano Antonio Cañizares dejará en las próximas fechas el Arzobispado de Toledo para marcharse al Vaticano, después de que ayer se confirmara por fuentes eclesiales su nominación como prefecto de la Congregación de Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Algo que, por otra parte, se daba como inminente en las últimas semanas aunque siga sin verificarse el cargo.
Así, el Primado de España, nacido en Utiel y de 62 años, entrará en el círculo más privado del Papa Benedicto XVI, y se encargará además de reglamentar la liturgia de la Iglesia católica y todo lo relacionado con los sacramentos, como la celebración de la Eucaristía. Esto confirma la sintonía con Joseph Ratzinger, con el que ya ha trabajado en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Recuperación de ritos preconciliares
El nombramiento le llegará al eclesiástico valenciano en un momento de especial expectación ante los gestos de Benedicto XVI, que está recuperando paulatinamente ritos anteriores al Concilio Vaticano II. El pasado mes de enero, el Papa ofició por primera vez tras la reforma una misa dando la espalda a los fieles, como en el ritual preconciliar, aunque la celebración se desarrolló según el Misal postconciliar.
Hace unos días, el maestro de ceremonias del Vaticano, Guido Marini, anunció que el Papa distribuirá en adelante la comunión a los fieles directamente en la boca y puestos de rodillas.
Precisamente, el cardenal Antonio Cañizares ha protagonizado algunos movimientos en esa dirección. El arzobispo valenciano recibió hace ahora un año algunas críticas por celebrar la ordenación de dos curas en una capilla del Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote, un movimiento muy tradicionalista que defiende la liturgia tridentina, anterior a la reforma aprobado por Pablo VI tras el Concilio Vaticano II.
Un valenciano en el "Gobierno" papal
Con esta elección, el Primado de España sustituirá al cardenal nigeriano Francis Arinze, que ocupaba la prefectura de este organismo de la curia romana desde 2002. Pero además, el nombramiento de Antonio Cañizares supone el regreso a la primera línea de este organismo de un cardenal español, después de que el cardenal Javierre fuera responsable de Culto hasta 1996.
En clave interna, Antonio Cañizares representa junto al arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco y el presidente de los obispos españoles, Rouco Varela, el ala dura de la Iglesia española, aunque en los últimos tiempos se ha producido algunas diferencias entre ellos, en cuestiones como la línea de la Cadena Cope, defendida por Rouco y con el desacuerdo de Cañizares.
Con su inminente marcha, el presidente de la Conferencia Episcopal ve despejado su camino en España, aunque el crecimiento de la figura de Cañizares, como hombre de confianza de Benedicto XVI, puede restarle poder.
El ayuntamiento entrega a un club privado una zona deportiva pública durante un año
La organización ya salió favorecida para permanecer en su recinto por un cambio en el PGOU
Los vecinos de la calle Asturias y adyacentes del distrito Marítimo que utilizaban la zona deportiva de esa vía pública para jugar al baloncesto o al futbito deberán buscar otras ubicaciones para la práctica del deporte porque el Ayuntamiento de Valencia se lo ha entregado a un club privado, el Sporting Club de Tenis, para celebrar las distintas competiciones deportivas, según ha confirmado un portavoz de la Concejalía de Deportes del consistorio.
La voz de alarma sobre la primera cesión a un club privado de una zona deportiva, conocida como Instalación Deportiva Elemental (IDE), se produjo hace unas semanas cuando los vecinos y usuarios del recinto acudieron a la misma y se encontraron con un la puerta cerrada a cal y canto y con un candado.
"Fue sorprendente porque nunca nos había ocurrido algo así. Los jóvenes carecemos de instalaciones deportivas para jugar al baloncesto y a otros deportes pero ahora ¿dónde vamos a ir? En la avenida Baleares hay otra zona deportiva pero siempre está ocupada", comentaron varios jóvenes.
