30 Sep 2008
EpC a la CV: Alguns inspectors rebutgen fer de "comissaris polítics" a les aules però d'altres hi posen l'entusiasme de la BPS. 30/09/2008.
A punt per al primer expedient de la Gestapo. EpC a la CV. 28//09/2008.
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Los inspectores rechazan hacer de "comisarios políticos" en las aulas
NEUS CABALLER
La asociación profesional critica la presión por la Ciudadanía en inglés
La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por la Generalitat tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores encargado de "evaluar y controlar" que se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de Secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 profesionales de un total de 123, denunció ayer su rechazo a "asumir funciones de comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea". En un manifiesto difundido subraya la obligación de los inspectores de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad".
El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores tras las "instrucciones" del Servicio Central ordenando a los funcionarios ir a la caza de docentes, equipos directivos o claustros declarados en rebeldía que solo den la clase en valenciano o castellano. Cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura "obligatoria" más y que "la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas".La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los Derechos Humanos y la Constitución.
Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando alguna área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".
Sin embargo, la orden de la Consejería de Educación, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).
La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Ciudadanía, entre docentes e inspectores, para tratar de que se dé en inglés en las 2.120 aulas de 2º curso de Secundaria que han estrenado esta asignatura, ha dejado de lado el esfuerzo administrativo y de profesionales que debiera de haberse destinado a implantar el inglés en las etapas de Infantil y Primaria. Los dos niveles, donde la LOE obliga a generalizar el inglés este año.
Así lo entiende Adide al recordar a la consejería que "es en esta línea donde se debería disponer prioritariamente de recursos y medios de todo tipo para conseguir un alumnado competente en las tres lenguas del sistema educativo (valenciano y castellano, como lenguas oficiales, y inglés o francés, como las lenguas extranjeras)".
Ni una cosa ni la otra. La presidenta de la asociación valenciana, Tudi Torró, denuncia que "25 años después del Estatuto valenciano y la Llei d'Ús i Ensenyament, los profesores siguen llegando a los centros sin la formación para poder impartir clases de línea en valenciano, ni tampoco se catalogan las plazas docentes para lograr un nivel adecuado de capacitación".
La inspección levanta acta al Ballester Gozalvo por no dar Ciudadanía en Inglés
09:07 Educación afirma que en los institutos no hay un incumplimiento generalizado de la norma La inspección educativa, tras la llamada y posterior visita del funcionario correspondiente al instituto de Educación Secundaria Ballester Gozalvo de Valencia, ha levantado acta de que en sus aulas de segundo de la ESO no se imparte la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Inglés, como imponen la orden y resolución de la Conselleria de Educación, según explicaron ayer. En este centro se da la citada materia en las lenguas oficiales de la Comunitat: castellano y valenciano y por profesores del departamento de Filosofía.
Entre otros motivos, en el instituto -cuyo claustro docente fue el primero que antes del verano se pronunció en contra de la norma dictada por la conselleria- no se está enseñando la materia en Inglés porque -al menos hasta ayer- la profesora asignada por Educación no ha llegado a dar sus clases al presentar una baja.
Esta profesora, explicaron fuentes del instituto a Levante-EMV, pertenece al área de Inglés y desconocía que tuviera que impartir la asignatura de Ciudadanía ya que según el real decreto ministerial ésta es responsabilidad de los docentes de los departamentos de Geografía e Historia y de Filosofía.
En el Ballester Gozalvo, en donde se considera que "estamos haciendo bien la cosas" para que no se les diga que incumplen la norma, añadieron que "no se nos pude obligar a que los profesores de Inglés realicen tareas de traducción en Ciudadanía porque no tememos horas. Antes del verano, al organizar el nuevo curso, lo que llamamos confesiones, no se reservaron puesto que aquí no se iba a impartir la opción B (trabajos trimestrales en esta lengua)", que fue un aspecto anulado provisionalmente en un auto del Tribunal Superior de Justicia.
Del control que está ejerciendo la inspección educativa para vigilar el cumplimiento de la norma sobre Ciudadanía en Inglés, fuentes de conselleria señalaron que los informes no están concluidos y "no hay prisa". No obstante, afirmaron que se están dando irregularidades pero "no se ha detectado un incumplimiento masivo de la norma". Cabe recordar que el titular de Educación, Alejandro Font de Mora, ha reiterado que no le temblará el pulso para que se respeten sus órdenes.
El inspector, recordaron desde este departamento, instruye el expediente pero no sanciona. Él propone su apertura pero es el director general de Personal quien lo decide y ha de nombrar un instructor y un secretario. Además, se debe dar traslado al profesor interesado para que recurra, si es el caso. Se tarda un máximo de seis meses en resolver. Las sanciones pueden ser leves o conllevar que se aparte al afectado de la docencia o se le suspenda de sueldo.
"La inspección educativa puede realizar visitas durante todo el curso e ir realizando requerimientos a los profesores o la directiva si se sigue incumpliendo" añadieron en esta conselleria.
Las normas y actuaciones de conselleria han provocado tal malestar en el sector público educativo que durante esta semana directores de instituto, sindicatos docentes y profesores han previsto asambleas para acordar movilizaciones.
Conselleria de Educación; ¿ignorancia o mala fe?
Sería ignorancia si no conociera tres datos que le recuerdo: nuestra comunidad ya es líder en fracaso escolar, una en las que más ha crecido el paro y está a la cola de inversión en educación. No hay que ser muy listo, ni siquiera conseller, para relacionar los tres datos. Debería, por tanto, dedicar sus esfuerzos a mejorar el sistema educativo del que es responsable, en lugar de proporcionarnos una astracanada diaria con la que causar la hilaridad en el resto del estado.
Puede ser entonces que los desvaríos que nos viene ofreciendo se deban simplemente a la mala fe. De todos es conocida la oposición frontal que la jerarquía católica y el integrismo más rancio ha presentado a la asignatura Educación para la Ciudadanía. La misma que en su día Iglesia y PP (o AP) opusieron al divorcio, aborto, ampliación de la educación, matrimonio homosexual e incluso a la Constitución. Sobre esto último recordemos que 5 de los 6 votos que hubo en contra fueron de su partido; es normal entonces que se esfuercen para que no se enseñen sus contenidos o se enseñen mal. Al respecto, recomiendo consultar los materiales de Education for citizenship que han colgado en la página web de la conselleria; entre otras perlas se asegura, en su epígrafe España en el mundo. Una cultura, una lengua (One Culture, One Language -sic-) que «Spanish is the official language». Quien estudie estos materiales no tendrá el peligro de contaminarse pensando que hay más de una lengua oficial.
Como gracias al recurso presentado por CC OO-PV quedó desactivada la posibilidad legal de objeción que se perpetró en su día, la conselleria mantiene la sandez de dar la asignatura en inglés como último recurso para que los alumnos y alumnas no entiendan lo que se les pueda explicar sobre ciudadanía, derechos y deberes.
Y no lo entenderán porque su nivel de inglés, en general, no se lo permite. Y esto sí es responsabilidad de los gestores de la educación. Nos dice el conseller que su ocurrencia aumentará el nivel de inglés del alumnado y que por eso se hace. Mentira. El señor Font de Mora no está interesado en mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas porque no ha proporcionado el profesorado necesario para impartir inglés (o francés) en Infantil como dice la LOE. El dinero que debería haberse dedicado a enseñar el segundo idioma desde los 4 años se ha desperdiciado en campañas de propaganda y en financiar disparates.