Otros vecinos del barrio acusan al consistorio de consentir la degradación de la instalación y no haber invertido ni un euro en los últimos años para provocar, de alguna manera, la cesión a una entidad privada que ahora ejecutará unas obras de remodelación en su recinto.
Estos también hicieron un llamamiento a otras organizaciones o particulares para exigir terrenos como alternativa para sus fines cuando hagan obras como ahora han hecho los del Sporting Club de Tenis.
El portavoz del área de Deportes recordó que en el recinto del club privado también pueden participar los niños y jovenes del barrio y comentó que la cesión se realiza provisionalmente hasta que termine las obras. En la instalación deportiva sólo podrán acceder jugadores del Sporting.
La instalación deportiva ha sido utilizada por grupos de jóvenes para realizar en ocasiones botellón y han originado numerosas molestias a los vecinos.
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06 Jul 2008
EpC i unitat de la llengua catalana: El Consell de la CV segueix obstinat a no complir ni lleis ni sentències. 06/07/2008.
El Govern recorre l'ordre del Consell sobre EpC. 04/07/2008.
Enèsima sentència del TSJCV sobre la unitat de la llengua catalana. 03/07/2008.
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Ja cansa. El Consell seguirà gastant diners de tots els valencians per pagar recursos que els duguin a allargar en el temps l'incompliment de la llei i les sentències, tot i que ja hi ha hagut sentències del TS i del TC desfavorables a les tesis de la dreta valenciana. No és que el problema sigui que el Molt Honorable o el conseller siguin uns illetrats, que no ho crec, és simplement que en volen treure rèdit polític. I és que a tot arreu de l'administració valenciana, a les escoles, als IES, a la Universitat, a RTVV, al ajuntaments o a la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, s'ensenya i s'hi demana la variant valenciana del català.
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El Consell llegará al Supremo para impedir que Filología Catalana acredite el valenciano
16:48 Vicente Rambla ha anunciado que la Generalitat recurrirá al TS si es posible para impedir que se reconozca la titulación de Filología Catalana para acreditar el conocimiento del valenciano en las oposiciones a los cuerpos de profesores de ESO.
EFE El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha anunciado que la Generalitat recurrirá al Tribunal Supremo si es posible para impedir que se reconozca la titulación de Filología Catalana para acreditar el conocimiento del valenciano en las oposiciones a los cuerpos de profesores de ESO.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado los recursos interpuestos por las Universidades de Valencia y Alicante contra la orden de la Generalitat que no reconocía la titulación de Filología Catalana para acreditar el conocimiento de valenciano en las oposiciones a Secundaria.
Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de hoy, Rambla ha recordado que el Gobierno valenciano "respeta y acata" las sentencias en lo que puedan tener "de obligatoriedad".
No obstante, ha hecho hincapié en que la posición de la Generalitat respecto a esta cuestión "siempre ha sido muy firme".
Según ha recordado, "ha habido vías para acreditar el conocimiento del valenciano, y llevamos años manifestando esa misma posición".
Finalmente, ha señalado que, si no existe posibilidad de recurrir un posible fallo del TSJCV favorable a las Universidades, "tendremos que asumir en última instancia esta decisión" pero, de lo contrario, la Generalitat acudirá al Tribunal Supremo, ha asegurado.
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El Gobierno ofrece retirar el recurso contra Ciudadanía si hay cambios y el Consell lo rechaza
Rambla: "Vamos a seguir adelante en los términos planteados"
V. Paños/E. P., Valencia
"Si hay algún cambio en la orden de la Generalitat valenciana estaremos dispuestos a reconsiderar nuestra posición", aseguró ayer el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, tras la decisión del Ministerio de Educación de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la norma del Consell que desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).
Sin embargo, quiso matizar que "en la medida en que esa normativa siga en vigor, el Gobierno debe recurrir ante los Tribunales y solicitar la suspensión cautelar de la norma para preservar el cumplimiento de la ley y atender al interés de la educación y de los alumnos".
Las palabras del delegado del Gobierno recibieron la contestación inmediata del vicepresidente primero y portavoz del Consell. Vicente Rambla, señaló ayer que el ejecutivo autonómico "va a seguir adelante con la asignatura en los términos en los que lo tiene planteado", de manera que "tendrán que ser los tribunales los que tengan que determinar".
Según el portavoz del Consell, se trata de una asignatura "impuesta por el Gobierno central que la Generalitat asume y propone impartirla incorporando la posibilidad de que pueda tener un doble efecto", es decir, que sirva para que "los alumnos puedan participar en el programa de Educación para la Ciudadanía y que a la vez puedan tener un alto conocimiento de inglés con el fin de incorporar este idioma en su currículum particular".
"Estamos esperando un gesto"
Vicente Rambla explicó, además, que "todavía estamos esperando a que haya un gesto de apoyo a cualquier iniciativa o política de la Generalitat por parte del Gobierno central, puesto que o bien por acción o bien por omisión, no recibimos ningún apoyo".
Ricardo Peralta, por su parte, insistió en que de aplicarse la ley autonómica tal y como está actualmente redactada "los prejuicios que podrían tener los alumnos serían muy importantes", por lo que defendió que el Ministerio de Educación solicitara en su demanda la suspensión cautelar de la norma de la Generalitat.
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Vicente Rambla, portavoz del Consell, ha asegurado que según el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, el profesorado docente destinado a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) tiene "la titulación y la capacidad suficiente para impartir la asignatura".
Sin embargo, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv)estudia presentar un recurso contra la lista de personas seleccionadas para impartir la asignatura, publicada por la Conselleria de Educación, por considerar que "vulnera el actual acuerdo del profesorado interino y de constitución de bolsas de trabajo, así como el procedimiento de adjudicación de plazas vacantes que se convoca anualmente", anunciaron ayer fuentes de la entidad.
Según un estudio elaborado por el propio colectivo, hay personas selecionadas que "no cumplen los requisitos establecidos por la Administración". En concreto, conforme a los datos que maneja STEPV, habría un total de 40 personas que están como interinos pero que "no aparecen en las bolsas que publica la propia Generalitat valenciana".
Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO-PV considera que es incomprensible que el Ministerio excluya de su recurso la obligación de que EpC se imparta obligatoriamente en inglés y no en las lenguas oficiales de castellano o valenciano. El sindicato considera que esta obligación "vulnera el derecho constitucional de aprender, además de provocar graves efectos en las condiciones laborales del profesorado".
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Empate de cifras en la batalla por Educación para la Ciudadanía
Los enfrentamientos que se están produciendo en la Comunitat Valenciana por la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía no sólo afectan al Consell -que ha presentado una orden para dar la asignatura en inglés- y al Gobierno central -que ha recurrido dicha orden. Ahora también parece que se ha establecido una guerra de cifras entre el número de padres que por convicciones religiosas amenaza con objetar de la asignatura y los que exigen que sus hijos reciban las clases de EpC en valenciano o castellano, como "fórmula de resistencia".
Así, el Foro de la Familia de la Comunidad Valenciana advirtió ayer de que si el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) suspenda cautelarmente la orden de la Conselleria de Educación sobre la asignatura EpC, insistirá en su campaña para recoger objeciones a esta materia: y dijo que ya se han contabilizado cerca de 5.000 en toda la Comunitat Valenciana.
Formularios para evitar el inglés
Cabe recordar que, por su parte, la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que agrupa a padres, alumnos, sindicatos, etc. ha iniciado en los últimos días una campaña para que los padres pidan que sus hijos reciban los contenidos de EpC en valenciano o castellano, como lenguas oficiales, y no en inglés, como figura en la orden del Consell. Así, desde la plataforma están facilitando a los padres interesados un formulario para que lo entreguen como anexo a la matrícula en los registros de entrada de los colegios de sus hijos, y donde pueden especificar su voluntad de que reciban el modelo A (la propuesta original del Gobierno) y que la materia sea impartida en valenciano o castellano.