¿Por qué entonces se dará en inglés Educación para la Ciudadanía? Simplemente para escenificar la oposición al Gobierno central aunque sea a costa de llevar al caos a los centros y al ridículo a los profesionales y las profesionales cuya dignidad debería defender.
No contento con esto amenaza con extender esta situación grotesca al Bachillerato. Pero no en cualquier asignatura; será Ciencias para el Mundo Contemporáneo la agraciada con el inglés, curiosamente otra asignatura que no gusta a la misma Iglesia que quemó a Giordano Bruno por dedicarse a la ciencia y no al oscurantismo y a la superstición,
¿Pensará nuestro conseller en dar también cobertura legal a quien no quiera que se enseñe la evolución, geología, el big bang o la igualdad entre sexos? ¡Ay!, perdón, que eso último ya lo quitaron del currículo de Educación para la Ciudadanía.
28 Sep 2008
A punt per al primer expedient de la Gestapo. EpC a la CV. 28//09/2008.
La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano. 27/09/2008.
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Cristina Manrique: "Tengo miedo al expediente pero dar EpC en inglés es hacer el payaso"
Al borde de recibir el primer expediente de Educación por negarse a impartir EpC en inglés, la profesora de idioma del IES Altaia de Altea espera el respaldo del resto de compañeros de la provincia. Dice que no es más que un paripé político.
-Está usted en la picota. La inspección le ha apercibido esta semana de sanción junto al profesor de Filosofía, Rafael Martí, los primeros expedientes con los que amenazó el conseller por negarse a impartir EpC en inglés.
- Sabemos mi compañero y yo que estamos bajo la mirada de la conselleria. Él se niega a que entren en su aula los de Inglés y yo a entrar para impartir Ciudadanía. Nos están obligando a hacer algo que va contra la ley al estilo de "lo haces o te expediento", cuando la normativa de la Comunidad es de menor rango que la LOE.
-¿Y cómo lo lleva?
- Pues fatal porque nos hemos quedado solos. No sabemos de otros que se nieguen como nosotros, aunque todos opinen lo mismo y digan que la dan pero no la dan, porque como quiere la conselleria no se puede hacer.
-¿Qué piensa hacer?
-En la asamblea de profesores de toda la provincia convocada para el jueves pienso proponer que todos nos pusiéramos de acuerdo, como en nuestro Claustro, para negarnos desde los departamentos de Inglés y así no aparecer nadie como cabeza de turco.
-Esto se veía venir, ¿cómo es que no se han unido antes?
-Estábamos tan alucinados con lo que llegaba que no nos dedicamos a organizar una respuesta unitaria, pero podemos hacerlo ahora.
-¿Por qué tomó una decisión tan difícil y que le expone tanto?
-Han pasado por encima de mis derechos. Yo oposité para impartir una asignatura, el inglés, no para traducir. Además te obligan a dejar las clases de apoyo del inglés para los alumnos porque te imponen el horario de EpC.
-¿En qué sentido se sobrepasan con sus derechos? Se lo pregunto porque el conseller reitera que la ley es la ley y hay que cumplirla.
-Tal y como vino aquí la inspección me sentí tratada como un muñeco. Insultos, gritos del estilo usted se sienta y si no le abro expediente de empleo y sueldo... Son 30 años de carrera y lo mínimo que pido es un respeto a mi trabajo.
-Desde la conselleria dicen que se trata de potenciar el inglés.
-No se puede entender que digan eso cuando lo que hacen es cargarse la enseñanza del inglés y, para el trilingüismo, debe empezarse desde pequeños como una lengua materna. El nivel de inglés exigido para EpC es incluso más difícil que el de selectividad.
-Se le ve muy indignada
-Porque estos datos lo que indican es que no quieren que se de la asignatura. No pueden hablar de potenciar el inglés cuando no se plantean grupos reducidos de alumnos con más profesores de idioma. En mi clase de inglés hay 28 alumnos, un tercio me puede seguir en el nivel elemental del currículo de segundo de ESO, cinco tienen adaptaciones curriculares significativas (ACS) y necesidad de educación especial y otro 8% procede de Europa del Este y no sabe castellano, o bien de sudamérica y no han dado inglés. ¿Cómo pretenden que a este grupo se le imparta Ciudadanía, con un nivel de inglés más elevado que el de mis clases de idioma?
-¿Cómo puede dar su clase?
- Pues trabajando como le digo las adaptaciones curriculares y preparando hasta cuatro exámenes distintos con cuatro niveles.
-La conselleria querrá eso mismo pero con EpC en inglés.
- No tengo por qué dar una asignatura que no es mía. Es nuestro derecho como profesores que optamos en su día a una plaza y tenemos el horario cubierto.
-Insiste en negarse.
- Con 30 años de docencia no puedo entrar en un aula a hacer el ridículo porque al traducir te las ves y te las deseas cuando no dominas una materia. Dar una asignatura de golpe en inglés es hacer el payaso y me ha costado muchos años ganarme el respeto y la autoridad como para entrar ahora en las clases y que los alumnos se rían de nosotros. Sólo sirve para generar follón y que nadie aprenda.
-¿No tiene miedo al expediente?
- El miedo es algo muy personal y legítimo porque un expediente implica obstáculos en los trienios y demás. Tengo miedo, claro que sí, pero soy mayor de 55 años y me han demostrado que el inglés les importa un bledo: en todos estos años no se sustituye al profesor de inglés cuando falta y se rompe la asignatura; faltan profesores de inglés en toda la Comunidad; tampoco los ponen en Infantil y han impuesto EpC en inglés sin consultar a ninguno de nosotros.
-¿Es tan penoso trasladar lo que indique el profesor de Filosofía?
-Ni siquiera en mis propias clases puedo hablar a los alumnos todo el tiempo en inglés. Al explicar un texto nuevo debo hacerlo en castellano en segundo de ESO. Es todo caótico pero incluso si hubiéramos percibido buena intención desde la conselleria se habría tratado de buscar alguna solución, pero es que se tiene muy mala intención y no es más que un paripé político que pagan primero los chavales y después los profesores.
-Hasta el punto de sancionarles
-Se nos dijo que si es que no nos enterábamos, que el que debía hablar en la clase era únicamente el de Inglés pero sin traducción, así que resulta disparatado y demuestra que se pretende que los alumnos no se enteren de nada. ¿Qué se supone que tengo que contestar a los estudiantes si me preguntan sobre algún contenido?
-¿La asignatura le gusta al margen?
-Creo que es fundamental para que se funcione mejor en los institutos y para que los padres ayuden a sus hijos. Los padres estaban intranquilos sobre lo que habían oído de que adoctrinaba. Les dejamos los libros, que los leyeran. No se trata de que todo el mundo deba ser homosexual y abortar sino del respeto, de la Constitución y de convivir en paz. Tenemos cantidad de problemas en la sociedad por la falta de respeto y los más débiles son los que siempre reciben los palos.
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"Los profesores que damos Ciudadanía en inglés hacemos un paripé absurdo para evitar sanciones"
Uno de los once docentes de Filosofía, "héroes" según el conseller Font de Mora por ofrecerse a dar EpC en inglés, reconoce que imparte la materia en castellano porque los alumnos no entienden nada
"Introduction.The integral dimension of the personal life. The first unit. The reality of human life is peculiar and complicated. Are there different answers to the question what is a human being? Each individual's point of view is even more difficult. Who I am? What makes me who I am?". Así debería comenzar la clase de Educación para la Ciudadanía -en 2º de la ESO, con alumnos de 12 años- según las directrices de la Conselleria de Educación. Sin embargo, la realidad es bien diferente. "¿Cuántos de vosotros sabéis inglés?", pregunta el profesor de Filosofía encargado de dar la materia. La mayoría de la clase levanta la mano. "Muy bien. Decidme alguna frase en inglés", continúa el maestro. Y los alumnos, orgullosos, lanzan sus conocimientos a voz en grito: "Blue, pencil, my name is...". Cuando el profesor lee los enunciados escritos en un power point, en inglés, -concretamente el inicio de este reportaje- las caras de los alumnos son un poema. No entienden nada.
El profesor domina la lengua británica pero se niega a dar la asignatura en inglés. Y es precisamente por ese motivo por el que ni quiere aparecer en fotografía alguna, ni que su nombre se haga público ni que se sepa el instituto en el que ejerce la docencia. Teme las represalias de la Conselleria de Educación y sabe que los inspectores están controlando que la asignatura se imparta en inglés. A él, -que ha sido calificado por el propio conseller Alejandro Font de Mora como un "héroe" por tener la licenciatura de Filosofía y hablar y escribir perfectamente en inglés- le parece una "aberración" que le obliguen a dar la clase en una lengua que los propios alumnos no entienden.
Sanciones y represalias
"¿Para qué voy a dar la clase en inglés? El objetivo es que los alumnos aprendan. Y está claro que lo que saben de inglés es nada. La Conselleria de Educación quería boicotear esta asignatura y lo ha conseguido. Lo que estamos haciendo los profesores es un paripé absurdo para evitar sanciones y represalias", asegura este licenciado en filosofía. Y es que, lo único que implica leer los enunciados en inglés -y luego traducirlos- es "perder el tiempo". "No quiero, ni por un instante, que el Consell piense que es viable dar la asignatura en inglés. Si realmente el gobierno valenciano se preocupara por la educación, la adaptación de Educación para la Ciudadanía en la Comunitat Valenciana sería bien diferente". Y, para que quede claro, cita dos ejemplos "donde se ve claramente" que es el propio Consell quien determina "una orientación concreta" a la asignatura. "En el currículo global se marca el apartado de 'la Globalización'. Pues en la Comunitat, este apartado se concreta en 'La globalización como motor de desarrollo'. O en el apartado 'Conflictos Sociales', los niños valencianos deben estudiar concretamente: los nacionalismos, los radicalismos religiosos y la inseguridad. Nada más. Así lo han puntualizado en los programas. Si eso no es adoctrinar...", asegura.
Y es que, según uno de los "héroes" de Font de Mora, "ni tan siquiera el currículo de la asignatura está adaptado para niños de 12 años. Los contenidos son difíciles para los alumnos de 2º de la ESO". Sin embargo, el protagonista de esta historia -que se define como un "profesional del pensamiento"- está decidido a que sus alumnos aprendan a pensar por sí mismos. Porque ése, "y sólo ese" es el objetivo de una asignatura "que es polémica por una lucha absurda de partidos que perjudica a los alumnos". Este maestro valenciano especifica que la asignatura que se da en 4º de la ESO -Ética y Ciudadanía- es "exactamente la misma asignatura, idéntica, que la que se conocía como Ética hace unos años. Tiene exactamente los mismo temas. Pero no es obligatorio darla en inglés".
En cuanto a la de Educación para la Ciudadanía -asignatura obligatoria en 2º de la ESO- el filósofo argumenta que "los valores en los que incide la materia estaban dispersos en otras asignaturas. Tan sólo se pretende la formación en valores de forma trasnversal, y eso ya estaba reflejado en la Logse".
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El sindicato de enseñanza STE-PV denunció ayer "presiones" por parte de la Conselleria de Educación sobre el profesorado del instituto de secundaria Altaia de Altea por impartir Educación para la Ciudadanía en valenciano y no en inglés. Los dos inspectores llegaron al centro alrededor de las 12 y lo abandonaron a las 14:45. Durante este tiempo se entrevistaron a puerta cerrada en el despacho de la directora del instituto de manera individual y sin testigos presenciales con ésta y los profesores de Filosofía, Rafael Martí, y de Inglés, Cristina Manrique.
El profesor de Filosofía, Rafael Martí, explicó que estuvo solo con los dos inspectores unos cuarenta minutos: "Les he dicho que me niego a impartir la clase de EpC en inglés y que lo hago en valenciano. Han levantado acta de mi actuación y me han apercibido de posibles sanciones por mi negativa a cumplir la ley". Martí añadió que "esta vez han venido dos inspectores para acobardarnos, pero yo me mantengo en mis convicciones y mi postura contraria a lo que pide Consellería, razón por la que me han dicho que se puede abrir un expediente que supondrá la pérdida de empleo y sueldo durante el tiempo que ellos consideren, un mes, dos meses o todo el curso. A pesar de ello -apostilló- me mantengo en mi postura, pues contamos con el apoyo de los padres y del claustro de profesores. Estoy convencido de que actúo bien. De hacer lo contrario no podría dormir, porque aceptar esta imposición perjudica a los alumnos". Por su parte, la profesora de Inglés, Cristina Manrique, indicó que los dos inspectores "están ejerciendo una presión y una tortura muy sutiles para que desistamos en nuestra negativa a dar EpC en inglés". Manrique afirmó sentirse "presionada por estos dos inspectores, que están haciendo los papeles de poli bueno y poli malo". La directora del instituto, Vicenta Llorca, matizó que no ha habido tal "interrogatorio", sino que los inspectores han ido "a confirmar mediante un requerimiento la postura del centro".
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27 Sep 2008
La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano. 27/09/2008.
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La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano
NEUS CABALLER
El rechazo unánime del claustro docente del instituto público IES Altaia de Altea a impartir la versión inglesa de Education for Citizenship y su reafirmación en dar esta materia en valenciano -como el resto de asignaturas- le ha convertido en blanco de las "presiones" por parte de la Administración educativa. Según denuncia el STEPV, este instituto de La Marina Baixa recibió ayer "otra visita" de la inspección educativa -en esta ocasión, por parte de dos funcionarios, no uno- para "interrogar de nuevo al profesorado que imparte Educación para la Ciudadanía y comprobar si la imparten en valenciano como comunicaron en su primera visita o en inglés".
Los profesores afectados, la dirección y el claustro ratificaron su postura de impartir la materia en valenciano. Y la inspección "ha levantado acta" de la sesión y, en tono amenazante, ha advertido de que "ya recibirán noticias".
Ambos inspectores no han tardado en cumplir con diligencia las "instrucciones" reiteradas el lunes por la jefa de los Servicios Centrales de la Inspección Educativa, Susana Sorribes, a todo el cuerpo de inspectores para que se movilicen y visiten todos los institutos valencianos para "controlar Ciudadanía si se da en inglés".
Pese a que la actuación ha sido criticada por los sindicatos -porque responde al modelo de inspección franquista- los funcionarios no han permitido la presencia de delegados sindicales durante el "interrogatorio" a los profesores.
26 Sep 2008
EpC a la CV. 26/09/2008.
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El Gobierno pide superar los "disparates" de Ciudadanía
N. C.
La secuencia de "malestar" creciente y la "preocupación" de los profesores, equipos directivos y padres de alumnos sobre el curso que ha tomado el "enfrentamiento" de la Generalitat Valenciana con el Gobierno central por la conflictiva implantación de la versión inglesa de Education for Citizenship llevaron ayer al Gobierno -a través de su delegado, Ricardo Peralta- a pedir que se superen de una vez los "disparates" en torno a esta asignatura. Tras reunirse con representantes de la Intersindical Valenciana, Peralta pidió "un sobreesfuerzo de compromiso" a la comunidad educativa para superar "los disparates" realizados a través de las distintas órdenes dadas por la Consejería de Educación, en su huida hacia adelante por "poner desorden" en esta materia, introducida por la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). Una ley del Gobierno socialista para formar a los jóvenes en Derechos Humanos, pero que los sectores duros del PP "objetan" por considerar que sólo pretende el "adoctrinamiento" de sus hijos.