Según los últimos cálculos de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FAPA), el número de peticiones y a está en torno a las 5.000. O sea, un empate de cifras.
Esto significa que la conselleria se "mete en las tareas organizativas de cada centro", en palabras de Jaume Llopis, responsable de acción sindical del STE-PV. "Si hay cuatro o cinco grupos de segundo de ESO en cada centro, hay que acoplar todos los horarios para que las cuatro horas de EpC se den todas seguidas y además obliga a confeccionar los horarios en función de otros centros", explicó. Y eso será un quebradero de cabeza para los claustros, ya que a las peticiones de los profesores para organizar sus horarios de determinado modo habrá que añadir ahora el requisito de priorizar las clases de los profesores de EpC.
En el borrador de instrucciones para configurar los horarios, que se les ha facilitado con motivo de la convocatoria para mañana lunes de una nueva mesa de negociación, se explica que Ciudadanía será impartida "por profesorado itinerante que comparta dedicación con otros centros".
Por ello, "el horario lectivo de la citada materia se acumulará en una sola jornada, y si la dedicación fuera superior a cinco horas se agruparían en un máximo de dos jornadas".
Stepv ha resaltado que esto vulneran la autonomía organizativa del centro y la libertad de cátedra, y ha destacado que el documento hace referencia a la intención de impartir esa asignatura en otros idiomas.
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Rambla acusó al Gobierno central de cargar "por acción o por omisión" contra todas las iniciativas del Consell. "Educación para la Ciudadanía es una asignatura impuesta por el Gobierno y la Generalitat la asume y, además, intenta, que sirva de vehículo para la práctica del inglés", remachó el vicepresidente político del Consell, que indicó que el consejero de Educación "asegura que hay profesorado suficiente [de inglés] para impartir esa clase".
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, apuntó que el Ejecutivo central estaría dispuesto a retirar el recurso interpuesto contra la orden de la Generalitat si el Consell cede en sus pretensiones. "Se ha intentado conseguir que la normativa autonómica se ajustara a la estatal", prosiguió Peralta, "pero tras constatar que esta voluntad no tiene acogida por parte de la Consejería de Educación, no nos queda otra solución que plantear el recurso con el objetivo de que se aclare que dicha normativa autonómica no se ajusta a la estatal".
Peralta recalcó que el Gobierno concede "la máxima importancia" a una asignatura recomendada por la UE.El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, justificó también la petición al TSJ de que declare la suspensión cautelar de la orden del Consell. "El recurso se interpone en atención a los muy importantes perjuicios que podrían derivarse para los alumnos si se les aplicara una normativa autonómica que finalmente fuera derogada", continuó Peralta, que lamentó que sea "precisamente la Comunidad Valenciana y como consecuencia de una normativa autonómica donde se ha planteado un problema que, inmediatamente, ha sido asumido en los distintos centros educativos por las organizaciones de padres y los propios alumnos".
El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, convirtió la polémica en un conflicto entre el Gobierno y los alumnos que no quieren cursar la asignatura. "Con la cantidad de objetores a esta asignatura, el Gobierno debería buscar una solución para esas personas en lugar de perseguirlas", dijo González Pons, que añadió: "Eso hace tiempo ya que no lo hacen los Gobiernos españoles".
El también diputado por Valencia reconoció desconocer los términos en los que el Gobierno ha planteado el recurso contra la orden de la Generalitat, pero indicó que "no será" porque la asignatura se imparta en inglés, ni porque a la ministra de Educación no le pareciese "muy bien la idea".
En la polémica también intervino la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano que valoró positivamente la decisión del Gobierno de recurrir la orden de la Consejería, pero que tachó de incompresible que el ministerio excluya de su recurso al TSJ la obligación de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía exclusivamente en inglés, ya que esta obligación "contraviene la normativa propia" de la Comunidad Valenciana.
La federación de CC OO también lamentó que el ministerio, en su momento, no recurriese el decreto sobre las enseñanzas de Secundaria, con el que el Consell alteró sustancialmente los contenidos de Ciudadanía obligados para toda España.
Por su parte el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) alertó ayer de que la Consejería de Educación ha hecho pública una lista de 70 personas habilitadas para impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que no es real. En esta lista, según el STEPV, se mezcla profesorado interino con servicios prestados con profesorado de las bolsas de trabajo que no han prestado servicios. Y estos últimos no podrán estar en los actos de adjudicación de los puestos porque la bolsa que les permitió obtener la habilitación para impartir la asignatura ha desaparecido con la convocatoria de las oposiciones. Una situación que el sindicato de enseñantes estudia recurrir. "Los errores se acumulan uno detrás de otro, y todo por no hacer marcha atrás y reconocer que la orden del consejero, además de ilegal es imposible de cumplir", indica el STEPV.
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En el borrador de instrucciones para configurar los horarios de la consejería, que se les ha facilitado con motivo de la convocatoria para el próximo lunes de una nueva mesa de negociación, se explica que Educación para la Ciudadanía será impartida "por profesorado itinerante que comparta dedicación con otros centros". Por ello, "el horario lectivo de la citada materia se acumulará en una sola jornada, y si la dedicación fuera superior a cinco horas se agruparían en un máximo de dos jornadas".
El STEPV considera que estas disposiciones vulneran la autonomía organizativa de los centros y la libertad de cátedra y destaca que el documento también hace referencia a la intención de la consejería de impartir esa asignatura en otros idiomas.
"El consejero [de Educación, Alejandro Font de Mora] se atreve a citar su propio decreto cuando dice que podrá autorizar que una parte de las áreas del currículo se impartan en lenguas extranjeras", explica el STEPV, que precisa que para hacer efectiva esta autorización es necesario "que haya una solicitud previa y una voluntad manifiesta por parte del centro".
"El consejero es insumiso con su propia normativa", señala el sindicato, que pide al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que destituya a Font de Mora y que ponga "un poco de cordura a tanto disparate".
04 Jul 2008
El Govern recorre l'ordre del Consell sobre EpC. 04/07/2008.
El Govern recorre l'ordre d'EpC de la Conselleria d'Educació de la CV. 03/07/2008.
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El Gobierno recurre la orden del Consell de Ciudadanía en inglés
La Generalitat insiste en que los rebeldes "se atengan a las consecuencias"
El Gobierno presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat que obliga a impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía en inglés por considerar que "incumple la ley" y "asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos en materia de organización y en el proyecto educativo propio de cada centro". A través del Ministerio de Educación, el Gobierno ha solicitado "la nulidad de pleno derecho" de la norma valenciana y "la suspensión cautelar" para que no entre en vigor cuando empiece el próximo curso escolar, en septiembre, según explicó en rueda de prensa la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, informa Antia Castedo.
La norma valenciana establece dos opciones para cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: la opción A, que es la curricular pero deberá ser impartida en inglés; y la opción B, en la que los padres seleccionarán la parte del temario con la que quieren que sus hijos se examinen a través de un trabajo trimestral, sin tener que asistir a las clases presenciales.
El Gobierno socialista considera que el Ejecutivo autonómico del PP "incumple la ley y entorpece que se cumplan los objetivos pedagógicos de la asignatura", añadió Almunia. El ministerio había recurrido el decreto de currículo de esta asignatura desarrollado por seis Ejecutivos autonómicos del PP, menos el valenciano. No obstante, el paso dado ayer contra la orden de aplicación pidiendo la "nulidad" y "suspensión cautelar" supone un doble revés para el Consell de Francisco Camps.