"Esto se podía terminar si por parte de la Consejería de Educación se adoptara simplemente sentido común", insistió Peralta, al término del encuentro, en el que recordó que el Gobierno "impugnó" la norma autonómica del Consell y que "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó la suspensión cautelar de parte de esa normativa". "Ahora, estamos a la espera de la sentencia del tribunal valenciano y de lo que diga el Supremo", zanjó.
Los miembros de la Intersidical también achacaron el "problemático inicio de curso" a las instrucciones, muchas de ellas contradictorias, dadas por la consejería "en un intento de las comunidades gobernadas por el PP de bloquear y boicotear esta asignatura".
Lejos de achantarse, el responsable del ramo, Alejandro Font de Mora, afirmó que lo que "la izquierda pretende es que el Gobierno de Zapatero revoque las competencias educativas de la Comunidad Valenciana". "Todas estas peticiones de amparo al Gobierno pretenden de manera velada -pero evidente- un intervencionismo del Estado".
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Padres y alumnos se rebelan en Altea
El AMPA del IES Altaia se niega a que sus hijos estudien Ciudadanía con traductor
Diego Coello, Altea
Los padres del instituto Altaia de Altea mantendrán su postura "hasta que el conseller de Educación reconsidere que su decisión perjudica a nuestros hijos e hijas porque se les obliga a recibir clases con un nivel de inglés para la Selectividad y no para niños de 11 y 12 años, que carecen de los conocimientos adecuados en esta lengua", señaló ayer la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Raquel Pérez.
A las ocho de la mañana de ayer, se inició la "huelga" de los alumnos afectados con el apoyo de un grupo de padres y madres que permanecieron con ellos en el exterior del instituto durante la hora de clase de Ciudadanía. Según Raquel Pérez, esta asignatura "debe ser tratada como las demás. Los alumnos de 2º de ESO no tienen suficiente nivel para recibir la clase en inglés, y pedimos que se imparta en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad".
La presidenta aseveró que la "traducción simultánea" (el profesor de Filosofía ha de explicar al alumnado la materia en la lengua junto a un profesor de inglés que ha de traducir sus palabras) es un método "antipedagógico, absurdo, grotesco e improcedente. No sólo en esta signatura, sino en cualquiera, por no hablar de la pérdida de tiempo y recursos", y esta es la razón principal por la que han decidido apoyar la "huelga" de sus hijos "hasta final del curso, si es necesario" y durante el tiempo que dure esta medida "haremos con nuestros hijos otras actividades extraescolares para que no pierdan el tiempo".
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, calificó en Valencia de "esperpento" que se imparta en inglés Ciudadanía.
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| Benvinguts al web site de la Confederació Gonzalo Anaya |
| L’anglés IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE perquè ens lleva el dret a triar la llengua que volem per a l’educació dels nostres fills i filles. IMPOSSIBLE perquè els alumnes, als 12 anys, no tenen nivell d’ anglés requerit. IMPOSSIBLE perquè els nostres filles i filles no entenen la matèria en anglés i no l’aprovaran. IMPOSSIBLE perquè com ha dit la justícia no es poden avaluar els coneixements d’anglès. IMPOSSIBLE perquè envaeix la llibertat de càtedra del professorat. IMPOSSIBLE per falta de professors d’anglés. IMPOSSIBLE per ser una OBSSESSIÓ POLÍTICA que ha tocat l’extrem de la repressió i la persecució dels professors i de les professores que ensenyen en valencià o en castellà la matèria; l’exemple més evident d´un govern objector de CIVISME I DEMOCRÀCIA, i que sols pretén fer fum per tapar els problemes reals de l’ensenyament valencià, abandonar progressivament l’escola pública i donar suport d’una manera encoberta els valors i propostes de l’Episcopat i l´ensenyament concertat. . Consideren que tota la polèmica generada només és una cortina de fum per a tapar els problemes reals de l´educació pública valenciana Des de Per tot això, representants de l´organització majoritària d’associacions de pares i mares d´alumnes fan un "S.O.S" per a l´Educació per a
. "No es pot ensenyar als 12 anys una matèria en anglés quan no es té el nivell requerit igual que en Educació Física no se´ls podria fer córrer una marató encara que ho marcara una llei". Amb estes paraules volen explicar els representants de FAPA València, FAPA Castelló Penyagolosa i FAPA Enric Valor Alacant a totes les seues AMPA, com és d’impossible aprendre Educació per a . S.O.S Educació per a S.O.S Enseyament Públic Valencià . |
25 Sep 2008
La Gestapo de Font de Mora: Los inspectores entran en las clases por primera vez desde el franquismo. 25/09/2008.
CV: A la caça del professor dissident. 23/09/2008.
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Alejandro Font de Mora -y Millán Astray- ha seguit caminant cap a la repressió de la dissidència del professorat. Aquest individu no té línits ni decància.
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Los inspectores entran en las clases por primera vez desde el franquismo
NEUS CABALLER
Los funcionarios "visitan" el aula de Ciudadanía e interrogan a los profesores
La entrada de un inspector en medio de una clase lectiva para realizar tareas sistemáticas de "control" en los institutos públicos no se producía desde el franquismo. Es lo que le faltaba al sistema educativo valenciano para añadir más "tensión" a la ya de por sí complicada implantación de la versión inglesa de Education for Citizenship en inglés, traducida por la Generalitat, comentan profesores y representantes.
En las aulas valencianas de 2º curso de ESO, además del tutor de Ciudadanía impartiendo su clase y del vehiculador de inglés traduciéndola, ha irrumpido la figura del inspector, que "entrevista" al profesor y rellena informes "confidenciales". Pero no en inglés, en castellano.
Las instrucciones, de ocho páginas, elaboradas por el Servicio Central de la Inspección Educativa consisten en que "el inspector, una vez en el centro, entreviste primero al director". Posteriormente, "pase a interrogar al o los profesores que imparten Ciudadanía en inglés". Y, por último, "si durante su estancia se imparte una clase lectiva, debe visitar el aula".
Con esto, el inspector habrá rellenado en 45 minutos tres "documentos confidenciales" numerados y archivados bajo el epígrafe de "Visita al aula de Educación para la Ciudadanía", interrogado a tres profesionales, e interrumpido a los alumnos para vigilar si "la materia de Ciudadanía, ¿se da en inglés?".
Órdenes de este tipo, orientadas específicamente al control de una materia, no se habían dado antes, advierte Manolo Picó, de CC OO. "La normativa actual, desarrollada tras la desaparición del cuerpo único de inspección, limita la visita del inspector a ciertas clases de Primaria, con un maestro de prácticas y cuando haya un conflicto".Éste es el cuadro que han escenificado en los últimos días los 133 inspectores de educación movilizados en los 363 institutos públicos donde se ha estrenado esta asignatura sobre los Derechos Humanos introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que los sectores más duros del PP siguen objetando.
La "tensión" e "indefensión jurídica" que invade a profesores y equipos directivos ha rebasado el vaso de la paciencia con el despliegue de inspectores ordenado por el departamento que dirige Alejandro Font de Mora. CC OO, STEPV y UGT denunciaron ayer una campaña de "amenazas y represión sobre el profesorado y los centros por parte de la consejería". Y cuya respuesta a este "atropello" se traducirá en "un proceso de movilizaciones para defender sus derechos laborales y la enseñanza pública".