La Generalitat valenciana se reafirmó ayer en la "legalidad" de su orden de Ciudadanía en inglés -que también han recurrido CC OO y STEPV- por considerar que es "plenamente legal y cumple todos los requisitos de la legislación vigente, mientras los tribunales no digan lo contrario".
La subsecretaria autonómica, Concha Gómez, fue más lejos y acusó al Gobierno socialista de "pretender saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado". Gómez remató: "La orden es taxativa: la lengua en que se imparte Ciudadanía es exclusivamente en inglés y se ofertarán dos opciones. Quien impida su cumplimiento tendrá que atenerse a las consecuencias legales".
Los sindicatos coincidieron ayer en que la decisión del Ministerio de Educación de recurrir la orden prueba que la orden es "claramente ilegal" resumió Albert Sansano, del STEPV, quien confía en que "la suspensión cautelar dé oxígeno al sistema educativo valenciano".
"Nos alegramos mucho de que por fin el ministerio comprenda lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. Los tiempos corren ya a favor de la suspensión cautelar que interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que, ahora, también solicita el ministerio", puntualizó Luis García Trapiello, de CC OO.
Gerardo Fernández, de Fete-UGT, añadió que "el recurso del Gobierno era necesario para ayudar a los profesores, directores y centros valencianos que se oponen a aplicar una orden que puede vulnerar hasta tres normas autonómicas y estatales".
La Asociación Profesional de Directores del País Valenciano se congratuló por el respaldo a la petición formal a la Generalitat, realizada el miércoles, para que diera garantías jurídicas por escrito de que los profesores no violarán la ley si aplican la orden valenciana, de la que no han obtenido respuesta alguna.
La Ley Orgánica de Educación permite la implantación gradual de la asignatura de Educación para la Ciudadanía entre este curso y el próximo. Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura han sido las siete primeras comunidades en impartirla, y el resto tendrá que hacerlo en septiembre. Según la secretaria de Estado, la orden valenciana "perjudica a los alumnos, al negarles un derecho que ya han ejercido 200.000 jóvenes de siete comunidades. Las familias, los centros y alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", sentenció la secretaria de Estado de Educación.
El Gobierno reconsideraría el recurso a Ciudadanía si hay "algún cambio" en la orden
12:41 El delegado del Gobierno puntualiza que que mientras la normativa siga en vigor, "no queda otra solución que recurrir ante los Tribunales y solicitar la suspensión cautelar". Peralta respondió así a preguntas de los periodistas sobre el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), contra la orden de la Generalitat sobre organización pedagógica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), tras la inauguración de la nueva Oficina de Información y Atención al Cliente de la Estación del Norte de Valencia.
Asimismo, aseguró que, tanto desde el Gobierno como desde la delegación, "se ha intentado conseguir que la normativa autonómica se ajustara a la estatal" pero resaltó que, "tras constatar que esta voluntad no tiene acogida por parte de la Conselleria de Educación, no nos queda otra solución que plantear el recurso ante los tribunales con el objetivo de que se declare que dicha normativa autonómica no se ajusta a la estatal".
Según explicó el delegado del Gobierno, el recurso se interpone en atención a los "muy importantes perjuicios que podrían derivarse para los alumnos si se les aplicara una normativa autonómica que finalmente fuera derogada" y, por ello, en la demanda presentada por el Ministerio de Educación, "se va a solicitar la suspensión cautelar de la normativa autonómica".
Además, Peralta subrayó que el Gobierno concede la "máxima importancia" a que la formación en valores sea un objetivo "indispensable" de todo el proceso educativo, "siguiendo recomendaciones y acuerdos del Consejo de Europa, la Unión europea y otros organizamos internacionales".
"Esta convicción del Gobierno la compartieron en su momento los representantes democráticos y quedó plasmada en la ley aprobada por las Cortes Generales", puntualizó el delegado del Gobierno, quien señaló que, en desarrollo de dicha ley, el Ejecutivo aprobó una determinada normativa que "hoy se aplica en siete comunidades autónomas y a más de 200.000 alumnos con absoluta normalidad".
En este sentido, lamentó que "es precisamente en la Comunitat Valenciana y, como consecuencia de la normativa autonómica, donde se ha planteado un problema que --aseguró-- inmediatamente ha sido asumido en los distintos centros educativos por las organizaciones de padres y los propios alumnos".
El Ministerio de Educación ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana un recurso contra la orden del Gobierno autonómico que regula la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que prevé que se imparta en inglés.
Esa orden, según el Ministerio de Educación, incumple la Ley Orgánica de Educación, asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa.
Según un comunicado del Departamento que dirige Mercedes Cabrera, se ha solicitado la suspensión cautelar, al entender que "incumple la normativa básica del Estado, porque perjudicaría a los alumnos".
En el caso de que el TSJ admitiera a trámite el recurso del Gobierno, podría decretarse la suspensión cautelar de la orden autonómica y los estudiantes deberían estudiar según el Real del Gobierno.
El ministerio mantiene que la Orden del Gobierno valenciano, del pasado 10 de junio, regula medidas relacionadas con la objeción de conciencia a esa asignatura, en contra de la LOE, de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, "que en ningún caso autoriza esta posibilidad".
La secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha solicitado al conseller Font de Mora "respeto a la Ley y a la comunidad educativa".
Eva Almunia ha recordado que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura Educación para la Ciudadanía con normalidad. "Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", ha indicado la secretaria de Estado, quien ha señalado que "es la misma responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del consejero que parece no tener fin".
Almunia ha recordado que esa "ocurrencia" comenzó anunciando que darían la asignatura en inglés, después planteó dos opciones que perjudican a los alumnos "y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa".
La Orden de la Consellería de Educación, según el Ministerio, no recoge los aspectos básicos de la asignatura Educación para la Ciudadanía recogidos en la LOE, que garantiza unas enseñanzas mínimas y comunes para todo el Estado que permiten, entre otras cosas, la movilidad de los alumnos.
Al articular dos opciones diferentes para la asignatura, la consellería, según el ministerio, asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos: la organización y el proyecto educativo propio. Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria, según el Gobierno, son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica "y no pueden alterarse", concluye el Ministerio de Educación.
La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, reiteró ayer que la orden de la Generalitat para impartir Ciudadanía (EpC) el próximo curso en segundo de ESO "es plenamente legal y vigente, ya que cumple con todos los requisitos de la legislación, mientras no haya un pronunciamiento judicial que diga lo contrario".
Gómez explicó que "quien tiene la potestad legal y la legitimidad para determinar cómo se imparte una asignatura en la Comunitat Valenciana es el Consell dentro del marco de la LOE" y que "la impartición de materias en inglés está recogida en la propia LOE", por lo que consideró que la orden "se ajusta estrictamente a la ley". Gómez recordó que la impartición de esta asignatura en inglés cuenta con el "beneplácito" de la ministra de Educación quien aseguró, en septiembre del pasado año, que le parecía "perfectamente correcto impartirla en inglés como una medida incluida dentro de la mejora del aprendizaje de ese idioma"
asimismo, el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, cree que el recurso presentado ayer parece una "maniobra de distracción" del Gobierno, en lugar de dedicarse a combatir el fracaso escolar y a los "enemigos" del derecho a aprender castellano, a pesar de que la asignatura en la Comunitat Valenciana se impartirá en inglés.
Por su parte, el sindicato Stepv criticó ayer que la Conselleria de Educación no haya publicado todavía las instrucciones sobre ordenación y funcionamiento de los centros para el curso 2008-2009, que debe recoger las diferentes novedades que se han creado durante este curso.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha asegurado hoy que el Consell "va a seguir adelante" con la aplicación de la orden autonómica que regula la asignatura de Educación para la Ciudadanía "en los términos planteados" en esa norma.