A la amenaza de movilizaciones docentes, la consejería acumula a diario una batería de recursos de padres, institutos y sindicatos contra cada nueva orden o instrucción emitida a salto de mata para enmendar la anterior. Una estrategia de la Generalitat por no dar su brazo a torcer, desde el auto de suspensión cautelar dictado en julio, que prohíbe evaluar a un alumno de sus conocimientos de inglés.
Recurso del Gobierno
La preocupación de los padres por que sus hijos no aprueben una materia obligatoria para pasar de curso y obtener el título de Graduado llevó ayer a la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya a pedir al Gobierno para que vele por el cumplimiento de la LOE en esta autonomía gobernada por los populares. Su vicepresidenta, Gemma Piqué, insistió en que es "matemáticamente imposible dar Ciudadanía en inglés porque faltan docentes".
El subdelegado de Gobierno, Luis Felipe Martínez, reiteró a la Administración Camps que la forma en que se imparte Ciudadanía "vulnera la legislación autonómica y estatal". Martínez advirtió del "problema" que ha generado a los profesores ya que "al ser funcionarios tienen que aceptar un régimen disciplinario" y una norma que "no se ajusta a derecho".
Tras ganar la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en julio, el Gobierno formalizará en los próximos días su demanda judicial contra la orden valenciana que promovía una opción B para objetores y el inglés como lengua vehicular porque "invade competencias" y "vulnera leyes estatales y autonómicas".
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Los profesores se organizan para realizar las protestas contra la conselleria
Levante-EMV, Valencia
Los sindicatos UGT-PV, CC OO-PV y Stepv-Iv han convocado para el 2 de octubre asambleas unitarias de profesorado de la enseñanza pública para valorar el inicio del curso escolar 2008/09, explicar los recursos contra las actuaciones de la Conselleria de Educación y presentar las propuestas unitarias de movilizaciones del profesorado para "defender sus derechos laborales y la enseñanza pública", informaron ayer.
También, en la enseñanza concertada han convocado una concentración para el 6 de octubre para protestar por el recorte presupuestario que ha imposibilitado la homologación al 100% de los profesores, según indizaron en un comunicado conjunto, FSIE, CC OO y UGT. El STE-PV ha mostrado su respaldo.
Entre otros asuntos, se tratarán la impartición de la Educación para la Ciudadanía (EpC), el desarrollo de la LOE, los incumplimientos de los acuerdos de Salud Laboral, Educación Infantil o de los complementos de los cargos directivos, las infraestructuras y la situación del profesorado interino. Los tres sindicatos consideraron que "hay que decir basta a las amenazas y a la represión sobre el profesorado y los centros" por parte de la conselleria. Otro aspecto es la actuación de la inspección educativa "con presiones desproporcionadas", según FETE.
Por su parte, El PP en las Corts defendió el inglés en la asignatura de Ciudadanía en una propuesta presentada en el Debate de Política General en la que se instaba al Consell a fomentar el plurilingüismo. La oposición, en sendas propuestas criticó que el Consell "utilice de manera partidista" al alumnado valenciano.
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Los directores de Primaria cuestionan las destituciones por motivos políticos
M. Ducajú, Valencia
La Permanente de Directores de Colegios Públicos de Primaria, que se reunió ayer en Valencia para analizar el desarrollo del comienzo del curso en sus centros, mostró su preocupación y rechazo a que puedan ser cesados del del cargo por al el color del cariz político que en ese momento tenga la Conselleria de Educación.
Los directores recordaron la situación que ha sufrido el curso pasado el director del colegio El Castell de Almoines, Batiste Malonda.
En concreto, del inicio de clases, la permanente destacó las "carencias y dificultades para matricular en algunos barrios por lo que se ha tenido que habilitar barracones por falta de espacio" así como el tratamiento hacia la educación especial porque "se han reducido logopedas o anulado en algunos colegios; los educadores brillan por su ausencia y faltan profesores de educación compensatoria" lamentó en declaraciones a Levante-EMV una de las directoras asistentes a la reunión.
Otra cuestión que criticaron es la salarial ya que el acuerdo para pagar algunos complementos a los equipos directivos, de mayo de este año, "ni han sido cobrados ni publicados en el Diario Oficial" añadió.
Respaldo de ANPE
Por su parte, el sindicato ANPE mostró ayer su apoyo a los equipos directivos porque "siguen sin recibir el aumento firmado por la Administración y varias organizaciones sindicales", señalaron en un comunicado. Este sindicato "exige que la conselleria haga efectivas las cantidades que se acordaron para este colectivo que cada vez tiene asignadas más funciones".
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El PP a les Corts Valencianes podria aprovar qualsevol cosa o derogar la llei de la gravetat. Per a això són professionals de la cosa. Amb Borja Mari Costa al front.
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Las Corts aprueban impulsar el plurilingüismo y rechazan EpC en castellano o valenciano
20:06 Les Corts Valencianes han aprobado una propuesta de resolución presentada por el grupo popular para impulsar el plurilingüismo en el sistema educativo, mientras que han rechazado otra presentada por el PSPV-PSOE para que Educación para la Ciudadanía se imparta en castellano o en valenciano.
EFE Durante la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la Comunitat se han debatido las 122 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, de las que se han aprobado las 38 del PP y seis de la oposición, el texto de cinco de las cuales ha sido consensuado con los populares.
El PP ha aprobado en solitario una propuesta de resolución en la que se afirma que el sistema educativo valenciano debe continuar desarrollando métodos de "tratamiento integral de lenguas y utilizando las lenguas vehiculares en el aprendizaje de contenidos".
La diputada del PP María Rosa Barrieras ha destacado que ésta es "una medida social que apuesta por la igualdad de oportunidades para todo el alumnado", ya que gracias a este sistema "los que tienen menos recursos podrán acceder a la enseñanza del inglés".
El diputado socialista Adolf Sanmartín ha rechazado respaldar esta iniciativa y ha defendido que al PP "le importa un comino" que los alumnos aprendan en inglés y se ha mostrado convencido de que utilizan este idioma para "pegarle bastonazos en la cabeza al presidente del Gobierno".
Sanmartín ha acusado al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de utilizar a los alumnos valencianos de "forma sectaria y partidista" y ha instado a los populares a impartir Educación para la Ciudadanía en castellano o en valenciano, "de acuerdo con las líneas establecidas en cada uno de los centros educativos".
En este sentido ha hecho un llamamiento al profesorado de los centros públicos para que "acogiéndose a la orden que ha publicado la Conselleria impartan la asignatura en las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana".
El diputado del PP Mariano Castejón ha explicado que su grupo no puede renunciar a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés porque es una manera de "situar el sistema educativo valenciano enla vanguardia de la enseñanza" y va en la línea de lograr que los estudiantes estén preparados frente a la "globalización".
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23 Sep 2008
CV: A la caça del professor dissident. 23/09/2008.
PP, EpC i Educació la CV. 22/09/2008.
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A la caza del profesor disidente
NEUS CABALLER
Educación moviliza a sus inspectores para vigilar que Ciudadanía se dé en inglés
La consejería de Educación ha movilizado a los 133 inspectores de que dispone para que controlen a los profesores y directores de instituto disidentes con la normativa que obliga a los docentes a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. La orden, firmada por la jefa de los Servicios Centrales de la Inspección Educativa, Susana Sorribes, ha generado tensiones entre los inspectores, algunos de los cuales mostraron su malestar por unas instrucciones que consideraron "inéditas" y que les provocaba "vergüenza ajena". La asignatura Education for Citizenship and Human Rights, como la denomina oficialmente la Consejería, debe impartirse en inglés en las 2.120 aulas de 2º de ESO de la Comunidad Valenciana.
El "método" que utilizan los inspectores para controlar que los institutos siguen fielmente las directrices consiste en que uno de sus miembros -"siguiendo órdenes de la superioridad", subraya Jesús Herreros, director del IES Enric Valor de Picanya- llame todos los días por teléfono y se persone en el centro varias veces a la semana para preguntar por el funcionamiento de la asignatura y constatar que haya dos profesores por aula: el que da la asignatura y el que la destraduce al inglés.
Esta obsesión por el cumplimiento estricto de la normativa hace aún más notable las deficiencias existentes en otras materias. El director del Enric Valor recordaba ayer mismo que en su centro faltan 3 profesores de Matemáticas que se encuentran de baja por enfermedad y, sin embargo, a estas alturas del curso, la consejería no le ha mandado ningún sustituto.
Educación para la Ciudadanía, pese a contar con toda clase de apoyos oficiales, también tiene problema para impartirse de acuerdo con la normativa. Hasta 30 centros no pueden ofrecerla en inglés porque los "profesores-itinerantes" que deben oficiar de traductores-vehiculadores, según la jerga oficial, no han aparecido. Un director de instituto manifestaba a este periódico que el martes de la semana pasada la consejería le anunció que no podía enviarle ninguno de estos docentes itinerantes. Todavía no ha podido empezar a impartir la asignatura.
Pero lo que no falta es la llamada diaria del inspector para ver cómo va.Para "solidarizarse" con los equipos directivos y el profesorado que públicamente ha anunciado que no impartirá Ciudadanía en inglés, los 21 miembros que integran el secretariado nacional del STEPV acordaron -en un gesto insólito- "autoinculparse" ante la Consejería de Educación e "instar a los centros a impartir la asignatura en valenciano o castellano según su programa lingüístico".
El sindicato advierte con este gesto de que los profesores están siendo objeto de persecución por parte de la Administración y "corren el riesgo de la apertura de expediente disciplinario, si el consejero cumple su amenaza".
En esa misma línea, la diputada de Esquerra Unida, Glòria Marcos, denunció que "el consejero Alejandro Font de Mora ha llegado al delirio de enviar inspectores a los centros para controlar que la asignatura de Ciudadanía se imparta en inglés". Marcos calificó el "mecanismo de control y vigilancia" de la consejería de "delirio absoluto" y pidió explicaciones a Font de Mora sobre si "los inspectores se están enviando sólo a los centros públicos o también a los centros privados".
En paralelo, CC OO formalizó ayer ante la sala de lo Contencioso-Administrativo la petición de anulación de la orden valenciana que pretende obligar a impartir Ciudadanía en inglés por considerar que "no tiene ninguna intención pedagógica". El sindicato continúa de esta forma con el proceso judicial iniciado el julio contra la normativa valenciana sobre la que ya pesa una suspensión cautelar parcial del Tribunal Superior de Justicia.
Luis García Trapiello, de la ejecutiva de Enseñanza, denuncia "el catolicismo fundamentalista del Gobierno de Francisco Camps, el consejero Alejandro Font de Mora y la secretaria autonómica, Concha Gómez" y su afán de "dictar órdenes que vulneran las leyes estatales y la Constitución".
"La enseñanza de Ciudadanía en inglés", prosigue, "no responde a una laudable intención pedagógica", sino que tiene como fin "dificultar al máximo" el proceso de "adoctrinamiento" como lo define el PP. El sindicato recuerda que "en 13 años de Gobierno del PP en la Comunidad no se ha utilizado el inglés ni tan siquiera como lengua vehicular en 2º de ESO".
UGT reiteró ayer que ante "las ingerencias, ocurrencias e imposiciones" mantiene su intención de "convocar a la comunidad educativa a movilizarse la primera quincena de octubre contra la política educativa del Consell".
Los consejeros de Educación del PP instan al Supremo a que unifique criterios sobre Ciudadanía
El PP insiste en la retirada de la asignatura al entender que tiene un carácter "doctrinario"
El PP instó ayer al Tribunal Supremo a que se pronuncie de manera definitiva sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y que se "unifique" de este modo la "pluralidad" de sentencias al respecto de esta materia, según explicaron tras una reunión celebrada ayer entre los consejeros de las comunidades con gobierno populares.
Ante estas declaraciones, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera acusó a los populares de "presionar" al Tribunal Supremo para que dicte sentencia en relación a la asignatura "mientras ellos incumplen la ley".
"Mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de la Constitución" el PP defenderá la retirada de esta asignatura, según decidieron en su encuentro los consejeros de Educación de Castilla y León, Canarias, La Rioja, Murcia, Madrid y Valencia, quienes aseguraron ayer que instarán al Gobierno a que se cumplan estas normas si desean que las autonomías que dirigen incluyan EpC en el programa escolar de este año. Con estas declaraciones, los populares mantienen la posición que han mantenido desde un principio considerando que actualmente esta materia tiene un contenido "de carácter doctrinario e ideológico" que pretende formar a los alumnos "en una conciencia moral concreta, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".
Libertad de los padres
En este sentido, los populares mantuvieron que su partido "ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada en la Constitución" y que, por tanto "respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la Objeción de Conciencia, como a los que no". Así, el PP señaló que también apoya "la no impartición" de los contenidos de EpC a los alumnos que no quieran cursarla, sin que ésto perjudique a su expediente. De este modo, el PP instó al Tribunal Supremo a que realice "un pronunciamiento definitivo que unifique doctrina", algo que considera "imprescindible y urgente" ante la "pluralidad de las sentencias al respecto".
La dirección del PP ordena a sus Gobiernos regionales unirse en un boicot conjunto a EpC
ELPLURAL.COM
Ayer al mediodía, Génova 13, sede del PP, acogía a los diversos responsables autonómicos de Educación del partido, un acto al que también acudía Javier Arenas, presidente de los populares en Andalucía. El principal tema sobre la mesa era Educación para la Ciudadanía (EpC), asignatura obligatoria según la Ley Orgánica de Educación a la que los sectores más conservadores -con la Iglesia a la cabeza- se oponen radicalmente. Y aunque en el Partido Popular parece haber un núcleo duro que rechaza frontalmente la clase y otro sector que juega a la ambigüedad, la dirección del partido ha impuesto su criterio: las Comunidades gobernadas por este grupo tendrán que oponerse frontalmente a la materia escolar y avalar la objeción de conciencia.
Castilla y León, Canarias, Rioja, Murcia, Madrid y Valencia, comunidades gobernadas por el PP, han unificado criterios para rechazar EpC. Tal como informa El País, ayer por la mañana el partido cerró filas en su negativa a la asignatura. Hasta la fecha, imperaba la división: una facción dura abogaba por la oposición y el apoyo incondicional a la objeción de conciencia –en el caso de Valencia, el boicot fue más original y la asignatura ha comenzado a impartirse en inglés-, en tanto el resto del partido apostaba por el despiste, sin respaldar a los objetores ni posicionarse contra la materia.
EpC viola la Constitución
Este último es el caso, por ejemplo, de Castilla y León, donde la asignatura había empezado a impartirse con normalidad. Ahora, si embargo, la Comunidad tendrá que romper esta línea educativa o desobedecer la disciplina impuesta desde Génova. El texto aprobado tras la cita de los consejeros de Educación pretende acabar con estas diferencias proclamando que EpC viola la Constitución y conlleva al “adoctrinamiento ideológico”.