El portavoz del Consell ha respondido así, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntado por el recurso que el Ministerio de Educación y Deporte ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que pide la nulidad de la norma y su suspensión cautelar antes de que comience el próximo curso.
Según ha anunciado, "el Consell va a seguir adelante" con su decisión de impartir Educación para la Ciudadanía "en los términos planteados" en la orden de la Conselleria de Educación.
"Tendrán que ser los tribunales los que lo tengan que determinar, porque si dependiera de Zapatero, difícilmente pondríamos una sola iniciativa en marcha en Comunitat, y no podemos estar a expensas de los intentos de paralización que todos los días recibimos", ha puntualizado.
En su opinión, se trata de una asignatura "impuesta" por el Gobierno central que "la Generalitat asume y se propone impartir" añadiendo la posibilidad de que pueda tener un "doble efecto".
En este sentido, ha destacado que los alumnos valencianos, además de aprender los contenidos propios de la asignatura, podrán "continuar la práctica y el conocimiento del inglés", por lo que considera que es "una práctica a aplaudir doblemente", pese a lo cual "tampoco tiene el apoyo del Gobierno de Zapatero".
Además, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, le ha asegurado que el sistema educativo valenciano dispone de "profesores suficientes" y con la cualificación adecuada para impartir la asignatura en inglés a partir del próximo mes de septiembre.
Preguntado por si la Generalitat cuenta con un "plan B" en el caso de que se acuerde la suspensión cautelar de la orden de la Conselleria de Educación, Rambla ha contestado que le "gustaría" que esa pregunta se la hicieran a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia de hoy al término del Consejo de Ministros.
Se ha preguntado, al respecto, si el Gobierno de España "tiene previsto algún plan B con la Comunitat Valenciana para que pueda desarrollar su autogobierno, seguir desarrollando sus competencias normativas y sus proyectos de inversión y de futuro".
"El Gobierno de Zapatero ya lleva cuatro años y medio y todavía estamos esperando un gesto de apoyo a cualquier iniciativa de la Generalitat", ha lamentado Rambla.
El vicepresidente ha criticado que el Ejecutivo socialista no preste "ningún apoyo" a las iniciativas del Consell, bien por "omisión" de inversiones, bien por "acción", presentando recursos "contra el desarrollo del Estatuto de Autonomía" como el planteado contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
"Si hay una decisión judicial, la estudiaremos y actuaremos en consecuencia. Mientras, no hay más plan que el de cumplir la normativa del Estado, que claramente establece la obligación de impartir Educación para la Ciudadanía", ha insistido.
Además, ha dicho que el hecho de impartir la asignatura en inglés "no va a venir nada mal" a los niños valencianos.
03 Jul 2008
El Govern recorre l'ordre d'EpC de la Conselleria d'Educació de la CV. 03/07/2008.
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El Govern ha recorregut l'ordre prevaricadora de la Generalitat Valenciana. El TSJCV ha sentenciat per 17ª vegada contra la Generalitat sobre la unitat de la llengua catalana i ha dit que l'apliqui en la convocatòria d'oposicions d'enguany (Enèsima sentència del TSJCV sobre la unitat de la llengua catalana. 03/07/2008. ) per evitar que torni a recórrer, i a perdre, com cada any, cosa que s'assembla molt a contumàcia prevaricadora. El govern ha denegat el permís a la Universitat Catòlica per a impartir Medicina mentre que la Generalitat es declara en rebel.lia prevadicadora (El Consell desafía al Gobierno al tramitar que la Católica imparta Medicina). La Generalitat es passa pel "forro" la Llei de la Dependència i se'n gasta recursos en obres com la F1. Quedarà tot impune o acabarà aquest Consell davant de la Justícia?
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El Gobierno recurre la orden valenciana sobre Ciudadanía
Educación considera que "incumple la normativa básica del Estado porque perjudicaría a los alumnos"