“Divide a la sociedad”
“El Partido Popular se ha manifestado en contra de la implantación de esta asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico que, como ya ha recogido alguna sentencia, pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada ‘conciencia moral cívica’, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad”, recoge el documento.
Retirada de la asignatura
Además, los populares exigen que no se imparta la clase hasta que no haya una sentencia del Tribunal Supremo. “El Partido Popular, ante la pluralidad de sentencias, considera imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina. Mientras tanto, defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten. Esta situación no debería perjudicar nunca el expediente de los alumnos”, prosigue el texto.
“Uso partidista de la educación”
El PSOE, por su parte, ya ha mostrado su preocupación ante la “actitud irresponsable” del principal partido de la oposición, que intenta evadir “las leyes aprobadas por las Cortes Españolas”. Cándida Martínez, secretaria de Educación de la formación, ha condenado que se jalee “al absentismo escolar bajo la coartada de un derecho a la objeción inexistente”. La dirigente ha indicado que su partido "asiste con preocupación a la actitud irresponsable de gobiernos autonómicos como los de Madrid, Murcia o Valencia". "Lo más grave es que el PP ha demostrado que no le importa hacer un uso partidista de la educación, sin reparar en las consecuencias y la vulneración del derecho a la educación de los niños", ha remarcado. "El boicot a la asignatura muestra el rostro más radical y conservador de Rajoy, a pesar de que la realidad es que las comunidades gobernadas por el PP están cumpliendo en términos generales con su obligación”. Aunque, vistas las instrucciones de la Dirección, no se sabe si seguirá siendo de esta manera.
Rouco Varela continúa su cruzada contra la "inconstitucional" EpC
ELPLURAL.COM
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, volvió a cargar ayer contra Educación para la Ciudadanía, sobre la que aseguró que “está claro que se trata de una asignatura inconstitucional, salvo que uno diga: la lógica jurídica hace vacaciones”. Además, Rouco recordó que EpC significa “un problema para la conciencia cristiana en general”.
Según informó la COPE, el prelado hizo estas consideraciones durante la clausura de las I Jornadas Católicos y Vida Pública en Madrid, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, el mismo grupo que comparó al Gobierno socialista con los nazis.
Justicia de vacaciones
Rouco Varela no dudó en calificar la asignatura de Educación por la Ciudadanía de “inconstitucional”, a no ser “que uno diga: la lógica jurídica hace vacaciones”. No obstante, el cardenal mostró su confianza en el sistema jurídico y aseguró que al final de la luz está la justicia.
Sin buena voluntad
De todos modos, el problema de EpC para Rouco sería “fácil” de resolver en caso de que el Gobierno tuviera “buena voluntad”. “Pero es una cosa que no es fácil de que se dé”, añadió el arzobispo de Madrid.
Problema para la conciencia
Rouco también desveló a su audiencia que en la última reunión del Consejo Pastoral de su diócesis, celebra esa misma mañana, también se trató el asunto de EpC. Allí, tranquilizó el cardenal, “que “la conciencia de que la asignatura significa un problema para la conciencia cristiana en general y no sólo para los padres de familia ha quedado bien puesto de manifiesto y bien comprendida”.
Agradecimientos
Los organizadores del congreso, a través de su presidente, Alfredo Dagnino, agradecieron al cardenal el envío a todos los centros católicos de una instrucción en la que recalca su oposición a la asignatura y explica los pasos a seguir por quienes deseen objetar contra ella. Dagnino señaló que los católicos en España tienen “grandes” retos en una sociedad que intenta “marginar a Dios”, donde impera el relativismo y el hombre es “cada vez más esclavo del poder”.
22 Sep 2008
PP, EpC i Educació la CV. 22/09/2008.
La BPS per a EpC a la CV. 21/09/2008.
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DOCUMENTO: Las directrices del PP sobre Ciudadanía
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El PP defiende la objeción a Ciudadanía en las autonomías que gobierna
18:16 El Partido Popular ha urgido hoy al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y ha instado al Gobierno a retirarla "mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo".
EFE Tras una reunión de los consejeros populares de Educación con el vicesecretario de la formación, Javier Arenas, el PP expresa su apoyo tanto a los padres que hayan ejercido "el derecho de la objeción de conciencia como a los que no, y valora el reconocimiento del mismo" por parte de algunos tribunales.
En una nota, el principal partido de la oposición pide al Ejecutivo que retire esta asignatura obligatoria del currículo escolar hasta que no se consensúe "un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento" de la Constitución española.
Tras recordar la pluralidad de sentencias sobre este asunto, considera "imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Supremo que unifique doctrina".
Entretanto defiende la no impartición de los contenidos a los alumnos que así lo quieran, una situación que "no debería perjudicar nunca el expediente" de los estudiantes.
Añade que el PP "ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada por la Constitución en el artículo 27.3".
Concluye que su rechazo a Educación para la Ciudadanía obedece a su "carácter doctrinario e ideológico que, como ya ha recogido alguna sentencia, pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada conciencia moral cívica, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".
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El Partido Popular pidió este lunes suspender la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía "por su carácter doctrinario e ideológico", a la espera de que el Tribunal Supremo "unifique doctrina" ante la "pluralidad de sentencias" que existen sobre el contenido de esta materia.
Éste fue el acuerdo al que llegaron esta mañana los consejeros de Educación de las comunidades autonómas gobernadas por el PP durante una reunión en Madrid con el vicesecretario general de política autonómica del partido, Javier Arenas.
Al finalizar el encuentro, el PP difundió un comunicado en el que asegura que "respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la objeción de conciencia como a los que no", al tiempo que valora "positivamente el reconocimiento del mismo por parte de algunos Tribunales Superiores de Justicia".
En este sentido, los consejeros de educación del PP manifestan que es "imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina" y evite más interpretaciones ante la "pluralidad de sentencias" que existe en distintas comunidades.
Mientras tanto, el PP "defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten" y pide que con ello no se perjudique "el expediente de los alumnos".
El derecho de los padres
Además, anuncia que piensa instar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que retire esta asignatura "mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimento de nuestra Constitución".
El PP defiende "la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada en la Constitución española" a través de su artículo 27.3, el cual establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Finalmente, recuerda que su rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía está fundamentado en el "carácter doctrinario e ideológico" de los contenidos", con los que se pretende "conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada conciencia moral cívica, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".
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El enfrentamiento entre el Consell y los sindicatos mayoritarios continuó a cuenta de la polémica puesta en marcha de la asignatura educación para la Ciudadanía.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó ayer el carácter "cerrado y exhaustivo" de las visitas realizadas en los últimos días por la inspección educativa a los centros públicos de enseñanzas no universitarias, "especialmente centradas en los centros que manifestaron públicamente su rechazo a la Orden" de Educación para la Ciudadanía (EpC).
El sindicato explicó en un comunicado que ha solicitado a sus servicios jurídicos el seguimiento de convocatorias de becas o ayudas para "evitar que se discrimine positivamente a los once profesores que aceptaron y se ofrecieron la impartición de EpC en las condiciones que marcó la Conselleria -el conseller los calificó de héroes-", ya que, según señaló, esta acción "discriminaría negativamente al resto del profesorado que sólo está poniendo los medios para atenuar las tropelías del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora".
Para la FETE-UGT, la orden sobre la asignatura "dicta una cosa, el profesor con cualificación profesional -Filosofía o Geografía e Historia- es asesorado por el departamento de inglés", mientras que la resolución "dice otra, que la voz del aula es el profesor de inglés y el especialista es un mero asesor".
Al respecto, el sindicato considera que existe "otro problema legal" que se debe a que "no se puede dar el hecho de que una resolución incumpla o modifique una orden de rango superior" lo que, para UGT, supone "el máximo de la desobediencia del conseller", ya que "desobedece al Ministerio y se desobedece a sí mismo al incluir una resolución que modifica su propia orden".
Por otra parte, la entidad sindical incidió en "las continuas llamadas de los centros sobre la impartición de la asignatura y los correos y faxes con posturas de los claustros". "Las manifestaciones de los mismos se centran en que los Departamentos de Filosofía y Geografía e Historia no se consideran competentes para la impartición de la asignatura en lengua inglesa con la fluidez que la tarea docente requiere", indicó el sindicato.
Por otro lado, la ministra de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), Mercedes Cabrera, aseguró que las críticas sobre Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) "nunca se concretan" y alentó a asomarse "con capacidad para entender" la asignatura. Y es que, a su juicio, "pensar" que en la misma "hay algún tipo de adoctrinamiento es no saber cómo funciona nuestro sistema educativo".
"Cumplimiento obligatorio"
En entrevista a Europa Press, la ministra detalló que la asignatura EpC "es una más" en la Ley Orgánica de Educación (LOE), una ley "que tuvo un debate previo", que calificó de "abierto", en el que "opinaron todos, desde la comunidad educativa hasta la sociedad en general, todo el que quiso opinar".
A continuación, explicó que tras el debate parlamentario del Proyecto de Ley se introdujeron cambios, tanto en el propio nombre como en los contenidos. Después, la ley fue aprobada en el Parlamento y el Ministerio de Educación la puso en marcha y la aplicó. "Y las leyes que aprueba el Parlamento son de cumplimiento obligado", aseveró.
El pasado jueves la abogada de la entidad presentó el escrito en el que se justifica la petición de anulación de la orden porque el hecho de impartirla en lengua inglesa "no responde a una intención pedagógica" y porque "no se pueden dictar normas contrarias a la ley por una defensa de un catolicismo fundamentalista".
Así mismo, se pone de manifiesto que la enseñanza de esa materia en inglés "no responde a una laudable intención pedagógica, sino que, como han declarado los citados políticos del Partido Popular, tiene como fin 'el dificultar al máximo el proceso de adoctrinamiento socialista que supone esa asignatura'".
"Y para evidenciarlo --prosiguen-- se manifiesta ante el tribunal que en la Comunitat Valenciana y tras trece años de gobierno del Partido Popular en 2º de la ESO no se utiliza el inglés como lengua vehicular ni en la clase de inglés". "Aquí, lamentablemente no se puede enseñar en inglés ni el inglés, extremo que no pueden negar ni Alejandro Font de Mora ni Concha Gómez Ocaña con todos sus 133 inspectores e inspectoras", apostillaron desde el sindicato.
En el escrito presentado se cita además el contenido de una sentencia del Tribunal Constitucional que sostiene que "aunque no exista un derecho a la libre opción de la lengua vehicular de enseñanza, ello no implica que los ciudadanos carezcan de derecho alguno frente a los poderes públicos desde la perspectiva del derecho a la educación que el artículo 27 a todos garantiza. Máxime si las actuaciones de normalización lingüística vienen a incidir sobre un presupuesto tan esencial a dicho derecho como es la lengua en la que ha de impartirse la educación".
"En efecto, ...(los alumnos) han de recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparte; ya que en otro caso podrían quedar desvirtuados los objetivos propios del sistema educativo y afectada la plenitud del derecho a la educación que la Consitución reconoce".
Este fallo añade que "en particular y desde la perspectiva del art. 27 CE, pero también desde la relativa al art. 14 CE, resulta esencial que la incorporación a la enseñanza en una lengua que no sea la habitual se produzca bajo el presupuesto de que los ciudadanos hayan llegado a dominarla, cuando menos en la medida suficiente para que su rendimiento educativo no resulte apreciablemente inferior al que hubieran alcanzado de haber recibido la enseñanza en su lengua habitual".
PASOS PROCESALES
CCOO señaló que ahora los pasos procesales siguientes son el traslado por parte del TSJCV de este escrito a la Conselleria de Educación y a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que se ha personado junto con la Administración en defensa de la Orden.
Posteriormente, se producirá la contestación que puedan hacer los abogados de esas dos instituciones y la respuesta final de CCOO PV a los argumentos que hayan podido presentar.
Después, ya sólo queda el tiempo que la sala considere necesario para deliberar y concluir en un fallo, apuntaron fuentes sindicales, que recordaron que la propia sala suspendió cautelarmente algunos puntos de la orden --el que permitía aprobarla con un trabajo-- y en este auto avanzaba que la sentencia recaería hacia el mes de mayo de 2009.
El Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valencia (Stepv), órgano colegiado de decisión del sindicato, se ha autoinculpado ante la Conselleria de Educación por instigar a los institutos de secundaria a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en valenciano o castellano de acuerdo con el programa lingüístico del centro, según informaron hoy fuentes sindicales en un comunicado.
En este sentido, el Secretariado Nacional del sindicato anunció que en los próximos días hará llegar a la Conselleria de Educación la "autoinculpación" firmada por los 21 miembros que forman parte de este órgano.
De este modo, desde Stepv pretenden "solidarizarse con el personal de dirección y el profesorado que ha anunciado públicamente que no impartirá EpC en inglés, sino en una de las lenguas oficiales del País Valencia, y que corre el riesgo de una apertura de expediente disciplinario, si el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, cumple su amenaza".
Además, el Secretariado Nacional del sindicato "se expone también a la apertura de diligencias judiciales por instar los centros a obviar el orden de Font de Mora y cumplir la normativa de rango superior".
Por ello, las mismas fuentes recordaron que el inicio de curso ha estado marcado por "disparates", como "la presentación y posterior retirada del programa Itaca de gestión de centros, la negativa a incorporar personal administrativo en los centros de infantil y primaria y de Formación de Personas Adultas, la improvisación y precipitación en la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE)".
Así como "la negativa a regular la jornada continuada, la falta de profesorado para impartir inglés al segundo ciclo de educación infantil, la reorganización de los horarios para EpC y la publicación de toda la normativa de inicio de curso en el más de agosto" y, además de esto, el conseller "sólo responde con amenazas contra el profesorado y con la caza de brujas de la inspección educativa".
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El PSPV critica al Consell por dar 600 millones para centros privados y concertados
Europa Press, Valencia
El portavoz socialista de Educación en las Corts, Adolf Sanmartín, criticó ayer que, pese a que desde el año 2000 la Comunitat Valenciana es líder nacional de conciertos educativos con centros privados, en los presupuestos de la Generalitat para 2008 se han destinado casi 600 millones de euros en ayudas para centros privados y concertados por parte de la conselleria. Sanmartín subrayó que esta cantidad supone casi el 16% del total del presupuesto de esta conselleria, y el 40% de su capítulo cuarto de transferencias corrientes.
En su opinión, "lo más grave" es el concierto de tramos educativos no obligatorios, como bachilleratos y ciclos superiores de FP. Destacó que "por primera vez" en los Presupuestos de la Generalitat se han dedicado 20,8 millones de euros para concertar bachilleratos, a pesar de que en la red de centros públicos sobran plazas". Sin embargo, criticó que a pesar de las promesas del PP, no hay presupuesto para contratar enfermeros escolares en los Centros de Educación Especial.
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